Por Pilar Pezoa Navarro
Si se pudiera crear un país con los 214 millones de migrantes que hay en el mundo –según estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones–, éste sería el quinto más poblado. A esa cifra América Latina y El Caribe aportan 25 millones, es decir, un poco más del 13% del total de migrantes del mundo.
Durante los últimos 20 años, Chile se transformó en un polo atractivo para extranjeros provenientes de países andinos, principalmente. Es la llamada nueva migración, que para los expertos tiene un carácter eminentemente económico y responde a una movilidad intrarregional estimulada por la dinámica de los procesos de globalización.
A pesar de esto, aspectos como el estatus legal, las contribuciones culturales y sociales de los inmigrantes, los obstáculos para su integración, los prejuicios y discriminación a los que se enfrentan –en fin, su ciudadanía– sólo han cobrado importancia en el país recientemente. A ello contribuyeron las numerosas denuncias sobre abusos laborales, como las cometidas por un empresario que gestionó la llegada de trabajadores paraguayos y brasileños y los mantuvo trabajando como indocumentados. La empresa fue multada con $140 millones de pesos chilenos y los inmigrantes regresaron a sus países de origen.
En este contexto, estudios sobre la situación de derechos humanos de inmigrantes adquieren especial relevancia. El proyecto “Ciudadanía y Protección de los Derechos Humanos de la Población Inmigrante en Chile , llevado a cabo por la Fundación Instituto de la Mujer, el Programa Género y Equidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI) y la Casa de Encuentro de la Mujer de Arica (CEDEMU), abordó esta temática con especial énfasis en el acceso a la salud, a la educación y al trabajo. De forma paralela, desarrolló actividades orientadas a la “protección y garantía de los derechos humanos y a la integración de la población migrante, especialmente de mujeres y jóvenes, en las cuatro regiones del país”. Para tal fin, implementó en las regiones de Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y la Región Metropolitana, escuelas de ciudadanía y liderazgo para migrantes, charlas informativas sobre derechos, asistencia y orientación jurídica, escuelas de formación para agentes estatales y de la sociedad civil y acciones de sensibilización pública.
El proyecto contó con el apoyo financiero y técnico de la Unión Europea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), agencia asociada al sistema de Naciones Unidas, y de Oxfam. En entrevista con el CLAM, Carmen Torres, presidenta del Instituto de la Mujer, habla sobre los principales hallazgos y sobre las dinámicas migratorias en Chile.
¿Cuántas personas han migrado a Chile en los últimos años?
El flujo de inmigrantes en Chile ha aumentado en la última década. Las cifras del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, DEM del año 2009 dan cuenta de aproximadamente 352.000 personas inmigrantes. Las cifras más recientes hablan de 370 mil, esto es el doble de lo que registró el último censo, realizado en 2002, y un 50% más que los 247 mil registrados hace cinco años.
La migración hacia el país obedece principalmente a razones laborales. 85% del total de extranjeros residentes viajaron en busca de trabajo, lo que equivale a cerca de 315 mil personas. Esto representa aproximadamente el 4% de la fuerza de trabajo del país, que cuenta con ocho millones de personas económicamente activas.
La mayor parte de esa población, alrededor del 70 %, proviene de América del sur, sobre todo del Perú (37%). Le siguen argentinos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos. Desde 2002 se ha constatado un fuerte crecimiento de la migración proveniente de Colombia y Ecuador, cuya presencia ha aumentado en un 252% y 113% respectivamente. El porcentaje de inmigrantes de Brasil es el más bajo.
¿Cuál es la situación de la población inmigrante?
En general, esta población no cuenta con información adecuada sobre sus derechos y obligaciones. Esto se debe, en buena medida, a que la normativa vigente no tiene en cuenta los actuales flujos migratorios, sus características e implicancias sociales y culturales.
Algunas de las problemáticas de esta población se refieren a barreras de acceso igualitario a la salud y educación, incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los empleadores, desinformación respecto de los subsidios habitacionales a los que tienen derecho, ausencia de programas específicos dirigidos a esta población, y sobre todo, el desconocimiento respecto al funcionamiento de los servicios públicos.
