Entre las profundas brechas sociales que excluyen a gran parte de la población peruana, aún existen restricciones legales y culturales al acceso de las y los adolescentes a información y atención sobre salud sexual y reproductiva. La Alianza por la Educación Sexual Integral ¡Sí Podemos! trabaja para proteger y promover los derechos de la población menor de 18 años en el Perú. Para ello, articula esfuerzos de diferentes sectores de la sociedad civil que buscan interpelar al Estado respecto a la adopción de políticas coherentes y sostenibles en esa materia.
Creada en mayo de 2006 por iniciativa del Instituto Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES), la Alianza realiza acciones de incidencia política y vigilancia con la finalidad de promover una Educación Sexual Integral con foco en los derechos humanos, el género y la interculturalidad. Integrada por 20 organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos, su labor tiene proyección nacional.
En la Alianza convergen colectivos feministas, LGBTI, de jóvenes, de lucha contra el racismo y contra la discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA y de mujeres que ejercen la prostitución. También participan organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Católicas por el Derecho a Decidir. A través de su grupo en la red social Facebook, la Alianza se ha conectado con otros colectivos a nivel latinoamericano que se han interesado por esta iniciativa.
El pasado mes de septiembre, ¡Sí Podemos! presentó los resultados de un monitoreo social realizado en las ciudades de Lima, Huancayo y Pucallpa, representativas de las tres regiones geográficas del país. El sondeo tuvo como objetivo conocer los avances y las dificultades de la implementación de los Lineamientos Educativos y Orientaciones Pedagógicas que el Ministerio de Educación del Perú realiza en cinco regiones del país. Los lineamientos buscan incluir la Educación Sexual Integral en el currículo escolar.
En la presentación, la Alianza destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los adolescentes peruanos de estas regiones, así como las debilidades de la política estatal para atender las urgentes necesidades de esta población. Se encontró, por ejemplo, que casi un 25% de escolares de algunas zonas de Lima inician su vida sexual a los 12 años, y que en varias zonas del país las y los estudiantes declaran que la información sobre sexualidad que reciben de profesores y tutores se limita a la promoción de la abstinencia. Los estudiantes aseguran que sus padres y docentes no les brindan herramientas para tomar decisiones adecuadas respecto a su sexualidad, no los forman para ejercer su autonomía, no les proveen información sobre el funcionamiento de su cuerpo, ni sobre el uso de métodos anticonceptivos.
Entre las principales preocupaciones que manifestaron respecto a la sexualidad, las y los adolescentes encuestados señalaron el temor a ser víctimas de abuso sexual, al embarazo temprano y a la posibilidad de contraer el VIH/Sida.
Rocío Gutiérrez, especialista en derechos sexuales y reproductivos del Movimiento Manuela Ramos y coordinadora de la Alianza ¡Sí Podemos!, considera que el Estado peruano le ha dado la espalda a las necesidades y derechos de la población adolescente.
En 2008, se implementó en 25.000 instituciones educativas de Lima, San Martín, Loreto, Madre de Dios, Tumbes y Piura el Programa de Educación Sexual Integral. Recientemente, el programa fue relanzado con el fin ampliar su cobertura a todo el país a partir de 2011. Si bien Gutiérrez considera favorable la extensión del programa, señala que esta iniciativa constituye más un gesto político que un intento serio de enfrentar “a fondo” y a largo plazo los obstáculos que dificultan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes en el Perú.
La especialista señaló que el programa carece de las condiciones mínimas para ser una política de Estado, sobre todo en un ámbito estratégico como la atención a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes con una perspectiva de derechos.
“Además del presupuesto, una política de esta naturaleza debe tener lineamientos claros y un equipo técnico multisectorial que le dé soporte. Nos preocupa que esta iniciativa tenga estos vacíos, por ese motivo la Alianza solicitó al Ministerio de Salud una audiencia para obtener mayor información al respecto y formularle recomendaciones”, declaró la especialista.
La vocera de la Alianza ¡Sí Podemos! expresó su preocupación por la persistencia de barreras legales de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Recordó que pese a las intenciones de la Comisión de Salud del Congreso, el pleno del Legislativo aún no deroga la norma que penaliza las relaciones sexuales entre menores de edad aún cuando se den con mutuo consentimiento.
La existencia de esa ley, promovida por congresistas conservadores, ha alejado a las adolescentes embarazadas de los servicios de salud, quienes temen ser interrogadas y que sus parejas sean detenidas. Con ello se agrava el problema del embarazo adolescente, que, por los riesgos que reviste, es una de las principales causas de mortalidad materna.
La especialista agregó el artículo 4 de la Ley General de Salud supone otra barrera en esta materia, pues exige la presencia de los padres en los procedimientos médicos practicados a los menores de edad. Gutiérrez afirma que muchos operadores de salud apelan a esta disposición para negar consejería y provisión de métodos anticonceptivos a adolescentes, a pesar de que existen normas que establecen servicios amigables para esta población.
“Estas incoherencias reflejan la poca voluntad política del gobierno para enfrentar de manera consistente los problemas de salud sexual y reproductiva de la población adolescente. Se requieren políticas claras y sostenibles, así como un diálogo abierto con la sociedad civil en relación con estas temáticas”, indicó. Gutiérrez también destacó los obstáculos que revisten las frecuentes interferencias de sectores religiosos en la implementación de este tipo de políticas.
Realidad que demanda urgente atención
En el Perú, el 13% de las adolescentes son madres o están embarazadas. El promedio nacional en las zonas rurales de la sierra y selva, las áreas con los mayores índices de pobreza, se acerca al 30%. Aproximadamente la mitad de las adolescentes embarazadas o madres no fueron escolarizadas o no concluyeron la educación primaria.
Más de la mitad de las adolescentes gestantes en el país no deseaban quedar embarazadas en ese momento de su vida. En zonas rurales de regiones andinas como Cusco, el porcentaje promedio de embarazo adolescente supera el 70%. En ese contexto, no resulta sorprendente que la cuarta parte de las mujeres que llegan a los servicios de salud por complicaciones de abortos sean adolescentes.
Por otro lado, la muerte materna en las adolescentes es de 362 cada cien mil nacidos vivos. Esta cifra casi duplica el promedio en mujeres adultas, que es de 185 cada cien mil nacimientos.
En 2008, en el marco de la Conferencia Internacional sobre VIH/SIDA, Perú suscribió la Declaración Ministerial de la Ciudad de México “Prevenir con Educación”. Los ministerios de Salud y Educación se comprometieron a implementar acciones y programas orientados a brindar educación sexual integral en las escuelas y garantizar el acceso de la población adolescente a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados a su etapa de vida. Las restricciones, vacíos y contradicciones legales mencionados comprueban que aún falta un largo camino por recorrer para hacer realidad este objetivo.