Desde hace 2 años Uruguay registra 0% de muertes maternas por complicaciones derivadas del aborto inseguro, a pesar de que esta práctica está penalizada desde 1938. Junto a Chile, ostenta una de las tasas de mortalidad materna más bajas de la región, que en 2008 era de 27 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Sin embargo, el aborto clandestino sigue produciendo graves daños a la salud de las mujeres uruguayas: infecciones, retención de tejidos en el útero, hemorragias, lesiones uterinas, complicaciones tóxicas por la ingestión de sustancias abortivas, son algunos de los problemas más frecuentes. Además de los riesgos de salud, la prohibición criminaliza a las mujeres y limita su derecho a la libre elección del número de hijos, con quiénes y cuándo tenerlos. Es por esto que en 2012 la despenalización del aborto seguirá siendo un desafío en materia de derechos de las mujeres en este país.
Un importante paso en esta dirección lo dio el pasado 27 de diciembre el Senado uruguayo al aprobar, luego de casi diez horas de debate, el Proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo con 17 votos a favor y 14 en contra.
La iniciativa, impulsada por la coalición de partidos de centro e izquierda Frente Amplio (FA), contempla que “toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional” a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Este plazo no aplicará si el embarazo es producto de una violación, si representa un riesgo para la salud o la vida de la mujer, o “si existieran malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina”. De ser aprobada la iniciativa, las menores de edad también podrían acceder a este derecho con el consentimiento de sus representantes legales o de quien ejerza su guarda jurídica.
Debate posicionado
Luego de la vuelta a la democracia en 1985, el debate social y político sobre la despenalización del aborto en Uruguay empezó a adquirir importantes dimensiones. Alejandra López, psicóloga y codirectora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), señala que si bien este ha sido un largo proceso de incidencia social y política impulsado principalmente por organizaciones feministas, en la actualidad involucra distintos actores sociales, políticos y académicos, además de la ciudadanía en general, lo que representa uno de los logros más significativos. “Una de las conclusiones que muestran los diferentes estudios de opinión pública sobre aborto es que la sociedad uruguaya tiene una posición consolidada sobre el tema, con mayoría a favor del cambio legal. Esto es producto del involucramiento de la sociedad en los asuntos de interés general así como del trabajo sostenido realizado por las organizaciones sociales para colocar el tema en la agenda pública. A modo de ejemplo, la cobertura mediática sobre aborto ha sido y es muy amplia tanto en prensa escrita como oral y en televisión”, explica. Con ello concuerda la antropóloga y especialista en el tema Susana Rostagnol, quien además destaca como saldo del debate de los últimos 25 años la “salida del clóset” del aborto.
Este proceso le ha dado mayor densidad al debate, transcendiendo así las dicotomías maniqueas del tipo: a favor o en contra de la vida, derechos de las mujeres versus derechos del feto, entre otras, afirma López. Según la especialista, las líneas argumentales de la discusión discurren principalmente a través de ejes como los derechos humanos de las mujeres, la justicia social, la democracia y la igualdad. Los registros discursivos predominantes son de tipo social, político, demográfico, sanitario y filosófico/religioso.
Una muestra de ello es el debate que sostuvo el Senado el pasado mes de diciembre. Los argumentos de senadoras y senadores defensores de la despenalización versaron sobre el lugar de la religión en los debates legislativos, las consecuencias económicas y sociales de la penalización, la adecuación de las leyes del país a las problemáticas sociales y el ejercicio desigual de los derechos entre hombres y mujeres.
Durante el debate Luis Gallo, presidente de la Comisión de Salud y senador por Asamblea Uruguay, que integra el Frente Amplio, afirmó que “las creencias religiosas no son fuente de derecho” y que en este sentido el proyecto reafirma el carácter laico del Estado. Explicó que leyes como ésta se deben corresponder con los consensos sociales actuales e interpretar a la mayoría de la sociedad, respondiendo al mismo tiempo a las demandas de colectivos sociales silenciados como las mujeres. “Criminalizar el aborto lesiona múltiples derechos, el de la vida, la igualdad, la salud, la decisión de pensamiento y conciencia, a la libertad y a la integridad y seguridad”, concluyó.
