Mesmo depois das recentes decisões tomadas pela Corte Constitucional colombiana e pela Assembléia Legislativa da cidade do México para descriminalizar o aborto, e do promissor debate iniciado no Uruguai, a Assembléia Nacional da Nicarágua acaba de reiterar uma decisão, tomada em outubro de 2006, de penalizar o aborto terapêutico, eliminando o seu permissivo do Código Penal daquele país. Com esse quadro de avanços e retrocessos, passado mais um Dia pela Descriminalização do Aborto na América Latina e no Caribe (28 de setembro), pesquisadoras de sete países da região – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru e Uruguai – falam dos avanços e dos obstáculos que ainda se impõem em relação à questão do aborto em seus diferentes contextos sociais.
Foram entrevistadas:
Paola Bergallo: magister en Investigación Sociojurídica, Universidad de Stanford. Miembro del Grupo de Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas, CIEPP, Argentina.
Leila Adesse, médica e sanitarista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com mestrado pela Fundação Oswaldo Cruz, é diretora do IPAS Brasil.
Paulina Vidal: socióloga, docente de la Universidad Bolivariana e investigadora de la Fundación Humanas.
Sandra Mazo: integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, Colombia.
María Consuelo Mejía: integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, México.
Susana Chávez, directora y fundadora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, PROMSEX, Perú.
Susana Rostagnol: docente e investigadora en el Programa Género, Cuerpo y Sexualidad, Instituto de Antropología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República. Integrante de la Red Uruguaya de Autonomías, RUDA.
As respostas das entrevistadas são reproducidas em seu idioma original
Como a sra. avalia o estado atual do debate sobre o aborto no seu país, em termos políticos e sociais?
¿Cómo evalúa usted el estado actual del debate en torno al aborto en su país, tanto en términos políticos como sociales?
Paola Bergallo – En el último año y medio el debate sobre el aborto en Argentia parece haber comenzado a despertar. Si se evalúa la presencia del tema en los medios de comunicación y algunas respuestas institucionales frente a casos de reclamos de aborto no punible surgidos en el último tiempo, la conclusión es positiva. Sin embargo, la situación sólo puede ser considerada de progreso cuando se la confronta con la historia de marginalidad del tema en el debate social y las políticas públicas de los últimos veinte años.
Hay razones para celebrar, pero sólo porque venimos de una situación tan precaria en el debate sobre el aborto, que nos conformamos con poco. Pareciera, más bien, que hay mucho por hacer para que las normas de la década del veinte entren en vigencia y sean acompañadas por políticas públicas nacionales y provinciales que efectivicen un acuerdo de despenalización plasmado en una norma de casi noventa años de vigencia.
Leila Adesse – Avançamos bastante, principalmente neste último ano. Com a abordagem do ministro da Saúde, José Gomes Temporão, conseguimos partir da visão do ser contra ou a favor ao aborto e passar para uma discussão que o coloca o como um problema de saúde pública. A população também passou a se posicionar mais, na medida em que esse debate chegou à TV e à mídia escrita e falada. A conjuntura política também contribuiu para essa projeção. Além disso, a visita do papa Bento 16 favoreceu para trazer o assunto a debate. A abordagem do aborto como uma questão de saúde pública amplia e traz novos parceiros, e coloca a necessidade de a sociedade e dos profissionais de saúde estarem cobrando do governo não somente um atendimento de qualidade e de capacitação dos profissionais para desempenharem esse atendimento, mas também a revisão da legislação referente ao abortamento.
Paulina Vidal – Es necesario señalar que en Chile no existe debate sobre el tema del aborto en general, ni siquiera sobre aborto por razones de salud. Digo esto como responsable de una investigación para la Fundación Humanas “Construcción de argumentos para reponer en Chile el aborto por razones de salud”, en la que se entrevistaron médicos, matronas y abogadas especialistas en el tema, que coinciden en que en Chile no existe debate. Sí existe un gran temor a abrir un debate que divide a los partidos de la Concertación. De hecho, cuando se estaba elaborando el programa de la candidatura de Michelle Bachelet se rechazó la propuesta de reponer el aborto terapéutico, que existió en Chile hasta el año 1989.
Actualmente, los hospitales no cuentan con un respaldo legal para interrumpir el embarazo cuando está en riesgo la vida de la mujer. La falta de respaldo legal impide asegurar en todos los establecimientos hospitalarios el derecho a la vida y el derecho a la salud de las mujeres. De hecho, la tendencia es a esperar hasta las 22 semanas de gestación para interrumpir el embarazo.
