El 28 de Mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, fecha en que las activistas llaman la atención sobre la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En el Perú, este año, la celebración se lleva a cabo en el contexto de dos situaciones contradictorias: por un lado, hace un mes el Ministro de Salud del Perú decidió retirar de los hospitales el protocolo que recién empezaba a aplicarse para la atención del aborto terapéutico, que a pesar de estar normado desde 1924, hasta hoy no ha sido reglamentado. Por otro lado, ha sido presentado el proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva apoyado por un significativo número de congresistas.
Sobre ambas acciones y los avances y retrocesos en la arena de los derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional, hablamos con Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, (Promsex) e integrante de la Mesa de Vigilancia Ciudadana de los Derechos Sexuales y Reproductivos, conformada por organizaciones como el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Pathfinder Internacional, el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP), la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, entre otras.
El 28 de mayo del año pasado ustedes ya estaban en plena campaña por un protocolo de atención del aborto terapéutico, que lograron se aplicara durante los últimos meses. Siendo que el protocolo acaba de ser retirado, ¿cuál será la actividad central de este aniversario? ¿Continuarán con la misma agenda o han avanzado hacia otros objetivos?
En realidad este año seguimos con la misma agenda dado que no está resuelta. El 28 de mayo pasado ya estábamos en alerta para que el Estado resolviera por un lado la sentencia que tenía en el Comité de Derechos Humanos respecto al caso de Karen, una joven embarazada de un feto anancefálico a la que no permitieron abortar por motivos terapéuticos. Allí se demostró la ausencia del Estado para resolver caso que implicaba grave riesgo para la salud de la embarazada.
Por eso, en la campaña del año pasado, insistimos en que el MINSA (Ministerio de Salud) cumpliera con el compromiso que había adquirido meses anteriores para conformar una comisión de alto nivel que elaborase el protocolo del aborto terapéutico. Se suponía que ya el año anterior debíamos contar con un protocolo. Pero resulta que en este periodo hubo un lobby muy fuerte por parte de grupos anti-derechos, que comenzaron a denunciar que nosotras estaríamos obligando a los hospitales a atender abortos clandestinos, señalando que la Ministra de Salud de ese entonces (Pilar Mazzetti) estaría avalando esta decisión. Nosotros salimos con una respuesta pública, primero a informar que estábamos hablando de una práctica legal aprobada desde el año 1924, la cual no era respetada por el Estado a pesar de múltiples recomendaciones de acuerdos internacionales y acerca de la sentencia en el caso de Karen. La Ministra prometió, como resultado de esta campaña, que promulgaría el protocolo de aborto en los próximos días, pero con el cambio de gobierno, ella fue llamada para ocupar otro Ministerio, motivo por el cual decidió pasar este pedido a un hospital de mandato nacional para que fueran ellos los que aplicaran esta decisión. De este modo la Ministra se abstuvo de tomar una decisión pública.
¿Cómo es posible que sea un hospital y no el Ministerio de Salud el que esté a cargo de implementar el protocolo a nivel nacional?
A nivel sanitario existen varios niveles de establecimientos. En el Perú hay solo cuatro institutos especializados que tienen la posibilidad de reglamentar para todo el país. Uno de ellos es el Instituto Nacional Materno Infantil, que tiene rango y capacidad para generar normativa técnica a nivel nacional porque se supone que es el instituto con mayor especialización en el país.
Es paradójico que hayan logrado que se aplique el protocolo para luego, hace un mes, dar marcha atrás.
Se conformó una comisión, se terminó de elaborar un documento de muy alto nivel, con gente especializada, con representantes de todos los sectores, y con jefes de departamento de los más importantes hospitales del Perú; fue una condición garantizada en el mayor nivel técnico.
¿Y qué pasó? ¿Es sólo la voluntad de un Ministro la que hace retroceder todo lo avanzado?
Definitivamente. En todo caso es la interferencia y el poder que ejerce un grupo muy conservador; recordemos que la Ministra venía de una lucha muy feroz para defender la Anticoncepción Oral de Emergencia. La impresión que tuvimos es que este era otro campo de batalla.
En estos avances y retrocesos, ¿qué papel juega la Mesa de Vigilancia en la iniciativa de un proyecto de ley de salud sexual y reproductiva? ¿Qué significará esta ley para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?
La Ley tiene un antecedente que viene por otro lado. Cuando se discutía la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE), nos percatamos de que había mucha dificultad entre los congresistas para identificar el tema de salud sexual y reproductiva. Recordemos que cuando Toledo (Presidente 2001-2006) asumió, comenzaron a decir que no existía ningún acuerdo de carácter vinculante que reconociera los derechos sexuales y reproductivos. De este modo se retiraron las definiciones de derechos reproductivos o de género de todos los documentos oficiales de salud. Cuando apelábamos que la AOE respondía a los derechos reproductivos, ellos decían que estos derechos no existían y que en todo caso eran sinónimo de derecho al aborto. Nos acusaban de que en realidad lo que queríamos discutir era la agenda del aborto. Este proyecto busca colocar esta definición como palabra oficial del Estado, demostrando que estos derechos existen.
