Por Pilar Valentina Pezoa Navarro
Los modos como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue conmemorado en Chile expresan las diferencias entre la mirada el Estado, por un lado, y de las organizaciones de la sociedad civil, por otro, sobre la problemática. Organizaciones de mujeres y feministas y colectivos de diversidad sexual se manifestaron en una marcha nocturna iluminada por velas en diferentes ciudades del país, para recordar a las 39 mujeres víctimas de femicidio en lo que va del año. La iniciativa fue organizada por la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. El gobierno, por su parte, convocó a mujeres al Estadio Nacional, principal recinto deportivo del país, para cerrar la Campaña de Violencia Intrafamiliar denominada “Mujer y Deporte: Juntos por una vida sin violencia”. El evento organizado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) resulta revelador del foco en la familia de políticas públicas de combate a la violencia, en cuanto el activismo feminista demanda el reconocimiento explícito de todas las formas de violencia contra la mujer. No obstante, parece existir un consenso acerca de las proporciones del problema en Chile y la necesidad de abordar integralmente el abuso sexual de niñas, las agresiones sexuales contra jóvenes y adultas, las denuncias de violencia intrafamiliar, el acoso sexual en el trabajo, en las escuelas, universidades y en la calle. La cuestión es cómo dimensionar social y políticamente la violencia contra las mujeres.
Con el propósito de entregar información fidedigna y amplia sobre esta problemática, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual llevó a cabo una investigación para determinar su magnitud, evaluar la oferta pública y privada de atención e identificar los aportes de organizaciones de mujeres locales, tanto del norte como el sur del país. El Diagnóstico Regional de la Violencia, que contó con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), indagó estos aspectos en las regiones de Arica y Parinacota (norte), Los Ríos, La Araucanía, y Bío Bío (sur). Este diagnóstico se construyó a partir de denuncias de violencia intrafamiliar y delitos sexuales presentadas a Carabineros, Policía de Investigaciones y División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior; procesos judiciales seguidos por el Ministerio Público y los Tribunales de Familia; y femicidios registrados por el SERNAM, la Red Chilena y la prensa local.
El diagnóstico revela un aumento en las denuncias de agresiones contra mujeres entre los años 2005 y 2009, así como un incremento en la detención de agresores. No obstante, las capturas corresponden sólo al 10% ó 20% de las denuncias. Del total de denuncias, el 20% se transforma en causas judiciales y menos del 50% se convierten en casos con término judicial.
La investigación determinó, por otra parte, que del abanico de violencias contra mujeres, la sexual es la más silenciada. Pese a que se estima que en Chile ocurren 150 agresiones sexuales cada día, aproximadamente 30 son denunciadas. A esto se suma que los casos denunciados cuentan con un índice menor y más ineficaz de atención, y que los tiempos para la obtención de un fallo judicial son excesivamente largos, más aún en los casos de reparación.
En entrevista con el CLAM, la socióloga Sandra Palestro –quien en septiembre de este año participó del Seminario sobre violencia contra las mujeres y femicidio celebrado en San Sebastián, España, en calidad de coordinadora de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual e integrante de la Articulación Feminista– destaca los resultados más relevantes del estudio y hace un balance de las acciones institucionales en materia de prevención, atención y protección de las víctimas.
¿En Chile la violencia contra la mujeres sigue patrones regionales?
La violencia hacia las mujeres afecta de manera dramática a todo el país. Así lo ha constatado la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual en su trayectoria y lo corrobora el diagnóstico en las cuatro regiones. El estudio da cuenta de situaciones que complejizan y dificultan tanto el acceso a la información sobre esta problemática, como la implementación de acciones para atender a mujeres víctimas de esta violencia en cada región.
