Quienes trabajan por los derechos de las mujeres en Chile reconocen que difícilmente habrá un gobierno que se tome tan en serio el tema de la igualdad de las mujeres y la no discriminación como el de Michelle Bachelet. Durante la gestión de la ex presidenta el tema fue permanentemente visibilizado y se alcanzaron logros en varios ámbitos. Entre ellos cabe señalar la reforma del sistema de pensiones de 2008, que contempla diversos beneficios para las mujeres, especialmente para las de menores recursos; el apoyo dado a las madres trabajadoras con el aumento en el número de salas cunas y la ampliación de la cobertura de la educación preescolar; y la creación del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece Contigo”, programa multisectorial que acompaña a padres, madres e hijos desde la fase de gestación hasta que los infantes cumplen los cuatro años de edad.
A pesar de estos y otros avances, aún persisten problemáticas en materia de salud y equidad de género que el nuevo gobierno puede incluir en su agenda: la violencia doméstica y los femicidios persisten; no existe un mecanismo que promueva la participación política de las mujeres ni que combata su desigualdad económica dentro del matrimonio y la familia.
Para la agenda del nuevo gobierno también puede considerarse el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, materia que ha sido largamente postergada por el Parlamento chileno, que desde el año 2000 tiene en sus manos un proyecto de Ley marco que busca garantizarlos.
Adicionalmente, las organizaciones de mujeres en Chile exigen que se legisle sobre el aborto terapéutico –aquel que se practica por razones médicas con el fin de proteger la vida y la salud de las mujeres durante embarazos de alto riesgo o para finalizar la gestación de un feto con problemas congénitos graves–, penalizado en Chile desde 1989.
Estos y otros temas fueron abordados por organizaciones de mujeres y por ciudadanos en el Foro de la Sociedad Civil, evento organizado por el Observatorio de Equidad de Género en Salud. En esta oportunidad, las y los asistentes se propusieron articular estrategias de vigilancia activa para defender los avances en materia de salud pública y políticas de género.
El Observatorio de Equidad de Género en Salud es un instrumento de la sociedad civil chilena, encargado de hacer seguimiento y evaluación de las políticas públicas que se implementen en esta materia. La iniciativa fue desarrollada con la cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud, OPS/OMS, en el marco del proyecto Género, Equidad y Reforma de Salud en Chile (segunda fase).
Pamela Eguiguren Bravo, Coordinadora del Observatorio, habló con el CLAM sobre los resultados del encuentro, los avances en materia de equidad de género en salud durante el último gobierno de la Concertación, y sobre los desafíos que vienen.
¿Cuáles fueron las principales conclusiones del Foro de la Sociedad Civil en torno a las Políticas Públicas de Género y Salud al término del gobierno de Michelle Bachelet?
En esta ocasión, la mirada estuvo puesta más en el nuevo escenario político que en la evaluación del gobierno anterior. Sin embargo, a lo largo del debate aparecieron visiones compartidas sobre la administración de Bachelet. Parece haber consenso en que hubo más expectativas que logros en el ámbito de la salud. A pesar de los avances en la adopción de un discurso sobre la equidad de género, de la implementación de estructuras organizativas que contribuyeran a la transversalización de la perspectiva de género en la institucionalidad pública y de algunas políticas emblemáticas de protección social –como Chile Crece Contigo y la Política Previsional, se requieren más avances en los ámbitos de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
La Reforma del sector salud –que en Chile fue impulsada desde el año 2000 y que busca garantizar la universalidad de este derecho ampliando el número de patologías que el sistema cubre y el número de usuarios a los tratamientos médicos– permaneció estructuralmente inalterada en materia de género. Además, se incrementó la compra de prestaciones desde el sistema público al sector privado en el programa AUGE (Acceso Universal con Garantías Explícitas en Salud, que establece derechos por ley para beneficiarios del sistema público y privado de salud).
¿Cuáles fueron los avances más destacados en esta materia?
Hubo avances en términos de la elaboración de una Política de Equidad de Género en Salud, un Plan de transversalización de la perspectiva de género por parte del Ministerio de Salud, y la creación de una estructura organizativa de responsabilidad sobre el área de género que conecta a diversos entes del país: secretarias regionales ministeriales, los Servicios de Salud, las oficinas regionales del Fondo Nacional de Salud – FONASA y la Superintendencia de Salud.
También se creó un Consejo Consultivo de Equidad de Género y Salud de las Mujeres, que posibilitó la participación de la sociedad civil en la formulación de políticas como la de atención integral frente a la Violencia de Género, en el diseño de una campaña de prevención de VIH/SIDA e ITS en mujeres, y en la Política de Equidad de Género en Salud.
Sin embargo este Consejo, en el que participan organizaciones del Foro del Observatorio, no obtuvo el carácter deliberativo que se buscaba, y las prioridades que tenía la sociedad civil en materia de Salud Sexual y Reproductiva no tuvieron la acogida esperada. Ése es el terreno donde se registran las mayores dificultades y retrocesos.
¿Cuáles son esas dificultades?
