En Chile, el asesinato homofóbico de Daniel Zamudio, ocurrido el pasado mes de marzo, reavivó el debate sobre la necesidad de formular leyes que combatan de forma efectiva la discriminación. En 2005, el gobierno de Ricardo Lagos presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley orientado a este fin, redactado en colaboración con la Agrupación de Familiares de Pacientes Psiquiátricos (Afaps), la Agrupación Mapuche Urbana Mahuidache, la Asociación de Inmigrantes por la Integración Latinoamericana (Apila) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). Sin embargo, la iniciativa estuvo estancada durante años hasta que en 2011 la discusión fue reactivada gracias a la incidencia de organizaciones sociales ante el legislativo.
El Movilh y otras organizaciones sociales lideran campaña para dotar a Chile de una norma que combata de forma efectiva la discriminación y contribuya a mejorar las condiciones de vida de personas cuyos derechos son vulnerados por factores asociados a la orientación sexual y la identidad de género, entre otros.
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¡Por una buena ley contra la discriminación! ¡Ley Zamudio ahora!
Entrado el 2002, y bajo el Gobierno de Ricardo Lagos, el Movilh logró instalar en el seno del Ejecutivo la idea de implementar políticas públicas y una norma contra la discriminación, proponiendo inicialmente una reforma a la Constitución Política y un plan nacional contra la discriminación, ideas que contaron en todo momento con el apoyo de la División de Organizaciones Sociales (DOS), jugando un crucial rol bajo de la administración de Michelle Bachelet su director, Francisco Estévez.
Para dar peso social a esas demandas se conformó una “Red social por la diversidad” integrada inicialmente por la Afaps, Apila, la Agrupación Mapuche Urbana Mahuidache, Agrupación Transexual Traves Navia y el Movilh.
En el 2004 el Gobierno, a través de su vocero Francisco Vidal, anunció que en enero del 2005 presentaría la reforma constitucional, y ese mismo año el Ejecutivo lanzó el denominado Plan por la Igualdad y la No Discriminación, que posibilitó a la DOS tratar de manera formal la situación de las minorías y grupos vulnerables en Chile.
Sin embargo, aunque la idea de la reforma constitucional logró contar con el respaldo de los entonces diputados/as Carolina Tohá (PPD), Fulvio Rossi (PS), Alberto Robles (PRSD) y Arturo Longton (RN), la presión de los sectores homofóbicos y tranfóbicos impidió que esta idea se concretara.
Descartada la idea de una reforma constitucional, el Gobierno y la denominada “Red social por la diversidad” comenzaron a elaborar como alternativa un proyecto antidiscriminación sin rango constitucional. Se trataba del ahora más que conocido y debatido Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación.
En forma paralela se creó el “Foro por la no Discriminación”, una asociación de organizaciones coordinada por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, de la cual fueron parte los colectivos de la “Red Social por la Diversidad” y de cuyo trabajo resultó la creación de una nueva otra iniciativa, el Proyecto de Ley Marco por la No Discriminación, el que dotaba al país de una institucionalidad en este tópico.
La propuesta, pese a ser la más amplia e integral conocida hasta ahora en Chile, no logró contar con el respaldo del Ejecutivo. Con todo la UDP con el paso del tiempo siguió aportando al perfeccionamiento de la norma elaborada por el Gobierno de Lagos y por la “Red social por la diversidad”.
Tramitación de la ley por años: 2005- 2012
A continuación se describen por año los principales hitos en torno al Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación, en el marco de su tramitación en el Congreso Nacional y de las acciones cursadas por el Movilh en alianza con variados colectivos sociales.
2005: Ingresado a tramitación parlamentaria en marzo del 2005, diversas gestiones del Movilh posibilitaron que el “Proyecto de Ley que Establece Medidas contra la Discriminación” fuera discutido y aprobado con rapidez en las Comisiones de “Derechos Humanos Nacionalidad y Ciudadanía” y de “Legislación, Constitución, Justicia y Reglamento” de la Cámara de Diputados, a un punto que en sólo en seis meses, el 5 de octubre del 2005, logró pasar al Senado.
