Durante la conferencia “Heterosexualidad, contracepción y aborto” dictada en el IMS, la socióloga Mónica Petracci presentó resultados preliminares de La investigación “Heterosexualidades, contracepción y aborto, HEXCA” (CLAM-IMS), realizada en Brasil, Colombia y Argentina. La conferencia tuvo lugar en el marco del intercambio académico entre el Doctorado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y el Programa de Postgrado en Salud Colectiva del Instituto de Medicina Social, IMS/UERJ, Programa Binacional de Fomento al Desarrollo de Postgrados, CAPES-SPU.
Actualmente Argentina posee la menor tasa de fecundidad de América Latina, 2,93% casi dos puntos por debajo de la media de la región (4,26%), dato constante desde mediados del siglo XX, habiendo completado su transición demográfica a fines del Siglo XIX. No obstante, este es el país donde, 120 años más tarde, fue declarado por primera vez, en 1998, el “Día de los Derechos del Niño por Nacer”. Actualmente las provincias de Mendoza, Salta y San Juan mantienen este día (25 de marzo) en su calendario oficial. En esa fecha se dictan en los establecimientos educativos oficiales clases alusivas a la protección en general de la vida y, en especial, de la niñez en todas sus etapas.
En el resumen Derechos Sexuales y Reproductivos en la Argentina: heterosexualidad, contracepción y aborto, que el CLAM pone a disposición, Mónica Petracci presenta un panorama sobre estas temáticas en el país.
Derechos Sexuales y Reproductivos en la Argentina: heterosexualidad, contracepción y aborto
Por Mónica Petracci *
El punto de inicio del contexto argentino de derechos sexuales y reproductivos es la restauración de la democracia en 1983. Luego del autoritarismo de la dictadura –que trajo aparejadas la exclusión de toda política pública que tendiera a proteger las decisiones de las mujeres y las parejas en materia de reproducción y la represión generalizada de cualquier voz que reclamara derechos– la vuelta a la democracia fue una “salida del silencio” en materia sexual y reproductiva. A lo largo de los años ochenta se derogaron los decretos pronatalistas del gobierno de Isabel Perón y la dictadura militar y en la Ciudad de Buenos Aires –pionera en estos temas– se creó el Programa de Procreación Responsable.
Antes de sancionarse una ley nacional de salud sexual y procreación responsable, catorce provincias contaban con leyes mientras que otras cinco lo hicieron a posteriori. El impulso más contundente para sancionar leyes provinciales provino de la Reforma Constitucional de 1994. Excepto la de La Pampa, todas las leyes provinciales son posteriores a esa fecha. La Ley 25673/02 de Salud Sexual y Procreación Responsable también propició la sanción de leyes provinciales, a través del artículo 13 que invita a adherir a sus disposiciones a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El debate que culminó con la aprobación de la Ley 25673 se inició con motivo de la media sanción en la Cámara de Diputados en 1995 y continuó en ocasión de la pérdida de estado parlamentario en 1997, una nueva media sanción de Diputados en 2001 y, finalmente, su sanción en la Cámara de Senadores en octubre de 2002. La intención del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable es abordar los obstáculos económicos de las mujeres pobres para acceder a la anticoncepción vía la distribución gratuita de algunos métodos anticonceptivos en el sector público de salud. En 2005, ante la presión de la sociedad civil, y como resultado del compromiso del gobierno nacional con el tema, se lanzó una campaña pública para informar sobre los servicios accesibles de salud reproductiva, el derecho a la anticoncepción y a la consejería.
Si bien se sancionaron leyes (SIDA, Parto Humanizado, Contracepción Quirúrgica, Educación Sexual Integral, entre otras) y se formularon e implementaron políticas públicas (aunque con disímil calidad y resultados), subsisten temas pendientes: la situación de las y los adolescentes y el estatus legal de las parejas hetero y homosexuales, que sigue siendo formalmente desigual. Además, hay dificultad en reconocer expresiones de la diversidad sexual como las personas que no amoldan su identidad a los cánones dicotómicos masculino y femenino.
En un escenario político caracterizado por una histórica actitud refractaria del Estado y la dirigencia política, e injerencia de la Iglesia Católica, la principal deuda en materia de derechos sexuales es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la garantía de abortos seguros, eficaces y universalmente accesibles para las mujeres que lo necesiten y requieran. En la Argentina el aborto es ilegal y está tipificado en el Código Penal como un delito contra la vida de las personas, con sanciones para quien lo practica y para la mujer que lo cause o consienta. No obstante, existen casos de aborto no punible: si fuera hecho para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre –si este peligro no puede ser evitado por otros medios– o si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
Al tratarse de una práctica clandestina no hay datos precisos sobre abortos inducidos. Estimaciones recientes señalan entre 372.000 y 522.000 anuales. A su vez, alrededor de cien mujeres mueren anualmente como consecuencia de abortos inseguros, complicación que representa la primera causa de mortalidad materna (TMM 2006: 4,8 por 10.000 nacidos vivos).
El tema ocupa un lugar en las agendas pública y política actuales (aunque históricamente las discusiones públicas sobre aborto hayan sido discontinuas, fragmentarias y de posturas irreconciliables). Los medios de comunicación y el periodismo en general, excepto los medios gráficos comprometidos, lo instalan como “noticia”. Para la población en general es un “tema” de su cotidianeidad que involucrará acciones y decisiones; expresa, cada vez más, su punto de vista a través de diferentes canales. Las encuestas de opinión, que se realizan desde los años noventa, muestran acuerdo con la despenalización pero con una percepción incorrecta del clima de opinión. Los acuerdos son fuertes en los casos de violación, malformación del feto, peligro de vida, y riesgo para la salud física y psíquica de la mujer. Por otra parte, los funcionarios públicos toman el tema espasmódicamente, conforme los vaivenes políticos y los liderazgos e involucramiento personales.
El punto clave del debate político actual en Argentina es el aborto no punible en su cruce con políticas públicas (normatización y regulación para acceso) y la legislación (se frenó en la Cámara de Diputados un proyecto oficialista, con apoyo de la oposición, para clarificar con una mirada no restrictiva el alcance del Código Penal).
Estos lineamientos sobre derechos sexuales y reproductivos se desarrollarán en el contexto argentino de la investigación regional socioantropológica sobre heterosexualidades, anticoncepción y aborto, con entrevistas a mujeres y varones de diferentes generaciones y estratos sociales en tres áreas urbanas de América del Sur: Bogotá, Buenos Aires y Río de Janeiro. **
* Doctora en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES
** Coordinada por María Luiza Heilborn, del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos, CLAM. Las investigaciones son coordinadas por Mara Viveros Vigolla (Bogotá, Colombia), Mónica Petracci (Buenos Aires, Argentina) y María Luiza Heilborn (Río de Janeiro, Brasil)