Transcurridos 30 años de la entrada en vigencia de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Estado chileno sigue en deuda con la sociedad civil y el movimiento de mujeres. Persisten déficit y desigualdades en la relación de género en diversos ámbitos de la vida social, política y económica del país.