Por Mauro Cabral*
Las llamadas cuestiones de identidad de género suelen relacionarse de manera inmediata con las personas trans* -denominación que, en la Argentina, se despliega en la cuenta de travestis, transexuales, transgéneros- y, de manera mediata, con las personas intersex. Tradicionalmente, la articulación política de esas cuestiones se ha traducido en la denuncia pública de aquellas violaciones a los derechos humanos que castigan con frecuencia atroz a las personas y a las comunidades trans* -como su constante exclusión de los sistemas públicos de educación y salud, de empleo y vivienda, su criminalización y estigmatización, su hostigamiento, persecución, detención arbitraria, tortura y muerte.
Sin embargo, y a paso sostenido, también tiene lugar otra articulación política trans*, formulada asimismo en términos de derechos humanos: aquella que coloca en el centro de la agenda política trans* el doble acceso al reconocimiento legal de la identidad de género y a las condiciones biotecnológicas capaces de expresar corporalmente –podríamos decir, de encarnar, de producir carnalmente- esa identidad.
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El 30 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados argentina aprobó por una abrumadora mayoría un proyecto de ley de identidad de género que es, indudablemente, el más avanzado del mundo. A pesar de su radicalidad, el proyecto de ley que ahora debe ser sometido a consideración del Senado se inscribe en un proceso histórico que, desde hace más de diez años, se ha caracterizado tanto por la emergencia de comunidades trans* políticamente movilizadas y organizadas, como por el rol central de esas comunidades y sus organizaciones en la definición de aquello en lo que consisten las cuestiones de identidad de género. La radicalidad del proyecto de ley –resumida en el derecho al reconocimiento de la identidad de género de las personas a través de un trámite administrativo, lo que es decir, obviando toda instancia de judicialización pero también toda instancia de patologización, y en el acceso a modificaciones corporales en similares condiciones– se condice plenamente entonces con los triunfos que jalonan ese proceso.
El fallo de la Corte Suprema que en 2005 otorgó a ALITT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual) el derecho a abogar por el reconocimiento social y legal del travestismo como una identidad en sí misma; las distintas resoluciones y ordenanzas municipales y provinciales destinadas a garantizar el reconocimiento del nombre propio a las personas trans* en los sistemas públicos de salud y educación; los amparos judiciales que, en distintas jurisdicciones, revirtieron para siempre la historia de humillaciones y maltratos que ponían precio al reconocimiento por vía judicial; el dictamen firmado por el gobierno santafesino que reconoció por vía ejecutiva la identidad de género de una demandante trans*, evitando la tramitación judicial de ese reconocimiento; las ordenanzas aprobadas por distintas facultades argentinas, incluyendo aquella promulgada por la Universidad Nacional de Córdoba que la declaró “una institución libre de discriminación por expresión e identidad de género”… Cada uno de esos logros, laboriosamente construidos por el activismo trans* argentino y sus alianzas, hizo posible no solamente la aprobación del proyecto de ley, sino también la transformación de lo que en materia de identidad de género era considerado posible.
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La ley de identidad de género aún debe aprobarse en el Senado argentino –y, de ser así, debe implementarse en condiciones plenas. Más aún: todavía es necesario construir un vínculo efectivo entre las políticas de reconocimiento y acceso a modificaciones corporales y un cambio sustancial en las condiciones materiales de existencia de las personas trans* en Argentina. La situación legal de las personas intersex –afectadas en la infancia por la práctica de cirugías no consentidas destinadas a la normalización corporal– aún debe ser políticamente articulada, del mismo modo que cuestiones tales como la diversidad de identidades de género (todavía reducida legalmente al binario hombre/mujer) y las violaciones a los derechos humanos basadas en la expresión de género. Sostener, concretar y expandir la victoria obtenida en la Cámara de Diputados, esos son los desafíos que nos esperan para el 2012, año en el que, si tenemos suerte, un mundo terminará y, por fin, comenzará otro.
*Investigador sobre las dimensiones jurídico-normativas de la identidad de género en la Universidad Nacional de Córdoba, y co-director de Acción Global para la Igualdad Trans.