“Aunque reconocemos el esfuerzo en el que nos comprometimos las legisladoras y en el que las organizaciones de mujeres y feministas venían trabajando también, expresamos preocupaciones debido a la persistencia de las discriminaciones que afectan los derechos de las mujeres y los obstáculos que aparecen para la aplicación de la Ley.” Con estas palabras Hilaria Supa, congresista del Partido Nacionalista, resume la situación de la implementación de la Ley de Igualdad de Oportunidades, a un año de haber sido promulgada por el Congreso como respuesta a la demanda histórica de las mujeres peruanas.
Por ser una Ley Marco, regula no sólo el Plan de Igualdad de Oportunidades (en funcionamiento en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo, MIMDES) sino las acciones de las diferentes instancias del poder Ejecutivo, debiendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), sustentar anualmente ante el Pleno del Congreso de la República los avances en su cumplimiento.
En respuesta al pedido de las organizaciones Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Cladem-Perú, Demus, Movimiento El Pozo y Movimiento Manuela Ramos, de realizar ante el Congreso de la República el balance anual de los cumplimientos de la Ley de Igualdad de Oportunidades, el pasado miércoles 23 de abril, acudieron al Parlamento el Primer Ministro, Jorge del Castillo y la Ministra del MIMDES, Susana Pinilla a exponer los avances en el primer año de implementación. Durante el debate, las congresistas manifestaron su preocupación por el grado de avance y exigieron el presupuesto requerido para llevar a cabo los cambios en las instituciones estatales que deben incorporar un análisis de género.
La Ley de Igualdad de Oportunidades exige que sea evaluado el grado de cumplimiento de las leyes y políticas diseñadas para el logro de la igualdad de las mujeres. Por ejemplo, la ley que promueve la educación de la niña rural, la ley de protección contra la violencia familiar, la ley contra el hostigamiento sexual, la ley contra la discriminación, entre otras. Asimismo exige que la PCM dé cuenta de las iniciativas legislativas a desarrollarse para garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, tales como el derecho de la mujer a no ser discriminada por la orientación sexual e identidad de género, a la educación sexual, y a la salud sexual y reproductiva.
Al tratarse de una Ley marco que costó años de trabajo al activismo feminista nucleado en torno al MIO (Movimiento por la Igualdad de Oportunidades), la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social del Congreso de la República creó en septiembre del año pasado el “Grupo de Trabajo sobre Seguimiento a la Aplicación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” presidida por la Congresista Hilaria Supa.
Este grupo de trabajo presentó un informe en el cual señala los obstáculos que encuentran las instituciones del Estado para aplicar la Ley Marco, entre los que figura como principal problema, según explica la congresista, que “los principios de transversalización de la interculturalidad y equidad de género no se perciben en las acciones implementadas durante el año, salvo algunas excepciones”. Además de los problemas de presupuesto que dificultan la aplicación de la Ley, “no se percibe una ruta común y articulada hacia la eliminación de las discriminaciones contra la mujer”, añade.
Pero lo que inquieta más de este balance es que el MIMDES, a pesar de su calidad de ente rector de la Ley de Igualdad de Oportunidades, está desintegrando el Programa sobre Violencia contra la Mujer, a contracorriente de la Ley. Otra de las preocupaciones de la congresista Supa es “no contar con el Informe del Ministerio de Salud para conocer cómo el sector está implementando la Ley para resolver los problemas urgentes referentes a la salud de las mujeres, tales como el Protocolo para el aborto terapéutico, el Reglamento de Aplicación de la Anticoncepción Oral de Emergencia, y todo lo relacionado al cumplimiento del Seguro Integral de Salud, para mujeres esterilizadas contra su voluntad”. Hilaria Supa, dirigente quechua-hablante de la provincia cusqueña de Anta, tuvo un rol protagónico en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres de dicha localidad.
Por su parte, María Esther Mogollón, asesora de la congresista Supa y activista del MAM (Movimiento Amplio de Mujeres), que lideró el colectivo para la promulgación de la Ley de Igualdad de Oportunidades y como tal fue parte del grupo de activistas que durante cuatro años se esforzaron por conseguir la Ley, considera que a un año de la promulgación de la Ley, se han dado algunos pasos iniciales. “El Mimdes, por ejemplo, se ha visto obligado a continuar con su plan: ahora la ley proporciona más herramientas para que todos los ministerios se vean obligados a hacer políticas”, declara. Sin embargo, hay algunos ministerios que todavía no se adecuan como los de Economía y Justicia. “El propio MIMDES rebaja los programas de protección de la mujer y se enfoca más en la niñez y la familia” señala, “pero con la ley se ven obligados a tener que trabajar por las mujeres y a exigir el presupuesto para ello”.
