Por Manuel Alejandro Rodríguez Rondón
El reconocimiento de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans se ha abierto un importante lugar en el ámbito jurídico de los países latinoamericanos, así como en el debate público sobre ciudadanía. Estos avances no han corrido a la par en todos los países de la región. Pese a que algunos parecen más refractarios que otros frente al tema, sería difícil afirmar que no han sido tocados de alguna manera por estos cambios. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto la igualdad jurídica tiene su correlato en una mejor situación en materia de derechos y violencias cotidianas; o si estos logros han tenido el mismo impacto en los grupos reunidos por el acrónimo LGBT. Una mirada a la situación de las personas trans parece indicar en ambos casos que no es así. Aunque establecer una jerarquía de grados de victimización entre una población y otra no hace sino ofuscar la complejidad de cada situación, nutre muy poco el debate y entraña el riesgo de banalizar las formas de violencia que afectan a los ‘más’ victimizados; es claro que la situación de las personas trans en materia de justicia es la más delicada y que uno de los agentes que más vulnera sus derechos es el mismo Estado que en principio les daría reconocimiento.
La investigación Política, derechos, violencia y homosexualidad, realizada por el CLAM en colaboración con activistas e instituciones académicas de la región, muestra que en ciudades como Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Córdoba, Río de Janeiro, Santiago de Chile, São Paulo y Recife, la población trans es la más expuesta a diversas formas de discriminación y violencia, perpetrada en buena medida por la policía y otros órganos de seguridad del Estado. La encuesta de Bogotá (2007) señala que el maltrato recibido por los entrevistados LGBT al buscar auxilio policial está entre las situaciones de discriminación más mencionadas (43,8% de las personas entrevistadas reportaron haberla padecido). En el caso de las personas trans este porcentaje casi duplica el promedio (78,7%). El informe correspondiente a Ciudad de México (2008), que refiere a la policía (23%) y a la policía judicial (19,2%) como los agentes más mencionados en materia de discriminación en el espacio público, afirma que "muy por encima de las demás categorías, las personas trans sufren el mayor maltrato y discriminación por parte de fuerzas de seguridad: a manos de policías uniformados (45%), guardias de seguridad (43,7%), policía judicial (36,6%), agentes del ministerio público (28,2%), y militares (21%)". En Córdoba (2010), la investigación mostró que a diferencia de lesbianas, gays y bisexuales, para quienes los niveles de discriminación "descienden en ámbitos donde las interacciones se vuelven menos afectivas y más instrumentales o burocráticas", en el caso de las personas trans sucede lo contrario y que el 61,8% de ellas "reportó haber sufrido maltrato policial o en comisarías". La segunda encuesta de Santiago de Chile (2011) muestra un panorama similar con porcentajes superiores de discriminación contra personas trans por fuerzas de seguridad.
Las agresiones perpetradas por los estados latinoamericanos contra esta población cubren un amplio espectro, que va desde violencias simbólicas (la segregación de determinadas categorías sociales como no merecedoras de reconocimiento en pie de igualdad con el resto) hasta la violencia letal, pasando por burlas, insultos, amenazas, agresiones físicas y sexuales. Si bien el contexto social y político de cada país o región dentro de los mismos y la interacción de otras diferencias como el estatus socioeconómico, la adhesión a conductas convencionales de género, el color de la piel, la edad o el hecho de ser migrante imprimen rasgos distintivos, protegen de o exponen a diferentes tipos de agresiones, en general se observan la recurrencia de detenciones arbitrarias, dilación o negación del acceso a la justicia, así como la revictimización de quienes acuden a instancias policiales o judiciales en busca de protección de sus derechos, extorsión, restricción a la libre movilidad en el espacio público, amenaza y persecución a líderes de organizaciones sociales, ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Lejos de ser conductas aisladas, estas agresiones forman parte de patrones sistemáticos que se imbrican con elementos propios de cada contexto. En varios países, por ejemplo, persisten marcos legales que favorecen la discriminación y la violencia por identidad de género. La violencia es también a menudo amparada por discursos oficiales, muchas veces de funcionarios encargados de velar por los derechos humanos. En contextos de militarización la presencia de actores armados al margen de la ley (guerrillas y paramilitares), carteles de narcotráfico y pandillas amenaza de forma directa la vida de las personas trans, muchas veces con la connivencia de actores institucionales.
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el derecho a la identidad de las personas trans celebrada el 23 de marzo del año pasado en el marco de la sesión 144 del organismo de la OEA, líderes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS) abordaron varios de estos aspectos.
