La travesía ha sido compleja: tres años de intenso trabajo, debates, cartas a la presidencia de la República y protestas. Hoy se celebran los logros y la meta está cercana, aunque depende de que la propuesta no sea derivada a una comisión mixta por discrepancias entre las dos Cámaras. Uno de los mayores obstáculos fue superado ad portas de la celebración del Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia.
Se trata de la aprobación del artículo 3° del proyecto, que establece Medidas Contra la Discriminación y contiene un apartado cautelando la protección de los derechos las minorías sexuales, un nuevo hito en la tarea de superar la intolerancia y la discriminación en Chile. Si todo continúa por los carriles previstos, Chile estará a la par de México, Argentina y Perú, que ya tienen leyes antidiscriminatorias que incluyen la orientación sexual e identidad de género.
En una reñida sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, parlamentarios de derecha, aliados con la Iglesia Católica y parte del mundo evangélico, presentaron una nueva indicación para excluir la orientación sexual del proyecto. El artículo 3° especifica los motivos por las cuales no se puede discriminar, siendo uno de ellos la orientación sexual y el género.
Ya en noviembre del año pasado, 11 religiosos, entre pastores y obispos, enviaron una misiva al Senado pronunciándose en contra de este artículo. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, expresó a las autoridades su preocupación por la ley y su explícito rechazo del mismo apartado. La preocupación fundamental de este sector obedecía a que la propuesta se transformara en la puerta de entrada para la instauración de matrimonio entre homosexuales.
El texto actual del proyecto indica que “para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción fundada en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, sexo, género , orientación sexual, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, o cualquiera otra condición social”.
Pese a la maniobra de la derecha conservadora, el artículo fue votado favorablemente, gracias a la abstención del senador independiente Eugenio Cantero, incluyendo la orientación sexual y el género como categorías protegidas.
Para el Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), era claro que un rechazo al artículo habría significado una contradicción no sólo con el espíritu del proyecto, sino también una paradoja brutal que no estaban dispuestos a amparar. La posibilidad de movilizarse contra una ley “inservible que diera una falsa señal política de respeto integral a los derechos humanos, donde no se cambiaba en nada la vulnerabilidad de las minorías y los excluidos”, no sería aceptada. No fue necesario protestar, pero el estado de alerta se mantiene para ver cómo sigue el camino del proyecto.
Por su parte, el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales (MUMS), criticó que en el proyecto no se incluyera la existencia de un organismo que vele por su aplicación, con presupuesto e infraestructura para trabajar. “Es una ley limitada, deficiente. No considera elementos de prevención y promoción de la diversidad, no tiene una institucionalidad que apoye y dé asesorías a las víctimas y seguimiento a las causas, tal como lo hace el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor), SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) y otros organismos del Estado”, señalaron.
Para el gobierno, representado por la División de Organizaciones Sociales (DOS), la aprobación del proyecto, incluido el polémico artículo fue una buena noticia. “Permitirá que las personas que sean afectadas por actos de discriminación queden protegidas por el ordenamiento jurídico y puedan acudir a los tribunales para una reparación del daño sufrido”, precisaron en dicho organismo. La DOS, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) fueron los promotores de esta iniciativa en el Congreso, con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil.
Pese a que el proyecto no incorpora las demandas del MUMS, su promulgación como ley será de utilidad en recientes casos de discriminación. Durante este mes, por ejemplo, un profesor de enseñanza media fue marginado al descubrirse su homosexualidad, lo mismo que sucedió con un garzón en Punta Arenas. Un operador del sistema de transporte público Transantiago sufre una severa depresión debido al hostigamiento recibido por parte de sus compañeros de trabajo al revelarse su orientación sexual.
Emblemático, a juicio de varias organizaciones de minorías sexuales, fue el actuar homofóbico del Poder Judicial y las policías en torno a las primeras investigaciones sobre el incendio de la discoteca Divine que cobró la vida de 16 personas en 1993. Tampoco es lejano el caso de la jueza Karen Atala que, por reconocer su lesbianismo, no pudo lograr la tuición de sus tres hijas. Otro ejemplo es la discriminación y expulsión que vivieron tres policías gays, Armando Salgado, Víctor Rivas y César Contreras, por reconocer su condición, así como el fallo de la Corte Suprema que impidió a la profesora lesbiana Sandra Pávez impartir clases de religión el año pasado.
El recorrido final de esta iniciativa debería ser simple. El proyecto pasará a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se espera una tramitación rápida para ser votado luego en el plenario del Senado. Así quedaría listo para su promulgación.
No obstante, aun pueden generarse nuevos obstáculos en torno a las herramientas jurídicas contra la discriminación: si no hay acuerdo entre las dos Cámaras, la propuesta pasará a una Comisión Mixta. Ese panorama sería el más adverso, ya que extendería esta discusión unos cuantos meses más.
Contar con una ley que mencione explícitamente a las minorías sexuales es la meta que diversas organizaciones de la sociedad civil desean alcanzar antes de fin de año.