Elizabeth Castillo es la coordinadora del programa de género y salud sexual de Profamilia, entidad colombiana que desde 1990 desarrolla la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, en colaboración con diversos organismos públicos y agencias de cooperación internacional. Esta encuesta de cobertura nacional es fundamental para obtener información sobre aspectos demográficos y de la salud de la población en general, así como datos sobre salud sexual y reproductiva y violencia contra las mujeres, los niños y las niñas.
Desde hace 20 años Profamilia, realiza acciones en pro de los derechos de las mujeres y atiende los problemas de violencia contra las mujeres. Este año creó AVISE, un programa de atención integral que ofrece servicios médicos, psicológicos y jurídicos a personas víctimas de violencia sexual y lanzó un estudio en profundidad sobre violencia sexual en el país, basado en los datos de la ENDS 2005.
En esta entrevista presenta un balance de la situación de las mujeres víctimas de violencia, afirmando que sin una lectura de género sobre este asunto no es posible ver las causas del problema ni intervenir de manera eficaz en este grave problema social.
Existe un subregistro de los casos de violencia contra las mujeres. ¿A qué se debe?
Las mujeres no denuncian porque tienen vergüenza de manifestar que son víctimas de violencia, más aún cuando se trata de violencia producida por su compañero. Por otro lado, existe también un desconocimiento por parte de las mujeres sobre sus derechos a recibir atención, denunciar y ser protegidas por el Estado. A su vez, aunque las personas tengan la información, hay escepticismo frente a la efectividad de la denuncia, es decir una desconfianza sobre la respuesta concreta que pueden dar las instituciones implicadas.
La denuncia es muy importante, cabe decir que los indicadores que tenemos son de denuncias y no de hechos ocurridos, ya que el subregistro es muy grande. Según la ENDS en Colombia 2 de cada 5 mujeres son maltratadas físicamente.
Es necesario tener en cuenta una situación que complejiza el asunto: muchas veces las mujeres que denuncian no se quieren separar. Al maltrato se le suma la dependencia emocional y económica y la propia anulación de la mujer como sujeta de un proceso de violencia o porque fue educada para que hiciera su vida al lado de un hombre: una mujer sin marido no es nada.
Las rutas de atención, por ejemplo, están sesgadas de toda suerte de estereotipos de género y de revictimización. Los procedimientos desalientan a las mujeres para que vayan o continúen procesos. Como mencioné, la revictimización es recurrente. Las mujeres enfrentan la cuestión de la confidencialidad cuando deben explicar en la portería los motivos de su visita y después los prejuicios de los funcionarios que tienen la idea de que la mujer provocó la agresión o tuvo alguna responsabilidad en el hecho. De este modo les preguntan: ¿usted qué estaba haciendo?, ¿cómo iba vestida?, ¿se viste siempre así?, ¿le ha pasado antes?, ¿por algo será que le ha pasado dos veces?, ¿qué hacía a esa hora en la calle?…
Las formas de registrar el abuso sexual no están unificadas. Si una mujer hizo una denuncia en una localidad y se cambia para otro barrio u otra localidad, ese caso se pierde; si el marido la mata allá, no hay antecedentes de que hubo denuncia, no hay forma de hacer seguimiento. El Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía y la policía tienen distintos criterios para definir qué es violencia sexual y lo reportan de manera distinta; lo que impide saber qué está pasando realmente.
¿Podría explicarnos el lugar del Estado en esta cuestión?
Las instituciones del Estado se concentran en generar las posibilidades de efectuar la denuncia al recibirla. Por lo tanto, los establecimientos de salud están obligados a atender esta situación. Pero la gran debilidad del sistema que atiende este problema es la falta de una respuesta pensada en términos de seguridad de la víctima, en términos de reducción de la vulnerabilidad o el riesgo en el que está. No hay, por ejemplo, casas de tránsito para mujeres violentadas, ni una capacitación completa y permanente para que los funcionarios públicos atiendan la violencia sexual y de género con una mirada más integral. La Fiscalía tiene una unidad de reacción inmediata de delitos sexuales y se esfuerza por hacer un buen trabajo. En esa unidad están concentradas todas las instituciones que dan respuesta al tema de violencia sexual, pero sigue siendo insuficiente porque las medidas de protección son especialmente insatisfactorias.
