La Asamblea Nacional de Venezuela eligió los 9 magistrados principales que integrarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por un período de 12 años, y los 32 suplentes que ocuparán el cargo durante 6. Este 7 de diciembre, después de más de cinco horas de sesión, la Asamblea publicó los 42 nombres de los futuros magistrados y magistradas de las salas Constitucional, Electoral, Penal, Político-Administrativa, Social y Civil, entre los cuales no se encontraba el de Tamara Adrián, abogada transexual que se había postulado para este cargo. Asumida públicamente como transexual, lesbiana y feminista, la candidata es una reconocida profesional y actualmente copresidenta mundial de la International Lesbian and Gay Law Asociation – ILGALaw, representante trans de ILGA LAC para el área de América Latina y el Caribe, directora de la Asociación Civil de Planificación Familiar – Plafam, y presidenta de la organización Diversidad e Igualdad a Través de la Ley – Diverlex.
Según otra experiencia reciente, el compromiso activista de Tamara podría dar respaldo a su candidatura. En California, EE.UU, Victoria Kolakowski fue elegida el 2 de noviembre como jueza del Condado de Alameda. Es la primera mujer transexual en un cargo de tal rango que reconoce públicamente esa condición en los Estados Unidos. Kolakowski está casada con una mujer desde 2008, año en el que todavía era permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de California. Los valores ético morales y concepciones de justicia y democracia en juego a la hora de reconocer el derecho a la identidad de las personas trans tuvieron protagonismo en elecciones para Juez de la Suprema Corte del Condado de Alameda, en la que Kolakowski era candidata. Mientras que John Creighton, su contendiente, se presentó ante los electores como un veterano de la guerra de Vietnam padre de dos hijas, Kolakowski en su campaña hizó hincapié en sus credenciales profesionales y, asumiéndose como transexual, en su activismo por los derechos humanos. En tanto Creighton buscaba interpelar a sus electores recurriendo a imágenes de la familia, la lucha contra el delito y la defensa de la Nación estadounidense, Kolakowski destacó las ventajas que su posición como jueza podría representar para la sensibilización de las instituciones frente a las problemáticas de las personas LGBT.
Por su parte, además de ser una abogada altamente calificada, Tamara Adrián es una reconocida activista que desde finales de la década de 1980 viene trabajando en Venezuela y en varias redes internacionales por la defensa de los derechos de las mujeres y contra de la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Adrián es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello y Doctora en Derecho Mercantil de la Universidad de París II; universidades de las que se graduó con altos honores académicos. Es especialista en derecho comparado y en derecho comercial. Desde 1982 ha sido profesora universitaria por concurso en su alma máter y, desde 1986 ha dictado clases en la Universidad Central de Venezuela a nivel de pregrado y posgrado. Adrián se ha desempeñado en funciones jurídicas de alto nivel en Venezuela.
Casos como el de Tamara Adrián y el de Victoria Kolakowski sugieren que el estatus público de la transexualidad ha progresado junto a los avances democráticos y el principio de no discriminación. La candidatura de Adrián cobra particular importancia si tenemos en cuenta que Venezuela es uno de los países latinoamericanos más rezagados en materia de legislación y políticas públicas sobre identidad de género y derechos de las personas transexuales, intersexuales y transgénero.
En 1999, el entonces candidato a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez se comprometió a trabajar activamente en la protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. No obstante, sus acciones se han limitado al apoyo de la celebración del Día del Orgullo Gay en Venezuela desde el año 2000. Pese a que un proyecto de enmienda que busca prohibir la discriminación fue tramitado ante el parlamento venezolano, los avances al respecto han sido escasos.
En entrevista con el CLAM, Adrián señaló que su candidatura surgió en un contexto de fuerte polarización política y de alta segregación en relación con la diversidad sexual en Venezuela. En virtud de sus méritos profesionales, la abogada fue una de las candidatas más acreditadas para el cargo de Magistrada ante el Tribunal Supremo de Justicia. Para ella, esto representa “un misil debajo de la línea de flotación de la intolerancia que ha mostrado la Asamblea Nacional venezolana”. El órgano del poder legislativo, afirma la candidata, ha “desechado o bloqueado todas las propuestas formuladas por la sociedad civil con la finalidad de garantizar los mismos derechos a las personas segregadas por cuenta de su orientación sexual o su identidad de género”. Pese a que la Asamblea se ha proclamado de izquierda, agrega Adrián,“esta institución se ha comportado como la más implacable representante de la derecha”.
Estableciendo un parangón entre las personas trans y otras poblaciones históricamente discriminadas, la abogada afirma que la situación de las personas trans en Venezuela es similar a la que vivieron hace un siglo mujeres, indígenas y personas afro. En la actualidad, el poder legislativo guarda silencio respecto a la discriminación de las personas transexuales, así como lo hizo antes con estos sectores sociales, afirma. En tanto se ha negado la existencia de la discriminación contra las poblaciones discriminadas, se les ha negado el reconocimiento de sus derechos, señala Adrián. Por esta razón, pese a que la visibilidad puede generar tanto solidaridad como rechazo hacia las personas trans, la candidata afirma la urgencia de hablar sobre este tema. “Lo que no se verbaliza, no existe […] la visibilidad puede ser un elemento determinante de los cambios de la sociedad”, asevera.
Los medios venezolanos de comunicación cubrieron la candidatura de Adrián. Las posturas fueron diversas. Algunos respaldaron su postulación mientras otros la consideraron una mera curiosidad. Pese a que el abordaje sensacionalista no estuvo ausente, los medios resaltaron la carrera de Adrián como abogada y contribuyeron al debate público sobre la situación actual de las personas transgénero y transexuales en el país. La candidata a magistrada confía en que este impacto mediático también haya repercutido en la autoestima de las personas LGBT y en su deseo de salir del clóset para exigir sus derechos.
En declaraciones a la prensa, Tamara Adrián afirmó que, pese a su idoneidad para este cargo, no albergaba mayores esperanzas de ser elegida. No obstante, decidió mantener su postulación. Para ella, el rechazo de su candidatura pone al gobierno venezolano frente a un dilema: reconocer que no fue elegida porque no es afín al presidente Hugo Chávez o aceptar que, en el fondo, es su orientación sexual e identidad de género lo que está en juego en la decisión. Pese a que ambas posturas son difíciles de defender dentro y fuera de Venezuela, Adrián señala que la segunda lo es aún más, sobre todo para un gobierno que se presenta como incluyente.
En su documento de identidad, Tamara aparece con el nombre legal que le fuera atribuido antes de cambiar de sexo: Tomás Adrián. Por años la abogada ha intentado obtener el reconocimiento legal de su transexualidad a través del cambio de nombre sin mayor éxito. Su expediente completa ya más de 2.500 folios de documentación argumentando a su favor, que han sido remitidos periódicamente por la candidata para evitar que su demanda pierda vigencia. Hasta hoy, la petición no ha recibido respuesta alguna por parte del Tribunal Supremo de Justicia, cuerpo ante el cual ha postulado su candidatura a magistrada.
Para Adrián, esto representa una oportunidad de “dejar en evidencia la intolerancia del sistema judicial venezolano, de la Asamblea Nacional y del Gobierno; así como de exponer la inconsistencia ideológica de personas que se declaran de izquierda pero que actúan como si pertenecieran a la más recalcitrante de las derechas”.