La Mesa de Vigilancia comenzó a trabajar esta ley junto con algunos congresistas aliados del anterior gobierno. Uno de ellos, Víctor Velarde, planteó una serie de seminarios regionales con el fin de discutir la ley. Se hizo uno en la ciudad de Piura con la ayuda de muchas agencias de cooperación. A partir de eso acusaron al congresista de apoyar el derecho al aborto a través de la propuesta de ley.
Finalmente la ley se desvirtuó, retirándose toda mención del Cairo y los derechos sexuales y reproductivos. Se modificó todo el contenido, de manera que ya no tuvimos ningún interés de trabajar por ella y decidimos no apoyar más la propuesta. Allí viene una segunda parte, con el nuevo Congreso.
Usted dijo en otra entrevista que confía más en este Congreso que en el anterior.
Definitivamente. Este Congreso ya aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades y está arreglando varios problemas del Congreso anterior. Colocó en discusión la Ley 28704 de Indemnidad Sexual, aprobando una comisión para retirarla, aunque algunos sectores conservadores estén apoyando su vigencia.
En este proceso el grupo parlamentario de mujeres invitó a la Mesa de Vigilancia para conversar sobre una agenda para las mujeres. Les dijimos que hay temas que precisan un marco legal que garantice los derechos sexuales y reproductivos, pues no podemos depender de que cada gobierno de turno decida o modifique lo que se debe hacer con respecto a este tema. Es allí donde colocamos la importancia de considerar una ley que sea un marco de Estado en el que no se repitan las políticas confesionales, y donde veamos cómo pasamos de políticas de funcionarios a políticas de Estado. Por este motivo planteamos lo de la Ley de Sexualidad y Salud Reproductiva y la de la Indeminidad Sexual. Las congresistas nos dijeron que reelaboráramos la propuesta que habíamos trabajado anteriormente y entonces en la Mesa de Vigilancia recuperamos la propuesta anterior, la elaborada con Velarde, y la pusimos a disposición de la mesa parlamentaria. Cuando se aprobó se presentó como una iniciativa de la Mesa de Vigilancia. Esto es lo que estamos viendo ahora.
Esta ley será una gran ayuda para lograr directivas claras con relación a la elaboración del protocolo del aborto terapéutico y a la distribución efectiva de la anticoncepción oral de emergencia.
Claro, porque ayudará con el tema de acceso a la planificación familiar sin discriminación, en especial el acceso a los adolescentes porque marca una pauta en educación. El tema de los anticonceptivos y dispositivos tiene que ver con la capacidad de decidir de las personas.
Y también en el sentido que los protocolos se cumplan y se garantice que no venga un ministro y lo cambie todo.
Lo que ocurre en realidad no es que las cosas no se hagan por falta de una ley. Es lo primero que quiero señalar, ya que el aborto terapéutico es el más claro ejemplo de esto. Está vigente desde 1924 y hasta ahora el Estado no cuenta con un protocolo para atenderlo. No se necesitaría de ninguna ley, pero hemos visto que cuando se aplican políticas de salud reproductiva sin hacer mención de los derechos reproductivos, te prestas a cualquier cosa, por eso la relevancia y necesidad de un marco general. La importancia de esta ley es el marco conceptual de lo que significa una política basada en los derechos sexuales.
Ha mencionado la influencia de los conservadores y cómo están constantemente peleando para que se retroceda en estos derechos. ¿Hasta qué punto cree que se puede remontar la influencia de la Iglesia en el caso del Perú? No es la situación de México por cierto.
Aquí estamos en una tensión muy fuerte sobre lo que es la agenda de la Iglesia. La confrontación que se ha vivido con la Iglesia en relación con la AOE ha sido muy dura. Finalmente la Iglesia se quedó sola frente a todo el conjunto de la sociedad, pero mantiene activamente una fuerza de negociación con el Estado. Por ejemplo, hubo una reunión que se dio entre el presidente García y Monseñor Cipriani, en la que el presidente le besó la mano a Monseñor. De todos modos, no se sabe qué hablaron ni cuál ha sido la agenda con el presidente. No se sabe que se ha acordado. Tampoco ha habido algún briefing de esa reunión como ocurre en cualquier otra reunión o entrevista que conceda el presidente.