Un caso que ilustra esta situación tiene que ver con el acceso a la salud por parte de mujeres inmigrantes embarazadas. El oficio circular del Ministerio de Salud número 6.232 de 2007, establece que las mujeres embarazadas, independiente de su situación migratoria, deben ser atendidas por los consultorios y hospitales de la red pública de salud. Sin embargo, esto no siempre se cumple porque existen instructivos internos que no conocemos, que malinterpretan la normativa vigente.
Conocimos el caso de una mujer peruana en la ciudad de Arica que perdió su hijo en el octavo mes de gestación debido a una diabetes no tratada. Ella acudió al consultorio 3 veces. En la primera oportunidad le pidieron un certificado de residencia emitido por carabineros; después le solicitaron un certificado emitido por la junta de vecinos, y la última vez le explicaron que no podían atenderla sin estos papeles. La norma no exige la presentación de tales documentos. Este es el ejemplo más dramático que conocemos de vulneración de derechos de inmigrantes en el país.
¿Qué diferencias encontraron entre las regiones del norte y centro del país?
En el norte hay diferencias. El costo de vida en Arica, población ubicada en la frontera con Perú, es menor respecto a ciudades como Iquique y Antofagasta, que son carísimas. Además, el convenio Tacna-Arica suscrito entre Chile y Perú permite a los peruanos que ingresan al país obtener un permiso especial de trabajo por 7 días. Por lo general, las personas viajan a Chile cada lunes a trabajar y regresan a su país de origen el fin de semana. Hay personas que trabajan en estas condiciones desde hace 14 años. Esa población no puede obtener una visa sujeta a contrato, ni acceder a la visa temporaria que se otorga después de 2 años. Es una población flotante que estadísticamente no aparece registrada en ningún censo.
El problema que más aqueja a la zona norte es la escasa existencia de redes sociales, tanto públicas como privadas, para acoger a esta población. En Iquique, Arica y Antofagasta, los niveles de organización de la sociedad civil son bajos. Arica cuenta con el Programa de Servicio e Integración para Refugiados (PROSIR) y la Casa de Encuentro de la Mujer (CEDEMU). Pero el resto de los agentes que se movilizan al respecto son personas de buena voluntad. En Iquique y Antofagasta existe el Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), que es la única organización preocupada por la inmigración. En Iquique los propios inmigrantes han creado una red donde se reúnen y comparten. En cambio, en Antofagasta están mucho más dispersos y no cuentan ni siquiera con este tipo de contactos.
Otra gran dificultad tiene que ver con que Chile sigue siendo un país muy centralizado. Si una personas necesita visa en Arica, sus papeles tienen que viajar hasta Santiago para su aprobación. Mucha gente prefiere viajar a la capital para obtener sus papeles y un alto porcentaje opta por quedarse a vivir allí, pues encuentran más posibilidades laborales que en Arica. Actualmente también están llegando muchas personas a Valparaíso.
Es importante reconocer que el nivel de indocumentación de inmigrantes no es muy alto. En general, los inmigrantes son concientes de la importancia de tener sus papeles regularizados porque así pueden acceder a otros beneficios del Estado. Saben que vivir sin papeles los expone a abusos laborales.
¿Por qué aumentó la inmigración proveniente de países andinos?
El aumento se debe a varias razones, entre ellas el retorno de la democracia, las cifras macroeconómicas y la estabilidad política del país. Chile no tiene grandes desórdenes ni huelgas, su ambiente social es tranquilo.
Otra razón tiene que ver con las restricciones impuestas por países de la Comunidad Europea y por Estados Unidos respecto a la migración. En vez de irse a España, Francia o Italia, mucha gente prefiere circular en la región y llegar a países donde pueden obtener trabajo con menos dificultad. Hace algunos años Brasil era el foco de atracción, sin embargo la diferencia idiomática representaba dificultades para las personas migrantes. En Argentina, la mayor parte de la población inmigrante es boliviana. En Chile, peruana.
En esto influyen las crisis políticas y económicas de los países de origen. Durante el gobierno de Fujimori llegó mucha población refugiada del Perú, integrada en su mayoría por profesionales. Con el tiempo estas personas se quedaron en Chile. Hoy son los colombianos quienes migran por razones políticas, debido al conflicto armado.
En la actualidad, el incremento de la inmigración se debe principalmente al desempeño económico de Chile, que es relativamente mejor que el de sus vecinos. Entonces migran personas que provienen de países donde los salarios son más bajos, especialmente trabajadores con menor calificación. Este es el caso de peruanos, bolivianos y ecuatorianos.
