Apesar dos avanços no que diz respeito à legislação do aborto na América Latina, os desafios a serem enfrentados ainda são muitos. Uma das conquistas mais recentes na região foi a decisão da corte constitucional colombiana em tornar legal a interrupção da gravidez em casos de má-formação fetal, estupro ou risco de vida para a mãe. No país, o aborto era proibido sob qualquer circunstância, situação esta que ainda prevalece no Chile, onde os avanços são quase inexistentes, mesmo depois da eleição de Michelle Bachelet para presidente. Por lá, as estratégias em curso direcionam-se no sentido de romper a barreira da auto-censura para poder, então, gerar o debate.
No Brasil, segundo feministas, o grande desafio no momento tem sido manter a chama acesa, já que o debate se encontra “suspenso” por conta das eleições, que têm enfatizado muito mais temas relativos à economia e à segurança pública. Na Argentina, onde está em curso a Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito, os esforços estão concentrados em ampliar os permissivos legais – a legislação argentina só permite a prática em caso de risco de vida ou de saúde para a mulher ou quando a gravidez resulta do estupro de uma mulher portadora de demência. Entretanto, as duas exceções raramente se cumprem: em quase todos os casos os médicos se negam a realizar o aborto devido às suas próprias crenças religiosas (Fonte: website da Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto Legal, Seguro e Gratuito – www.derechoalaborto.org.ar).
Nesta entrevista, feministas e representantes de diversas organizações da sociedade civil analisam o atual cenário político da região, falam dos avanços alcançados, dos desafios a serem enfrentados e das ações que estão em curso no Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Foram ouvidas:
Gilberta Soares, socióloga, fundadora da organização Cunhã Coletivo Feminista, secretária executiva da Jornadas pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro e representante do Ponto Focal Brasileiro da Campanha 28 de setembro pela descriminalização do aborto na América Latina e Caribe.
Marta Alanis integra a organização Católicas pelo Direito de Decidir (CDD) e a Campanha Nacional pela Descriminalização do Aborto na Argentina.
Rosa Espínola, coordenadora do Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos de la Región Metropolitana, entidade que, junto a outras organizações civís de mulheres, participa da Campanha Internacional pela Descriminalização do Aborto.
Sandra Mazo pertence à organização latino-americana Católicas pelo Direito de Decidir (CDD), grupo que coordena as atividades da “Campanha 28 de setembro” deste ano na Colômbia.
(As respostas foram mantidas no idioma original de cada entrevistada)
Que avanços recentes a sras. destacariam como mais significativos em relação ao debate do aborto em seus respectivos países?
Gilberta Soares – Se considerarmos a década de 90 para cá, podemos destacar a mudança da opinião pública brasileira em relação aos casos de abortamento que são previstos em lei, gravidez resultante de estupro e os casos de risco de vida da mulher, assim como nos casos de gravidez de fetos anencéfalos. As pesquisas de opinião apontam que mais de 70% de entrevistados são favoráveis ao aborto nestes casos, o que não ocorria antes.
Mais recentemente, houve uma ampliação do debate público sobre o aborto, com a iniciativa do governo federal de instalar a Comissão Tripartite para revisar a legislação punitiva brasileira sobre aborto. O fato do debate ter sido pautado a partir de uma iniciativa governamental, sem dúvida, representou um diferencial. Também vale destacar a adesão de outros setores para além do movimento feminista brasileiro, como profissionais de saúde, em particular, médicos, juristas,, jornalistas e articulistas da mídia nacional que se posicionaram favoravelmente à legalização do aborto e contra a hipocrisia moralista dos discursos quando se trata de discutir o abortamento.
Marta Alanis – En el presente año hemos tenido situaciones muy delicadas y dolorosas como los casos de las chicas discapacitadas violadas en La Plata y en Mendoza que tomaron estado público. Finalmente la Corte Bonaerense volvió a sentar precedentes, aprobando la práctica del aborto, mientras los médicos que debían atender a la joven dieron un paso atrás y no lo garantizaron. Este hecho muestra la falta de respuesta del Estado, especialmente del hospital público para garantizar un derecho. El caso no tendría que haberse judicializado, pero cuando la justicia responde favorablemente se pone en evidencia la falta de voluntad médica para realizar la práctica concreta (bajo gran presión de sectores católicos fundamentalistas).
Sin embargo tanto la Corte Bonaerense como el Ministro de Salud de la Nación dejaron en claro que el aborto debería ser garantizado en todos los casos de violación y quedó en evidencia que se puede interpretar la letra del Código Penal asistiendo a todas las mujeres, más allá de sus capacidades, cuando el embarazo es consecuencia de una violación.
