En Ecuador el año pasado fueron cerradas 30 clínicas que ofrecían tratamientos para “curar” la homosexualidad. La proliferación de estos centros, donde las personas internadas son objeto de tratos crueles y degradantes, ha sido una de las principales preocupaciones de organizaciones de Derechos Humanos que desde hace algunos años exigen al gobierno ecuatoriano el cierre de dichos establecimientos. En el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, el gobierno de ese país deberá rendir cuentas de las acciones implementadas para atender esta problemática.
El pasado miércoles 8 de febrero, organizaciones sociales informaron en rueda de prensa que cada semana reciben en promedio dos denuncias de personas que son internadas contra su voluntad en estos centros. Cayetana Salao, integrante de Artikulación Esporádika –una de las organizaciones que ha buscado darle mayor visibilidad a este tema– señaló que si bien este número es alto, las dimensiones de la problemática pueden ser todavía mayores, ya que sólo se cuenta con la información de las personas que se atreven a denunciar. Al respecto Carmen Laspina, Directora General de Salud del Ecuador, explicó que muchas víctimas prefieren no denunciar los casos, ya que generalmente son sus progenitores quienes las ingresan.
Para la organización feminista Taller de Comunicación Mujer, la participación de las familias es uno de los aspectos más preocupantes de esta situación, pues son ellas quienes consienten las prácticas de encierro y “rehabilitación” a las que son sometidas las víctimas. En el caso de mujeres casadas internadas se ha comprobado incluso la colaboración de sus esposos, quienes suscriben contratos con las clínicas para su ingreso.
Sobre este punto en particular, en su informe sombra Situación de las mujeres lesbianas en Ecuador (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), Taller de Comunicación Mujer afirma que “se observa cómo al interior de las instituciones (estatales, familiares, médicas, etc.) aún funciona un discurso biológico, heteronormativo y binario que instituye mecanismos de disciplinamiento social que producen y refuerzan el ordenamiento sexual y de género”. De acuerdo con las autoras, “las prácticas de tortura y tratos crueles constituyen mecanismos de normalización que sirven a varios fines: intensificación del control sobre la sexualidad de las hijas; delegación del castigo a la disidencia sexual (de la familia a los “profesionales” de la salud); y, finalmente, en tanto dispositivo de sojuzgamiento de las mujeres, que consiste en doblegarlas físicamente y menoscabarlas psicológicamente, a través de actos que incluso en ocasiones configuran tortura, a fin de restaurar el orden heterosexual y patriarcal transgredido por ellas”.
En la rueda de prensa, Tatiana Cordero, representante de esta organización, denunció que estas “vulneraciones a los derechos humanos” se llevan a cabo en centros de tratamiento de adicciones y trastornos mentales, los cuales han reportado un notable incremento en los últimos dos años. Según una investigación realizada por estas organizaciones a partir de datos proporcionados por el Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes y el Ministerio de Salud, en 2010 existían en Ecuador 205 clínicas para el tratamiento de adicciones y trastornos mentales, número que aumentó a 226 en 2011. No obstante, afirman, aún no se cuenta con información suficiente que permita determinar cuáles ofrecen tratamientos para curar la homosexualidad.
La investigación de las organizaciones reveló además la precaria regulación de estas instituciones por parte del Estado: cerca del 61% “no tienen información sobre el permiso de funcionamiento”, 78% “no tiene información registrada sobre las condiciones del centro” y 54% “no registra información sobre su situación legal”, señaló Cordero. De acuerdo con Laspina, el carácter privado de los “centros de drogodependencia”, etiqueta bajo la que se esconden estas clínicas, ha sido uno de los principales obstáculos para su identificación y control.