Las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos, por ejemplo, fueron creadas en 2007 a través de una reforma político-administrativa. En 2009, año en que se realizó el estudio, el proceso de regionalización no había concluido, lo que ralentizó la implementación de servicios públicos, como los programas sociales y los órganos de justicia, entre ellos los encargados de atender la violencia hacia las mujeres. Esto también incide en la información disponible sobre el tema, que está desactualizada.
La región del Bío Bío es la segunda más poblada del país. Está dividida en 54 comunas que abarcan un vasto territorio en el que están localizadas ciudades pequeñas, algunas muy distantes de Concepción, su capital. Esta dispersión ha dificultado conocer la situación de las mujeres que habitan esas ciudades.
La Araucanía es la región con mayores índices de pobreza e indigencia y la que concentra mayor población indígena. Ambas características aparecen correlacionadas al ser las mujeres mapuches y campesinas las más pobres. El índice de mortalidad materna es de 29 por cada 100.000 nacidos vivos, es decir, superior al promedio nacional que se ubica en 17,3. Esta región ha registrado un aumento de mujeres viviendo con VIH. Muchas de ellas contrajeron el virus con su pareja debido a su dificultad para negociar el uso del preservativo. Esto confirma la feminización del VIH en la región.
¿Cuál es la situación de las mujeres indígenas e inmigrantes en el norte y sur de Chile?
Debido a distintos factores las mujeres indígenas y las inmigrantes, junto a las campesinas y lesbianas, son las más afectadas por la violencia. Las inmigrantes y las mapuche son además víctimas de la violencia represiva institucional: unas por su búsqueda de una vida mejor, las otras por sus luchas como nación. Pese a lo anterior, no existen programas de atención a la violencia que consideren las particularidades étnicas y culturales, la condición migrante o la orientación sexual de las mujeres.
Por otra parte, la red de atención institucional se concentra en las zonas urbanas, lo que constituye una barrera adicional para las mujeres de zonas rurales y alejadas del centro de la región. A esto se suma la centralización de los servicios que acentúa la brecha respecto al acceso de las mujeres a la oferta institucional, siendo las más afectadas las de menores recursos.
¿Cómo trata el SERNAM la violencia contra las mujeres?
El estudio reveló un abordaje institucional que considera la violencia un asunto privado, donde la familia es un bien a salvaguardar. La figura de la violencia intrafamiliar sintetiza este enfoque. Esto repercute en una invisibilización de la violencia hacia las mujeres, que son las más afectadas por la violencia en el seno de la pareja o la familia. Incluso cuando se separan de sus parejas siguen siendo agredidas por ellas. Es el mismo criterio que se utilizó para tipificar el femicidio en Chile como el asesinato de mujeres en el contexto de relaciones íntimas, presentes o pasadas.
Esta forma de entender el problema resta importancia a otras formas de violencia, como los delitos sexuales, que tienen lugar en otros ámbitos; a formas tipificadas pero no constitutivas de delito, como el acoso sexual; y a violencias que muchas veces no se reconocen como tales ya que se las considera naturales, entre ellas, las miradas intimidatorias y el hostigamiento sexual en las calles o en el transporte público. Esta categoría también abarca la solicitud de “favores sexuales” en el trabajo, en la escuela o la universidad, y la publicidad que promueve el consumo y abuso de los cuerpos de las mujeres, entre otras.
La violencia intrafamiliar ha limitado la comprensión integral de la violencia hacia las mujeres y no considera sus distintas manifestaciones como parte de un mismo fenómeno: las relaciones de poder y el machismo. Además, la información que se produce con esta perspectiva es parcial y fragmentada. No hay información unificada disponible, ni una instancia donde los datos confluyan y a los que se pueda acceder para tener una noción de la magnitud y diversidad de esta problemática.
¿Qué balance resulta del análisis de las acciones del SERNAM en materia de prevención, atención y protección de las víctimas?
La oferta del SERNAM del tipo Centros de la Mujer y Casas de Acogida es insuficiente en cobertura y en atención. Y si por prevención entendemos las Campañas Maricón 1 y 2, podemos concluir que el flagelo de la violencia hacia las mujeres, que les significa un muy mal vivir y que muchas veces culmina en su muerte, no es un asunto prioritario ni serio para quienes están en los lugares de poder.
