¿Qué significado tiene la campaña 28 de septiembre en Colombia, a dos años de despenalización parcial del aborto? Es hora de rever los alcances y límites de la medida adoptada por la Corte Constitucional. El carácter parcial de esa conquista para las mujeres colombianas es palpable en las complicaciones que implicadas en el acceso concreto a procedimientos de aborto seguro en los casos despenalizados y en la posibilidad de tener espacios de discusión sobre una despenalización total en el país.
A seguir presentamos un panorama general de las consecuencias de la despenalización parcial del aborto, así como del contexto político con relación a la posibilidad de una despenalización total del aborto en Colombia.
228 interrupciones de embarazo legales en dos años. ¿Aborto para quién?
Al observar las cifras oficiales y las calculadas por organizaciones sociales, el número de abortos anuales en Colombia estaría entre 300.000 y 400.000. Debe ser tomado en cuenta el significativo subregistro asociado al hecho de tratarse de una práctica ilegal. Desde hace dos años ha sido despenalizada solamente en tres circunstancias: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; cuando existe grave malformación del feto que hace inviable su vida; cuando el embarazo es el resultado de acceso carnal o acto sexual no consentido, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto, mediando denuncia fehaciente de ese hecho (Sentencia C-355 de 2006, Corte Constitucional).
La cifra calculada de abortos anuales (400.000) contrasta con las 228 interrupciones voluntarias de embarazo (IVE) legales, reportadas por el Ministerio de la Protección Social, hasta julio de 2008. Dos años después del fallo de la Corte, 201 abortos legales fueron reportados por las entidades territoriales y 27 por las Empresas Promotoras de Salud. Comparando con otro caso de aborto legal en la región, como es el de México, cabe preguntarse ¿por qué en Colombia sólo se reportaron 228 abortos legales en dos años, mientras que en México DF en dos meses la Secretaría de Salud del Distrital Federal reporta 8.183 abortos legales?
El bajo número de IVE puede ser atribuido a diferentes factores. En primer lugar, el fallo es relativamente reciente y no ha tenido una difusión suficiente en los medios de comunicación para que sea efectivamente utilizado por las mujeres. En segundo lugar, se han presentado obstáculos para la prestación del servicio, a lo que se añaden confusiones en relación con el derecho de objeción de conciencia y con los requisitos para el acceso al aborto (como lo reveló un estudio del Ministerio de la Protección Social). Finalmente, debemos considerar que los casos despenalizados representan aproximadamente el 10% de las razones por las cuales las mujeres abortan, ya que la mayoría lo hacen porque no se encuentran en condiciones sociales o emocionales de tener hijos o simplemente no desean tenerlos.
En México D.F., el 95% de los abortos legales los realizaron mujeres que querían voluntariamente terminar su embarazo, mientras que el resto lo hicieron por razones de salud, malformaciones fetales y violación. Es decir, tanto por las razones para abortar, como para evitar la burocracia y la exposición pública, las mujeres colombianas siguen prefiriendo servicios de aborto ilegales y por fuera del sistema de salud.
¿Quiénes se están beneficiando de este derecho? Según los datos suministrados por el Ministerio de la Protección Social, de los 201 casos de IVE, 177 son de Bogotá, es decir casi el 90%. A su vez de los 201, 134 son de mujeres pertenecientes al régimen contributivo, 34 al régimen subsidiado y el resto son no afiliadas o de regímenes especiales. Estos datos muestran una desigualdad en el acceso a los servicios de aborto. La capital, que ya contaba en el país con la mayor oferta de servicios de aborto –incluidos, entre los ilegales, los que son considerados seguros–, se destaca por tener el mayor porcentaje de abortos legales. Del mismo modo, las diferencias en la afiliación al sistema de salud muestran las desigualdades de acceso entre personas con alta capacidad económica (régimen contributivo) y aquellos de bajos recursos (régimen subsidiado), cuestión que no dista de los datos diferenciados por clase relativos al acceso al aborto: las mujeres de clase media educadas tienen mayor acceso a servicios seguros de aborto.