Además de la petición reiterada del cierre de dichas clínicas, las organizaciones han solicitado al gobierno la modificación del artículo 34 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que afirma que “La asistencia médica a las personas dependientes del uso de sustancias fiscalizadas podrá ser solicitada por ellas, sus representantes legales, sus parientes, su cónyuge, el Ministerio Público, el Juez de la Niñez y Adolescencia correspondiente, la Secretaría Ejecutiva del CONSEP o los jueces que conozcan el caso”. En tanto las orientaciones sexuales e identidades de género no normativas son consideradas por los centros y las familias como “trastornos de conducta”, “adicciones” y “vicios”, el citado artículo facilita el encierro de personas LGBT, afirman las organizaciones.
¿Marco legal protector?
Si bien el tema adquirió visibilidad mediática el año pasado a raíz de la clausura de 30 de estos centros, las denuncias se remontan varios años atrás. En 2005, el Tribunal Regional por los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Mujeres –iniciativa de organizaciones sociales de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú que busca impulsar procesos de exigibilidad política y jurídica– hizo públicos los primeros casos de terapias de “des-homosexualización” en Ecuador.
El primer caso fue el de Susana, mujer lesbiana que en el año 2000 fue internada por sus padres en una clínica ubicada en la ciudad de Manta, con el fin de que modificaran su orientación sexual. En el testimonio presentado ante el Tribunal, Susana relató que permaneció encerrada cuatro meses y medio, período en el que le negaron la comunicación con el exterior, la sometieron a humillaciones y fue encadenada y obligada a usar falda –ella solía usar pantalón–, hasta que admitiese que no era lesbiana sino que, en realidad, estaba confundida. Como parte del “tratamiento” para disuadirla de su homosexualidad, comentó, los terapeutas incitaban a otros internos a que la acosaran sexualmente.
El segundo caso fue el de María, quien estuvo internada en dos clínicas de rehabilitación por solicitud de su madre. La primera vez fue raptada en su propia habitación por hombres que la condujeron a una institución situada en Guayaquil, en donde fue objeto de violencia física y vejaciones. María denunció que en horas de la madrugada era despertada violentamente y mojada con agua fría, mientras le gritaban “macho”. Una vez fuera de la clínica, ella salió de la casa de su madre y fingió tener una relación afectiva con un hombre, con el fin de no despertar sospechas respecto a su orientación sexual. Empero, casi un año después, en abril de 2002, estaba siendo conducida nuevamente hacia otra clínica de este tipo.
Los casos fueron presentados públicamente el 7 de abril de 2005 en Guayaquil. En esa oportunidad el Tribunal exigió al gobierno ecuatoriano que les hiciera seguimiento y que tomara las respectivas medidas judiciales. Sin embargo, estas denuncias sólo tuvieron eco en 2008, durante la primera ronda del Examen Periódico Universal, cuando la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos manifestó que el Comité contra la Tortura de la ONU ya había expresado “preocupación por las alegaciones de tortura y malos tratos relativos a grupos vulnerables, en particular, los miembros de comunidades indígenas, minorías sexuales y mujeres, a pesar de existir legislación interna que protege a dichos grupos” y había solicitado investigar y sancionar los casos específicos relacionados con las minorías sexuales. Durante la ronda –en la que otros Estados parte pueden formular recomendaciones al país que está siendo examinado—Eslovenia instó al Estado ecuatoriano a “Aplicar medidas para combatir la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, así como otras violaciones de los derechos humanos” contra lesbianas, gays, bisexuales y trans. El Estado ecuatoriano aceptoì estas observaciones y se comprometió a investigar y a garantizar los derechos de las personas LGBT.
El año siguiente, en su pronunciamiento sobre los internamientos en clínicas privadas para modificar la orientación sexual, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aseveró que “El Estado parte (Ecuador) debe tomar medidas para prevenir, proteger y garantizar que ninguna persona con distinta orientación sexual sea internada en clínicas privadas o centros de rehabilitación para ser sometida a los denominados tratamientos de reorientación sexual”. Asimismo, le recomendó que procediera “a la investigación de los presuntos encierros y torturas y adopte las medidas correctivas necesarias con arreglo a la Constitución”.
Tuvieron que pasar dos años más para que el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud, tomara las primeras medidas frente a esta problemática e iniciara el cierre de las clínicas. Durante este tiempo, organizaciones LGBT y feministas continuaron denunciado los atropellos cometidos en estos centros y exigiendo su cierre.