La exclusión de la discusión sobre el aborto de la agenda del gobierno marcó desde el inicio los límites del encuentro entre ambas partes. En ese terreno se encuentran también las dificultades para garantizar el acceso a la anticoncepción de emergencia, así como la ausencia de una campaña sobre prevención del VIH/SIDA en mujeres desde el Plan de Género del sector Salud; debido a la falta de recursos destinados para la implementación de estas medidas y a la falta de voluntad política por parte de CONASIDA (Comisión Nacional de Sida).
En el terreno de la participación existe una deuda con los representantes de la diversidad sexual, organizaciones que no sintieron que sus demandas fueran escuchadas ni consideradas por el gobierno.
¿Cuáles son los desafíos que deberán enfrentar las organizaciones del movimiento de salud de las mujeres en el nuevo gobierno?
Predominan las miradas pesimistas –entre otras más observantes– frente a lo que puede suceder en un gobierno de derecha en materia de equidad de género. En términos generales, se teme que este gobierno fortalezca las políticas neoliberales en materia del proyecto de salud para Chile. Las leyes de la Reforma dejan margen a ello. Entre las propuestas y debates aparecen nuevas formas de privatización a través de concesiones de establecimientos de salud, de compra de prestaciones de servicios a entes privados y de portabilidad de los subsidios.
Además, es preciso estar alertas al posible endurecimiento de las restricciones en materia de salud sexual y reproductiva que puedan tener lugar por la influencia de un sector conservador que se opuso al gobierno de Bachelet. Ese sector es en parte responsable de la demora en la expedición de la ley que garantiza el acceso a la PAE (Píldora de Anticoncepción de Emergencia).
Las organizaciones del movimiento de salud de las mujeres que participan en el Observatorio reconocen que, dadas las características del nuevo gobierno, uno de los principales desafíos es la vigilancia activa y articulada, con el fin de detectar amenazas y defender los avances en materia de salud pública y políticas de género.
Además, se reconoce la necesidad de seguir de cerca las decisiones políticas y programáticas del gobierno en ámbitos sensibles para la equidad de género en salud, que desde el punto de vista de sus determinantes sociales incluye a otros sectores. Hay una mirada amplia sobre el sistema sanitario y las políticas de protección social, que va desde temas macro, como puede ser el financiamiento del sector, hasta otros más específicos.
¿Cómo afecta la reconstrucción de Chile, luego del terremoto del 27 de febrero, a este trabajo en el ámbito de la salud?
La situación en que ha quedado el país después del terremoto y maremoto añade complejidad a este período. La emergencia supone un contexto de mayor fragilidad en la respuesta ciudadana frente a cambios estructurales del sistema. Un ejemplo de ello es la concesión de la construcción y administración de los hospitales públicos afectados por la catástrofe como medida orientada a la reconstrucción del país. Tendremos una mirada atenta sobre la forma en que se están llevando adelante los procesos de reconstrucción, que hasta ahora están marcados por la centralización, el favorecimiento a las grandes empresas y la escasa o nula participación de los niveles locales de organización social.
Por otra parte, también habrá que enfrentar un contexto de mayor dificultad en el ámbito comunicacional. La influencia de un sector ideológico sobre los medios masivos de comunicación es una realidad, y ya ha sido posible observar un endurecimiento en la respuesta frente a las convocatorias de expresión y manifestación ciudadana.
¿En términos generales, qué estrategia de control ciudadano se aplicarán en la implementación de políticas de equidad de género en salud? ¿Qué rol debe jugar el Observatorio como instrumento de vigilancia ciudadana en el actual contexto político nacional?
Es preciso seguir de cerca las políticas públicas y detectar amenazas que atenten contra la equidad de género, así como retrocesos en los avances ya registrados. Para tal fin, se definieron cinco ejes frente a los que se articulará la vigilancia.
Estos ejes son, en primer lugar, la “defensa de la salud pública”, que implica defender la equidad de género como parte de la equidad en el acceso al sistema de salud en general, con cobertura universal y financiamiento solidario. El segundo, “defensa de la política contra la violencia de género y de las estrategias implementadas”, como las casas de acogida, las campañas de prevención del femicidio y la intersectorialidad de la política con participación de la sociedad civil. En tercer lugar, “defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, incluyendo la “diversidad sexual” y el “aborto” como derechos y libertades ciudadanas. Los últimos dos ejes son “defensa de la participación ciudadana”, y “defensa de la ley de transparencia”.
La idea es trabajar el monitoreo y vigilancia ciudadana en cada uno de ellos, recabando información, actualizando indicadores y definiendo señales de alerta para generar respuestas articuladas.
¿A nivel regional, en qué lugar se encuentra Chile frente a estos temas?
Chile continúa ubicado entre las cifras más bajas de participación económica femenina. Además, mantiene una de las políticas más restrictivas que existen frente al aborto, ya que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia, excluyendo de su legislación el aborto terapéutico. Por otro lado, persisten restricciones en la disponibilidad y comercialización de los anticonceptivos de emergencia, pese al respaldo que le da la reciente expedición de una ley sobre acceso a la anticoncepción.