Sandra Mazo – El debate en Colombia actualmente se encuentra en un buen nivel, pues el fallo de la Corte Constitucional emitido el 10 de mayo del 2006, que despenaliza el aborto en tres circunstancias (en casos de violación o inseminación artificial no consentida, cuando el feto tenga alguna malformación que le impida vivir fuera del útero, o cuando corra peligro la vida o la salud de la mujer), ha generado a nivel político el interés de muchos sectores por lograr que el mismo se cumpla. Además, con la reglamentación emitida por el Ministerio de la Protección Social se ejerce presión para que las entidades de salud brinden el servicio de aborto en condiciones seguras y de calidad. A su vez, en el ámbito social, el movimiento de mujeres –especialmente desde la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Campaña 28 de septiembre– realiza el monitoreo, seguimiento y denuncia de todo lo que acontece en la dinámica nacional en relación con este logro histórico con respecto al aborto.
María Consuelo Mejía – Para nosotras es más fácil en este momento evaluar el estado del debate en la Ciudad de México, pero no me atrevería a hablar de todo el país con seguridad. Creo que la situación que se dio en la Ciudad de México es particular y probablemente se repita en algunos estados. Específicamente en el caso de Ciudad de México, el derecho a decidir de las mujeres ha ganado una legitimidad inmensa, lo que está probado por el apoyo abrumadoramente mayoritario de la opinión pública, de los medios de comunicación y de diversos sectores sociales a la despenalización del aborto.
El hecho de que la aprobación de la ley haya sido posible, que dos días después se haya publicado en la Gaceta Oficial y que una semana más tarde se hayan empezado a prestar los servicios muestra que la sociedad de la capital del país, así como los sectores que están involucrados en la prestación de los servicios tenían una conciencia bastante madura en ese sentido. No puedo atreverme a decir que ese sea el caso en otros estados de la República. Hay muchísimo por hacer en el resto del país.
Susana Chávez – Pienso que en Perú se ven más logros a nivel de la ciudadanía que a nivel de las decisiones políticas. Hay un avance sustantivo en la población y así lo demuestran las encuestas, particularmente en el caso de aborto por riesgos para la salud de la madre o en el embarazo producto de una violación. Sin embargo, no somos los únicos que estamos en escena, también están los grupos antiderechos cuyo interés está focalizado en quienes toman las decisiones, fortaleciendo así corrientes de opinión tradicionales y poco reflexivas sin tomar en cuenta sus responsabilidades ante la ciudadanía. Una prueba de ello es el accionar de los ministros de salud, que en los últimos años ha impedido que el país cuente con un protocolo de aborto terapéutico, violando la propia ley. También debemos reconocer el esfuerzo que vienen haciendo algunos directores de salud para cumplir la ley. Creo que deberíamos seguir acompañándolos en ese proceso.
Susana Rostagnol – En Uruguay el aborto es considerado siempre delito desde 1889 y sólo hubo un período de cuatro años (1934-1938) en que estuvo despenalizado. En junio del 2007, una movilización de repudio al procesamiento de una mujer por delito de aborto derivó en una declaración pública donde 9000 personas – entre ellas ministras/os, legisladores y otros gobernantes– reconocieron sus delitos de aborto, movilización que obligó a reabrir la discusión para despenalizar el aborto “clausurada” desde 2005.
Por otra parte, el sistema político no logra llevar al plano jurídico el consenso social. Actualmente se discute el sexto proyecto de ley para despenalizar el aborto desde 1985. Si bien con cada proyecto aumentó el respaldo político respecto al anterior, la intervención de los sectores conservadores (confesionales y laicos) impide la votación del Capítulo II de la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que legalizaría el aborto.
Em sua opinião, que rumos esse debate tomará a médio prazo?
En su análisis, ¿qué dirección tomará ese debate a mediano plazo?
Paola Bergallo – Como el debate parece avanzar básicamente por motivos coyunturales y por la disposición de actoras del movimiento de mujeres que aprovechan esas circunstancias coyunturales, creo que es sumamente incierto el desarrollo futuro del tema. En Argentina estamos en un año electoral y ni el aborto ni los derechos reproductivos en general, ocupan un lugar en las agendas de campaña.