Haciendo un balance de la ley 9.763, que desde 1938 tipifica el aborto como delito, la senadora e impulsora del proyecto Mónica Xavier (Partido Socialista/Frente Amplio) declaró que la norma no ha cumplido con su objetivo de disminuir la cantidad de abortos y en lugar de ello “propone encarcelar 20.000 mujeres por año”. En esta misma línea argumentaron los senadores Rafael Michelini (Frente Liber Seregni/Frente Amplio) y Constanza Moreira (Movimiento de Participación Popular/Frente Amplio), para quienes la ley penaliza el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Xavier agregó que la actual legislación mantiene múltiples formas de discriminación al marcar una disparidad entre hombres y mujeres respecto al derecho a decidir.
Desestimando el temor manifestado por algunos sectores políticos, religiosos y sociales de que la ley pueda abrir la puerta a una ola masiva de abortos, la Senadora afirmó que “la existencia de una norma legal no va a hacer que una mujer tome una decisión que no haya resuelto” y en ese sentido interpeló al resto de la asamblea exigiendo que no “menospreci[ara] la inteligencia de las mujeres”, ya que “ninguna va con alegría a interrumpir su embarazo”.
Jorge Saravia fue el único senador del Partido Nacional –partido que incluye tendencias de centro y de derecha– en apoyar la despenalización del aborto. El legislador señaló que muchas madres de hijos no deseados llevan adelante la labor de crianza sin el apoyo de los padres biológicos, que aproximadamente 16 mil mujeres que viven en asentamientos irregulares y en condiciones de carencia social y económica son madres, y que de ellas el 40% tiene un segundo hijo. Saravia señaló además que como “hombre de frontera” conoce “las largas colas de mujeres que esperan para practicarse abortos fuera del país”. El senador también cuestionó algunas posturas contrarias a la despenalización y señaló que, en su lugar, los legisladores deberían estar discutiendo en torno a las condiciones en las que las mujeres deberían abortar y a los mecanismos para disminuir el número de abortos.
El aborto como amenaza a la composición demográfica
Además de los argumentos respecto a que la vida inicia y debe ser protegida desde la concepción y a que si bien el feto está alojado en el cuerpo de la mujer su vida no le pertenece a ella, los opositores a la despenalización alegaron razones de índole poblacional, así como relacionadas con los de derechos de los padres para rechazar la iniciativa.
Estudios sobre la fecundidad en Uruguay, señalan que el comportamiento reproductivo de las mujeres del país “se ha caracterizado por iniciar el control y la reducción de la fecundidad desde muy temprano”. Así, “mientras que la mayoría de los países de América Latina iniciaron las transformaciones propias de la primera transición demográfica a partir de 1960, Uruguay lo hizo a fines del siglo xix y principios del xx” (Varela Petito, Pollero y Fostik).
Debido a los desafíos en materia de crecimiento y desarrollo del sistema productivo que esto supone para Uruguay, señala la codirectora de MYSU, la cuestión poblacional ha ocupado un lugar importante en el debate público del país, cobrando mayor fuerza en 2011 debido a la realización del Censo Nacional. El aborto no estuvo ajeno en esta discusión.
El pasado 22 de noviembre, el presidente del Uruguay José Mujica anunció que los resultados del censo de 2011, aún en proceso, mostrarían un descenso en la población del país, razón por la cual le pidió a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores que facilitaran el retorno de ciudadanos uruguayos al país y promovieran la inmigración en general. Si bien es cierto que aún quedan por censar zonas populosas del país, cuyos resultados pueden señalar una tendencia inversa con un ligero crecimiento, según lo reportó el Instituto Nacional de Estadística, actualmente la tasa de fecundidad en Uruguay se ubica un poco por debajo del nivel de reemplazo, es decir, de la capacidad de la población de sustituirse a sí misma mediante la reposición de mujeres que en el futuro puedan procrear.