Despenalización parcial, derechos parciales
El panorama de las IVE practicadas en el país a dos años de la despenalización parcial debe llamar la atención de las instituciones públicas y las organizaciones sociales.
Sin duda la despenalización del aborto en Colombia es un logro fundamental en relación con los derechos reproductivos de las mujeres que seguramente en el futuro también impactará –aunque no lo suficiente– en los indicadores de morbimortalidad materna. Sin embargo, la despenalización parcial ha generado algunas consecuencias para el debate sobre el aborto y el acceso a los derechos parcialmente adquiridos. El equipo de la investigación Heterosexualidades, contracepción y aborto en Colombia – proyecto de investigación comparativo desarrollado por el CLAM en tres países de la región identifica algunas características de esa despenalización parcial.
Según esa investigación, aunque la sentencia de la Corte Constitucional incluya reflexiones sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la argumentación fundamental fue construida en torno al eje de salud pública, cuestión que remedicalizó el debate. A su vez, la despenalización parcial generó nuevas desigualdades en el acceso a los servicios seguros de aborto (las distinciones entre abortos legales e ilegales) y mantiene las antiguas desigualdades de clase con relación al acceso. Por último, el estudio indica que, en las causas despenalizadas, los requisitos requeridos para acceder a los servicios, así como las dinámicas del sistema de salud colombiano, contribuyen a la ampliación del poder del fuero médico. Esto se manifiesta, por ejemplo, en un uso incorrecto y excesivo de la objeción de conciencia. Al respecto, organizaciones sociales y el mismo Ministerio de la protección Social han aclarado que la objeción de conciencia es un recurso de los individuos y no de las instituciones (como a veces se ha querido hacer); los médicos tienen derecho a acudir a la objeción de conciencia siempre y cuando no sea una urgencia y no sea el único médico que pueda prestar el servicio en ese momento; los médicos que objeten deben remitir la persona a otro profesional y no deben intervenir en la decisión de la mujer.
Por otro lado, organizaciones de mujeres insisten en resaltar los obstáculos existentes para que las mujeres accedan a servicios de aborto seguro entre los que se destacan: desinformación sobre los alcances de la Sentencia de la Corte, exigencia de requisitos innecesarios, abuso en relación con la objeción de conciencia, intervención de autoridades religiosas y negligencia de la empresas promotoras de salud para habilitar los servicios especializados de salud.
¿Y la despenalización total?
Además de algunos foros de discusión en el mes de septiembre, el pasado domingo 28 se llevó a cabo una actividad de comunicación en la ciclovía dominical de las ciudades de Bogotá y Medellín, en el marco de la Campaña 28 de septiembre, por la despenalización del aborto. Como lo anunciaron las organizaciones esta convocatoria fue “una fiesta por la vida y la salud de las mujeres, un encuentro para recordar que seguimos en campaña por la despenalización del aborto, un momento para expresarle a la gente que en Colombia el aborto está despenalizado en tres circunstancias y un espacio para denunciar todos los obstáculos que se vienen presentando para que se le practique la interrupción del embarazo a las mujeres que lo requieren en los 3 casos despenalizados por la Corte Constitucional”.
Esta acción pública muestra que el debate aún persiste, pero también esta manifestación extraordinaria muestra que se trata de un tema que, al parecer quedó postergado con el logro de la despenalización parcial, ya que hay poco debate público, pocos actores implicados y ninguna demanda constitucional o proyecto de Ley al respecto.
Consultadas sobre la agenda en Colombia por una despenalización total, varias feministas de diversos grupos y espacios de Colombia respondieron de la siguiente manera.
Para el Colectivo Feminista Proyecto Pasos la despenalización total del aborto “es una apuesta por la autonomía y la libertad de las mujeres. Aunque se haya alcanzado la despenalización parcial, nos sentimos convocadas a continuar trabajando hasta que logremos que la sociedad respete totalmente nuestras decisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Personas y colectivos que se identifican con esta idea siguen proponiendo acciones para mantener el debate en las comunidades con las cuales trabajan, aunque aún no existe un consenso entre las organizaciones sobre cuál sería la estrategia colectiva para lograr la despenalización total”.