Miremos algunos detalles del funcionamiento del sistema que recoge las denuncias. A veces, cuando las mujeres denuncian se aumenta la vulnerabilidad. En un informe de homicidios en el 2000 en Bogotá, el 30% de mujeres muertas por el compañero estaban ya separadas de él o en proceso de separación. Las medidas de protección no son efectivas y denunciar aumenta el riesgo de ser víctima de más violencia. Si las Comisarias de Familia califican la denuncia de la mujer como conflicto intrafamiliar y no como violencia intrafamiliar, llaman a los dos a conciliar y la mujer tiene que llevarle una notificación al compañero para que vaya, siendo que él no tiene ni idea de que ella lo denunció en la Comisaría de Familia o en la Fiscalía. Frente a esta situación su respuesta puede ser muy agresiva. Si una persona a la que usted está acostumbrado a maltratar le dice: lo denuncié, ¿qué pasa allí?, eso no lo prevé el sistema.
En la Encuesta Nacional de Demografía y Salud hay una clasificación de violencias: verbal, psicológica, física, sexual. ¿Cuál es la relación existente entre esas violencias?
Hay una gran relación. En primer lugar, no se descarta que las mujeres experimenten diversas clases de violencia. En segundo lugar, en el caso de las mujeres que sufren violencia sexual, muchas veces ya han sufrido violencia física y muy regularmente han sido objeto de amenazas de muerte.
En relación con la violencia sexual, ¿cuáles son las características usuales de los agresores y de las víctimas?
Según la ENDS, en el 76% de los casos el agresor es una persona conocida, la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el ámbito de la vivienda y sólo en el 21% de los casos el agresor es desconocido.
El 47% de las mujeres fueron violadas por primera vez antes de los 15 años. Este indicador muestra la importancia de estar alerta a las señales de abuso dentro de las familias y de una atención muy efectiva tanto de las instituciones de salud como de las que aplican justicia, ya que esas violaciones pueden terminar en embarazos no deseados lo que hace fundamental el acceso rápido a la anticoncepción de emergencia.
Asimismo, el 93% de las víctimas de violencia sexual son mujeres. Los varones representan 7 % de los casos, de los cuales el 80% son niños, según reportes de Medicina Legal.
Las altas tasas de violencia contra las mujeres evidencian un problema grave, ¿en qué se basa la frecuencia de esos actos violentos?
Estamos hablando de una violencia estructural, silenciada y con altos índices de tolerancia social. Hay una naturalización en relación con los roles de hombres y mujeres que hacen que ciertos actos violentos contra las mujeres sean justificados culturalmente.
Por ejemplo, tanto la violencia verbal como la psicológica están banalizadas pero ellas forman parte de ese ciclo de violencia. En la violencia sexual es recurrente la cuestión de la obligación de las esposas de “atender a los maridos”, es decir de estar siempre disponibles sexualmente. Ese prejuicio se refleja a la hora de la denuncia o cuando se va un centro de salud: se da por sentado que todas la relaciones sexuales son consentidas –más aún si se trata de una pareja– así los funcionarios no observan un cuadro que permita inferir que hay una situación de violencia.
Profamilia está preparando un informe sobre femicidio, ¿En qué consiste ese informe?
El estudio recoge informaciones de cinco ciudades del país desde la perspectiva de algunos trabajos feministas que han abordado esa temática. También presenta algunos casos de mujeres que han asesinado a sus maridos después de haber sufrido un largo proceso de violencias y maltratos por parte del cónyuge. En general, hay una gran invisibilidad de las causas que generan esa violencia. Finalmente, analiza las maneras como los medios de comunicación representan los asesinatos de las mujeres.
El estudio de lo medios de comunicación se justifica por la responsabilidad social que tienen frente a este tema desde el momento en que crean opinión. El mensaje que transmiten generalmente en los casos de asesinato de mujeres es que se trata de un crimen pasional, generando un tipo de legitimidad de la conducta. Muchas veces hay un registro épico de la noticia; cuando el hombre mata a la mujer y luego se suicida hay una validación adicional del acto de desesperación; el acto está justificado, no necesariamente “está bien”, pero tiene una justificación, y los medios reproducen ese elemento de legitimación de las violencias contra las mujeres.
