Por Pilar Valentina Pezoa Navarro
Como en otros países, en Chile la respuesta de grupos y organizaciones sociales se anticipó a las medidas adoptadas por el gobierno para detener la epidemia. En 1987, la Corporación Chilena de Prevención del SIDA y la Red de Acción Comunitaria VIH/SIDA iniciaron un trabajo de prevención con mujeres, niños, jóvenes, comunidades homosexuales, transgénero, rurales y con pueblos originarios. Sólo recién en 1990 el gobierno incorporó el tema en la agenda pública, con la creación de CONASIDA (Comisión Nacional del Sida). A la fecha la entidad ha realizado 12 campañas masivas de prevención.
Tras un largo proceso de discusión, el 7 de diciembre de 2001 apareció publicada en el Diario Oficial la “Ley nº 19.779 de prevención del virus de inmunodeficiencia humana, también conocida como “Ley del SIDA”. La Ley consideró, además de los aspectos clínicos de la epidemia, la confidencialidad y carácter voluntario para la realización del examen del VIH, así como la igualdad de derechos de las personas infectadas, incluyendo el derecho a la no discriminación. La ley también dio un mayor énfasis al desarrollo de campañas públicas de prevención.
A 30 años de la notificación de los primeros casos de Sida en el mundo, Chile cuenta por primera vez, con un Observatorio de Políticas Públicas en VIH/SIDA y Derechos Humanos, que contribuirá con información actualizada para ejercer control ciudadano respecto del estado y desarrollo de las políticas públicas en el tema. El Observatorio fue creado bajo el alero de la Fundación Savia, de reconocida trayectoria en la materia.
El Observatorio tiene programados para 2011 una serie de informes de monitoreo. El primero, publicado en mayo, tuvo como foco la última campaña nacional de comunicación social de prevención, realizada en 2010. Los dos siguientes se centrarán, respectivamente, en las políticas de prevención y atención integral y en la evaluación del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Chile.
En entrevista con el CLAM, María Elena Ahumada, psicóloga experta en Derechos Humanos y responsable del proyecto, y Luz María Yaconi, directora de la Fundación Savia, evaluaron los principales resultados de la investigación sobre la Campaña de Comunicación “Quién tiene Sida”.
¿Cuál es el estado de cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile en materia de derechos humanos y políticas nacionales de VIH/SIDA?
Para hacer ese análisis es preciso considerar tres escenarios: la situación previa a la “Ley del SIDA”; lo que ocurrió luego de ésta ser promulgada; y la situación actual. Antes de la Ley, los ciudadanos con el virus del Sida tenían escasas posibilidades de acceder a tratamientos. Quienes lo lograban, sólo contaban con un medicamento: el AZT. En ese tiempo el Estado no tenía medicamentos suficientes ni recursos disponibles para adquirirlos. Mientras tanto, el número de personas seropositivas comenzaba a crecer. ¿Qué se hizo? Se sortearon los medicamentos. Una triste realidad que retrata ese período.
Después de un importante trabajo de expertas, expertos y de la sociedad civil, se logró aprobar la ley que garantizó la atención para la población afectada. Este fue un hito importante en la lucha contra el Sida. Hace 10 años empezó a crecer la atención integral de personas viviendo con el virus, a mejorar la atención en salud de la población afectada. Se optimizaron los programas de prevención y se empezaron a contratar profesionales capacitados para que hicieran un diagnóstico más acabado de las características psicosociales de esta población. Esto permitió elaborar lineamientos de prevención más precisos y acotados.
¿Qué significado tuvo en Chile la asignación de recursos del Fondo Global de Lucha contra la malaria, la tuberculosis y el Sida?
Para Chile fue muy importante, pues contribuyó a fortalecer la política pública en VIH/SIDA y a involucrar a la sociedad civil en todo el proceso. Logramos tener políticas públicas de prevención basadas en diagnósticos psicosociales, igualando lo que se hacía en la mayoría de países europeos. Se desarrollaron políticas de prevención que respondían a las necesidades efectivas de la población. Se asignaron fondos para las distintas regiones del país y la sociedad civil logró mayor incidencia en la formulación de planes, lo que le dio mayor peso a las campañas de difusión. Chile alcanzó un buen nivel de desarrollo en comparación con otros países latinoamericanos. En la actualidad, luego de la crisis financiera del Fondo Global y de la polémica suscitada en 2008 en la ciudad de Iquique, donde varias personas fallecieron sin ser notificadas a tiempo de que habían contraído el virus del VIH, se evidencia un retroceso significativo.
De allí la necesidad del Observatorio…
En este contexto, la labor de seguimiento del Observatorio a la política pública es fundamental. Si no se cumple con los procedimientos de atención adecuados y no se hace bien el trabajo de prevención, contribuimos al crecimiento de la epidemia. Si no se toman medidas para evitar que las personas con el virus sean discriminadas, la epidemia se volverá clandestina; los afectados se alejarán de los sistemas de salud y se perderá el acceso a este derecho. La epidemia se puede volver peligrosa e incontrolable.
Por eso, nuestra tarea consiste en sacar este tema a la luz pública, exigir los estándares nacionales e internacionales para mantener, por lo menos, los niveles que teníamos antes de la crisis del Fondo que, por cierto, no eran suficientemente buenos. Este es un compromiso ético. No estamos haciendo oposición al gobierno actual. Lo que nos interesa es develar el estado de la política pública a partir de estándares éticos, técnicos y de derechos humanos.
Para evaluar la política de comunicación social realizaron una encuesta de opinión, grupos focales con mujeres de la tercera edad y conversatorios con organizaciones y personas. ¿Cuáles fueron los principales resultados?
