El 5 de Mayo fue presentado en Buenos Aires el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, integrado por la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Cooperativa Nadia Echazú, el Movimiento Andiscriminatorio de Liberación (MAL), Futuro Transgenérico, Putos Peronistas, Encuentro por la Diversidad – Córdoba, Jóvenes por la Diversidad, Antroposex, Crisálida Tucumán, ADISTAR Salta y activistas independientes. El acto tuvo lugar en la sede Capital de la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA.
El Frente es una iniciativa impulsada por organizaciones LGBTI con la finalidad de promover conjuntamente el debate y aprobación del proyecto de ley 8126 de Identidad de Género, presentado en Noviembre de 2010 en el Congreso de la Nación.
En el acto de lanzamiento del Frente se explicó que el proyecto de ley se asienta sobre cinco ejes fundamentales para entender las identidades trans, que evitan reproducir el binomio varón-mujer: la despatologización de las identidades trans; la desjudicialización del trámite de reconocimiento de la identidad (nombre, sexo e imagen registral de acuerdo con el género autopercibido), para que sea un trámite administrativo expeditivo ante el registro civil de jurisdicción de la persona peticionante; la desestigmatización, que incluye la noción de no discriminación de las identidades trans conforme a los Principio de Yogyakarta; la descriminalización de las identidades trans; y el rechazo a las terapias que obligan a las personas trans a someterse a tratamiento médico por motivo de su identidad de género, y a las intervenciones quirúrgicas no consentidas de las personas intersexuales.
El abogado Emiliano Litardo –integrante del Centro de Estudios Técnicos y Jurídicos de la cuestión Lésbica, Gay, Bisexual y Trans, Cetju-LGBT– explicó en la presentación que el proyecto fue elaborado en torno a la premisa de la multiplicidad de la construcción de las identidades de género, conforme a las definiciones de los Principio de Yogyakarta. Litardo remarcó la importancia de haber incluido una fundamentación teórica en el proyecto para entender los conceptos ejes. Señaló que el uso de los Principios de Yogyakarta como guía de aplicación adecuará la legislación argentina a las normas internacionales de derechos humanos sobre temas relacionados con la identidad sexual y de género.
El proyecto fue formulado considerando las problemáticas de las personas trans e intersex de acuerdo con cuatro franjas etarias. En primer lugar, busca prohibir las intervenciones quirúrgicas de menores de 14 años en razón de su intersexualidad, cuando la decisión es tomada por el médico, los tutores o padres sin observar el interés superior del niño, niña o adolescente en toda su plenitud o cuando es realizada sin su consentimiento. Esta medida pretende despatologizar la intersexualidad y acabar con su “corrección” clínica. En segundo lugar, el proyecto señala que las personas que usan un nombre distinto al registrado por considerarlo representativo de su identidad de género y cuyas edades oscilan entre los 14 y 16 años de edad, tendrán derecho a que éste sea “utilizado para la citación, registro, llamado y otras gestiones asociadas en toda la Administración Pública Nacional como en todos aquellos ámbitos privados” (Artículo 7). En tercer lugar, señala que, a partir de los 16 años, las personas podrán solicitar la rectificación del nombre, sexo e imagen registral para su adecuación al género autopercibido, sin que sea necesaria una intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial, acreditación de terapias hormonales o tratamiento psicomédico. Por último, estipula que las personas mayores de 18 años puedan solicitar intervenciones quirúrgicas para adecuar su genitalidad a la identidad de género autopercibida, sin recurrir para ello a una autorización judicial o administrativa. El proyecto señala que estas intervenciones deberán ser realizadas de forma gratuita en todos los hospitales públicos del país, y que los tratamientos médicos asociados deben formar parte del Plan Médico Obligatorio.
Claudia Puccini, integrante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), destacó que en caso de ser aprobada esta iniciativa, las personas trans e intersex serían reconocidas en el Sistema Público de Salud como sujetos plenos de derechos. Fernando Rodríguez, miembro de Encuentro por la Diversidad – Córdoba, señaló que la discriminación de las personas trans comienza por la invisibilidad de sus cuerpos. La aprobación de esta ley significaría un salto cualitativo en el reconocimiento de los Derechos Humanos en el país, agregó. Sobre este punto, Claudio Morgado, presidente del Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo– INADI, afirmó que las instituciones producen sujetos a los cuales luego representan y que las personas trans son discriminadas al estar excluidas de toda forma de representación por carecer de un documento que acredite su identidad de género. “Estamos a favor de este proyecto porque ofrece la posibilidad de constituir sujetos emancipados y plenos de derechos” , recalcó.
Sobre las condiciones de marginalidad y pobreza en las que viven algunas personas trans, Diana Sacayán, integrante del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), sostuvo que “el Estado persigue y castiga a personas que no tienen alternativas para transformar su realidad debido a la falta de políticas públicas que las integren y les garanticen sus derechos básicos” . Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), destacó la necesidad de ampliar el concepto de ciudadanía como condición necesaria para modificar esta situación. “Se nos niega el acceso a lo que existe no sólo porque somos travestis sino porque también somos pobres, somos parte de un sistema que nos niega la posibilidad de ser personas” , agregó. La afirmación de Berkins hizo eco de lo señalado por Sacayán respecto a que la exclusión de las personas trans se articula en torno a otras categorías sociales además del género.
La integrante de MAL se pronunció pidiendo la solidaridad de otras organizaciones sociales para que apoyen las requisitorias del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género: “formamos parte de un movimiento social de reivindicaciones por los Derechos Sexuales y Reproductivos al que siempre apoyamos. Hoy necesitamos que sean ellos los que suscriban nuestra lucha” , puntualizó.
Actualmente, el proyecto cuenta con las firmas de las/os Diputadas/os de la Nación: Diana Conti (FpV), Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro), Margarita Stolbizer (GEN), Cecilia Merchán (Libres del Sur), Victoria Donda (Libres del Sur), Marcela Rodríguez (Coalición Cívica-ARI), Juliana Di Tullio (FpV), Fernanda Gil Lozano (coalición Cívica-ARI), Remo Carlotto (FpV), Maria Luisa Storani (UCR) y Laura Alonso (PRO); además del aval de diversas organizaciones sociales, culturales, políticas, de derechos humanos, a nivel nacional e internacional.