El gobernador Mario Jorge estableció por decreto que, en consonancia con un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esa práctica debe concretarse para casos de embarazos producto de violaciones, en un plazo de diez días posteriores al pedido de la mujer; destacó que se preverá «una protección de la víctima con un seguimiento por 90 días», y aseguró que se aceptará «la objeción de conciencia» por parte de los profesionales que, por razones ideológicas y religiosas, se nieguen a realizarlas.