Desde hace casi un mes, Bogotá se encuentra literalmente invadida por una campaña publicitaria que ha movilizado la expectativa de la opinión pública. Los carteles muestran imágenes que representan a las personas transgeneristas, gays, lesbianas y bisexuales marcan la fecha en la cual se lanzaron los compromisos de la Alcaldía con los ciudadanos y ciudadanas cuyas sexualidades son diversas y no normativas.
El pasado 28 de junio en bar gay bogotano Theatrón, el Alcalde Luis Eduardo Garzón asumió oficialmente su compromiso con la Alianza por la Ciudadanía LGBT mediante un proyecto de Acuerdo sobre política pública para el sector LGBT. El proyecto, del cual participan numerosos activistas, cuenta con el apoyo de concejales varios partidos políticos y fue coronado por la marcha masiva por la ciudadanía LGBT realizada el domingo 2 de julio, que se tomó el centro de la ciudad.
Una política pública para lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas
El proyecto de acuerdo establece los lineamientos para una política pública que beneficie a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas en Bogotá, entendida como el conjunto de acciones dirigidas a promover de manera efectiva y eficaz el desarrollo integral, la igualdad, la equidad y la no discriminación de estas personas por motivos de su orientación sexual o identidad de género. Se busca también mediante esta política, garantizarles el ejercicio de todos sus derechos.
Las acciones afirmativas representan una estrategia clave en el proceso de superar la exclusión política y cultural –que para determinados segmentos también es económica y social– de esta población en el Distrito Capital. Como se expresa en el texto del acuerdo, recurrir a políticas afirmativas contribuirá a garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las minorías sexuales, especialmente en lo relacionado con los derechos a la vida, la integridad, la identidad, el trabajo, la salud, la educación, la justicia, la seguridad y los servicios que de ellos se derivan.
La propuesta es fundamentada a partir de una serie de iniciativas oficiales de promoción de derechos y de situaciones documentadas de violación de la integridad de las personas LGTB. En primer lugar, cita acuerdos internacionales e informes que recomiendan al país tomar acciones contundentes en relación con los derechos humanos de las minorías sexuales. Segundo, los crímenes de odio sucedidos en el país han generado una preocupación particular del Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En Bogotá se reportan asesinatos selectivos de hombres homosexuales y de travestís trabajadoras sexuales. El Estado no ha tomado medidas suficientes ni investigaciones que caractericen estos hechos como actos relacionados con discriminación y homofobia. A ello se suman los abusos de la fuerza pública, las situaciones de hostigamiento, amenazas y muertes de personas LGBT con relación al conflicto armado, la situación en las cárceles y la desprotección de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, la constitución de familias y la vinculación al sistema de seguridad social.
La situación con respecto a los derechos mencionados es expuesta en el documento oficial como una muestra de discriminación. Se espera que el Estado les de respuesta y que las autoridades locales viabilicen mecanismos para la reducción de las amenazas a la ciudadanía de las personas LGBT. Este último punto también incluye cuestiones relacionadas con la educación y el trabajo, ámbitos en los que se debe trabajar para erradicar la discriminación y la homofobia y que ocupan un lugar importante en los lineamientos del proyecto.
Alianza por el reconocimiento de la ciudadanía plena
La Mesa LGBT de Bogotá reúne a algunas organizaciones del sector que trabajan por la reivindicación de sus derechos hace más de 30 años en el país. En el camino recorrido, dichas organizaciones habían realizado previamente ciertos acercamientos a la Administración Distrital con el objetivo de propiciar un escenario de concertación con a las instancias administrativas encargadas de la formulación y ejecución de políticas públicas. Buscan así incidir y transformar prácticas estatales que generan procesos de discriminación y exclusión. A partir del año 2004 se inició un proceso de construcción colectiva de acciones orientadas al reconocimiento y restablecimiento de los derechos de las personas y organizaciones del sector de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de la ciudad. Su objetivo era lograr una Bogotá más incluyente. En este proceso, se ha constituido una Alianza por el Reconocimiento de la Ciudadanía Plena de las Personas LGBT y con Identidades de Género y Sexualidades No Normativas, en la que participan personas y organizaciones del LGBT, ONG que trabajan el tema de diversidad sexual, académicos y la Administración Distrital.