La asignación de recursos por parte del Estado para la intervención y tratamiento de estas situaciones de violencia es mínima: un ejemplo de ello son casos donde equipos de tres profesionales atienden a toda una región.
Resulta incomprensible, por decir lo menos, que el SERNAM utilice recursos para desarrollar un programa para hombres agresores, que tiene por objeto proporcionar atención reeducativa especializada a hombres que ejercen violencia. Más extraño resulta cuando en su página web institucional se expresa que: “La creación del SERNAM es resultado de la recuperación de la democracia y de la participación política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a una relación de equidad al interior de la familia y la pareja”. Es decir, además, ahora ‘las chilenas’ tenemos que encargarnos de reeducar a quienes nos maltratan. Y ni qué decir de la coherencia de sus programas, ¿acaso asisten ‘maricones’ para reeducarse de hombres?
¿Qué hace la sociedad civil?
Las organizaciones de mujeres cuentan con escasos recursos que generalmente provienen de la cooperación internacional. Por lo demás, su rol principal no es la atención ni la protección de las mujeres, dado que para ello, así como para adoptar medidas preventivas, quienes cuentan con mandato, facultades y recursos permanentes son los organismos del Estado.
El rol de las organizaciones de mujeres tendría que orientarse más hacia el ámbito promocional, es decir, apoyar las capacidades y potencialidades de las mujeres para afirmar su autonomía, a no tolerar violencia en sus vidas e intervenir con fuerza en el plano político-cultural.
¿Cómo evalúa la agencia de los movimientos de mujeres y feministas en los 30 años de activismo contra la violencia?
Los movimientos de mujeres y feministas han jugado roles disímiles en los contextos políticos de dictadura y de democracia. Primero produjeron poderosas sinergias en la lucha anti-dictadura, que exploraban mundos posibles, profundizaban debates, aprendían y enseñaban desde distintos lugares y miradas, para las cuales con la apertura democrática todo parecía alcanzable. Luego, en la transición a la democracia, se impuso “la medida de lo posible” y los movimientos perdieron cohesión y diálogo.
En 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en Bogotá, entre otros acuerdos se proclamó el 25 de noviembre como Día de la No Violencia Contra las Mujeres. Dieciocho años después, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 25 de noviembre como “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” e instó a los Estados a adoptar medidas en este sentido. Sabido es que en los Estados se fragmentó el problema a través de leyes parciales, y que en 1994 la Convención Interamericana de Belem do Pará, para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue mucho más allá que las leyes de Violencia Intrafamiliar que se dictaron en algunos países. En fin, nos hemos movido en ámbitos distintos, por una parte el de las cumbres mundiales, donde se ha decidido si las mujeres tenemos alma, si tenemos derechos específicos, si nuestro cuerpo es nuestro o botín de guerra. Por otra, en el que vamos afirmándonos en nuestras fortalezas, develando la violencia consustanciada con el patriarcado y el neoliberalismo, y desplegando apoyos, solidaridades y resistencias.
Muchos aspectos se podrían abordar a partir de asumir que la violencia es un problema político que tiene lugar en distintos niveles, pero en síntesis se puede decir que sin la persistente acción de las mujeres organizadas, este problema quizás habría permanecido oculto en el ámbito privado y naturalizado en la cultura. En la actualidad, las organizaciones de mujeres desempeñan distintos papeles, de acuerdo con estrategias y posicionamientos políticos definidos, a veces contradictorios los unos y los otros. Sin embargo, los aprendizajes obtenidos y las experiencias y conocimientos acumulados deberían impulsar a las nuevas generaciones de mujeres a buscar estrategias complementarias y sinérgicas que contribuyan eficazmente a erradicar la violencia de sus vidas.