La investigadora Marcela Martínez Roaro, magíster en Derecho Penal, catedrática y conferencista en temas de derecho y sexualidad, es autora de “Derechos y delitos sexuales y reproductivos” (1982), un libro pionero para la comprensión de la esfera jurídica que rodea a la sexualidad. El volumen fue recientemente reeditado en versión actualizada (Editorial Porrúa, México, 2007).
Para la especialista, la sexualidad tiene una faceta social, pública, que obliga a los Estados a legislar para proteger la integridad y libertad de las personas en sus prácticas eróticas. Por esta razón surgen conceptos jurídicos como “derechos reproductivos” y “derechos sexuales”, aún poco definidos, en particular por la disputa ideológica que envuelve las cuestiones relativas al sexo. En América Latina, el peso del catolicismo ahonda el problema y favorece la disputa ideológica, por lo que el sexo se politiza y se vuelve bandera.
¿Si la sexualidad se practica en el ámbito privado, por qué debe ser contemplada por las leyes?
Si tenemos en cuenta que la sexualidad está integrada por cuatro potencialidades –género, reproductividad, erotismo y vínculos afectivos– su ejercicio se da tanto en lo privado como en lo público. Aún aspectos tan íntimos como el erotismo, las relaciones familiares y la reproductividad llegan a tener impacto en la sociedad. Por ejemplo, el ejercicio violento del erotismo en la familia se convierte en delito (violación, abuso sexual, sexo con menores, etc.), así como la violencia familiar, que mayoritariamente es contra las mujeres.
El ejercicio público de la sexualidad está presente, por ejemplo, en el trato desigual a mujeres en ámbitos laborales, políticos, legales o deportivos. También lo está en el ejercicio del erotismo de personas que, por falta de información, contraen infecciones de transmisión sexual y VIH/sida; de hombres y mujeres que incurren en embarazos de alto riesgo o interrumpen el embarazo; en el alto índice de divorcios, matrimonios prematuros, adolescentes embarazadas y en la discriminación a personas no heterosexuales. Todo lo anterior tiene un costo para el erario —salud, seguridad pública, tramitología administrativa y judicial— que nos cuesta a todos los contribuyentes. Todo esto lleva a que dejen de ser asuntos privados para convertirse en temas de interés público, que competen a las diferentes instancias del poder público, incluyendo las leyes.
¿Cómo surgen los concepto de derechos reproductivos y derechos sexuales?
El término “Derechos Reproductivos” se expresa claramente por primera vez en la VII Conferencia Internacional de la Población y el Desarrollo en El Cairo en 1994. A su vez, el de “Derechos Sexuales” se va gestando tácita y paralelamente al de “Derechos Reproductivos”. En El Cairo quedan acuñados los términos, pero no así los conceptos. Lamentablemente, la doctrina jurídica hasta hoy no ha dado la importancia debida a estos derechos.
Los Derechos Sexuales son los que garantizan a toda persona a vivir y expresar libremente y con seguridad, su sexo, género, erotismo y vinculaciones erótico afectivas, así como a recibir información y educación sexual científica y protección de su intimidad y salud sexual.
Los Derechos Reproductivos reconocen la posibilidad de las personas de decidir libre e informadamente sobre su procreación y recibir educación y atención sobre su salud reproductiva.
¿Cuál es la situación de la sexualidad en la legislación mexicana y latinoamericana?
En México, la legislación penal sólo empieza a cambiar y a actualizarse en los delitos sexuales a partir de los años ochenta. Desde entonces, han sido ininterrumpidos los cambios que periódicamente se ha producido tanto en la legislación penal como en la civil o la ley general de salud. Las situaciones sociales han obligado a que en todos los códigos penales estatales y en la legislación federal se modifiquen y tipifiquen nuevas conductas, como todo lo relativo a la pornografía infantil, tráfico sexual, pederastia, etc.
Solo en tiempos recientes tanto en México como en algunos países de América Latina se han comenzado a modificar conceptos civiles hondamente arraigados en la tradición jurídica, como el del matrimonio y la unión entre personas de sexo diferente. En toda la región también han resurgido los sectores conservadores y la Iglesia Católica, aliados naturales, pretendiendo imponer su ideología, produciendo enfrentamientos con grupos liberales, evidenciando con ello una polarización de ideas en torno a la sexualidad. Hay países que han retrocedido, otros están en pleno debate y otros más, como México, avanzan al poner sobre la mesa de debate la tradición laica del Estado.
¿Cómo influye la moral sexual católica en las políticas públicas y legislaciones sobre sexualidad?
Desde su arribo a los más altos mandos del poder ejecutivo y legislativo en México, ha sido evidente el esfuerzo del Partido Acción Nacional –PAN– por crear políticas públicas y leyes más coincidentes con la moral católica y las políticas e intereses del clero mexicano y romano, que con la constitución federal y su espíritu liberal y laico. La presencia de otros partidos y otras fuerzas –como la de la sociedad civil organizada– que abogan por los derechos sexuales y reproductivos en el marco de la laicidad, los derechos humanos y las garantía individuales, ha sido una barrera que ha impedido el avance de estas leyes y políticas públicas.
La sexualidad parece envuelta en la disputa política entre izquierda y derecha en Latinoamérica: la disputa por el aborto en la ciudad de México; la reciente punibilidad total del aborto en Nicaragua; el escándalo en torno a la anticoncepción de emergencia en Chile parecen dar cuenta de ello. ¿Por qué es un tema politizado?
La sexualidad, profundamente impregnada de ideología, toca los aspectos más íntimos del ser humano como la relación de pareja, el amor, el placer erótico, la corporalidad, la orientación sexual, la procreación y el desempeño de las mujeres. En otro sentido, se trata también de instituciones que, en nuestra cultura, dan sustento a la sociedad: unión de pareja, procreación y sometimiento de las mujeres.
La propuesta de derecha, sustentada en el dogma católico más radical, pretende imponer a todas las personas, el mantenimiento de la virginidad de las mujeres y la maternidad como su destino natural y fatal; la heterosexualidad, como única orientación sexual —considerando anormal, perversa o enferma cualquier otra orientación—; el matrimonio —entre heterosexuales, indisoluble y con la procreación como su principal finalidad—, como única opción de unión de pareja; y la más absoluta abstinencia erótica fuera del matrimonio.
El planteo de izquierda se sustenta en la investigación científica, la observación de los procesos sociales, la afirmación los derechos humanos universales y las garantías individuales. Desde esa base propone el respeto irrestricto: a la decisión de las mujeres sobre su vida erótica y reproductiva; a la orientación sexual de las personas, cualquiera que esta sea; a la libertad para unirse o separarse en pareja, respetando la voluntad individual; y a la libertad de las personas y las parejas en el ejercicio de su erotismo.
Para la derecha, no se trata de propuestas sino de verdades absolutas que deben ser acatadas por todas las personas. Para la izquierda, son propuestas que no excluyen otras formas de ejercicio de la sexualidad en tanto se den en el marco de la libertad, el respeto y la responsabilidad.
Siendo temas que trascienden de lo individual a lo público, se convierten también en temas políticos, que en no pocas ocasiones, se politizan.