Durante toda la tramitación en la Cámara de Diputados los sectores homofóbicos y transfóbicos presionaron para que se excluyera a la diversidad sexual de la norma, a un punto que una primera votación, la del 21 de junio del 2005, consiguieron ese fin. Sin embargo, el 5 de octubre del 2005 el Movilh revirtió la medida, siendo aprobado el Proyecto en la Cámara con minorías sexuales incluidas.
2006: El 12 de abril del 2006 la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar, al igual como lo hizo el 2 de mayo del mismo año el pleno. Tal como ocurrió reiteradamente en el pasado, durante el 2006 hubo nuevos intentos liderados por los sectores homofóbicos y transfóbicos por excluir a las minorías sexuales de la norma. Así es como el 6 de octubre del 2006 la Comisión de Derechos Humanos empató en una votación la aprobación del artículo que hacía referencia a la diversidad sexual. El hecho derivó en que el Movilh se movilizará rápidamente en el Senado, provocándose el 13 de octubre un desempate favorable a las minorías sexuales.
2007: Pese a continuas movilizaciones y reuniones con autoridades, durante el 2007 la tramitación del proyecto estuvo estancado debido a la presión de sectores homofóbicos y transfóbicos, aún cuando en 5 ocasiones (10 de abril, 13 de julio, 28 de agosto, 30 de octubre y 4 de diciembre) el Gobierno de la época le dio urgencia simple a la tramitación.
2008: El Movilh cambió de estrategia y sumó a su accionar la elaboración de informes denunciantes, que fueron comentados públicamente por el Gobierno, así como continuas protestas y funas contra las personas e instituciones responsables de impedir el avance de la norma sólo porque la misma beneficiaba a la diversidad sexual.
Los virajes enunciados tuvieron efectos prácticos en la tramitación, pues la ley logró ser aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado el 7 de mayo, corriendo igual suerte en la Comisión de Constitución y Justicia el 16 de diciembre, un día después del encadenamiento del Movilh en la sede de la UDI, partido que había anunciado la presentación de diversas indicaciones para excluir a la diversidad sexual del proyecto.
Tras el encadenamiento, la UDI desistió de las indicaciones y el proyecto aprobado pasó a revisión de abogados constitucionalistas para su análisis, a objeto de que la Comisión de Constitución y Justicia despachara el informe a la sala para su votación.
2009: Durante todo el año, y a la espera, pero sin fecha quedó la votación final del proyecto en la Sala, pues aún cuando el Ejecutivo dio en tres oportunidades urgencia simple a la tramitación (el 7 de enero, el 31 de marzo y el 4 de abril), no hubo interés de declararlo con “suma urgencia”.
El injustificado retraso de la norma, derivó en que el Movilh protestara el 28 de marzo en el marco de la Cumbre de Líderes Progresistas que reunió en el Hotel Sheraton de Viña del Mar a diversos jefes de Estado. Pese a ser una manifestación pacífica, los activistas de la diversidad sexual fueron detenidos durante horas, despojados de sus pertenencias y jamás se les comunicó la razón del apresamiento.
2010: El proyecto de ley experimentó el 2010 nulo avance legislativo, incidiendo en ello tanto el terremoto 27/F y sus efectos como el cambio de Gobierno.
Contradictoriamente, el 2010 fue uno de los años de mayor debate social y público sobre la norma, a raíz de una campaña nacional a favor de la misma que lanzó el Movilh con gigantografías en puntos emblemáticos de Santiago (Paseo Ahumada y Plaza Italia) y en línea de buses que recorren el centro de Temuco.
2011: Tras gestiones cursadas por el Movilh ante la presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, Soledad Alvear, el 12 de enero del 2011 dicha instancia reactivó la tramitación del proyecto de ley y lo sometió a una nueva votación, aprobándolo el 2 de junio y emitiendo un informe para su votación en Sala el 8 de noviembre del 2011.