El caso de la población argentina es diferente. La mayoría de inmigrantes llegó después de la crisis económica de 2001 y son profesionales de clase media. Una vez superada la crisis, un alto porcentaje regresó a su país. El resto obtuvo empleos más calificados en áreas de marketing y ventas.
¿Existen formas de exclusión y discriminación de las poblaciones migrantes?
Mientras más rasgos indígenas tengan los migrantes, más discriminados son. Este es el caso de los peruanos, cuyos rasgos indígenas son más acentuados. Ellos son vistos como “personas sucias que nos quieren quitar los trabajos”. El problema con los colombianos es el estereotipo de narcotraficantes.
Los afrodescendientes y los ecuatorianos también son discriminados, pero en menor medida. De hecho, entre Chile y Ecuador existe un convenio bastante antiguo para la revalidación del título profesional. Esto ha permitido que ecuatorianos, en especial médicos, trabajen en consultorios públicos, lo que contribuye a transformar la percepción sobre ellos. El caso de los bolivianos es más difuso. Su presencia se da más en el norte de Chile y en zonas aisladas como los valles. Al no estar presentes en las ciudades no son muy visibles.
Los y las migrantes argentinos no sufren este tipo de discriminación. Junto a la población brasileña configuran un grupo especial. En el caso de los brasileños, el idioma juega a su favor. Además, suelen ser vistos como un pueblo alegre. A esto se suma que Brasil no limita con Chile, aspecto que dificulta la relación con peruanos y bolivianos.
Expertos/as hablan sobre la feminización de la migración. ¿Es Chile un ejemplo de ello? ¿A qué obstáculos se ven expuestas las mujeres migrantes?
En Chile, el 52% de la población inmigrante son mujeres. Esta cifra puede aumentar, como en el caso de las peruanas, que representan el 60,2% del total de migrantes de ese país. Algunas mujeres inician su proyecto migratorio solas, otras lo hacen con parte de sus familias.
Las mujeres no sólo son las peor remuneradas en el ámbito laboral, sino que también son las que más desconocen la legislación, los servicios públicos y, en general, sus derechos. Por esta razón suelen ser víctimas de abusos laborales y de discriminación.
Las peruanas suelen trabajar en casas particulares como “nanas puertas adentro”. Esto les conviene porque, además de ser un trabajo más fácil de obtener, les permite ahorrar en vivienda. Sin embargo, sufren abusos laborales que muchas veces no son denunciados por temor a perder la visa.
En el norte, sobre todo en la ciudad minera de Calama, existe una alta presencia de mujeres migrantes, en especial colombianas y ecuatorianas, que son engañadas y caen en redes de trata de personas. Ellas terminan trabajando en “cafés con piernas” y prestando servicios sexuales.
¿El Estado chileno está preparado para responder debidamente a este proceso migratorio?
El aumento sostenido de la inmigración andina ha puesto al país en una situación de desconcierto y de escasa preparación institucional. Además, el Estado chileno no considera la inmigración como un tema de agenda pública.
A esto se suma la ausencia de una ley migratoria que reemplace la obsoleta ley de 1975, y que reconozca explícitamente los derechos humanos de las personas inmigrantes, así como sus aportes al desarrollo económico y social del país. La ley vigente proviene de la dictadura militar, cuando la soberanía nacional era considerada algo prioritario y se garantizó mediante reglas y normas de inmigración muy estrictas. Esta legislación contribuye a la situación de desprotección de la población inmigrante.
A pesar de esto, el Estado chileno ha suscrito diversos instrumentos internacionales que lo obligan a respetar y promover los derechos humanos de las y los inmigrantes. El más importante es la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ratificado por Chile en 2005. Al finalizar este año, el Estado deberá presentar un informe al Comité de esa Convención. Por lo que hemos podido averiguar, el escrito sólo da cuenta de las acciones implementadas durante los últimos años de la Concertación. No es un informe reciente, lo más probable es que el Comité le exija al Estado actualizar las informaciones.
Si bien una ley no soluciona por sí misma los problemas de vulneración de derechos, ella podría ser el primer paso institucional para implementar políticas y programas tendientes a integrar a la población migrante con un enfoque de derechos humanos.