La muerte del ex dictador Augusto Pinochet pone en el escenario -a través de su ícono más representativo- un autoritarismo cultural que, según diversas investigaciones, es aún palpable en Chile. Para el director de la División de Organizaciones Sociales (DOS) del Gobierno de ese país, Francisco Estévez Valencia, es este autoritarismo el mayor ejemplo de intolerancia de los chilenos.
A su juicio, Chile es un país más intolerante que discriminador, y cree que el Proyecto de Ley contra la Discriminación que actualmente se tramita en el Senado será una de las iniciativas más importantes orientada a profundizar la democracia, basada en los principios de la tolerancia y la no discriminación.
Esta propuesta legal busca establecer medidas concretas contra la discriminación, y garantizar ante la ley todos aquellos derechos esenciales comunes a las personas, especialmente en situaciones en que éstos sean vulnerados por conductas o prácticas discriminatorias.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) ha estado atento al desarrollo legal del proyecto de Ley, velando porque los términos “orientación sexual” y “género” sean incluidos en el proyecto, ya que en cierto momento fueron retirados del mismo.
De larga trayectoria en temas sobre no discriminación, primero desde la sociedad civil como director la Fundación IDEAS, y hoy como director de la DOS, Francisco Estévez Valencia hizo un repaso a la historia del llamado Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación y comentó sus alcances.
Este proyecto de Ley ingresó el 24 de marzo de 2005 al Congreso. Sin embargo, su historia se remonta aún más atrás, con otro proyecto sobre discriminación. ¿Cuál ha sido la evolución del mismo?
Hace casi 10 años atrás, cuando era director de la Fundación Ideas, propusimos junto a varias organizaciones de la sociedad civil reformar la Constitución Política de Estado en su artículo 19, número 2, que se refería a la discriminación. Pese al apoyo de parlamentarios y distintos sectores, el proyecto no prosperó.
Después, en el año 2003, la Universidad Diego Portales, a través del Programa de Acciones de Interés Público de la Facultad de Derecho, junto a varias organizaciones sociales, elaboró un nuevo anteproyecto de Ley sobre la discriminación. Esta iniciativa, distinta del proyecto actual, introdujo la creación de una institucionalidad específica, cuya finalidad era velar por la plena vigencia de la Ley y la adecuada ejecución de las políticas públicas antidiscriminatorias.
La idea del grupo que trabajaba en torno a esa Universidad era que hubiese una suerte de Servicio o Instituto Nacional Contra la Discriminación. El Poder Ejecutivo consideró que no era necesario un nuevo servicio público del Estado, pero sí contar con una Ley que estableciera una sanción contra la discriminación, además de una política educativa no discriminatoria.
¿Cuál es el aspecto central de esta iniciativa legal?
Lo más significativo es el consenso sobre la necesidad de contar con un proyecto de Ley que establezca -por primera vez en Chile- las razones y motivos específicos por los cuales no se puede discriminar. La iniciativa de Ley conceptualiza la discriminación arbitraria, entendida como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia arbitraria, por acción u omisión, basada en la raza, color, origen étnico, edad, sexo, género, religión, creencia, opinión política o de otra índole, nacimiento, origen nacional, o cualquiera otra condición social o individual.
Así, este proyecto de Ley entrega una guía, una pauta precisa a los Tribunales de Justicia para que sepan cuáles son los motivos o razones por los que no se pueden aceptar en nuestro país conductas de discriminación arbitraria.
Hoy, el proyecto está en su segundo trámite constitucional y acaba de ser prácticamente despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. Sin embargo, es probable que tenga que pasar a una comisión mixta, porque hay diferencias entre lo que aprobó la Cámara de Diputados y lo que suscribió el Senado.
El hecho de que vaya a comisión mixta implica que debe haber más de algún punto disonante, ¿cuáles serían esos?
Este es un proyecto que aún se está conversando legislativamente y ha habido diferencia en dos puntos en particular. La primera diferencia ha sido respecto de la medida, el recurso o la acción jurídica que debe interponerse para proteger estos derechos de las personas frente a las conductas de discriminación. El gobierno ha propuesto una nueva figura jurídica llamada “Acción Especial de No Discriminación” que permite a las personas que han sido afectadas por alguna conducta de discriminación, recurrir ante los tribunales, específicamente ante la Corte de Apelaciones, e interponer ahí esta acción especial de no discriminación. Será entonces la misma Corte la que establezca si efectivamente se ha cometido un acto de discriminación; ordene que se ponga fin a este acto; y -aquí viene lo novedoso- le indique, a través de un tribunal civil, una indemnización a favor de la persona o grupo de personas que haya sido afectada por una conducta discriminatoria.
Esta forma de resolver un tema es distinta de los mecanismos de recurso de protección. En aquel caso, si el recurso es acogido por la Corte, se ordena que se restablezca el imperio del Derecho, pero no una indemnización. Hay diputados de la derecha que sostienen que sólo basta con el recurso de protección.
Donde también hay diferencia es en la necesidad de que se establezca un acápite garantizando el principio de la no discriminación en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), puesto que es en el sistema escolar donde son frecuentes las acciones discriminatorias, especialmente en la educación privada. Para enfrentar la discriminación, no basta con una sanción judicial -si fuera el caso- sino que además es necesario desarrollar políticas educativas y de prevención en la sociedad, educar nuevos comportamientos culturales que sean no discriminatorios.
Sin embargo, la derecha tiene temor y dice que esto puede ser un mecanismo para promover la afirmación positiva de ciertos derechos o que cierto grupo de personas sea favorecido, en desmedro de otros.
¿Cuándo estará aprobada esta ley en el Congreso?
Con voluntad política, el proyecto debería estar listo a comienzo de marzo, si se aprueba todo con rapidez. Si no es así, esta iniciativa no debiera pasar el primer semestre del próximo año.
A su juicio, ¿Chile es un país tolerante?
No. Hay que establecer una distinción entre discriminación y tolerancia. Cuando se habla de discriminación, se habla de desigualdad de derechos. Discriminación significa que en un país donde se respetan derechos a un conjunto de personas, esos derechos no le son respetados a un grupo determinado, ya sea legalmente, jurídicamente o en la práctica.
Pero cuando hablamos de intolerancia, se trata de cuán extendidas están las libertades culturales en el país, cuánto se acepta la diferencia de opinión, las disidencias, cómo reconocemos que en el país efectivamente existen espacios para ser diferentes. Ya no es un tema de respetar los derechos básicos de no discriminación, sino cómo nos hacemos cargo de la diferencia en el sentido de entenderla como diversidad y, por lo tanto, como un valor.
Lo que puedo decir es que Chile es un país más intolerante que discriminador, siendo que es un país donde hay bastante discriminación. Ahora bien, la mayor manifestación de intolerancia que tiene Chile es el autoritarismo. Éste es un modelo cultural muy fuerte que apunta a la existencia de una jerarquía, un orden patriarcal, conservador, excluyente de la palabra. Esto se da tanto en el espacio público, como en el privado.
¿Qué hacemos para resolver esa situación?
Educar en la democracia y en el respeto de los derechos de las personas. Eso es lo principal. Desde luego que queremos tener leyes que sancionen las conductas violentas, pero lo principal es que se produzca en Chile un cambio cultural profundo sobre el modo en que se relacionan las personas. Aún tenemos formas autoritarias de relacionarnos entre nosotros. Dicho de otra manera, en Chile se acabó la dictadura hace tiempo, pero el autoritarismo –por lo menos en la cultura y en las relaciones sociales– sigue presente.