La gravedad de los crímenes de odio por homo/lesbo/transfobia es una realidad que aún no es asumida por las autoridades chilenas. En Chile no existe ninguna ley que haga referencia a los derechos de las minorías sexuales. Desde hace ya 5 años se espera la aprobación de la Ley contra la Discriminación, cuya discusión se suspendió luego de que varios parlamentarios conservadores buscaran excluir la categoría de “género” del texto de la iniciativa.
Mucho menos se ha abierto el debate sobre la necesidad de incluir las categorías de “orientación sexual” e “identidad de género” en los registros de muertes violentas a cargo de la policía, con el fin de contar con datos fidedignos para el seguimiento de los casos y lograr diferenciar los crímenes de odio.
Como en el resto de América Latina, en Chile continúan imperando los prejuicios contra los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. El estudio Política, Derechos, Violencia y Diversidad Sexual, realizado en 2007 por el CLAM, la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Norte (Antofagasta) y el Movimiento Unificado de Minorías Sexuales – MUMS, demostró que de las ciudades donde se ha realizado esta encuesta, en Santiago es donde se registra el mayor nivel de agresiones contra la población LGBT. El estudio fue realizado también en Río de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre y Belén do Pará, así como en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México. Los resultados también indicaron que el 81% de los asistentes a la Marcha de la Diversidad Sexual ha sufrido algún tipo de violencia relacionada con su orientación sexual.
Por su parte, el Movimiento de Liberación Homosexual – Movilh dio a conocer este año el VIII Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual Chilena, en el que reportó un incremento de 90 % de casos de violencia homofóbica y transfóbica en 2009 respecto al año anterior; así como un aumento de 566% en las “declaraciones homófóbicas o transfóbicas” públicas frente a este mismo año.
Promover los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales es el desafío de una sociedad que espera contar algún día con una Ley de Discriminación que proteja esos derechos. Es un deseo compartido por la socióloga Viviana Pezoa, directora del Capítulo Chileno del Ombudsman; Fernando Muñoz del MUMS (Movimiento Unificado de Minorías Sexuales) y Rolando Jiménez, presidente del Movilh (Movimiento de Liberación Homosexual), quienes conversaron con el CLAM en el marco del Día Internacional contra la Homofobia.
¿Creen que la sociedad chilena respeta los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales?
[Viviana Pezoa ] Pese a la ignorancia que persiste sobre este tema, en los últimos 20 años ha habido avances significativos en la creación de una cultura no discriminatoria hacia las minorías sexuales entre la sociedad chilena. Sin embargo, las instituciones públicas no se han preocupado por avanzar en la consolidación de derechos específicos y permanentes, exigibles al Estado y al sector privado; ni por prevenir la vulneración de estos derechos. En este sentido, pese a que se reconocen las problemáticas de derechos humanos, la clase política no ha actuado. Un ejemplo de ésto es el caso de la jueza Atala, que si bien demostró una discriminación evidente de parte del Poder Judicial chileno; permitió una amplia movilización y campañas que incidieron efectivamente en un ambiente favorable para promover una legislación o, al menos, para iniciar un debate ciudadano al respecto. Es necesaria la aceptación cultural y política de las minorías en el país. No basta la ley.
[Fernando Muñoz] Los chilenos dicen que está mal ser homofóbico, pero sus actitudes lo son. Lo mismo ocurre con el Estado chileno, que en la práctica no muestra una aceptación por la diversidad. Respecto al caso de la jueza Atala, el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos demostró que el Estado chileno es un Estado discriminador. En Chile no hay ningún mecanismo de protección que funcione. La Ley contra la Discriminación y la Defensoría del Pueblo no funcionan; es decir, no hay ningún mecanismo que proteja los derechos humanos de nadie, ni mucho menos de los grupos que somos más vulnerables.
[Rolando Jiménez] Yo creo que la sociedad chilena ha avanzado en esta materia en los últimos 10 ó 15 años, y que los ciudadanos y ciudadanas afirman –cuando se les consulta en las encuestas– que es neesario terminar la discriminación por orientación sexual. Según unos datos que manejo, cerca del 80% de la población chilena está de acuerdo con una ley de unión civil para las parejas gays y lesbianas, y cerca de un 70% está de acuerdo con igualdad jurídica ante la ley. Pero a nivel jurídico no ha habido avances al respecto.
¿Cuenta Chile con herramientas para registrar los actos homofóbicos y así visibilizar esta problemática? ¿Qué iniciativas se pueden impulsar ante las actuales autoridades?
[V.P.] La ausencia de organismos como el ombudsman o Defensoría del Pueblo dificulta la realización de registros independientes. Las organizaciones sociales no tienen acceso a información que se mantiene oculta o que no se considera, como es el caso de los abusos policiales. Ministerios como el del Trabajo, del Interior, de Justicia, de Educación, entre otros, deberían incorporar las categorías de “orientación sexual” e “identidad de género” en la medición de delitos y faltas, y de esta forma, formular políticas públicas acertadas. Sin lugar a dudas, la iniciativa de largo aliento que debiera convocar a toda la administración del Estado es la promoción y educación de los derechos humanos como eje central de nuestra convivencia, con énfasis en la inclusión y el respeto a la diversidad.