Creo que desarrollar más el tema y sostener su presencia en la agenda pública y los medios de comunicación es uno de los desafíos para el movimiento de mujeres y sus organizaciones. Para eso es fundamental rehacer el diagnóstico de la situación sobre el aborto una vez que termine el período electoral. Sólo ahí sabremos si el juego ha quedado reconfigurado de modo tal que permita avanzar finalmente hacia una interpretación más justa de la Constitución Nacional y de los derechos de las mujeres que la que hoy estamos discutiendo en nuestros tres poderes.
Leila Adesse – Temos que continuar a tirar o debate das páginas policiais, como era antigamente, e trazê-lo para as páginas principais dos jornais, e também continuar levando-o para dentro das universidades e de instituições formadoras. O que mais dificulta no processo de descriminalização é um véu colocado na sociedade pelos setores conservadores que impede que a discussão seja mais claramente colocada. Penso que esse véu vem caindo aos poucos. Às vezes parece que houve um retrocesso mas na verdade a gente vem avançando. A primeira coisa a fazer é ampliar o debate à sociedade e deixar claro que uma lei de 1940 já não atende mais à sua necessidade.
Paulina Vidal – Si somos optimistas podríamos prever que las organizaciones de mujeres, con el apoyo del mundo político progresista, lograrán levantar, en el mediano plazo, un discurso laico, feminista, inclusivo, de respeto a los derechos humanos, tendiente a promover la necesidad de legislar sobre aborto por razones de salud física, así como también por razones de salud mental. Sin embargo, existen enormes obstáculos para abrir este debate.
Sandra Mazo – Considero que a la hora de la implementación se verán muchos obstáculos para que las mujeres accedan al servicio, pues la derecha católica y fundamentalista está yendo en esa dirección. No es de extrañar que en el congreso se tramiten proyectos de ley que pretendan ponerle límites o barreras al acceso de las mujeres al aborto en las condiciones previstas por la sentencia de 2006. Además, mientras no se sancione a las instituciones de salud que niegan el servicio, o no haya un seguimiento sobre el cumplimiento de la sentencia, será muy difícil que éstas cumplan en su totalidad con lo que obliga la Corte.
Por otro lado, seguirá fortaleciéndose la campaña 28 de septiembre y se posicionará el trabajo de incidencia política de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres para que se garantice plenamente el servicio de aborto legal y seguro en Colombia. Finalmente, estoy convencida que poco a poco la sociedad colombiana, especialmente las mujeres, empezará a utilizar este derecho con más tranquilidad y sin tantos obstáculos.
María Consuelo Mejía – Soy muy optimista, creo que lo que pasó en la Ciudad de México, a pesar de las circunstancias específicas –las severas críticas de la Iglesia Católica y la condena de las organizaciones ultraconservadoras– es una muestra del avance de la secularización de la sociedad mexicana y del grado de legitimidad que han alcanzado los derechos de las mujeres. Es muy difícil aventurar un pronóstico, pero creo que los diferentes sectores sociales que participan en la opinión pública y que estarían activos ante un eventual debate o despenalización en otros estados de la República apoyarían nuevamente de manera mayoritaria esa posibilidad.
Susana Chávez -Debemos insistir en los cambios legislativos y si eso pasa por encontrar puntos de consenso –como es el caso de aborto por causales– hay que hacerlo. Otra cosa que no debemos perder de vista es que la ley sea aplicada. Esta es probablemente la parte más compleja, pues será difícil hacer accesible el aborto si no se vincula con la calidad de atención, si no se incorporan conceptos como el que la salud no solamente es física, sino también mental; si los proveedores de salud aún están obligados a denunciar a las mujeres que llegan a las emergencias con “indicios” de aborto y donde los proveedores y las propias mujeres no están informados/as de la existencia de este derecho. Esto hará que el debate sea un asunto médico y, a su vez, de responsabilidad del Estado y de conciencia social. Por este motivo el tema no puede ser sólo de propiedad del movimiento de mujeres, sino también de otros grupos y organizaciones preocupados en la justicia y la inclusión social.
Susana Rostagnol – En Uruguay el debate mantendrá el carácter pendular que lo ha caracterizado hasta el presente. Una coyuntura imprevista podría volcar la balanza a favor de la legalización, pero el poder real de las fuerzas que se oponen a la legalización del aborto es, hasta ahora, suficiente para neutralizar una opinión mayoritaria que se expresa en forma esporádica, dispersa y contradictoria. No sería imposible que se apruebe una Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva excluyendo la legalización del aborto, profundizando una estrategia de reducción de riesgos y daños ya vigente.