En medio de estas dos noticias que ocuparon la atención de la prensa nacional y la preocupación de la población en general, la Campaña Nacional por el Derecho al aborto logró la realización de un seminario internacional en el Congreso de la Nación sobre Aborto, Derechos, Subjetividad y Poder donde la sociedad civil, junto a funcionarias y legisladoras/es realizaron un debate profundo como antesala del debate del proyecto concreto que tendrá que ser debatido en el Congreso si se quieren generar cambios importantes en la legislación actual.
Rosa Espínola – En relación con el aborto, los avances en Chile son casi inexistentes. Por más que hacemos los esfuerzos por instalar el tema, al momento de llegar a algún acuerdo con la Ministra del SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer) inmediatamente se nos dice `el aborto no va´. El Gobierno y sus autoridades tienen instrucciones precisas de no hablar sobre esta materia. Sin embargo, creemos que sí estamos avanzando en la medida en que se hacen más visibles otros temas, como ha sido el caso de la nueva normativa de regulación de la fertilidad, la esterilización quirúrgica, la educación en sexualidad y otros intentos en materia de derechos sexuales y reproductivos. Pero en relación al aborto, el tema aún está vedado en nuestro país.
Sandra Mazo – Uno de los avances fundamentales es la despenalización en tres casos: cuando la vida y la salud de la mujer está en riesgo, por violación y por malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. Creemos que esto ha sido un gran logro en la historia de las luchas de las mujeres en Colombia. La sentencia de la Corte salió el 5 de septiembre y es bastante voluminosa, son más de 550 páginas. Depurar todos esos conceptos jurídicos no es tarea fácil. Todas las instituciones del Estado relacionadas con el tema están trabajando en la sentencia. Desde el Ministerio de Protección Social supimos que ellos están analizando la sentencia para ver si es necesario o no una reglamentación.
El otro avance es el posicionamiento del tema en la opinión pública. La sociedad colombiana en general se dio cuenta de que el tema del aborto es un asunto de salud pública; que muchas mujeres en este país lo están practicando de una manera insegura y con personal no calificado. Es de conocimiento público que de 350.000 mujeres que se están practicando abortos en el año (que pueden ser más, porque hay un gran subregistro), casi entre 85 y 90 mujeres se están muriendo. Claro que para algunas personas, esta cifra es poco significativa. Pero para nosotras, las que defendemos la vida y los derechos humanos, y en especial los de las mujeres, nos parece exorbitante y una vergüenza, sobretodo cuando es evitable.
El aborto es un procedimiento donde las mujeres no deberían morir, obviamente esto implica que sea practicado en condiciones seguras. Nos parece que el análisis va en esa dirección. La sociedad ha empezado a entender que este es un tema de salud pública, es un tema de derechos humanos, es un tema de equidad de género. También es un tema de equidad social, ya que las mujeres que mueren por causa de estos abortos inseguros son pobres. Entonces, afortunadamente esta es la reflexión que se viene generalizando lo que ayuda a sacar el tema de ese terreno moral y fundamentalista. De todas maneras, sabemos que estas fuerzas fundamentalistas siguen interviniendo de manera muy arbitraria y amenazante, pero la gente se está dando cuenta de que esto no es un problema de fe ni de moral, sino un problema que hay que solucionar.
Quais os maiores desafios futuros a serem enfrentados?
Gilberta Soares – Para o movimento feminista brasileiro, o maior desafio é manter a chama acesa no sentido de promover e alimentar o debate em espaços diversos e com públicos diferenciados, com vistas a ganhar aliados para a defesa da descriminalização do aborto. Este é um grande desafio, quando consideramos a dimensão geográfica e populacional de nosso país. É importante qualificar a discussão através de debates que priorizem a reflexão critica e levantem argumentos consistentes. Em vários debates com mulheres e jovens, existe a demanda pela apropriação de argumentos consistentes que os habilite a multiplicar os debates em suas comunidades e grupos que acompanham. É fundamental que muitos outros sujeitos políticos se coloquem favoravelmente sobre a descriminalização do aborto no debate publico.
Marta Alanis – Lograr el consenso de un proyecto de ley como Campaña Nacional por el Derecho al aborto que despenalice y legalice el aborto de la manera más amplia posible, atendiendo el hecho de que 800.000 mujeres por año recurren al aborto clandestino. Es necesario tener en cuenta que las mujeres pobres que no tienen recursos para pagar una práctica médica privada exponen su vida con prácticas inseguras.