Marcela Romero, coordinadora de la Red, señaló que la expectativa de vida de las personas trans en la región es de 30 a 35 años, debido a la violencia y ausencia de políticas públicas y de inclusión social de esta población. Romero afirmó que en la región “todavía rigen códigos de faltas de dictaduras militares que controlan nuestras vidas, nos persiguen y criminalizan como personas y ciudadanas". La líder argentina abogó por la urgente implementación de legislación que subsane la deuda que las democracias de la región tienen con las personas trans.
Johanna Esmeralda Ramírez, activista guatemalteca, representante de Otrans e integrante de la Coalición Internacional de Activistas en Derechos Humanos, denunció que la desaparición de Catherine Michel Barrios en 2010, que se suma a los más de treinta casos de travestis asesinadas o desaparecidas en dos años en ese país, sigue sin ser esclarecida por la Justicia. Ramírez denunció cómo ella misma fue víctima de persecución policial en Quetzaltenango y luego conducida a una cárcel de máxima seguridad para varones, donde estuvo expuesta a agresiones sexuales, sin que hubiese un motivo claro para su detención.
Andrés Rivera, activista chileno representante de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad (OTD), denunció que luego del terremoto de Chile en 2010, organismos de atención de desastres se negaron a atender a personas trans del ‘barrio rojo’ de la ciudad de Concepción. Ante el reclamo para que lo hicieran, uno de los rescatistas argumentó que "primero atendían a las personas". Rivera también denunció vejaciones a las que son expuestas las personas trans en los procesos de transexualización, así como la arbitrariedad de decisiones judiciales que niegan dichos procesos, como el caso de un juez que rechazó la solicitud de un hombre trans para cambio de sexo porque "el Diccionario de la Real Academia Española define "hombre" como aquel con la capacidad de fecundar", y el solicitante "era una persona estéril".
En Honduras, el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya en 2009 tuvo graves repercusiones en la situación de derechos de la población LGBT. De acuerdo con un informe de la Fundación LGTB Arco Iris y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH, en los primeros seis meses la tasa de asesinatos de personas LGBT llegó a ser 5 veces mayor que en los años anteriores (el informe analizó los crímenes de odio entre 2005 y 2009). Esto en un contexto de aumento general de la delincuencia y la impunidad y de debilitamiento del sistema judicial, que con el gobierno de facto sufrió una disminución de recursos y personal disponibles para la prevención e investigación de crímenes de odio.
"La parálisis de instituciones de control civil sobre los militares y los policías, como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, y la Fiscalía Especial de los Derechos Humanos, y la creciente militarización de la sociedad, sobre todo en la forma de los toques de queda, ha ofrecido nuevas oportunidades a los agentes del Estado de cometer crímenes de odio. Al momento de terminar la elaboración de esta investigación, comenzaron a aparecer evidencias de asesinatos políticos de líderes de la comunidad LGBT", señala el informe.
Transcurridas 48 horas del toque de queda posterior al golpe de Estado, fueron asesinadas dos personas LGBT en la ciudad de San Pedro Sula. Una de ellas era una mujer trans, que fue acribillada en la calle desde un carro sin placas. Si bien la violencia policial ya había sido denunciada con anterioridad, durante esta coyuntura aumentó el acoso y las detenciones ilegales, muchas veces acompañadas por golpes y otras agresiones. Las personas trans en ejercicio de prostitución, afirma el informe, fueron las más expuestas a estas situaciones debido a su exposición en las calles, que eran patrulladas por una Policía desentendida del cumplimiento de garantías constitucionales. El documento registra, por ejemplo, la existencia de celdas clandestinas en San Pedro de Sula, custodiadas durante la visita de los autores del informe por una policía que reconoció encerrar travestis y golpearlas cada noche.
Pese a que organizaciones LGBT de los países de la región han denunciado desde hace varios años estas situaciones a través de informes periódicos y a que organismos internacionales como la CIDH han instado a los Estados a cumplir de manera urgente su deber de investigar los crímenes contra esta población e implementar medidas de prevención, persiste la impunidad frente a las denuncias y no existen sistemas de información que permitan el registro y seguimiento adecuado de los mismos. En este complejo panorama destacan la policía y los organismos de seguridad del Estado como los agentes que perpetran las formas de violencia más letales contra la población trans. Colombia no es la excepción.