Con base en estos argumentos, el senador Carlos Moreira, del Partido Nacional, manifestó su rechazo al proyecto de ley afirmando que “vamos a ser menos que antes y en lugar de promover el nacimiento, estamos hablando de interrumpir una vida. Vamos a ser menos que antes y más viejos. Es un contrasentido”. Al respecto, Alejandra López señala que tales argumentos han sido empleados por sectores conservadores –e incluso por algunos representantes del Frente Amplio– para señalar que la despenalización del aborto sería contraproducente de cara al problema del bajo crecimiento demográfico. “Sin embargo,” aclara, “la preocupación por el cuántos somos ha comenzado a mudar hacia la preocupación por el cómo vivimos, qué capacidades tenemos y qué tipo de población necesitamos para el desarrollo de un país productivo”. En el contexto de la segunda transición demográfica, explica, los desafíos que afronta el país se relacionan con la calidad de vida, la formación y calificación de un sistema educativo que permita obtener empleos de calidad y aspectos como el desarrollo de un sistema de cuidados de personas dependientes (niños, ancianos, personas con discapacidades y enfermedades crónicas), más que con el número de habitantes.
En el debate sobre el aborto, continúa, “el presupuesto ideológico que sostiene la preocupación demográfica se basa en considerar que la función prioritaria de las mujeres es su aporte a la reproducción biológica y social de la sociedad uruguaya, desconociendo que el proceso de transformación cultural ha generado en los sectores educados la priorización de otros proyectos de vida (articulados o no con la maternidad)”. En virtud de lo anterior, uno de los problemas centrales “tiene que ver con la brecha identificada en los modelos de reproducción biológica de la población uruguaya: el país se reproduce a través de sus mujeres menos educadas y más pobres. Allí hay un problema social que merece ser analizado y gestionado desde las políticas sociales, con el fin de garantizar otras oportunidades para las mujeres de estos sectores”.
El hombre en la decisión de abortar
Otro argumento contra la despenalización del aborto tiene que ver con la supuesta vulneración de los derechos de los futuros padres por parte del proyecto de ley, al considerar que basta con la voluntad de la mujer para interrumpir el embarazo. Los senadores Carlos Moreira (Partido Nacional) y Alfredo Solari (Partido Colorado) plantearon la discusión en términos de la paternidad responsable y el papel que debe desempeñar el hombre en la decisión de abortar.
“¿Cómo se puede establecer por ley que la interrupción del embarazo solo la puede decidir la mujer? ¿Y el hombre que tuvo su participación? ¿Su opinión no cuenta?” fueron las preguntas que Solari dirigió al resto de los legisladores, dando al mismo tiempo las repuestas: “En vez de promover la paternidad responsable, lo que decimos con esta ley es que si no está el hombre, no importa”. Las observaciones de Moreira fueron en la misma línea: “El padre que participó en la gestación no puede opinar. Estamos satanizando al hombre. Queremos una paternidad responsable”.
Al respecto, Alejandra López señala que el papel de los hombres en la decisión de abortar ha sido colocado por sectores opositores a la despenalización como un factor que limita el derecho a decidir de las mujeres. “Quienes abogamos a favor del cambio legal no desconocemos el lugar de los varones progenitores en la decisión y sostenemos que lo deseable es que ésta sea tomada de común acuerdo. Pero, enfatizamos que la voluntad del varón no puede prevalecer en la decisión. […] Si bien la reproducción humana es un acontecimiento relacional, el embarazo se cursa en el cuerpo de las mujeres y es preciso reconocer que el papel de cada uno es diferente en el proceso así como en la toma de la decisión”.
