La falta de información, la ausencia de servicios de salud sexual y reproductiva amigables y la vigencia de leyes ambiguas y restrictivas son algunos de los factores que, sumados a la pobreza y exclusión, contribuyen a que las adolescentes y jóvenes menores de veinte años sean particularmente afectadas por embarazos no deseados, abortos inseguros y muerte materna.
La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2009, recientemente publicada, revela una disminución importante de la mortalidad materna en Perú, que en 2009 fue 103 por cien mil nacidos vivos, frente a la cifra anterior de 185. Asimismo, señala un descrecimiento en la tasa global de fecundidad, que actualmente es de 2.6 hijos por mujer, 10,3% menos de lo estimado en la ENDES 2000.
Para explicar el sentido de estas nuevas informaciaones, el CLAM entrevistó a Daniel Aspilcueta, médico ginecólogo obstetra, director ejecutivo del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), acerca del panorama de la salud sexual y reproductiva entre las adolescentes y jóvenes peruanas. Para él, la visión triunfalista con la que sectores oficiales difunden los referidos indicadores sociodemográficos oculta las brechas existentes en la sociedad peruana respecto a la garantía del derecho a la salud y de los derechos sexuales y reproductivos. También contribuye a invisibilizar la situación de vulnerabilidad a que está sometida la población adolescente y juvenil en situación de pobreza, en particular las mujeres, debido a las inequidades de género.
El especialista señaló que las adolescentes inician su vida sexual a edades cada vez más tempranas, sin la debida información y en muchos casos por presión de la pareja, o en condiciones de franca violencia. En este contexto no debe extrañar que las cifras de embarazo, de aborto inseguro y de la mortalidad en mujeres menores de 20 años se hayan incrementado, señaló, al tiempo que recordó que el 24% de mujeres que llegan a los hospitales por casos relacionados con abortos son adolescentes.
Aspilcueta lamenta que el Estado no haga esfuerzos sostenidos para brindar una educación sexual integral a la población adolescente. Al respecto, sólo existen propuestas piloto que no llegan a consolidarse y a extenderse masivamente debido, en buena medida, a la permanente interferencia de sectores conservadores religiosos.
Ausencia de servicios estatales afecta a las más pobres
El Doctor Aspilcueta destacó como un aspecto negativo la falta de servicios públicos especializados donde la población menor de veinte años reciba consejería sobre salud sexual y reproductiva y acceda a recursos para evitar embarazos no deseados y prevenir infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA. “Lamentablemente esta carencia es determinante para la población más pobre, especialmente en zonas rurales, que en más de un 90% dependen de los servicios del Estado, por la lejanía de sus lugares de residencia y por su imposibilidad de pagar una consulta en un establecimiento particular”, agregó.
En opinión del entrevistado, resulta incoherente que “frente al abandono de la población adolescente y juvenil en términos de políticas de salud sexual y reproductiva, existan normas promovidas por sectores conservadores, dirigidas a controlar la sexualidad de los adolescentes”. Al respecto mencionó la denominada ley de indemnidad sexual, que penaliza las relaciones sexuales con adolescentes, aunque éstas sean consentidas. Se refirió también al artículo 4 de la Ley General de Salud, que exige la presencia de los padres o tutores de los adolescentes que acuden a los servicios de salud. “Las y los adolescentes son sujetos de derechos y capaces de tomar decisiones basadas en información adecuada y con base científica. Al contrario, es una violación a los derechos humanos que se permita que una niña de 14 años se convierta en madre por habérsele negado la información necesaria y porque el sistema no le proporcionó las habilidades sociales para que pudiera decidir”, indicó.
Superar la inequidad educativa
Aspilcueta cree necesario superar las brechas educativas que impiden a un gran sector de mujeres peruanas acceder a la información necesaria para la toma de decisiones sobre su fecundidad. Al respecto recordó que el 48% de las adolescentes que ya son madres o están embarazadas no cuentan con instrucción sobre este tema, ya que en las zonas más pobres del Perú, particularmente en las regiones altoandinas, el acceso y permanencia de las mujeres al sistema educativo sigue siendo deficiente. En estos mismos sectores, la segunda razón por la que las adolescentes abandonan los estudios es el embarazo. “En medio de la pobreza y la exclusión, sin ningún poder para tomar decisiones, se está condenando a esas niñas a ser matrices productoras de hijos desde la más temprana edad, truncándose así su desarrollo personal, lo que afecta también a sus familias y comunidades”, comentó.
Aborto terapéutico: una deuda pendiente
Por otro lado, el especialista se pronunció respecto a la resistencia de los tomadores de decisiones a implementar una norma técnica que reglamente la práctica del aborto terapéutico, permitido desde 1924 por el Código Penal del Perú. “Este sigue siendo un tema pendiente que afecta a la salud reproductiva y vulnera los derechos humanos de las mujeres que requieren interrumpir embarazos que ponen en riesgo su vida y su salud”, declaró.
Sin embargo, resaltó ciertos avances en cuanto a una mayor toma de conciencia de los profesionales de la salud, que de manera creciente aprueban en sus respectivos hospitales protocolos para la atención de estos casos, “con lo que contribuyen al cumplimiento de la ley y a la vigencia de los derechos de las mujeres”.
Finalmente destacó la importancia de que las usuarias de los servicios de salud cuenten con más información sobre este tema, y exijan su derecho a recibir la atención que requieran.