A su vez, Sandra Mazo, de Católicas por el Derecho a Decidir, explicó que la realización de la caminata del 28 de septiembre en Bogotá, denominada ciclovía en movimiento por la despenalización del aborto, tuvo como finalidad entregar información sobre las causales despenalizadas en Colombia. Explica Mazo que, “en el marco de los grupos latinoamericanos que estamos en la campaña 28 de septiembre, vamos a enviar cartas a las embajadas de México de nuestros países, para felicitar el que se haya despenalizado el aborto en ciudad de México, y promover que ojalá se despenalice en todo el estado mexicano”.
Ivonne Wilches, de Sisma Mujer, expresó la necesidad de reconocer el trabajo realizado en torno a la reglamentación de la atención de aborto en los casos en que permite la Sentencia de la Corte, junto con la asesoría y acompañamiento de organizaciones de mujeres. “De todos modos, en relación con una agenda de despenalización total podemos identificar un estancamiento”, puntualizó. “La Sentencia ayudó mucho, pero también hizo detener el proceso. La situación de guerra y las afectaciones del conflicto armado, las amenazas a las líderes, el desplazamiento, los asesinatos, hacen que los movimientos de mujeres y sus organizaciones se ocupen en estos temas”, agregó.
Wilches reconoció que la despenalización parcial, de por sí limitada, tiene problemas. “En nuestra experiencia en atención de mujeres víctimas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado, encontramos que ningún fiscal, juez o funcionario de medicina legal de los hospitales le habla a las mujeres de la posibilidad y del derecho que tienen de interrumpir un embarazo fruto de una violación. Hasta la píldora del día después es algo de lo que no les hablan a las mujeres. Creo que es algo muy parecido a lo que sucede con el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. Están en el papel, pero aún la sociedad no los incorpora en sus imaginarios. A las mujeres les toca acudir a los abortos clandestinos, aún si están en alguna de las 3 condiciones en que la atención debería ser legal, oportuna y por cuenta de los servicios del Estado”, expresó.
Finalmente, Jaunita Barreto Gama, de la Universidad Nacional de Colombia, cree que la agenda de despenalización total del aborto en el país está en curso pero “se mueve de una manera tan compleja como el movimiento en espiral de la historia: a veces avanza a ritmos acelerados, a veces a ritmos lentos hasta que parece detenerse y a veces a ritmos que tienden al retroceso. A ritmos acelerados en cuanto a la sentencia C 355/06 y en el decreto 4444/06 sobre la despenalización parcial. A ritmos lentos por cuanto son muchas y profundas las barreras culturales e ideológicas que mantienen a las mujeres sin la posibilidad de tomar sus propias decisiones y reconocer autonomía sobre sus cuerpos” explicó. Sin embargo, Barreto Gama sostiene que cabe considerar que la normata existente “es ya un camino para disminuir los miedos que acompañan la reflexión y las incertidumbres sobre la decisión de abortar o no, aún cuando la despenalización se mantenga restringida a tres causales”.
La norma, que es considerada un logro, trae a veces una euforia que paraliza la acción para seguir avanzando, dice la académica feminista. “Los ritmos lentos del largo camino hacia la legalización total del aborto se hacen aún mas lentos con la maraña de interpretaciones restrictivas de tales normas donde están presentes también, además de la religión, las costumbres y los hábitos, las rigideces de criterios académicos y de investigación. Entre ellos que se destacan las concepciones que abogan por una supuesta ‘neutralidad valorativa’. También avanza lentamente porque en este camino de múltiples interpretaciones, el decreto reglamentario y las normas que expiden las clínicas y los hospitales mismos impiden atender debidamente los casos de quienes solicitan atención. La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres está haciendo un riguroso seguimiento y ha realizado acciones de incidencia para enfrentar estos obstáculos”, finalizó Barreto Gama.