Por su parte, Susana Rostagnol considera que estas afirmaciones “ponen en evidencia el deseo de judicialización de la vida privada de las personas”. En opinión de la antropóloga “en una pareja donde los miembros mantienen una relación fluida, en equidad, donde las decisiones se discuten y negocian, llegarán juntos a la decisión de interrumpir un embarazo”. No obstante, “muchas parejas no se basan en relaciones equitativas, es por ello que tratándose del cuerpo de la mujer es necesario que ella sea quien tenga la última palabra, quien se haga cargo de la decisión. Porque son las mujeres quienes, con raras excepciones, se hacen cargo de los hijos e hijas cuando nacen; muchos varones también, pero muchos otros se desvanecen”, explica.
“El hombre siempre juega un papel importante en el proceso de toma de decisión, lo cual no significa que participe o deba participar de la decisión de abortar”, continúa la antropóloga, quien actualmente participa en la investigación HEXCA sobre prácticas contraceptivas y aborto voluntario en Río de Janeiro, Buenos Aires, Bogotá y Montevideo. “Pensemos, por un lado, en una pareja que tenga un proyecto común (que no es lo mismo a que el proyecto individual del hombre o de la mujer implique tener una pareja), con relaciones fluidas y decisiones negociadas; lo cual, creo yo, solo se alcanza en relaciones equitativas. En estos casos, el hombre juega un papel importante participando activamente de la decisión. Por otra parte, en el extremo opuesto, cuando la relación de pareja es complicada, no existiendo un proyecto común, puede haber situaciones de violencia y falta de respeto. En estos casos, las mujeres generalmente perciben que ese hombre no será el padre con quien puedan compartir la crianza de ese hijo/a. Ese es un elemento que juega un papel importante en el proceso de la toma de decisión de abortar, aunque el hombre pueda incluso no haberse enterado que su pareja estaba embarazada”, concluye.
Lo que falta por recorrer
En marzo de este año, la iniciativa presentada por los senadores Mónica Xavier y Álvaro Vega (Movimiento de Participación Popular) de la coalición oficialista Frente Amplio, comenzará a ser debatida en la Cámara de Diputados.
El actual proyecto de ley cuenta con el respaldo del presidente de la República José Mujica, a diferencia de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva aprobada por el parlamento uruguayo en 2008 y vetada parcialmente por el entonces presidente Tabaré Vázquez. Vázquez excluyó la sección que reconocía el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo por motivos económicos, familiares o de edad.
No obstante, aún existen dificultades que deberá sortear el proyecto para convertirse en ley. En la Cámara baja el FA deberá contar con los 50 votos de sus legisladores u obtener algunos de la oposición, labor que parece cada vez más necesaria ante la negativa pública de dos diputados oficialistas de votar a favor el proyecto: Andrés Lima, quien recientemente dirigía el Partido Demócrata Cristiano, y Víctor Semproni del Movimiento de Participación Popular. Ambos partidos integrantes del FA.
A esto se suma la alta renovación de la bancada de diputados en relación con legislaturas anteriores, lo que en opinión de Alejandra López puede constituir un obstáculo. “De todas formas es de esperarse que prime el criterio de postura colectiva de bancada en la medida que el FA cuenta con una resolución de Congreso a favor de la despenalización y ello debería operar como un elemento no sólo aglutinador de los diputados del FA sino de disciplina partidaria”, explica la codirectora de MYSU.
Por su parte, Rostagnol duda que se logren los votos suficientes para que sea aprobada la ley, sin embargo, señala que “en tanto el debate permanezca en la arena pública, la legitimidad de la práctica del aborto aumenta, aun cuando se mantenga clandestino”.
López considera que la opinión ciudadana y la agencia de organizaciones sociales puede ser clave en la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, así como el apoyo regional e internacional “para que este debate transcienda las fronteras del país, en un contexto donde los avances logrados en otros países se ven amenazados por sectores conservadores que pretenden desmantelar o retroceder las ganancias obtenidas a favor de los derechos de las mujeres”.