[F.M.] Los informes sobre actos homofóbicos son elaborados a partir de la información que registra la prensa, por lo que es preciso desarrollar una metodología más rigurosa y profunda. Si se quieren impulsar iniciativas a nivel de las autoridades es fundamental aprobar la ley contra la Discriminación. Además, hay que transformar en algo real el programa de No Discriminación de la División de Organizaciones Sociales (DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno; es decir, generar contenidos, metas, indicadores y presupuestos para su concreción y cumplimiento.
[R.J.] En Chile, al no existir una instancia oficial de registro de actos homofóbicos, la tarea ha sido asumida por las organizaciones de minorías sexuales. Además, un número importante de los actos discriminatorios no son denunciados. Por esta razón, el Movilh realiza un informe anual de Derechos Humanos con la información que proviene de las denuncias de los afectados y afectadas, acudiendo también a las investigaciones realizadas por otras organizaciones en Chile, además de lo que circula a través de los medios de comunicación. Ni la policía, ni el Estado ni ninguna de las instituciones públicas, ni tampoco la academia tienen mecanismos destinados a registrar de alguna manera los actos homofóbicos. Esperamos que una vez que comience a funcionar el Instituto de Derechos Humanos, que hoy está paralizado, podamos plantearle la posibilidad de sistematizar estos temas. Desde ahí se podrían impulsar iniciativas que permitan contar con estos registros.
¿Consideran que Chile es un país discriminador?
[V.P.] Luego de la derrota de la dictadura en los 90, los gobiernos de la Concertación –algo que se da actualmente en menor grado– recibieron una sociedad chilena muy violenta con respecto a orientaciones sexuales que no eran socialmente aceptadas. Esto implicaba desde la tortura y la violencia física hasta la violencia sicológica. De hecho, hace unos días en el Congreso, un diputado agredió verbalmente a otro refiriéndose en términos despectivos a su orientación sexual. Chile es un país que discrimina también por motivos raciales, económicos, educacionales, geográficos, de género, etcétera y suele ocurrir que una persona reúna más de una causal de discriminación. Es muy probable que las y los integrantes de la comunidad LGBTI hayan sufrido, al menos alguna vez, agresiones y violencia por vías de hecho o mediantes burlas o menosprecio. Esas personas no tienen igualdad alguna de oportunidades.
[F.M.] Sí, Chile es un país discriminador. Esto se debe a dos razones: en primer lugar, podríamos decir que en el país los derechos humanos llamados “de segunda generación”, es decir, los que tienen que ver con el respeto a la diversidad, a la autonomía corporal, entre otros, están pendientes. Ni siquiera se han resuelto los problemas de derechos humanos de primera generación: los detenidos desaparecidos, lo asesinatos, la violencia política. Entonces, no hemos podido dar el paso de un nivel al otro. En segundo lugar, no tenemos ninguna medida de protección. Al no tener Defensoría del Pueblo, ley contra la Discriminación ni políticas públicas que den cuenta de la discriminación, en Chile no hay avance posible.
[R.J.] Chile es un país discriminador. La discriminación es un componente de la cultura nacional. Se discrimina a inmigrantes, discapacitados, minorías sexuales; y eso tiene que ver con nuestra base cultural, con la cultura judeo-cristiana, con el peso fáctico de las religiones. Tiene que ver además con los 20 años de dictadura, y con un clasismo importante. De hecho, la gente pobre es víctima de una de las mayores discriminaciones.
¿Qué protección reciben las minorías sexuales por parte del Estado chileno?
[V.P.] Se puede hablar de escasa protección y discriminación. Además de lo ya expuesto, aún se aplican los artículos 365 y 373 del Código Penal, que criminalizan las conductas sexuales, refuerzan la exclusión y ahondan las desventajas sistemáticas de que son objeto las personas gays, lesbianas y transgénero. Por ello, el desafío es mayor; no basta con generar una política pública en torno al respeto de los derechos humanos de las minorías sexuales: es preciso cambiar la visión que tenemos como sociedad respecto de nuestras diferencias. En cuanto a la protección del Estado, estamos de acuerdo en que es deficitaria y discriminatoria. El trabajo que se debe realizar con la ciudadanía es enorme.
[F.M.] Efectivamente no hay ningún mecanismo de protección. Tenemos un problema con el artículo 161 del Código Laboral, que permite el despido por “necesidades de la empresa”. A todo el mundo lo pueden echar por este artículo; encubriendo así los distintos tipos de discriminación –entre ellos la homofobia– que pueden estar presentes en los despidos. Tampoco hay registros sobre el bullying o acoso escolar, que es un tipo de violencia fuerte y muy sistemática. Sabemos que la gente denuncia muy poco en Chile. Por lo tanto, es difícil cuantificar qué tanto se está siendo o no protegiendo. Además, el registro que hacemos desde la sociedad civil es bastante débil y el desafío está en avanzar mucho en esa área.