Omisión policial
El más reciente informe de Colombia Diversa sobre derechos humanos de personas LGBT señala que entre 2010 y 2011 fueron denunciados 63 casos de abuso policial contra esta población, la mayoría contra personas trans. A la fecha de publicación del informe (2013) sólo habían sido investigados 30% de los casos. Entre las conductas más frecuentes de abuso policial, el informe destaca las agresiones físicas y verbales. Un hecho ocurrido en 2011 quedó registrado por las cámaras de un programa de televisión. En el video se ve a un grupo de policías llegar a un sector de Bogotá en el que se ejerce la prostitución aparentemente con el fin de detener o expulsar del espacio público a un grupo de personas trans. Una de ellas discute con uno de los agentes, quien toma su arma de dotación y dispara en repetidas oportunidades contra el piso y alcanza a herirla en una pierna.
El informe también identifica cambios en las formas de abuso policial contra personas trans durante los últimos años. Señala que en comparación con los informes de años anteriores, se observa una disminución significativa de las detenciones arbitrarias en el período 2010-2011, en el que no se reportó ninguna denuncia al respecto. Pero eso no es todo.
Diana Navarro, activista trans y líder de personas en ejercicio de prostitución, señala que en el contexto bogotano si el cambio por un lado consiste en una disminución de las agresiones directas, por otro se constata un aumento de la omisión del deber de proteger a esta población. "Ahora el policía muy rara vez te golpea, te maltrata o te retiene transitoriamente. Sin embargo, hace caso omiso de todo tipo de denuncias. Cuando se denuncia alguna agresión contra personas trans la respuesta es –¡ah, son maricas, pues que las maten!" Si acuden en busca de ayuda, por ejemplo, porque alguien las va a apuñalar, los policías dicen: "eso le pasa por marica". Y se van. No intervienen. Omiten su deber de garantizar nuestros derechos", explica.
Estos cambios pueden responder a una mayor visibilidad de las formas de violencia más conspicuas, debido al aumento de las denuncias por parte de las víctimas. Frente a ello algunos policías han optado por modalidades de agresión difíciles de probar.
En los últimos años la Policía Nacional ha reconocido violaciones de derechos por parte de agentes de la institución y ha expedido directivas institucionales (directiva transitoria 058 de 2009 y directiva policial 006 de 2010) para la formulación de planes de trabajo con la población LGBT. También ha llevado a cabo procesos de formación en derechos humanos y diversidad sexual y de género. Hace algunos años implementó la figura de "oficial de enlace" entre la institución y la población LGBT, con el fin de que las personas cuyos derechos sean vulnerados por un policía puedan recurrir ante la institución para que investigue el caso sin dilaciones. No obstante, afirma Navarro, directora de la Corporación Opción, "eso también se ha quedado en el papel".
Para la activista, la creciente omisión en los deberes policiales también es una respuesta frente al aumento del reconocimiento, por parte de las personas trans, de sus propios derechos. "Yo creo que esto se debe a procesos de empoderamiento y al desarrollo de conocimiento sobre herramientas de exigibilidad de derechos. Al policía que está inmerso en un proceso disciplinario se le daña la hoja de vida, la posibilidad de ascenso, de mejorar su situación, entonces se cuida un poco", afirma. Sin embargo, aclara, la omisión policial ha propiciado el aumento de agresiones por parte de otros agentes: "ahora que omiten es peor. Porque cuando los policías nos atacaban directamente, eran ellos los principales agresores, ahora que omiten su deber cualquier actor se siente en la plena capacidad de agredirnos, porque eso no va a tener ninguna consecuencia".
Situaciones similares han sido documentadas por organizaciones LGBT en distintas ciudades del país. En Cali y Cúcuta, afirma Colombia Diversa, "los agentes de la Policía se abstienen de actuar cuando la población transgeneristas, en ejercicio de la prostitución, es víctima de ataques violentos. Los victimarios son grupos de hombres no identificados, y en algunos casos –como se reportó en Cúcuta, grupos de "limpieza social"".
En Colombia, donde la vida de las personas LGBT es amenazada por grupos guerrilleros y paramilitares, la omisión del Estado en la protección contra estas violencias puede tener consecuencias letales. Navarro señala cuán crítica es la situación de las personas trans en el contexto del conflicto armado. Recién en 2011 fue posible incluir la mención de la orientación sexual e identidad de género en los registros de la Unidad de Protección a Víctimas del Conflicto Armado a partir de que un grupo armado ilegal entrara a un resguardo indígena y pidiera que expulsaran a una mujer trans emberá de su comunidad. “La persona expulsada se comunicó con nosotras", comenta Navarro.