El objetivo principal de la Alianza consiste en diseñar una agenda de construcción de una política pública distrital dirigida a la población en cuestión. Para tal fin, es necesario transformar representaciones estigmatizantes, visibilizar el modo de vida y la producción artística y académica de las comunidades LGBT bogotanas y formular propuestas que contribuyan en el fortalecimiento de las organizaciones. La alianza vincula al Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la Secretaría de Gobierno del Distrito y a una larga lista de grupos y organizaciones: Adalid, Colombia Diversa, Corporación Triángulo Negro, DeGeneres-e, Fundación Procrear, Grupo de Estudios de Género, Sexualidad y Salud en América Latina (GESSAM), Grupo de Apoyo y Estudio de la Diversidad Sexual de la Universidad Nacional (GAEDS-UN), Iglesia Cristiana La Puerta, Lesbianas de Bogotá, Mamás Lesbianas, Mesa Joven por la Diversidad Sexual, Mesa LGBT de Bogotá, Mujeres al Borde, Planeta Paz, Proyecto Agenda LGBT y Sentimos Diverso, entre otras. Está abierta la vinculación de otras entidades públicas, ONG, grupos y personas que deseen trabajar por los mismos objetivos.
Los compromisos de la Alcaldía Local con las personas LGBT
El Alcalde Luis Eduardo Garzón expuso algunas líneas de trabajo que se unen a la propuesta de la Alianza y las políticas públicas para el sector GLBT. Entre ellas: Incluir de manera destacada el tema LGBT en el proyecto “Bogotá Plural” Propone desarrollar una estrategia de comunicaciones dentro y fuera de la comunidad LGBT, orientada a aumentar la conciencia del ejercicio de la ciudadanía e incentivar a la denuncia en situaciones de violación de derechos. Asimismo, se propone brindar capacitación a los funcionarios de las alcaldías locales, de diferentes secretarías y de la Policía Nacional, con el fin de reducir combatir los estigmas y prepararlos para la ejecución de esta política incluyente.
Protocolo de seguridad
Estrategia integral que tiene por objeto caracterizar la violencia homofóbica y disminuir la impunidad frente a los hechos de discriminación y violación de los derechos de las personas LGBT. Incluye el monitoreo sobre derechos humanos y la capacitación de 390 integrantes de la Policía Metropolitana de las localidades de Chapinero, Santa Fe y Mártires, zonas donde hay concentración de lugares de socialización LGBT o se desarrolla trabajo sexual. De igual forma, el protocolo busca estimular hábitos seguros entre la población LGBT, por ejemplo, el auto cuidado, solidaridad y la moderación en el consumo de licor.
Centro comunitario de atención a personas LGBT
Con el fin de implantar una estrategia de territorialización, la Alcaldía Mayor se propone la creación de un centro de atención en Chapinero, localidad que reúne el mayor número de bares, saunas, videos y lugares de encuentro para personas LGBT de la ciudad y en el que se identifican también organizaciones y segmentos residenciales. Este centro está dirigido para las personas, parejas y familias LGBT; en él se brindará atención y orientación psicológica y jurídica y se desarrollarán actividades culturales y recreativas. Se destinaron 188 millones de pesos para el funcionamiento del centro en el primer año, cuya inauguración se prevé para el mes de septiembre de 2006.
El debate
El evento de presentación de los proyectos contó con la presencia de aproximadamente 500 personas, entre las que se contaron ciudadanos LGBT, miembros del movimiento social, funcionarios públicos, ciudadanos en general y medios de comunicación. Cabe citar algunas de las palabras de los funcionarios públicos que participan del debate. El Concejal del Polo Democrático Carlos Vicente De Roux afirmó: “el tema de los derechos de los LGBT no es un tema de minorías, es un tema de todos los que son sensibles a la necesidad de defender la democracia en el país, porque ésta no se mide por el respaldo de las mayorías, sino por su actitud frente a sus minorías”. Por su parte, el Alcalde Garzón declaró: “no es una dádiva sino un derecho, deben reconocerse como una comunidad que es absolutamente fundamental y que tiene el derecho a no ser estigmatizada, agredida, porque es una de las poblaciones más afectadas, y porque uno tiene derecho a hacer con el cuerpo lo que se le dé la gana”.
Los eventos señalan una coyuntura política y un ambiente de opinión que encuentra eco en ciudades como Cali y Medellín, en las cuales también se logran alianzas importantes con el sector público en referencia al proyecto de ley de derechos patrimoniales para las parejas del mismo sexo que cursa actualmente en el Congreso. A partir de este panorama se ha activado un debate dentro mismo del movimiento social: la pregunta radica en cuáles son las mejores estrategias que aseguren de manera efectiva derechos y ciudadanía, y no sólo efervescencia política. Afuera, algunos colombianos resisten y rechazan esta inversión pública, evocando la existencia de otros sectores desfavorecidos, como niños y ancianos, a quienes esos recursos deberían ser dirigidos. Si bien el argumento se apropia del lenguaje de los derechos, la disputa evidencia la percepción del asunto en los términos de un debate moral acerca del respeto de la diversidad sexual.