Es imperioso trabajar en pos de cambios culturales para que la sociedad comprenda que el acceso al aborto es un derecho humano de las mujeres en el momento en que ellas lo decidan. Este cambio tiene que abarcar a los médicos y funcionarios de la salud. Es urgente que la formación profesional de este sector clave incluya los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género. Pero no se trata sólo de sensibilizar al sector de la salud sino que el desafío debe ser también el de incluir en las universidades y especialmente en la facultades de ciencias médicas, una visión menos sesgada de la sexualidad y los derechos humanos de las mujeres.
Rosa Espínola – El desafío es abordar estos temas de manera global e intersectorial para que puedan ser tratados multidisciplinariamente, promoviendo mecanismos de participación distintos a los establecidos hasta ahora.
Hay algunas incursiones hechas desde distintos frentes (educación, salud, conversaciones con el SERNAM), pero todavía no existe coordinación. Aún falta un trabajo intersectorial y participativo que considere, escuche y reconozca lo que están haciendo los organismos no gubernamentales. Por otro lado, hay que promover un cambio cultural. En su momento, la dictadura invisibilizó el aborto y lo criminalizó. Hoy, la acometida de sectores conservadores, como lo es la iglesia y la derecha de este país, satanizaron el aborto. Entonces, nadie quiere hablar del tema, nadie quiere complicarse, pues las personas que se han atrevido a sacar la voz y entregar una postura clara, han pagado altos costos. Ni los parlamentarios, ni los políticos, ni la gente de organizaciones sociales quieren sumarse. El aborto se ha convertido en un tema cultural casi tabú; hablar de aborto en este momento es un crimen, una aberración, una complicación que implica pagar costos políticos que nadie está dispuesto a asumir.
Sandra Mazo – Nos queda un reto muy grande y es cómo hacer que de verdad haya acceso legal a los servicios de aborto en estos tres casos y que las instituciones de salud presten ese servicio con calidad y en condiciones dignas. Esta es la pelea actual, lograr que las instituciones reconozcan la sentencia de la Corte, asuman que el aborto está despenalizado en estos tres casos y que traten a las mujeres que acuden a este servicio de manera humana.
Ahora las clínicas se están declarando objetoras de conciencia, y eso no puede ser así. La objeción de conciencia no es para una persona jurídica sino para una persona natural. El individuo es quien puede declararse objetor de conciencia no una organización, no una clínica, no un hospital. Y vemos que eso es lo que ocurre ahora en Colombia, cuestión que amenaza la efectividad del fallo. Las clínicas se declaran objetoras de conciencia por razones religiosas. Es importante tener en cuenta que esas razones religiosas, deben ser fundamentadas por los médicos quienes deben buscar otro médico que le haga el procedimiento a la mujer.
Que estratégias de ação estão em curso no campo político por parte do movimento feminista?
Gilberta Soares – No Brasil, este ano a idéia foi promover a mobilização social através do debate com segmentos variados do próprio movimento de mulheres, de demais movimentos sociais e outros segmentos sociais. Para isto, estão sendo realizadas oficinas, seminários, lançamentos de livros. Destaque para o livro Em defesa da vida: aborto e direitos humanos, organizado por Católicas pelo Direito de Decidir, que traz artigos de autoridades de várias áreas.
Outro aspecto importante é agregar setores que estão sendo atingidos pelo avanço dos fundamentalismos religiosos para discutir e reafirmar a laicidade do Estado. Um aspecto importante é disseminar o que significa Estado laico, conceito inatingível para grande parte da população.
Marta Alanis – En este momento la Campaña Nacional está próxima a celebrar el 28 de septiembre Día por la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe con acciones públicas en todas las ciudades del país. También se está preparando una acción importante de campaña en el Encuentro Nacional de Mujeres a realizarse en Jujuy en el mes de octubre 2006. Estas acciones se enmarcan en la estrategia de visibilización de un derecho que está siendo negado en nuestro país a pesar de los precedentes legales y de los tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino.
Por otro lado haremos un petitorio al Presidente de la Nación para que derogue el decreto del Día del Niño por Nacer, impuesto por el ex-presidente Menem en medio de una maniobra política para congraciarse con la jerarquía Católica. El actual Gobierno que reitera cada día el valor de los derechos humanos no puede sostener este decreto que atenta contra los derechos humanos de las mujeres y contra el Estado Laico. La presencia en los medios, la movilización, la formación y la ampliación del arco de alianzas son las estrategias más importantes para lograr un cambio en la legislación para que todas las mujeres tengan educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar ya aborto legal para no morir.
