El caso de Beatriz, la mujer salvadoreña que padece lupus y a quien la justicia de su país le negó la petición de interrumpir un embarazo de feto anencefálico, pese a que éste ponía en riesgo su vida, puso a El Salvador en el centro del debate internacional sobre aborto. Organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos instaron al Estado salvadoreño a tomar las medidas necesarias para salvar la vida de la mujer y a revisar su legislación. Luego de reiteradas negativas, los médicos que la atendían acabaron realizando una cesárea al presentarse síntomas de parto natural. El producto de su embarazo vivió apenas cinco horas. Si bien Beatriz sobrevivió, es claro que podría haber muerto como muchas otras mujeres que han sido sometidas a situaciones similares. Por ello, lejos de zanjar la discusión, este desenlace le dio un nuevo impulso al debate sobre la penalización del aborto en el país, al cual se suman las denuncias que vienen haciendo desde hace años organizaciones feministas y de derechos humanos respecto a abusos relacionados con dicha prohibición.
El Salvador es uno de los cinco países latinoamericanos que prohíbe el aborto sin excepción. En el mundo son doce en total. Hasta fines del siglo pasado, el Código Penal del país centroamericano contemplaba tres “indicaciones abortivas” excluidas de la tipificación penal: la “terapéutica”, realizada para salvar la vida de la madre; la “eugenésica”, practicada en casos de malformación fetal o enfermedad grave incompatible con la vida; y la “criminológica”, es decir, cuando el embarazo era producto de una violación. Sin embargo, en 1997, una reforma al Código Penal excluyó dichas causales.
Desde entonces han sido judicializados tanto los casos de abortos inducidos como los de mujeres que han sufrido abortos espontáneos, pese a que estos últimos no son tipificados como delito. Entre 2000 y 2011 existen registros de 129 mujeres denunciadas, de las cuales 49 han sido condenadas. Abraham Abrego, subdirector de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho – FESPAD, explica que en el marco de la prohibición total del aborto se observa una pobre investigación pericial de los casos denunciados y un “error judicial sistemático” que deriva en la imputación de delitos de homicidio y homicidio agravado a las mujeres que interrumpen sus embarazos, pese a que la legislación contempla penas específicas para el aborto inducido. Es por ello que mujeres de ese país enfrentan condenas de entre 30 y 40 años de prisión, por delitos que según el Código Penal se castigan con 2 a 8 años.
En entrevista con el CLAM, Abrego habla sobre el pobre tratamiento legal de las denuncias por aborto en el país y del contexto en que fue aprobada la reforma al Código Penal. También analiza el impacto del caso de Beatriz y la relación Iglesia-Estado en El Salvador.
Organizaciones feministas y defensoras de Derechos Humanos han denunciado que mujeres están siendo judicializadas por abortos espontáneos, pese a que el actual Código Penal no los castiga. ¿Existe un marco legal que permita hacerlo?
En el Código Penal de 1974, que es anterior al actual, aprobado en 1997, el aborto era castigado aunque contemplaba excepciones, entre ellas el aborto terapéutico y el eugenésico. Sin embargo, en el nuevo Código Penal se tipificaron prácticamente todas las clases de aborto. Actualmente las mujeres no tienen la posibilidad de abortar sin que esta práctica sea incluida en alguno de los tipos penales al respecto. Esa es una parte del problema.
Por otro lado, lo que veo es una mala aplicación de la ley y una mala investigación por parte de los jueces, ya que ni los abortos espontáneos ni los provocados son considerados tales, sino homicidios agravados. El Código Penal, por ejemplo, castiga el aborto culposo con prisión de 6 meses a 2 años, pero éste no es punible cuando es ocasionado por la propia mujer embarazada, así como tampoco lo es la tentativa de aborto. Pese a ello, la falta de una investigación pericial adecuada permite juzgar los abortos en los que no interviene la voluntad de la madre como homicidios y cuando son provocados, como homicidios agravados. Esta es una situación de error judicial sistemático. Uno de estos casos es el de Karina Herrera Clímaco, condenada en 2002 a 30 años de prisión por homicidio agravado. En esa ocasión una red solidaria de activistas nacionales e internacionales trajo peritos de fuera del país para establecer qué estaba pasando. Yo integré el equipo de abogados. Se evidenciaron graves deficiencias en el peritaje y falta de cuidado en el manejo del caso. El problema es, entonces, que los abortos espontáneos e inducidos no son calificados como tales.