[R.J.] Hay un estudio que hizo la División de Organizaciones Sociales (DOS), del Ministerio Secretaría General de Gobierno hace 3 años, donde se monitorearon y evaluaron las políticas públicas de todos los ministerios y servicios públicos. Se constató que no había ninguna política pública respecto de las minorías sexuales. Por lo tanto, la inseguridad, la falta de igualdad ante la ley y la dificultad de ejercer determinados derechos es algo real, y hoy sigue siendo así. Hay una serie de carencias que facilitan la violación sistemática de los derechos humanos de las minorías sexuales. Debemos acortar la distancia que hay entre este cambio ético-cultural de la mayor parte de la ciudadanía y el marco normativo institucional, que no proporciona ninguna herramienta para defenderse de las discriminaciones.
¿Cuáles son las razones para que en Chile no existan leyes que hagan referencia a los derechos de las minorías sexuales?
[V.P.] En gran parte es un problema de temor, de desconocimiento y falta absoluta de voluntad de aprendizaje. Se teme que la sociedad se “desquicie” y que surjan “males peores”, una suerte de promiscuidad, que pudiese afectar la educación, la familia y el orden que permite mantener en términos estables las diferenciaciones que les son favorables. Pueden llegar a aceptarse situaciones o personas consideradas “anómalas”, pero de ahí a “darles derechos”… eso es algo que determinados sectores sociales no soportan.
[F.M.] La derecha tiene una gran responsabilidad. También la tienen algunas iglesias, en particular la Iglesia Evangélica que hizo un fuerte lobby para impedir la aprobación del proyecto de ley contra la discriminación. Sin embargo, debemos reconocer que no hubo voluntad política de la Concertación, que no tuvo la valentía para impulsar una propuesta como ésta. El sector progresista de la Concertación le tuvo miedo a la Democracia Cristiana, que nunca ha estado comprometida con estas medidas. La derecha liberal no ha encontrado sustento, ganas o fuerza para oponerse a la derecha conservadora, y el mundo progresista de la Concertación no intentó imponerse dentro de su propia coalición. En definitiva, ha faltado voluntad política y también capacidad de los grupos LGTB para llevar una agenda política más fuerte. Aún nos falta mucho por avanzar en la consolidación de un movimiento social.
[R.J.] No sólo los parlamentarios de derecha se han opuesto. La clase política en Chile es transversalmente conservadora en este tema. No es sólo un tema de derecha e izquierda. En estos momentos depende del presidente del Senado (Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana) y del presidente de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, Pedro Araya (del partido regionalista PRI) someter a votación el proyecto de ley antidiscriminación para que sea despachado a la Sala. El progresismo de la ex presidenta Bachelet llegó sólo hasta los temas de género, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y los temas indígenas; pero cuando se habla de los derechos de las minorías sexuales, todos son tremendamente conservadores. Quienes se han definido como progresistas han tenido una cobardía política y ética enorme respecto de nuestros derechos. Además, los poderes fácticos de los sectores conservadores enquistados a través de las iglesias han impedido establecer una ley que regule y promueva la no discriminación, a través del lobby que han hecho, en especial con algunos parlamentarios de derecha.
¿Cómo evalúan el panorama para los derechos de la comunidad LGTB bajo el gobierno de Piñera?
[V.P.] No es del todo negativo como pudiera pensarse. Piñera hábilmente ha entrado en competencia con la Concertación derrotada, arrebatando sus banderas y parte de su ideario. Pretende derrotar a la Concertación en materias donde el conglomerado de centro-izquierda tenía el monopolio absoluto. Es tan fuerte esta voluntad del mandatario, que no teme enemistarse con sus aliados de coalición. Él puede crear las condiciones para importantes avances en esta materia.
[F.M.] Si la lógica que sigue el gobierno de Piñera con los impuestos es la misma que con el proyecto de Ley, puede haber avances. Si Piñera se impone con el tema LGTB, la Concertación no tendrá otra cosa que votar a favor de la ley contra la Discriminación. A esto Piñera le dará prioridad para responder a las críticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significará que, curiosamente, nos irá mejor en el gobierno de derecha que durante el gobierno de la Concertación. Es muy posible que sea un gobierno de derecha el que reciba por primera vez a la comunidad LGTB en el Palacio de la Moneda. Ése es el riesgo que corre la Concertación por la falta de voluntad política y por la cobardía de muchos de sus parlamentarios.
[R.J.] Nos hemos reunido con varios integrantes de este gobierno y ellos han reiterado que existe una clara voluntad de cumplir el programa presidencial en estos temas, y eso implica trabajar porque no haya discriminación por orientación sexual y aprobar normativas que permitan que las parejas convivientes del mismo sexo alcancen algunos derechos para que no sufran la discriminación que viven hoy. Le hemos pedido al Ejecutivo que ponga urgencia a la ley Antidiscriminatoria.