En diciembre de 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México aprobó la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo en la capital mexicana. Mediante esta fueron modificados los artículos del Código Civil del Distrito Federal que restringían el acceso al reconocimiento de las uniones conyugales homosexuales, como el 146, que se refería al matrimonio como “unión libre de un hombre y una mujer” y aquellos relacionados con la constitución del patrimonio familiar, adopción de hijos y derechos y obligaciones derivadas de la unión marital.
La oposición a estas medidas provino no sólo de la Arquidiócesis de Ciudad de México, que expresó con vehemencia su rechazo, señalando que estas parejas quedaban al margen de la Iglesia Católica. También en el ámbito estatal, la Procuraduría General de la República se manifestó en contra impugnando ante la Suprema Corte de Justicia las reformas señaladas, con el argumento de que estas contravendrían el principio de legalidad al apartarse de la protección constitucional de la familia y del interés superior de los niños y las niñas.
La semana pasada se conoció el proyecto de respuesta del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Valls Hernández en respuesta a esa acción de inconstitucionalidad. En el se afirma que la acción promovida por la Procuraduría General de la República es infundada, reafirmando la constitucionalidad de las modificaciones al Código Civil.
Organizaciones y activistas defensores de los derechos de las personas LGBT en México promueven una campaña de respaldo al proyecto del Ministro Valls, que se discutirá en los próximos días.
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