Lo que sí sabemos es que el presidente ha planteado el respeto al control de la natalidad y la aceptación de la AOE, pero en la práctica empezamos a identificar vacíos, por ejemplo, en el SIS (Seguro Integral de Salud), que es el mecanismo financiador para que la gente más pobre pueda tener acceso a los anticonceptivos. En los puestos de salud están todos los métodos anticonceptivos, hasta el condón, pero no está la AOE. Esa ausencia da mucho que pensar sobre todo si dices que vas a atender la violencia sexual. Si no se incorpora la AOE, la atiendes a medias, para evitar que tenga VIH pero no para evitar que tenga el embarazo no deseado. Es una lucha constante, hemos ganado en el Tribunal Constitucional el derecho a distribuirla gratuitamente, pero cada autoridad que entra es presionada por la Iglesia para que disminuya estas acciones.
Tener esta Ley General de Sexualidad y Salud Reproductiva podría darnos un punto más de referencia para fortalecer la sociedad civil. El marco de los derechos humanos sería suficiente, no la necesitaríamos, pero sí ayudaría mucho decir que el Perú tiene una ley que explícitamente reconoce los derechos sexuales y los derechos reproductivos.
¿Qué perspectivas hay de que sea aprobada?
Es factible, es un proyecto que los congresistas han entendido muy bien
¿Cuál sería su balance de la situación actual en la lucha por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos?
Nos enfrentamos a nuevos escenarios, a fuerzas que cada vez se consolidan más. El grupo de defensa de los derechos sexuales y reproductivos ya tiene una experiencia acumulada, a nivel del discurso, en los medios, al colocarlos la agenda pública. Incluso contamos con la experiencia de haber recurrido a las instancias judiciales y haber ganado. Tenemos nuevos aliados, la sociedad médica está discutiendo estos temas, la Coordinadora de Derechos Humanos está cada vez más interesada en apoyarlos. Hay una mayor riqueza desde varios sectores, no solo de las mujeres.
Pero el adelanto no es solo nuestro, los grupos anti-derechos también han avanzado en el manejo de sus prácticas de lobby, en encontrar una estructura organizativa. Nosotros hemos realizado una investigación en la que estudiamos cómo se articulan los distintos grupos vinculados a la Iglesia o los que quieren tener un discurso respecto a estos temas.
A propósito de la despenalización del aborto en México, en Perú hay algunas personas que dicen que se debería legalizar el aborto en vez de despenalizarlo, pues en la práctica no se penaliza a nadie con la cárcel.
Yo creo que frente a la discusión del aborto se han generado un conjunto de posturas confrontadas. Siempre se está buscando ver cuáles son las más revolucionarias o aquellas de mayor enfoque feminista y las que no lo serían. Creo que colocamos muchísima energía en una diferenciación que no sé si tiene ese peso en la política pública.
Entiendo la importancia de teorizar, de construir explicaciones del modo en que el cuerpo se convierte en tema y objeto de la política pública, pero también creo que habría que volver a mirar muchas de las discusiones para darnos cuenta que efectivamente tenemos muchísimos más aliados de los que creemos. Por ejemplo, la discusión entre penalizar y legalizar, en términos tácticos, para un Estado como el nuestro, a mí no me dice nada. Primero porque yo no necesito legalizar la malaria para que sea atendida; no necesito legalizar el aborto inseguro que está siendo atendido en los hospitales. Nadie duda de la necesidad de mejorar la tecnología, o que el aborto debería ser colocado entre los problemas del embarazo y por lo tanto ser objeto del financiamiento público. Eso se relaciona directamente con el hecho de que sea o no un problema de salud pública. Los criterios para decidir si es un problema salud pública son: que afecte a mucha gente, que genere costos al sistema sanitario, que sea prevenible y se pueda enfrentar con tecnología adecuada, con recursos.
En el dilema entre legalizar y penalizar, se debe reconocer que los servicios públicos están obligados a atender los problemas de la salud pública para contribuir a la dignidad de las personas. La prevención del aborto inseguro calza perfectamente en esos dos temas.
¿Podría resumir las campañas por los derechos sexuales en las cuales el movimiento trabaja actualmente en el Perú?
En Promsex, junto con la Mesa de Vigilancia, queremos fortalecer una instancia articuladora de ONG y de organizaciones. Buscamos avanzar en el tema del aborto terapéutico, que es un abuso y es intolerable; estamos pidiendo que se asignen más recursos a la estrategia sanitaria de derechos sexuales. También trabajamos en el campo del VIH articulado con la salud sexual y reproductiva, desde un enfoque integral. Por ejemplo, vemos que no se plantean los derechos reproductivos de las mujeres portadoras de VIH. En el debate sobre VIH no se ha reconocido cómo las mujeres han sido afectadas en el tema de su vulnerabilidad, ya que hay diferencia en estar en riesgo y ser vulnerable.