El Perú es pionero en América Latina al haber establecido, en 1999, una Ley de Protección frente a la violencia familiar, la cual aportó en la búsqueda de medidas de prevención y de apoyo a las víctimas. Sin embargo, un alto porcentaje de mujeres peruanas aún sufren cotidianamente situaciones de violencia en la esfera doméstica. De acuerdo al diagnóstico del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010, seis de cada diez mujeres del país alguna vez han sido víctimas de agresión física.
El Programa de Estudios de Género (PEG) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizó en Lima una mesa de discusión pública para profundizar el conocimiento de la temática y abrir a la discusión desde el punto de vista de los derechos y de las políticas públicas. El evento, titulado “Violencia Sexual: de lo Privado a lo Público”, tuvo lugar en octubre en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM y participaron del debate docentes del PEG, profesionales, representantes de diversas organizaciones feministas, una representante del Programa Nacional de Violencia Familiar el MIMDES (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social), docentes y estudiantes de la universidad.
Eliana Cano y Rossina Guerrero, investigadoras del PEG a cargo del eje sobre violencia sexual de la investigación sobre derechos y políticas sexuales, abrieron la discusión llamando la atención acerca del sustantivo aumento del número de casos denunciados en los últimos años. El Instituto de Medicina Legal señala que las evaluaciones médicas a mujeres por delito contra la libertad sexual, definición jurídica de la violación sexual en el Código Penal del Perú, sumaron 12,081 en 2003. En 2004 el número se disparó a 20,673, con un incremento de más de 71%. Hasta julio de 2005 ya han sido realizadas 14,794 atenciones y las proyecciones indicaban, para fin de año, llegar a 28,000, lo que significaría un incremento del 131% respecto al 2003.
Milagros Ríos, funcionaria del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, indicó que el marco normativo es eficaz cuando se aplica, pero que el problema va más allá. Es necesario también analizar qué está haciendo el Estado al respecto. Según la lectura del MIMDES, no es que haya más casos de violencia, sino que ahora, producto del trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales feministas y por el Estado, los casos están siendo denunciados.
En su análisis, Ríos identificó cuatro momentos importantes. El primero fue la creación del PROMUDEH, hoy MIMDES. El segundo fue la creación de servicios que, con el Plan de Igualdad de Oportunidades en el año 2000, plasmó la voluntad política de avanzar en el tema. El tercero fue la creación del Programa Nacional, que tiene presupuesto y personal propio y que depende directamente del despacho ministerial. El cuarto correspondió al proceso de descentralización, con un programa que depende del despacho vice-ministerial, cuyos recursos son menores.
La funcionaria afirmó que se está avanzando, pero se refirió también a dos tipos de limitaciones: por un lado, a la falta de presupuesto y, por otro –algo reconocido de forma crítica– a la falta de voluntad política de profundizar la aplicación de la ley. Concluyó que la problemática no puede ser abordada y solucionada sólo por el Ministerio, sino que es un problema que le compete a todos, al Estado y a la sociedad civil.
Representantes de organizaciones feministas indicaron que, si bien uno de los principales problemas para tener una dimensión exacta de este problema es que las situaciones de violencia a menudo no son denunciadas, también existen graves problemas de subregistro o de mal registro. Por otra parte, la falta de un registro centralizado y de información nacional desagregada por sexo, edad y zona geográfica es una poderosa barrera para la gestión de políticas públicas en el área.
Indicaron adicionalmente que el retroceso más evidente vivido en estos últimos años en materia de política pública es haber dejado de lado el enfoque de género y trabajar con el enfoque de familia tradicional, con lo cual se ha instalado una ola conservadora tanto en el MIMDES como en el Ministerio de Salud. No obstante –señalaron– en Salud la actual ministra está corrigiendo esa situación.
Otra barrera está en la actitud de jueces y fiscales, que no brindan las garantías al debido proceso. Los prejuicios instalados hacen que se ponga en duda de manera constante la veracidad de la denuncia de las víctimas.
Este conservadurismo ha paralizado la implementación de políticas orientadas a la equidad de género e igualdad de oportunidades de las mujeres, al no permitir realizar una lectura adecuada del origen de la violencia contra las mujeres. Con ello no se ha podido avanzar hacia el cambio en los patrones culturales de abuso de poder que persisten en nuestras sociedades, que son el punto central para el logro de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. El tratamiento y la solución de estos problemas son esenciales para la consolidación de entornos justos y seguros para todas las personas, que garanticen sus derechos y posibiliten procesos democráticos en el país.