La semana pasada se inició la discusión, en el Senado chileno, del proyecto de Ley contra la Discriminación, luego de que fuera aprobado este 4 de junio por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El que puede ser uno de los grandes logros del movimiento LGBT chileno se vio contrariado por la exclusión del género como causal de discriminación del texto debatido. De ser aprobada en estos términos, la ley no sólo dejaría fuera formas de violencia ampliamente documentadas contra personas trans (transexuales, transgénero, travestis), sino que contribuiría a mantenerlas invisibles al ser omitidas por el discurso oficial sobre discriminación y Derechos Humanos.
Los conceptos de orientación sexual y género habían sido cuestionados previamente por una Comisión Técnica externa al Parlamento, lo que había sido denunciado por el Movilh (Movimiento de Liberación Homosexual). Luego de revisar el asunto, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia decidió conservar únicamente ‘orientación sexual’. Organizaciones sociales denunciaron que al eliminar el concepto de género y las medidas de acciones afirmativas contempladas en el Proyecto original, el Estado estaría eludiendo los compromisos asumidos en tratados internacionales referentes a la prevención de cualquier forma de discriminación prohibida por el Derecho Internacional. Por este motivo, los senadores Ricardo Lagos Weber y Fulvio Rossi, junto al Movilh, presentaron indicaciones para que el género sea incluido nuevamente, esperando que la moción se apruebe en la Comisión Mixta del Senado.
El debate se da en un contexto marcado por la movilización de estudiantes, docentes, conductores y usuarios del transporte público, personal bancario, empleados fiscales, entre otras, que se suman a protestas de larga data como las que exigen el respeto al territorio mapuche por parte de empresas de explotación forestal. Además del sexo, el género y la orientación sexual, el proyecto original contempla la sanción de actos discriminatorios fundados en motivos de raza o etnia, color, origen nacional, situación socioeconómica, zona geográfica, lugar de residencia, religión o creencia, idioma o lengua, ideología u opinión política, sindicación o participación en asociaciones gremiales, estado civil, edad, filiación, apariencia personal, estructura genética, así como cualquier condición social, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.
Otro revés que afectó el Proyecto de Ley fue su calificación como “desfavorable” por parte de la Corte Suprema de Justicia. En respuesta a una consulta formulada por los legisladores de la citada Comisión sobre el contenido de la iniciativa, el Tribunal señaló que en el ordenamiento jurídico vigente ya existen mecanismos para proteger a las ciudadanas y ciudadanos contra la discriminación, entre los que enumera el recurso de protección, de amparo, de amparo económico y el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Por este motivo el Proyecto sería injustificado.
Desde el inicio de su tramitación ante el Congreso, en marzo de 2005, grupos conservadores y religiosos se han opuesto a esta propuesta que por años estuvo estancada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. La Conferencia Episcopal chilena pidió públicamente excluir de la Ley contra la Discriminación las categorías género y orientación sexual por considerarlas “términos ambiguos, […] susceptibles de interpretaciones arbitrarias, por ser ajenos a nuestro ordenamiento jurídico”.
El MUMS (Movimiento Unificado de Diversidad Sexual) y el Movilh afirman que además de impedir el amparo legal a lesbianas, gays, bisexuales y trans, la petición de la Iglesia revela el temor a que una interpretación de la ley pueda “abrir la puerta” al matrimonio igualitario. Pese a que el Proyecto de Ley contra la Discriminación no hace referencia a este tema, este debate está pendiente en la agenda del Senado, que debe decidir si aprueba alguno de los proyectos en curso que buscan legislar sobre las uniones de convivientes no casados heterosexuales y homosexuales, como el nuevo proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja, presentado la semana pasada, o el Pacto de Unión Civil que el Movilh radicó en 2009.
El escritor Pablo Simonetti, reconocido defensor de los derechos de las minorías sexuales y creador de la Fundación =Iguales, declaró que “mientras en Chile no se condene la discriminación de forma enérgica, tanto en la privacidad de nuestras conversaciones como en los estamentos del Estado y la aplicación de políticas públicas, no habrá verdadera igualdad de oportunidades”.
Debate polarizado
Las tensiones en torno al reconocimiento de los derechos de las personas LGBT en Chile son cada vez más marcadas en el debate público. Encuestas de opinión, acciones gubernamentales y discusiones en el seno de los partidos oficialistas dan cuenta de ello.