Incluso en los casos de mujeres que acuden a servicios de salud buscando ayuda porque tienen algún problema durante el embarazo que conlleva la pérdida del mismo…
Exacto. Hay varios casos en los que ellas no han provocado el aborto y llegan a los hospitales, pero allí se encuentran con médicos que temen ser sancionados y que no les brindan la atención adecuada, o se la dan pero inmediatamente avisan a la Policía o a la Fiscalía.
¿Cuál ha sido la respuesta de las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres al respecto?
Ahora existe una red bastante fuerte que trabaja el tema de los abusos ocasionados por la penalización del aborto y que está luchando por su despenalización. A nivel judicial hay dos casos donde se ha planteado el error judicial y se ha logrado que mujeres condenadas a 30 años de prisión recuperen la libertad. Eso ha permitido dar a conocer casos que estaban invisibilizados y se ha logrado generar mayor conciencia de esta problemática. En la medida en que existan recursos para controlar la mala calificación de los jueces se podrá avanzar en el tema y hacer incidencia para que se reforme el Código Penal y se establezcan excepciones.
¿En qué contexto se promulgó el nuevo Código Penal que penalizó totalmente el aborto?
Antes de ser aprobado el nuevo Código Penal, grupos ultraconservadores se habían organizado para presionar en la Asamblea Legislativa una reforma a la Constitución e incluir en el artículo 1 –que habla sobre el fin personalista del Estado [la constitución salvadoreña “reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado”]– una frase sobre la protección de la persona desde el momento de la concepción. Esta reforma fue ratificada en 1999. Simultáneamente impulsaron la reforma legal del Código Penal para que se penalizara totalmente el aborto.
¿Por qué cree que 23 años después de aprobado el Código Penal de 1974 –durante los cuales los derechos humanos y los derechos de las mujeres ganaron fuerza a nivel internacional– sectores de la sociedad civil se organizaron para presionar la penalización total del aborto?
Es necesario considerar que en El Salvador, la reforma al Código Penal de 1974 se dio en una época anterior a los acuerdos de paz, donde el principal foco de atención fueron el derecho civil y el conflicto armado, que duró 12 años. Entonces temas como éste, propios de las democracias en desarrollo, no eran visibles frente a otras graves violaciones a los derechos humanos. Una vez que se dan los acuerdos de paz en 1992, empiezan a surgir estos temas.
Por otro lado, como en la década de 1990 los derechos sexuales y reproductivos alcanzaron un mayor desarrollo a nivel internacional, los grupos conservadores se organizaron como reacción a este avance, en el sentido de prever que ese debate pudiera influir en El Salvador, como lo estaba haciendo en países suramericanos y otros lugares donde cobraba mayor importancia la discusión sobre la legalización del aborto. Este contexto, favorable en otros lugares, fue percibido por estos grupos como una amenaza y comenzaron a actuar.
En ese momento, el tema de los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto había sido poco discutido en el país. Si bien actualmente existen varias organizaciones que trabajan el tema, su desarrollo es reciente. Estamos hablando de una sociedad bastante conservadora donde no se pueden abordar abiertamente estos temas sin provocar reacciones viscerales. Cuando se penalizó el aborto sin excepción en 1997, no había fuerza en la sociedad civil para contrarrestar la campaña de los grupos conservadores.
¿Qué impacto tuvo en el contexto local el debate internacional sobre el caso de Beatriz y las intervenciones de la ONU y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Ha sido importante la publicidad del caso de Beatriz. El hecho de que haya captado la atención de organismos preocupados por los derechos humanos ha contribuido saludablemente al debate y a poner en perspectiva los derechos sexuales y reproductivos. Algunos sectores esperaban que la Sala de lo Constitucional fuera más contundente en su declaración sobre el tema y reconociera que la penalización absoluta del aborto afecta los derechos humanos. La Sala tocó el tema, pero decidió que este no era el caso con el que iba a plantear el debate y consideró que con la debida atención médica Beatriz podía superar la fase crítica del embarazo. En todo caso, considero que la notoriedad que cobró el caso y la intervención de organismos internacionales seguirá teniendo un impacto positivo. No creo que hayamos llegado al punto de cuestionar en su totalidad la penalización del aborto, ya que el caso de Beatriz es muy claro respecto a que el producto iba a nacer muerto y que se debía proteger la vida de ella. Pero hay otros casos en los que este conflicto no se resuelve de forma tan clara a favor de la madre.
