Según la Organización Mujer y Sociedad, promotora de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, colaboradora del CLAM en Bogotá, en el país actualmente se dan unos 400.000 abortos al año en forma clandestina. A la par de una de las legislaciones más conservadoras del mundo en la materia, la multitud de ofertas clandestinas para practicar abortos en condiciones insalubres e inhumanas penaliza de hecho a las mujeres más pobres. Los abortos inseguros están entre las primeras causas de morbimortalidad materna, según datos del Ministerio de Protección Social. En el Código Penal Colombiano el aborto es un delito que conlleva condenas de hasta tres años de prisión, sin excepciones como las que existen en otras legislaciones del continente. Según un informe publicado en los Cadernos de Saúde Pública, sólo dos países más en América Latina –Chile y El Salvador– prohíben el aborto en todos los casos. Como señala Ana Cristina González Vélez, autora de ese informe, tal situación pone a las mujeres en Colombia dentro del 0,4% de la población mundial para quienes el aborto está totalmente prohibido.
Si bien la lucha por el derecho al aborto seguro ha sido un tema fundamental en la agenda de organizaciones feministas y de derechos sexuales y reproductivos en Colombia, este año la movilización ha sido reactivada por sido la demanda de inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal Colombiano, que penaliza la interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna excepción. La abogada Mónica Roa, de la organización internacional Women’s Link Worldwide presentó una demanda ante la Corte Constitucional con el fin de despenalizar el aborto en casos extremos. En el recurso se argumenta que Colombia incumple con los compromisos adquiridos a través de la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y del Pacto Internacional de Derechos Civiles. El recurso presentado propone despenalizar el aborto por razones extremas: embarazo por violación, cuando está en peligro la vida de la madre y cuando hay serias malformaciones del feto. Al igual que en otros países, existen en Colombia también propuestas de despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo y medidas de salud pública para garantizar calidad y acceso.
Se han dado también otras circunstancias que dan cuenta de la magnitud de la injusticia sufrida por las mujeres colombianas. En pocos casos recientes el artículo 122 había sido llevado hasta las últimas consecuencias; a menudo “extraordinarias condiciones anormales de motivación” habían operado como atenuante, admitidas por la Corte Constitucional en 2001. Sin embargo este año un recrudecimiento de las condenas por “delito del aborto”, incluso de mujeres que habían sufrido abuso sexual, ha suscitado la protesta de diversas organizaciones feministas y de derechos humanos. En los casos en Pamplona, municipio del Norte de Santander, región limítrofe con Venezuela, aparte de ser condenadas y aún antes del proceso judicial, dos jóvenes fueron expulsadas de la Universidad de Pamplona, donde estudiaban. Entre las acciones de solidaridad con estas mujeres se destaca un acción nacional convocada por las organizaciones vinculadas a la Convención por los Derechos Sexuales y Reproductivos entre las que se encuentran la Corporación Casa de la Mujer, Católicas por el Derecho a Decidir, Sisma Mujer y Mujeres Libres, entre otras organizaciones de mujeres. Una carta de protesta firmada por profesoras de las universidades públicas fue rechazada por uno de los periódicos de mayor difusión nacional.
El recurso que aguarda respuesta de la Corte Constitucional se agrega a los numerosos proyectos del ley y demandas de inconstitucionalidad presentados a lo largo de las últimas dos décadas. Mientras tanto, continúan haciéndose visibles perspectivas que niegan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Amparados en prédicas acerca de la familia, la vida, el orden social y en la negación del Estado laico, clérigos, médicos y juristas unidos por idearios fundamentalistas organizan las campañas que Mara Viveros, colaboradora del CLAM de la Universidad Nacional de Colombia, ha dado en llamar “cruzadas de la ciencia”. Producen datos que se animan a contradecir la evidencia epidemiológica e inclusive, con ropaje antiimperialista, denuncian la agenda de derechos de la mujer como “influencias extranjeras que nos imponen sus modelos morales y sus estilos de vida”.
Como concluye Ana Cristina González en su informe, la insistencia en mantener la ilegalidad del aborto es un recurso de la doble moral. Este permite la convivencia de las prácticas clandestinas con posiciones públicas que estimulan el pánico moral y evitan el debate público. De otro lado, la penalización, lejos de ser un instrumento de control, es un fuerte dispositivo de inequidad, que castiga doblemente a mujeres pobres y jóvenes, cuya salud es puesta en peligro a la vez que se las priva de su libertad.
Detalle de la fotoTarjeta postal de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, con La Gorda, conocida escultura de Fernando Botero expuesta en el Parque de Berrío, en Medellín, “vestida” con camiseta alusiva a la campaña.