Así, por ejemplo, en un sonado caso de violencia contra una mujer, el marido que la había maltratado apareció en una emisora arrepentido de lo que había hecho. El periodista, después de manifestar que se encontraba muy conmovido por el arrepentimiento del sujeto en cuestión, comenzó a hacer una reflexión sobre la importancia del diálogo en las parejas. Yo me pregunto cual es el mensaje que envía esta cobertura del problema, donde la pareja se pone por encima incluso del bienestar físico y emocional de una persona y donde la violencia de la que fue víctima pasa a un segundo lugar. Esto empata muy bien con una cuestión jurídica que dice que la conciliación es un requisito de procedimiento aún cuando una mujer se quiere divorciar aduciendo maltrato físico. Es necesario pensar en las consecuencias de esto para mujeres que son intimidadas, amenazadas y que toman esa decisión en situaciones muy complejas de dependencia y con una reprobación moral por no “aguantar” las obligaciones propias del matrimonio.
Hablemos un poco más del llamado “Crimen pasional”
Hay que tener en cuenta que el crimen pasional como justificación de un acto violento es eminentemente masculino, una mujer no puede hacer uso de él. Existe aún en la legislación algo parecido al anterior “ira e intenso dolor” que alude a la emoción excusable. En la práctica los jueces lo aplican a los hombres, para atenuar la culpa. El crimen pasional está relacionado a la defensa del honor, es masculino. El valor equiparable que tienen las mujeres es la virtud. El honor es masculino, como el honor de la guerra –el corazón de hierro que les dan a los soldados. Esa muestra de arrojo es un acto bueno, por eso el crimen pasional justificado en esa cuestión de la reivindicación del honor, legitima desde el principio el acto violento de los hombres hacia las mujeres.
¿Cuál es la situación de las mujeres presas por matar al compañero?
Puedo comentar a partir de dos casos: una mujer con 7 hijos, de 57 años, de extracción popular en contexto rural, y una mujer de 29 años con 4 hijos en contexto urbano. La primera duró 22 años con el compañero, un proceso largo en el que se aguantó años de maltratos sin hacer nunca una denuncia. La más joven estuvo cerca de 9 años con su compañero y sí denunció. En ambos casos algunos patrones son muy similares: cada una fue al médico varias veces y dijeron que se habían caído, que otra persona las había golpeado, nunca dijeron que fue el cónyuge… eso debe poner en alerta a las instituciones de salud que, efectivamente, no pueden denunciar por ellas pero sí realizar una intervención más sistémica, incorporando el tema de la violencia en la consulta.
Las dos mataron con una puñalada, una sola vez. Una forcejeando con él en un contexto de defensa propia, la otra mientras estaba dormido y borracho. Esta última se había tomado una botella de licor y estaba ansiosa porque su marido no llegada en cuatro días y cada vez que él tomaba y se perdía de la casa le pegaba. Cuando él llegó y se acostó borracho, ella lo apuñaló y se volvió a acostar. Lo mató, pero ella no estaba en sus cabales. Está condenada a 18 años y la otra a 6.
Si uno mira los casos, observa que la violencia de la que fueron víctimas es invisibilizada. Sí se tuvo en cuenta el hecho de que una denunciara ya que, además, tenía medida de protección. Sin embargo, en un expediente que reconstruimos desde una Comisaría de Familia, una mujer a la que le dieron medida de protección (fueron a hacer vista domiciliaria, siguieron el caso), se mudó a otra localidad y después de dos meses en la Comisaría se enteraron que el marido la mató. Esto demuestra que la protección es insuficiente y a veces pone en mayor peligro a las mujeres.
La relación de este tema con el Informe es que no hay una mirada integral del suceso, no existe una lectura de género al respecto. En este país hay aproximadamente 67.000 personas privadas de la libertad, de las cuales alrededor de 4.000 son mujeres. La diferencia es grande: de las 1.300 internas en la cárcel del Buen Pastor, una de las más grandes del país, 150 son por homicidio. La cifra de mujeres que matan es baja y es interesante ver que matan por razones diferentes, algunas de ellas asociadas a largos procesos de violencia.