Rosa Espínola – Creemos que es fundamental la visibilización del aborto, para lo cual hacemos esfuerzos importantes por romper la barrera de autocensura. Nos arriesgamos a instalar el tema y enfrentar la crítica; generar debate es básico. También hay que mejorar los mecanismos de participación, fundamentalmente de las mujeres y sus organizaciones. Todavía somos consideradas como objeto de políticas públicas, pero no como sujeto de ellas.
Otra estrategia en curso es generar alianzas con los medios de comunicación y profesionales de la prensa para que este tema salga de la crónica roja y del sensacionalismo. En necesario avanzar con ellos en la sensibilización de la ciudadanía, pues de ese modo se modifican las posturas de las personas. A corto plazo, lo que deseamos es reponer el aborto terapéutico y eliminar la obligación que tienen los médicos de denunciar a las mujeres que llegan solicitando asistencia médica a los servicios de salud pública tras haberse realizado un aborto.
En un plazo más largo, deseamos que en este país se legalice el aborto y se ofrezcan buenos servicios para su práctica. Sin duda, todo esto tiene que combinarse con el compromiso gubernamental para avanzar en un proyecto de ley macro sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
Sandra Mazo – En primer lugar está la estrategia de la reglamentación. Los grupos de mujeres y las que estamos defendiendo la despenalización del aborto, consideramos que es necesaria la reglamentación, porque la sentencia es muy jurídica. Esta trata simplemente lo que esta en concordancia directa con la penalización, con las restricciones con lo formal, pero existe una tarea fundamental que involucra al Ministerio de Protección Social con relación a las instituciones de salud y el entrenamiento del personal médico. Sabemos, por ejemplo, que los médicos en general no saben practicar un procedimiento de aborto, ya que eso no se enseña en las Facultades de medicina. Entonces, sin reglamentación no hay directriz para que estas Facultades les enseñen a sus médicos a practicar un procedimiento de aborto.
También realizamos una campaña de formación. Estamos tratando de acercarnos a las poblaciones más vulnerables para socializar la sentencia, para que se den cuenta cuales son estos derechos. Hemos diseñando una cartilla que reduzca la sentencia de 500 hojas a dos y que la gente sepa cuáles son los términos de lo que se logró. Esta cartilla contiene información básica de cómo acceder a los beneficios y a donde acudir para ello. Por ejemplo, muchas mujeres no saben que para aducir peligro de la vida y la salud y malformación del feto solamente se necesita el certificado de un médico. No precisan doble opinión, ni más requisitos. Cuando es por violación, solamente se necesita la denuncia. Son asuntos que están planteados de forma sencilla en la sentencia. Sería bueno que la gente conociera cuales son sus derechos y como puede acceder a ellos.
Esta cartilla contiene información básica de cómo acceder a los beneficios y a donde acudir para ello. Por ejemplo, muchas mujeres no saben que para aducir peligro de la vida y la salud y malformación del feto solamente se necesita el certificado de un médico. No precisan doble opinión, ni más requisitos. Cuando es por violación, solamente se necesita la denuncia. Son asuntos que están planteados de forma sencilla en la sentencia. Sería bueno que la gente conociera cuales son sus derechos y como puede acceder a ellos.
Una cuestión que quedó pendiente frente a la sentencia se relaciona con los métodos para practicar el procedimiento. Sabemos que ya es más fácil, que implica menos dolor físico para las mujeres y menos riesgo, pero hay que estandarizar los procedimientos. Entonces el Ministerio debe introducir esos temas. Incluso en los mismos límites de tiempo para practicarse un aborto, sabemos que la OMS ha planteado que hasta las doce semanas de gestación el aborto es menos riesgoso, pero cuando está en riesgo la vida y la salud de las mujeres y cuando es por malformación el aborto se puede practicar en cualquier momento de la etapa gestacional. Estos son datos muy médicos que no están en la sentencia y que consideramos necesario que el Ministerio los regule.
Otra estrategia fundamental es evitar la desmovilización frente a la lucha por la despenalización del aborto. En el imaginario de la gente está la idea de que se despenalizó el aborto y ya se acabó el problema. Lo que nos queda plantear a las mujeres y a la sociedad en general es que el problema no se ha resuelto, que el aborto sigue siendo un delito, que solamente se despenalizó en tres casos, pero que los otros casos, que son la mayoría, siguen penalizados. Entonces seguimos en la tarea de buscar alternativas de incidencia política y de incidencia social para ver como logramos que se despenalice en los otros casos.
Yo creo que se ganó una pelea difícil pero eso era lo más fácil entre lo difícil. Ahora hay que luchar para que la sociedad se de cuenta que las mujeres tenemos derecho a decidir. Esa es una lucha de muchos años, pero esperamos que en Colombia se logre algún día entender esto.