Para Mogollón el principal problema consiste en que faltan especialistas en el tema de género en varios ministerios y los operadores no saben cómo aplicar la ley. Por esta razón la Mesa de Seguimiento en la que ella también participa, ha decidido establecer claramente los indicadores que servirán de guía para evaluar un segundo año de la implementación de la Ley. Lamentablemente, para este año ya no se podrá hacer una evaluación más profunda, precisamente por falta de indicadores. Así, se ha cumplido con elaborar informes en los gobiernos regionales y ministerios, pero las actividades no reflejan la importancia que tiene esta Ley. “Cada uno ha hecho lo que ha podido, todos han hecho talleres, por ejemplo, pero no se ve que el ente rector (MIMDES) haya establecido prioridades para trabajar en temas urgentes como el de la violencia contra la mujer” explica Mogollón. La Mesa de Seguimiento a la Ley, que funciona en el Congreso, se encuentra en estos momentos preparando los indicadores.
Una ley fundamental a pesar de las críticas
La Ley de Igualdad de Oportunidades nació con una crítica fuerte pues el texto original que se presentó como proyecto de ley a través de la congresista Hilaria Supa, y gracias al impulso de la sociedad civil organizada en el colectivo Mujeres por la Igualdad de Oportunidades (MIO), incluía los términos orientación sexual y diversidad sexual, pero luego del trámite regular terminó siendo recortado, excluyendo a las mujeres lesbianas de su texto.
Aún a pesar de ello, se pensó que esta ley tenía carácter inicial y con el tiempo se podrían incorporar los temas relacionados con la identidad de género, dejados de lado para lograr el consenso en la votación. Por el momento, sin embargo, los esfuerzos están concentrados en establecer todos los mecanismos necesarios para que la ley sea realmente implantada de modo eficaz.
Al respecto, la abogada Tammy Quintanilla, directora del Movimiento El Pozo y una de las coordinadoras del Movimiento por la Igualdad de Oportunidades cree que “la ley de igualdad de oportunidades es un avance porque establece la forma en que el Estado debe proceder para disminuir las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, aplicando políticas de Estado (un nivel más alto que simplemente el de políticas públicas). Es una ley donde se ha logrado señalar el enfoque de género y el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos. De otra manera, el movimiento social de mujeres hubiera tenido que modificar la ley orgánica de cada entidad estatal (Ministerios, Poder Judicial, Municipalidades, Gobiernos Regional, Ministerio Público y Reglamento del Congreso) para que implementen la perspectiva de género y actúen a favor de los derechos de las mujeres. Tiene mecanismos de cumplimiento y vigilancia, más allá de los aspectos temáticos.”
En relación con la implementación de la ley, Quintanilla piensa que ha sido muy leve. “En el primer año, debería haberse hecho conocer enn todas las entidades estatales para que en el segundo año [2008] se incorporaran a los planes de trabajo y programas. El Ministerio de la Mujer ha remitido comunicaciones a los Gobiernos Regionales para que la implementen y algunos han emitido ordenanzas regionales relacionadas a los derechos de la mujer. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo, 3 de ellos han delineado bases para un plan de igualdad de oportunidades. El Presidente del Consejo de Ministros está informando, de manera tardía, sobre los avances en materia de igualdad de oportunidades. El hecho de contar con los informes de este funcionario del más alto nivel estatal y de la Defensora del Pueblo significa ya un avance, porque la sociedad civil se puede fortalecer partiendo de lo informado para exigir más avances y elevar la agenda de los derechos humanos de las mujeres. En cuanto a los aspectos adversos, pienso que la multiplicidad de entidades estatales y de temas, contenida en la ley, da lugar a su dificultad de asimilación para una implementación fluida.”
Frente a este panorama, la recomendación de la experta en cuanto a las medidas necesarias para avanzar en la implementación es aumentar la difusión de manera formal en las entidades estatales ya que su implementación requiere un esfuerzo distinto de cada poder del Estado. Desde la sociedad civil, agrega, “creo que las instituciones deberían dedicarse unas al sistema de justicia, otras al Congreso, otras a los gobiernos regionales y locales, otras al Poder Ejecutivo por temas. Cada una de estas entidades estatales requiere mayores datos del conocimiento de la realidad, más allá de los resultados que arroja su trabajo con la población pertinente, y a ello pueden abonar las organizaciones de la sociedad civil. Así, la implementación sería conjunta. Los gobiernos regionales y locales son los que tienen mayor potencial para diseñar y aplicar planes de igualdad de oportunidades, según la realidad de cada lugar. Estos planes deben hacerse en conjunto con la sociedad civil organizada.”
Tanto las congresistas nucleadas en la Mesa de Trabajo como las activistas y defensoras de los derechos de las mujeres se han organizado para hacer un seguimiento permanente de la implementación. Esta es la única garantía de que una ley tan importante pueda dar frutos en los próximos años.