El 22 de junio de 2011, la organización Artikulación Esporádika y otros colectivos LGBT llevaron a cabo un juicio popular contra las clínicas de “rehabilitación” en un parque céntrico de la ciudad de Quito. Durante el proceso, al que fueron convocadas las autoridades de ese país, víctimas rindieron testimonio de sus experiencias y representantes del sector LGBT acusaron a las entidades de salud, al sistema de justicia y a otras instancias del Estado de “permitir y promover con su silencio una cultura homofóbica, lesbofóbica y transfóbica”, así como de “permitir que sus instituciones ejecuten acciones de violencia y discriminación, contra las lesbianas, gays, transexuales de manera sistemática”.
El reporte de los centros cerrados y el nombramiento de Carina Vance como Ministra de Salud el pasado mes de enero, fueron recibidos por varias personas como un importante avance en el abordaje de esta problemática. En el acto de posesión de su cargo, Vance –activista lesbiana y ex-directora de la Fundación Causana– se comprometió a cerrar las clínicas ilegales. Durante su gestión se han adelantado tres redadas en Quito que permitieron la liberación de varias mujeres internadas contra su voluntad. No obstante, algunas organizaciones continúan lanzado duras críticas ya que, según afirman, el Estado no ha tomado los correctivos necesarios para modificar la situación de fondo.
Uno de los aspectos que genera mayor consternación entre las organizaciones sociales es que estas clínicas continúen operando, a pesar del importante marco legal con que cuenta Ecuador amparando los derechos de las personas LGBT. En 2008 fue aprobada la actual Constitución Política, que por primera vez reconoce en ese país el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género y prohíbe la discriminación por estas y otras razones. En 2009, la Asamblea Nacional tipificó el delito de odio en el Código Penal. Según el artículo correspondiente (212.4) “El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, sexo, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad será sancionado con prisión de seis meses a tres años. La sanción será de dos a cinco años de prisión si alguna persona resultare herida; y de doce a dieciséis años si fruto de estos actos de violencia se produjere la muerte a una persona”.
De acuerdo con este marco, las clínicas estarían actuando “fuera de la ley, de los derechos humanos y de la Constitución”, afirmó Carmen Laspina. No obstante, Cayetana Salao señala que “el Estado no ha podido aplicar las garantías para la comunidad LGBT, y menos en temas de tortura y violación de derechos humanos”. Una muestra de ello es que, como apunta Tatiana Cordero, representante de Taller de Comunicación Mujer, las clínicas no han sido cerradas “por violación de derechos humanos”, sino debido a cuestiones técnicas relacionadas con su funcionamiento.
Este es el caso de Puente a la Vida, uno de los centros más conocidos que ofrecen terapias “reparativas” de la sexualidad. A raíz de denuncias por tortura y violación de derechos, el establecimiento fue sujeto a una investigación el año pasado. Sin embargo, las autoridades sólo consiguieron cerrar el área femenina de la clínica porque encontraron productos caducados.
Al respecto, David Troya, asesor del Ministerio de Salud, reconoce que si bien varias clínicas han sido clausuradas hasta el momento, esta entidad no tiene una campaña de cierre de estos establecimientos. Asimismo agrega que los cierres efectuados se debieron al incumplimiento del reglamento sanitario de los centros y no al hecho de que ofrecieran tratamientos de “des-homosexualización”.
Luego de que activistas llevaran a cabo campañas y acciones de incidencia con el fin de que el gobierno ecuatoriano se comprometiera a investigar a fondo y cerrar estas clínicas, el Ministerio de Salud reiteró a finales de enero su compromiso de hacerlo, lo que le valió el agradecimiento de organizaciones sociales que circulan por internet una petición de felicitación al presidente Rafael Correa. Resta esperar las medidas que el gobierno empleará en 2012 para ponerle fin a estos centros, que durante más de diez años han vulnerado los derechos de las personas LGBT.