En Colombia, donde el conflicto armado ha derivado en una de las peores crisis humanitarias de las últimas décadas, caracterizar ‘la violencia’ como una fuerza irracional que destruye todo a su paso, sin distinción alguna, se ha convertido en un lugar común. El mote ‘violencia ciega’ ha sido empleado por medios de comunicación, actores políticos y religiosos para referirse al horror que atraviesa la vida de millones de colombianas y colombianos, tornándolo en una expresión trivial que invisibiliza a grupos concretos de víctimas, como las mujeres, y que encubre a perpetradores que actúan de manera selectiva.
La violencia, como afirma la antropóloga colombiana Myriam Jimeno, “delinea diferencias sociales tales como las étnicas, las de identidad y las de género, y construye ideas, por ejemplo, sobre la sexualidad”, incluso cuando se ejerce a gran escala y aparece ante nosotros como algo informe. Una muestra de ello es la violencia sociopolítica contra las mujeres, que en la última década registró un dramático escalamiento en el país.
De acuerdo con el Centro de Memoria Histórica (CMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación – CNRR, hasta el año 2000, del total de víctimas de las que se conocía la identidad o el sexo, aproximadamente 10% eran mujeres, cifra que aumentó a partir del año siguiente, cuando sobrepasó el 12%. En 2004 y 2005, cuando se llevaron a cabo las negociaciones entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia, el porcentaje de mujeres víctimas aumentó a 21,77%, pese a que el número total de víctimas disminuyó.
No obstante la gravedad y el carácter patente de la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado, su reconocimiento explícito es reciente, afirma Gonzalo Sánchez Gómez, director del CMH. Según él, esto se debe, por lo menos, a dos motivos: en primer lugar, a que el discurso de los derechos humanos es de raíz universalizante y suprime las diferencias sociales al hablar sobre la igualdad en términos generales, y en segundo lugar, a la “subvaloración o menosprecio, dentro del conjunto de las violencias que atraviesan las sociedades contemporáneas, de la violencia contra las mujeres en particular, y la gravedad de sus implicaciones”.
En este sentido, destaca la labor de la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado, que en los últimos 11 años ha abordado sistemáticamente las formas que asume y los impactos que tiene la violencia sociopolítica contra las mujeres en el contexto colombiano. El resultado de esta labor se ha concretado en la elaboración de informes anuales.
Como en años anteriores, en el volumen de este año las organizaciones sociales y activistas que integran la mesa recopilaron testimonios de mujeres afectadas por el conflicto y fuentes secundarias sobre el tema. El documento muestra que los actos violentos registrados “obedecen a patrones de acción sistemáticos que se cometen de manera deliberada contra las mujeres por parte de los grupos que participan en las hostilidades” y constata que existen “modalidades de ataque específicas contra estas por su condición de mujeres”. Esto evidencia el carácter inteligible de la mentada ‘violencia ciega’ o, como afirma el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince en El olvido que seremos, que esta es metódica, organizada y racional y que si“hacemos un retrato ideológico de las víctimas pasadas podemos ir delineando el rostro preciso de las futuras víctimas”.
Si bien la edición del Informe de este año se focaliza en las regiones occidental (pacífico colombiano) y central (andina), las autoras explican que las formas registradas de violencia sociopolítica contra las mujeres –definida por la Comisión Colombiana de Juristas como aquella motivada por causas políticas, derivada de la discriminación hacia personas históricamente excluidas o causada por el conflicto armado– se extienden a lo largo del territorio nacional. Ataques a las compañeras afectivas de integrantes de los grupos armados enemigos e imposición de trabajos forzados por parte de actores amados son comunes, aunque las modalidades más graves son la violencia sexual, el desplazamiento forzado y el feminicidio.
En la región occidental las agresiones sexuales alcanzan proporciones alarmantes. A partir de los casos denunciados, la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado estableció una tasa de delitos sexuales de 23,43 por cada 100.000 habitantes en el departamento del Cauca, 31,29 en el Chocó, 24,88 en Nariño y 40,57 en el Valle del Cauca. No obstante, aclara que existe un alto subregistro de este tipo de delitos debido a que las víctimas temen denunciar a sus agresores, por lo que el número es todavía mayor. A lo anterior se suma que muchos de los feminicidios son precedidos por agresiones sexuales, las cuales no son registradas como tales.