Miremos cómo interpretan los jueces ciertas diferencias. Algunas mujeres matan cuando el marido está dormido o borracho, lo que muchas veces es interpretado como premeditación, alevosía, maltrato absoluto, un acto despiadado y salvaje. No se tiene en cuenta que ese es el momento donde ella tiene la chance de hacer algo para acabar con un largo proceso de violencia.
¿Dónde reside el problema? ¿Por qué este problema no es visto desde una mirada de género y por qué no tiene un nivel alto de preocupación en las acciones del Estado?
Hay un interés por parte del Estado, pero si no se tienen las lentes adecuadas para verlo como un problema de género el problema no se ve. Es similar a lo que sucede con los crímenes homofóbicos: si para usted no existen los homosexuales, si, en el caso de que existieran, usted considera que esas relaciones son enfermizas y se produce algún asesinato, pues no entenderá esa situación desde el contexto de la homofobia. Es lo que pasa con las mujeres; el problema no es la falta de estudios, sino que pareciera que todo se soluciona con legislación y esta es una cuestión estructural de género constitutiva de las relaciones sociales. Por ejemplo, los exámenes sexológicos en el caso del asesinato de una mujer son recientes.
Este año hubo una serie de asesinatos de mujeres en Medellín frente a los cuales las respuestas de la administración municipal tendientes a tranquilizar a la población explicaron que no se trataba de un asesino en serie y que la cifra no era tan alta comparándola a la del año pasado… Hay una tendencia general a invisibilizar el hecho. Marcela Lagarde, una teórica especialista en el tema, consultada para este informe, decía que las muertes de las mujeres de Ciudad Juárez, en México, son dramáticas desde hace un buen tiempo, pero es a partir de que son miles que se habla sobre el asunto. Hay, entonces, una violencia estructural de base, que sigue siendo invisible y que valida y justifica los comportamientos violentos contra las mujeres. La lectura del asunto es que es una banda de trata de personas, un asesino en serie, pero no hay una lectura que diga por qué a las mujeres, por qué de esa manera. Desde el sentido común existen ideas como esta: si el vecino mata a la mujer porque la encontró con otro hombre, se dice “ella se lo buscó”… La violencia no debe tener ningún tipo de justificación y esta violencia, particularmente, es el resultado de una situación estructural que ordena cómo deben comportarse hombres y mujeres, qué es legítimo para unos y otras y quién puede disponer de quién.
Esos prejuicios entorpecen la administración de justicia, generan impunidad, legitiman la violencia. Estos prejuicios están en las cabezas de todos: los funcionarios, las víctimas y los perpetradores. Esto es un problema que implica un cambio cultural que toma mucho tiempo, pero serviría bastante que los funcionarios que trabajan en esos temas pudieran entender que la forma en que realizan una atención puede significar una diferencia, incluso de vida o muerte, para la mujer que está reportando una violencia física, una violencia sexual, una violencia psicológica o verbal, que a veces esta última se banaliza y puede ser el inicio de una larga historia de maltratos.
Las cifras de la ENDS 2005
Según revela la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, el 66% de las mujeres colombianas consideran que sus esposos o compañeros ejercen situaciones de control hacia ellas. Las situaciones más frecuentes son que el esposo insiste siempre en saber donde está ella (37%), la ignora (36%), le impide el contacto con amigos y amigas (26%), y la acusa de infidelidad (26%). A su vez el 26% considera que su esposo se expresa de manera desobligante hacia ella.
Por otra parte, el 33% de las mujeres que alguna vez mantuvieron una unión de pareja contestaron haber sido objeto de amenazas de su compañero. El 39% de las mujeres alguna vez casadas o unidas reportó haber sufrido agresiones físicas por parte de su esposo o compañero. Los tipos de violencia fueron: la ha empujado o zarandeado (33%), la ha golpeado con la mano (29%), la ha pateado o arrastrado (13%),la ha violado (12%), la ha golpeado con un objeto duro (9%), la ha amenazado con armas (4%) y la ha mordido (3%).
Solamente el 21% de las mujeres que fueron objeto de agresiones físicas acudió a un médico o establecimiento de salud y el 76% de las mujeres maltratadas físicamente no acudió a ninguna institución para hacer una denuncia del hecho.