Pese a que el consejo indígena del resguardo donde ocurrieron los hechos proporcionó el elemento probatorio para que las autoridades iniciaran la investigación y protegieran a la indígena, la reacción del Estado apenas se hizo notar. De ahí que sea muchas veces la acción conjunta de organizaciones locales e internacionales la que garantice la seguridad de esta población.
"Entonces empezamos el avance", continúa Navarro, "pero es perversa la manera en que se brindan las condiciones para que ella restaure sus derechos. Tiene que pasar por una cantidad de trámites burocráticos. Astraea y el Comité de Ayuda Urgente para Latinoamérica fueron quienes nos ayudaron a resolver la situación coyuntural para poder sacarla [a la persona trans en riesgo] de la región. Para poder brindarle unas condiciones mínimas para que viviera en Quibdó mientras se solucionaban sus cosas… Entonces, la cosa sigue siendo difícil. No nos reconocen en nuestra interseccionalidad y el Estado no aborda de manera integral nuestras problemáticas".
En el ámbito nacional las nuevas modalidades de abuso policial se reflejan en un descenso de las detenciones arbitrarias y un aumento de agresiones físicas y verbales, como ataques con gases lacrimógenos e insultos, que son difíciles de documentar debido a que los agentes de policía ocultan sus placas para no ser identificados. Como señala Colombia Diversa, resulta preocupante que estos hechos tengan lugar en ciudades que cuentan con políticas públicas dirigidas a la población LGBT, como Cali, Medellín y Bogotá. Los nuevos tipos de agresiones pueden indicar una reacción frente al creciente reconocimiento de los derechos de esta población con el fin de reforzar las jerarquías basadas en orientación sexual e identidad de género, así como un reacomodamiento de las violencias respecto a estos avances.
Segregación espacial y control del espacio público
El abuso policial no se distribuye de forma aleatoria en el espacio. Los casos documentados por Colombia Diversa se concentran principalmente en zonas de las ciudades donde confluyen personas LGBT, como zonas de encuentro o lugares donde personas trans ejercen la prostitución. Sin embargo, esto no se debe solamente al mero hecho de su concentración en determinados lugares. Una mirada detallada revela que las agresiones policiales se corresponde con lógicas territoriales que delimitan zonas legítimas para la presencia de personas trans y que regulan su visibilidad. En varias ciudades del país, la disminución de las detenciones arbitrarias parece haber sido sustituida por la expulsión de las personas trans del espacio público. Esta práctica ya había sido documentada con anterioridad, pero actualmente ha recrudecido.
Según Colombia Diversa, en enero de 2010, 20 policías llegaron de noche a una zona de trabajo sexual en la ciudad de Cali, persiguieron, insultaron y golpearon a personas trans porque, según ellos, "ellas no podían estar ahí". En Barranquilla policías atacaron con gases lacrimógenos a personas trans en ejercicio de la prostitución para desplazarlas del sector y les prohibieron regresar a ese lugar. En Cartagena, una de las ciudades más turísticas de Colombia y con una alta proporción de población afrocolombiana, los ataques involucran además insultos racistas y responden a una lógica de "defensa de la actividad turística", que en opinión de los policías estaría siendo amenazada por la población trans.
Pero la expulsión del espacio público va más allá de las zonas comúnmente reconocidas por la presencia de personas trans y se extiende a lugares como centros comerciales y sistemas de transporte público.
Diana Navarro explica que la práctica de la segregación espacial se ampara en la ambigüedad de normas como el Código de Policía, que prohíben el "exhibicionismo" y que habilitan la intervención policial cuando una persona se encuentra en "estado de exaltación" o en "estado de indefensión". Sin embargo, las normas no son claras respecto a la forma como deben ser aplicadas, por lo que su interpretación queda en manos de cada agente de policía.
"No hay un desarrollo conceptual y práctico de esos estados. Los policías se inventan muchas cosas para realizar la detención, a pesar de que las personas trans tengan sus documentos. Por ejemplo, el año pasado una mujer trans, diseñadora de modas que tenía su propio negocio en Cali, vino a Bogotá e ingresó al centro comercial Unicentro. Hasta allá se metió la policía a ver qué estaba haciendo. Y fue retenida. Nos tocó llamar a varias partes para que la soltaran".