El primer grupo de discusión se hizo con personas expertas en campañas de VIH y con profesionales de la sociedad civil y del Estado. Varias personas de ese grupo no conocían la campaña. La encuesta aplicada a una muestra de 120 personas indicó lo mismo: la mayoría de los encuestados, independiente de su edad, no había visto la campaña. Podemos inferir que la campaña no convocó a la población.
A esto se suman las críticas del grupo Alquimia, conformado por mujeres. Con ellas abordamos la imagen y significados que la campaña le dio a la mujer. La situación es grave, pues se responsabiliza a la mujer por la transmisión del virus a otras personas. Esto significa que la campaña de prevención no se ajustó a los estándares nacionales e internacionales. Los criterios nacionales consideran la incorporación de una perspectiva de género. Para quienes se ven afectadas por esas imágenes es un asunto insoslayable. Por otro lado, se echó de menos a una población que en teoría ha sido priorizada por la política pública, pero que no estuvo presente en la campaña: los hombres homosexuales.
Otro aspecto relevante fue la reaparición de la fidelidad como método de prevención. Esto lo interpretamos como un retroceso. Fueron necesarias muchas campañas para erradicar esta idea, y este trabajo se borró de un plumazo. La fidelidad no es un método de prevención.
Por último, criticamos que la difusión de la campaña haya sido únicamente por Internet. Las personas tuvieron que bucear en un sitio web para encontrarla, lo que limitó el impacto y audiencia de la campaña. En resumen: fue una campaña inoperante y escondida, donde tampoco hubo consulta a expertos/as y organizaciones de la sociedad civil.
¿Qué resultados arrojó el análisis del tratamiento dado a la Campaña en los medios de comunicación?
La campaña fue criticada por sectores religiosos (quienes señalaron que si incluso el Papa había aceptado parcialmente el uso del condón, no entendía por qué el gobierno no hablaba de forma clara y directa sobre el tema) y por actores políticos tanto del gobierno como de la oposición. De las 74 noticias sobre la campaña que conocimos luego de dos meses de seguimiento, 46 hicieron evaluaciones negativas. Más de la mitad de las publicaciones fueron críticas. Hubo 25 que aparentemente asumieron una posición neutral, pero sabemos que la neutralidad no existe. Sólo 3 publicaciones respaldaron la campaña.
Parte de las críticas provino de personeros de la derecha (favorables al reconocimiento de derechos patrimoniales de uniones homosexuales y heterosexuales, pero opositores al matrimonio homosexual), como el ex senador y actual ministro de Defensa Andrés Allamand (promotor del proyecto de Acuerdo de Vida en Común, que pedía “hacer las cosas en serio”, o de la diputada Karla Rubilar, que fue muy dura respecto de la campaña. Integrantes de los partidos de gobierno también criticaron su contenido por considerarlo “inocente” y por desconocer la realidad de los jóvenes chilenos.
¿Cómo se puede abordar el VIH/SIDA en una campaña sin considerar a la población homosexual masculina?
En Chile, la epidemia está concentrada en la población homosexual masculina y, por lo tanto, tiene que existir una política pública que considere esta realidad. Ello hace necesario un trabajo especial de conocimiento de esta población.
No se puede definir una política uniforme hacia la población gay, pues hay una diversidad que es necesario considerar. Está, por ejemplo, el que se designa a sí mismo “gay y siempre gay”, también existe el gay circunstancial, el camionero, los obreros de la construcción, la población intramuros, etcétera. Entonces, es necesario indagar en cada uno de estos grupos, en sus comportamientos sexuales, sus condiciones sociales, y a partir de ello generar políticas.
La diversidad también es geográfica. Se ha comprobado que la gente del sur tiene prácticas sexuales distintas a la del norte. La actitud respecto del sexo varía también climáticamente. La gente de Arica, región húmeda y tibia, se acuesta más. Estas consideraciones, que anteriormente habían sido tenidas en cuenta, se perdieron. Los contenidos de la campaña anterior fueron adaptados a las distintas regiones con la participación de la propia comunidad. No es lo mismo una campaña en Isla de Pascua, que en Chiloé o Arica.
Es cierto que existen situaciones similares en las campañas de prevención, pero también hay realidades concretas. Por lo tanto, la clave es la diversidad. Y por último, debe incorporarse la perspectiva de género.
El tema de mujeres y VIH/SIDA sigue siendo ignorado en las campañas. ¿Cómo se puede abordar desde la perspectiva de género?
En la incorporación de la perspectiva de género hay tres elementos clave: investigación, prevención y atención integral. A nivel mundial, no se han realizado investigaciones que consideren la diferencia entre hombres y mujeres con relación a los medicamentos.
Para alcanzar buenos resultados se debe escuchar a las personas afectadas. Ellas pueden hacer aportes que beneficien no sólo a las personas con VIH sino a la población en general. Esto parece obvio pero ha sido difícil ponerlo en la práctica. Los avances y retrocesos en la lucha contra el VIH/SIDA no sólo tienen que ver con la gente afectada por el VIH, sino también con los derechos de todos y todas.
¿Qué desafíos representa implementar un observatorio de VIH/SIDA con perspectiva de Derechos en un gobierno de derecha?
La tarea del Observatorio consiste en observar y dar a conocer lo que se observa. Existen estándares internacionales y compromisos que se deben cumplir y respetar. No vamos a inventar cosas nuevas. Los Derechos Humanos en la política pública son clave. En la actualidad, los derechos convocan en la mayor parte del mundo, basta con observar lo que está pasando en África o en Asia. No importa si se es de izquierda, de derecha o de centro. Da lo mismo: los derechos humanos te interpelan. Tus demandas son derechos básicos consagrados internacionalmente y el mundo tiene que ser cada vez más respetuoso de los derechos de las personas.