Entre las formas de violencia sexual más recurrentes descritas por la Mesa se encuentran el reclutamiento de mujeres y niñas por parte de grupos armados ilegales con fines de esclavitud sexual, el control de la vida sexual y afectiva de las mujeres mediante la imposición de normas de comportamiento que incluyen códigos de vestuario, horarios en los que les es permitido salir a la calle y restricciones respecto a las personas con las cuales pueden entablar relaciones. El informe también recoge casos de acoso y abuso sexual de mujeres que se niegan a tener relaciones con integrantes de grupos armados, así como “relaciones abusivas” que sostienen jefes paramilitares con menores de edad a quienes atraen con comida y objetos de lujo.
La mayoría de estas agresiones son cometidas por grupos ilegales, sobre todo paramilitares, sin embargo, el informe alerta sobre casos que involucran a agentes de la fuerza pública, como el registrado en septiembre de 2011 en Buenaventura, cuando un policía entró por la fuerza a la casa de una mujer a quien amarró y amordazó para luego abusar sexualmente de su hija.
En lo relativo a desplazamiento forzado, es importante señalar que Colombia es uno de los países con mayor número de desplazados internos en el mundo, superado apenas por Sudán. Según registros del gobierno colombiano, en mayo de 2011 la cifra alcanzaba los 3,7 millones de personas, aunque algunas ONG estiman cifras superiores, como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) que calcula el número en 5 millones de desplazados.
Los informes de la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado muestran que esta problemática afecta de manera más profunda a mujeres que a hombres, aspecto que ha sido señalado en otras ocasiones por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), según la cual aproximadamente 80% de las personas desplazadas son mujeres, niñas y niños, “43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina y el 68% de las mujeres desplazadas cabeza de familia están solas”.
Aunque el informe no lo menciona de manera explícita, puede colegirse que esto se debe, por lo menos en parte, a los papeles que tradicionalmente desempeñan las mujeres en la sociedad, como se evidencia en las razones mencionadas por ellas para abandonar sus poblaciones: “las amenazas de que sus hijas e hijos sean reclutados por los actores armados, el miedo a que sus hijas sean víctimas de violencia sexual y su rol en la defensa del territorio frente a la explotación indiscriminada e inconsulta de recursos naturales”.
Lejos de ponerlas a salvo de las amenazas contra sus vidas, el desplazamiento expone a las mujeres a otras formas de violencias e incluso a las mismas de las que buscan escapar. En las ciudades de llegada, las mujeres líderes de poblaciones desplazadas y aquellas que participan en procesos de restitución de tierras se convierten nuevamente en blanco de ataque de los grupos armados. Además, debido a la precaria situación económica que enfrentan durante el desplazamiento y a las dificultades para obtener su sustento, ellas están más expuestas que otras mujeres a la explotación sexual, explica la Mesa.
En este contexto, los asesinatos de mujeres revelan formas particulares de crueldad, orientadas a provocar sufrimiento no sólo en las víctimas directas, sino también en el resto de las mujeres, lo que pone de manifiesto el carácter expresivo de la violencia señalado por Jimeno.
Al respecto, el documento cita un informe de la Defensoría del Pueblo de Buenaventura, según el cual los homicidios de mujeres perpetrados por actores armados “evidencian una clara direccionalidad de género que permite calificarlos como feminicidios”. Entre las víctimas se cuentan niñas y adolescentes que son obligadas por jefes paramilitares a vivir con ellos, y que, después de un tiempo, cuando se “cansan de ellas", son asesinadas.