Además de obstaculizar el derecho a la libre movilización y al uso del espacio público, estas prácticas afectan los modos en que las personas trans se relacionan con el territorio y crean fronteras invisibles y diferenciadas en la ciudad, que pueden ser atravesadas por unas personas pero no por otras. Navarro llama la atención a cómo la Bogotá de las personas trans es mucho más pequeña que la del resto de los ciudadanos y en el caso de las que ejercen la prostitución se circunscribe a la "zona de alto impacto" (espacio reglamentado por la Alcaldía de Bogotá para tal fin). "Nosotras sólo podemos habitar los espacios en los que ejercemos prostitución. Nos desplazamos de aquí hasta la discoteca o al centro comercial, si nos atrevemos a comprar algo que necesitamos, pero nos apropiamos sobre todo del sitio en el que reconocemos que tenemos algún tipo de protección o que, por nuestra presencia continua, se nos respeta hasta cierto punto. Entonces, Bogotá termina siendo una cosa de 4 ó 5 cuadras".
A las restricciones policiales sobre uso del espacio público se suman otros aspectos. Confluye la asociación de determinadas zonas de la ciudad con una mayor visibilidad de personas LGBT. Algunas políticas dirigidas a esta población han tenido el efecto paradójico de reforzar dichas fronteras.
En Bogotá, el primer Centro Comunitario para la población LGBT (2007) se abrió en Chapinero, localidad designada por el entonces Alcalde como polo de desarrollo y territorialización de los derechos de esta población. La razón fue justamente aprovechar la alta presencia de locales LGBT en este sector de la ciudad, así como cierto permiso social para que lo habitantes de la localidad hagan manifiesta su orientación sexual e identidad de género.
No obstante Navarro considera “un error que se lanzara la política pública LGBT y se celebrara todo lo referente a ella en Chapinero", ya que "mucha gente tiene el imaginario de que las personas de los sectores LGBT pueden existir únicamente o en Chapinero o en Mártires. Chapinero porque es la "localidad gay". En Mártires porque queda la zona de tolerancia. Pero como ciudadanas y ciudadanos, tenemos derecho a toda la ciudad en igualdad de condiciones que cualquier otra persona". Para la directora de la Corporación Opción, "esos imaginarios han sido reforzados a partir de iniciativas legislativas”.
A esto se suman acciones abiertamente discriminatorias de gobernantes en su busca por regular el comportamiento de la población en el espacio público. El informe de Colombia Diversa registró declaraciones del Alcalde de Cúcuta en 2012 respecto a un plan para "mejorar" el centro de la ciudad. Ante un medio de comunicación el funcionario aseveró: "No habrá más travestis en el Centro […] Nuestros hijos no tienen por qué presenciar escenas de dos hombres besándose en la calle, vestidos de mujer, robando o vendiendo drogas. Tenemos que tomar medidas. Se empezará a imponer la ley en el Centro, para que la gente entienda que en lugares cerrados del sector está prohibido, y mucho menos en lugares públicos pueden hacer lo que se les da la gana".
Colombia registra algunos avances jurídicos en derechos de personas LGBT, alcanzados principalmente a través de la vía judicial. Fallos de la Corte Constitucional han reconocido los derechos de parejas del mismo sexo en materia de salud, herencia, seguridad social, conformación de unión marital y constitución de familia. El Tribunal también se ha pronunciado sobre la discriminación en los ámbitos laboral y de la salud.
Por su parte, en noviembre de 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley 1482 o "Ley antidiscriminación", que castiga al que "arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual". Sin embargo, como explica Diana Navarro, aún no se ha emitido ningún fallo sobre casos de discriminación contra mujeres trans, pese a que existen varios procesos penales en curso. Estos avances jurídicos se han dado sobre todo en la órbita de la orientación sexual, mientras que el tema de la identidad de género no registra avances significativos. Quizá la única excepción sea la sentencia T-062 de 2011, mediante la cual la Corte Constitucional reconoció el derecho a la identidad de personas trans en centros de reclusión.
Sin embargo, para Navarro el Estado sólo ha respondido al problema de la discriminación y la violencia mediante la producción de normas, sin avanzar en transformaciones culturales profundas. Al estar cimentado en un binarismo de género, el sujeto de estas normas no corresponde –no incluye– a las personas trans. Asimismo, la implementación de herramientas jurídicas para garantizar derechos, como la acción de tutela, siguen dependiendo de la opinión arbitraria de los administradores de justicia en la materia, lo que les resta efectividad, concluye.