Aunque el proyecto aprobado el 2 de junio mantuvo a la orientación sexual (es decir a lesbianas, gays, bisexuales y heterosexuales como beneficiados), excluyó a la identidad de género, dejando de paso fuera a la población transexual, lo cual fue denunciado, repudiado y advertido públicamente por el Movilh, el 4 de mayo, iniciándose meses después, especialmente en septiembre, una escalada de repudios de la totalidad de los grupos la diversidad sexual que consiguió finalmente se reincorpora tal aspecto.
Pese a ello, y a que el proyecto fue aprobado el 8 de noviembre por la Sala del Senado, la iniciativa experimentó el 2011 sus más graves retrocesos, pues se limitaron y restringieron sus contenidos originales, a un punto que la versión actual es rechazada por la totalidad de las organizaciones sociales.
Los negativos cambios al proyecto de ley tuvieron su origen en una Mesa de Trabajo propuesta por la entonces ministra secretaria general de Gobierno, Ena von Baer, y el ministro secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, a la cual se encomendó elaborar una nueva redacción que mutiló la iniciativa en puntos claves hasta volverla insuficiente.
2012: “La Coalición Social para Mejorar el Proyecto de Ley Antidiscriminación” elaboró una serie de indicaciones que a comienzos de enero del 2011 logra contar con el respaldo en gran parte de sus puntos por la Oposición, sectores Renovación Nacional y, más tarde, del Gobierno, donde los ministros Andrés Chadwich y Rodrigo Hinzpeter han jugado un especial rol.
En ese contexto, el 4 de abril la Cámara de Diputados despachó a Comisión Mixta la norma para su perfeccionamiento, esperándose que las propuestas de la sociedad civil organizada sean votadas próximamente.
Incidió significativamente en la aceleración de este proceso el asesinato por su orientación sexual del joven Daniel Zamudio, quien falleció el 27 de marzo, tras padecer un brutal ataque el día tres del mismo mes.
Así es como el 13 de marzo el Gobierno dio urgencia simple a la tramitación de la norma y el 3 de abril le otorgó suma urgencia, estándose a las puertas de su votación final.
El asesinato de Daniel marcó a Chile como conjunto, sensibilizando transversalmente a las autoridades políticas, a un punto que la norma pasó a denominarse en diversos espacios como “Ley Zamudio”.
Respaldos sociales a la norma
Desde el 2007 comenzaron a adherir con diversos matices a la labor efectuada por la “Red social por la diversidad” Genera Ideas y Acciones Colectivas, Servicio Evangélico para el Desarrollo (Sepade), la Corporación Solidaridad y Desarrollo (Sodem), la Federación Chilena de la Diversidad Sexual, Chile Gay Deportes, Afirmación Chile, la Falange de la Diversidad Sexual, el Grupo Cultural Lésbico Frida Kahlo, la Comunidad Judía de Chile y Unión de Mejillones, entre otros.
Desde el 2008 vienen también trabajando con importantes, imprescindibles y sólidos aportes al proyecto, Amnistía Internacional, la Fundación Ideas, la Corporación Humanas y la Facultad de Derecho de la Universidad Diego, tras lo cual vinieron los apoyos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mientras que desde el 2010 OTD, Mums y Acción Gay efectuaron variadas incidencias, que a partir de septiembre del 2011 fueron en alianza con la Fundación =Iguales.
Así, mientras a partir de septiembre del 2011 comenzaron a gestionar apoyos sistemáticos la norma todas las organizaciones de minorías sexuales del país, en diciembre del mismo año se creó una nueva coalición social para mejorar el proyecto de ley, toda vez que el despachado por el Senado es muy distinto a la propuesta original.
La “Coalición Social para Mejorar el Proyecto de Ley Antidiscriminación” está conformada por Amnistía Internacional, Apila, Afaps, Católicas por el Derechos a Decidir, Genera Ideas y Acciones Colectivas, Portal judío Anajnu, Círculo de Políticas Participativas, Fundación Ideas, Mapuche Times, la Asociación Chilena de Ong’s, que agrupa a 80 fundaciones, corporaciones, movimientos y organizaciones sociales, y el Movilh, más los asesores legislativos de distintas bancadas parlamentarias.
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