El inicio del nuevo año marcó también el comienzo de una nueva gestión para los gobiernos regionales y locales en el Perú, que hasta 2014 tendrán que enfrentar una serie de retos para responder a la expectativa ciudadana de desarrollo con efectiva igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Con un crecimiento económico no menor al 7% en promedio durante el último quinquenio, el Perú no logra resolver problemas como la pobreza y la desigualdad, que afectan particularmente a la población rural andina y amazónica, especialmente a las mujeres.
En opinión de Esperanza Castro, especialista en temas de género y desarrollo del Centro IDEAS, organización peruana que trabaja temas de desarrollo humano sostenible, exclusión y pobreza, los gobiernos locales y regionales tienen un rol clave en la tarea de erradicar las brechas que afectan el ejercicio de derechos de las mujeres y de otros sectores de la población tradicionalmente excluidos.
Castro considera que en este nuevo periodo de gestión los gobiernos subnacionales deben priorizar las acciones del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y el Plan Nacional contra la Violencia Hacia la Mujer en sus respectivas jurisdicciones. “Esto implica concertar con diferentes sectores de la comunidad, establecer sinergias para generar respuestas de impacto más significativo y asignarles el presupuesto correspondiente. De otra manera, las leyes solamente serán un papel impreso que no tendrán impacto positivo en la vida de las personas” , afirma.
Prevención de la violencia: primer punto de la agenda
La especialista manifiesta que la lucha contra la violencia contra la mujer es una tarea de primer orden para los gobiernos locales, que tienen la responsabilidad de implementar medidas de prevención y promover acciones de información y sensibilización que apunten a cambios culturales sobre el rol de las mujeres en la sociedad.
Para tal fin, afirma, es necesario fomentar nuevas formas de relación entre los géneros, en donde las mujeres sean consideradas iguales en derechos a los hombres. “Esta es la base de la prevención de la violencia y en ello las municipalidades pueden contribuir de manera eficaz, liderando espacios articulados como mesas temáticas o redes con la sociedad civil” , agrega.
Según datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2009, aproximadamente el 40% de las mujeres peruanas que han tenido alguna relación ha sufrido violencia por parte de sus parejas. De otro lado, el Observatorio de Criminalística del Ministerio Público reportó que, en 2009, 135 mujeres fueron asesinadas por sus parejas y casi un tercio de ellas acudió a las instituciones encargadas de administrar justicia sin que estas hayan adoptado con la debida diligencia las medidas necesarias para proteger sus vidas.
Como otra prioridad de la agenda de los gobiernos subnacionales, la educadora destaca la prevención del embarazo precoz a través de acciones de sensibilización e información dirigidas a adolescentes de ambos sexos y medidas específicas para el empoderamiento de las mujeres desde temprana edad.
En el Perú, el 13% de las adolescentes ya son madres o se encuentran gestando por primera vez. Este promedio nacional se incrementa hasta casi el 30% en las zonas rurales andinas y amazónicas con mayor concentración de pobreza y menor acceso a la educación.
Asimismo, resalta la importancia de que los gobiernos regionales y locales enfrenten los problemas más sentidos de la juventud, que constituye casi el 40% de la población nacional y es uno de los sectores más desatendidos por parte del Estado.
En materia de educación, Castro considera de capital importancia implementar medidas que aseguren una educación laica libre de prejuicios de género y discriminación, que incluyan información sobre sexualidad y cuidado de la salud sexual y reproductiva.
A esto se suma la urgencia de brindar a las y los jóvenes acceso a formación técnica o profesional acorde con las necesidades de desarrollo de su entorno para favorecer su adecuada inserción laboral. El papel de las autoridades locales y regionales al respecto es clave, pues deben generar oportunidades específicas de capacitación para el trabajo dirigidas a las madres adolescentes y mujeres adultas jefas de hogar, además de otorgarles facilidades para el cuidado de sus hijas e hijos en guarderías y centros especializados.
“Las municipalidades también pueden coordinar el desarrollo de programas de formación de los adolescentes en nuevas formas de ejercer su masculinidad y fomentar la responsabilidad familiar compartida entre los jóvenes y adultos con carga familiar, porque de esa manera también aportan al fortalecimiento de la inserción de las mujeres en el campo laboral y generan una base sostenible para una convivencia en igualdad de condiciones” , afirma.
Ciudadanía activa para las mujeres
El Perú se divide en 24 regiones, 195 provincias y 1.831 distritos. En el marco del proceso de descentralización en curso, los gobiernos regionales y locales están asumiendo progresivamente una serie de responsabilidades derivadas de la ejecución de políticas y planes nacionales, y cuentan con fondos asignados por el tesoro público, además de otros generados por la gestión de sus recursos naturales y otras actividades económicas.
En ese contexto, la priorización de la agenda de las mujeres en esta nueva etapa de los gobiernos subnacionales representa una nueva oportunidad para superar las brechas de inequidad que obstaculizan la ciudadanía plena de las peruanas.
Una condición necesaria para alcanzar la igualdad de oportunidades y la garantía de derechos es la participación de las mujeres en la gestión municipal. Esperanza Castro señala que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga a los gobiernos locales instrumentos que deben ser utilizados para empoderar a las mujeres y afirmar su presencia efectiva en el espacio público de sus comunidades.
Al respecto afirma que “las mujeres no deben ser consideradas únicamente como parte del problema, sino como ciudadanas activas, capaces de proponer políticas locales y acciones concretas para mejorar sus condiciones de vida. Por ello, es fundamental que las autoridades locales promuevan la participación de las mujeres en los espacios de consulta y toma de decisiones, como los procesos de formulación y actualización de los planes de desarrollo concertados y la discusión anual del presupuesto participativo, donde se decide el destino de la inversión municipal”.