La presentación del Acuerdo de Vida en Pareja por parte del actual gobierno sentó un precedente inédito en la historia republicana de Chile. El proyecto tuvo serias críticas de una parte de la alianza gobernante que incluso no se presentó a la ceremonia en la que el presidente Sebastián Piñera firmó el texto de la iniciativa. Al acto, realizado en el Salón Varas Montt de La Moneda, asistieron parlamentarios de Gobierno y de la Oposición, y parejas homosexuales. En la ocasión, una joven cristiana, Antaris Varela, increpó al Presidente, señalando que estaba legalizando el pecado: «Dios en la Biblia dice que la convivencia es pecado», aseveró.
Las cambiantes posturas al respecto en la sociedad civil tienen su correlato en tres encuestas de opinión ciudadana realizadas desde el año pasado, que abordaron, entre otros temas, la aceptación de las uniones homosexuales por parte de la ciudadanía. Un sondeo realizado por Criteria Research en 2010 señala que “41% de los santiaguinos considera que sí debería legalizarse el matrimonio homosexual”. Pese a la relativa homogeneidad de posiciones entre estratos socioeconómicos, el estudio reveló marcadas diferencias etarias: la mayoría de adultos y adultos mayores se mostraron en contra del reconocimiento de estas uniones, mientras que buena parte de los jóvenes se pronunciaron a favor.
Sin embargo, estudios más recientes que incluyen todo el territorio chileno reportan índices menores de aceptación, así como aparentes contradicciones en la opinión de ciudadanos que, por un lado, admiten que en Chile son vulnerados derechos humanos, al tiempo que rechazan su reconocimiento a poblaciones discriminadas. El Estudio Genera 2011 sobre ciudadanía y derechos en Chile Hoy señala que 70% de la población considera que en ese país no se respetan los derechos humanos y 42% siente que no existe igualdad ante la ley. Empero, tan sólo el 17% de los encuestados considera el respeto por la diversidad (cultural, sexual, religiosa, etc.) un valor importante en un país democrático.
Por su parte, la encuesta del CEP (Centro de Estudios Públicos) de junio-julio de 2011 indagó, entre otros temas, acerca del reconocimiento de los derechos de parejas homosexuales. Los resultados publicados mostraron que sólo 35% de los encuestados estaría de acuerdo con el reconocimiento legal de este tipo de uniones. Pero cuando la Encuesta midió su aceptación preguntando individualmente por las formas que posiblemente las regularían en Chile (matrimonio, unión legal de parejas homosexuales, etc.), los 1.554 encuestados evidenciaron un rechazo aún mayor: 57% no aceptó que una pareja del mismo sexo se pudiera unir en matrimonio civil y acceder a los mismos derechos que una pareja heterosexual, 27% estuvo de acuerdo con una ley de este tipo y 14% se manifestó indiferente.
El Estudio Nacional encontró además que 58% de las personas entrevistadas piensan que una pareja homosexual no podría criar a un niño como lo hace una heterosexual: 61% está en desacuerdo con que una pareja de mujeres adopte y 64% rechaza la adopción por parte de parejas de hombres.
Esta polarización del discurso público tendrá un nuevo contrapunto en el Censo que se aplicará en el año 2012, en el que se contabilizarán, como sucede en otros países de la región desde 2010, las parejas convivientes del mismo sexo en Chile. Según el borrador de preguntas recientemente presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la pregunta sobre “estado conyugal actual” se incluirá la opción “conviviente con persona del mismo sexo”. Esta consulta será de especial relevancia ya que hará visible la población lésbico, gay, bisexual y trans en los instrumentos estadísticos oficiales. “Estamos convencidos de que estos datos ayudarán a implementar políticas públicas contra la discriminación en razón de la orientación sexual o la identidad de género” , señalaron representantes del Movilh, quienes consideran esta acción una muestra significativa de apertura al reconocimiento de las personas LGBT por parte de un organismo estatal.
Si bien las encuestas de opinión pueden evidenciar cambios en la aceptación o rechazo de los derechos de las minorías sexuales, es importante apreciar el cambio social más allá de estas cifras. La consolidación de sujetos sociales que, como afirma la filósofa india Gayatri Spivak, han alcanzado un nivel dialógico de expresión para interpelar al resto de la sociedad e incidir no sólo en las reformas legislativas sino en los modos cómo la sociedad es imaginada, dan cuenta de avances nada despreciables. El actual panorama de efervescencia de luchas sociales en Chile parece ser una muestra de ello.