En algunos ámbitos se habla de una alianza de algunos países centroamericanos como Honduras, Nicaragua y El Salvador con el Vaticano para promover su agenda conservadora en estos temas y que dichos países han contribuido a atajar avances en foros internacionales como las Conferencias de la ONU sobre Población y Desarrollo. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Lamentablemente en El Salvador a veces se pierde de vista el carácter laico del Estado. La Iglesia católica, que es preponderante, interviene mucho en decisiones gubernamentales; más allá de lo saludable en términos de pluralidad religiosa. El Estado ha estado muy ligado a la visión de la Iglesia católica o por lo menos ha sido temeroso de la posición que ocupa. En los últimos años han crecido notablemente las iglesias protestantes, algunas de las cuales manifestaron posiciones divergentes de la Iglesia católica en el caso de Beatriz. Pero a nivel estatal, la Iglesia católica sigue teniendo mucha influencia.
Sectores conservadores han criticado los compromisos establecidos por el Estado a través de resoluciones o tratados internacionales para favorecer a las mujeres y a la población LGBTI. Han suscitado reacciones bastante fuertes y eso de alguna manera hace que muchos funcionarios, incluso en esta gestión gubernamental que es de izquierda, sean cautelosos. Si bien es cierto que el gobierno actual ha tenido mayor apertura y ha creado normas para reconocer los derechos de la población LGBTI, sigue mostrando reserva respecto a la posición de la Iglesia católica.
Investigadores han observado una secularización del activismo católico en países latinoamericanos y señalan que organizaciones aparentemente sin filiación religiosa, como ONGs, le han dado continuidad a esta agenda en espacios abiertos por la democracia. ¿Cómo opera el activismo antiaborto en El Salvador?
Si bien es cierto que en El Salvador los grupos conservadores han utilizado las vías legales, buena parte de su avance se debe a la influencia de la Iglesia católica en determinados segmentos de poder. En la Asamblea Legislativa tienen fuerzas favorables para impulsar iniciativas como la penalización del aborto. Además las organizaciones religiosas y conservadoras tienen sus propias redes de apoyo. Por ejemplo, en el caso de Beatriz, ofrecieron sacarla del país para darle atención médica sin interrumpir su embarazo. Tienen también un fuerte acceso a los canales de televisión para hacer sentar sus posiciones y recursos económicos para hacer campañas. La Iglesia católica tiene mucha influencia en El Salvador a tal punto que, por ejemplo, las propuestas para legalizar la minería metálica se han topado con la oposición de la institución eclesial. La Iglesia también se vale de los canales diplomáticos y sus relaciones con la política se dan tanto a nivel de la influencia sobre los funcionarios, como a través de la legitimidad que tiene en la sociedad.
¿Y en el actual gobierno, esa autoridad se ha socavado o permanece igual?
En gobiernos anteriores la relación Iglesia-Estado era más unificada. Actualmente, las posiciones del gobierno muchas veces chocan con la Iglesia. El desarrollo de las iglesias protestantes también ha disminuido el número de feligreses católicos. Siguen siendo mayoría, pero no es la misma que hace 10 años. Eso, de alguna manera, ha contribuido a la pérdida de autoridad de la Iglesia católica, aunque todavía desempeña un papel decisivo en estos temas. Pocos se atreven a plantear posiciones contrarias… y hablo de los mismos funcionarios, que aún no se atreven a contradecirla abiertamente o a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El gobierno dice que es importante avanzar en este ámbito, pero no ha planteado que la penalización absoluta del aborto afecta los derechos de las mujeres.
*Imagen de la portada tomada del diario digital Voces