El hecho de que las principales víctimas sean mujeres indígenas, afrocolombianas, líderes de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos muestra cómo, además del género, otros factores intervienen en el direccionamiento de la violencia sociopolítica. Estas víctimas son denominadas “mujeres emblemáticas-representativas” por el Centro de Memoria Histórica, ya que son aquellas que desempeñaban un papel simbólico en sus comunidades. En este sentido, explica el CMH,“no cabe duda de que fueron específicamente seleccionadas, justamente, por el rol que cumplían”.
Ante esta situación, tanto la ONU como la Corte Constitucional colombiana han instado al gobierno nacional a tomar medidas urgentes que protejan la vida de las mujeres, teniendo en cuenta los factores que las exponen de manera ostensible a la violencia, como su lugar de procedencia, pertenencia étnico-racial y situación de desplazamiento.
En el informe A/HRC/16/45/Add.1 la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías Gay McDougall afirma que “las mujeres afrocolombianas son particularmente vulnerables a la violencia, en particular la violencia sexual y el trabajo forzoso” y que “las mujeres que asuman roles dirigentes deben ser reconocidas y se les debe brindar una protección adecuada y en condiciones de igualdad”.
Por su parte, en el Auto 092 de 2008, la Corte Constitucional reconoce que “la violencia ejercida en el marco del conflicto armado interno colombiano, en sus distintas manifestaciones, afecta de manera diferencial y agudizada a las mujeres”, con mayor intensidad en el caso de “ciudadanas que forman parte de grupos vulnerables de la población, tales como las mujeres indígenas, afrodescendientes y habitantes de zonas marginadas”. Por ello, ordena al gobierno nacional investigar en profundidad estas violencias e implementar un Programa de Promoción de la participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia sociopolítica contra las mujeres líderes de la población desplazada.
Pese a las alertas de las organizaciones sociales, el tribunal constitucional y la ONU, los avances en materia de investigación judicial y de garantía de los derechos de las mujeres son lamentables. A la poca voluntad del gobierno nacional para atender esta situación se suma la dificultad de las mujeres para acceder a la justicia. Además de sortear el miedo a denunciar a sus agresores, explica la Mesa, ellas deben enfrentarse a la complicidad de funcionarios de la Fiscalía y la Policía con los grupos armados, que entorpecen las investigaciones judiciales o les suministran información a los perpetradores sobre las denuncias que cursan contra ellos para que tomen medidas al respecto, lo que deriva en la revictimización de las denunciantes. Se han reportado casos de mujeres que, luego de entablar medidas judiciales contra sus agresores, son violadas nuevamente por ellos, quienes además les muestran los documentos de su denuncia como un gesto que busca demostrar la futilidad de sus esfuerzos.
La violencia sexual es considerada crimen de guerra y de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional. Pese a su gravedad y prevalencia en Colombia, donde cerca del 30% de los casos tienen lugar en el marco del conflicto armado, ésta no pasa de ser un crimen ordinario, juzgado por la justicia ordinaria, incluso cuando es perpetrado por integrantes de las Fuerzas Armadas del país.
Hace algunas semanas, los representantes a la Cámara Iván Cepeda y Ángela Robledo presentaron un proyecto de ley que busca reducir la impunidad de los casos de violencia sexual y elevar este delito a crimen de lesa humanidad. De ser aprobada, la ley podría representar un avance significativo en materia penal. Sin embargo, a nivel general de la violencia sociopolítica contra las mujeres, quedan pendientes por resolver asuntos estructurales relativos tanto al acceso a la justicia, como a la relativa aceptación del proyecto paramilitar por parte de representantes del Estado y de sectores de la sociedad civil.
En el plano de las políticas de gobierno y de Estado, otro reto consiste en superar la visión militarista y neoliberal de los planes de desarrollo, característica de los últimos gobiernos, para incorporar una perspectiva de derechos humanos. Como afirma la mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado en su último informe: “el modelo de desarrollo que se ha venido implementando por este Gobierno [el de Juan Manuel Santos] ha hecho prevalecer los intereses económicos de las grandes empresas transnacionales y nacionales sobre los derechos de poblaciones enteras. La subordinación de lo civil a lo militar sigue siendo una constante fuente de violencia contra las mujeres y las niñas en el país”.