A casi dos décadas de la aprobación de la Ley 26260, denominada de protección frente a la violencia familiar, el incremento de las agresiones y crímenes contra las mujeres pone sobre el tapete la urgente necesidad de cambiar el abordaje de la política pública en esta cuestión.
Entre septiembre de 2008 y junio de 2009, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público peruano registró 181 asesinatos de mujeres, la mitad de ellos producto de situaciones de violencia por parte de su pareja. Aproximadamente un 12% de las víctimas había denunciado esa situación, pero el sistema de justicia no actuó oportunamente para protegerlas y evitar su muerte.
Ciudadanía efectiva para las mujeres
La existencia de una ley contra la violencia familiar no garantiza que las mujeres se sientan como sujetos de derecho, ni que sean percibidas de la misma forma por el resto de la población.
Para la abogada Patricia Zanabria, responsable del Programa Derecho a una Vida Libre de Violencia del Movimiento Manuela Ramos (http://www.manuela.org.pe/) y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM-Perú, el empoderamiento efectivo de las mujeres de todas las edades sigue siendo un tema pendiente.
“Ahora hay más oportunidades educativas, incluso se ha incorporado el enfoque de género en los documentos oficiales del sector educativo, pero ello no logra cambiar la vida de la mayoría de mujeres, puesto que la socialización sigue alimentando la violencia hacia ellas”, sostuvo la especialista.
Aun reconociendo la aprobación de la Ley 26260 en 1993 como un avance, en tanto significó el reconocimiento oficial del problema de la violencia intrafamiliar, Zanabria señaló que se requiere a la vez mayor compromiso y voluntad política del Estado para lograr que esa norma alcance sus objetivos. La creación de mecanismos eficaces de administración de justicia y la asignación de mayor presupuesto para que los servicios existentes den respuesta oportuna e integral a las necesidades de las mujeres en situación de violencia, es también una prioridad, acotó.
En el mismo sentido, consideró de carácter urgente que el Estado impulse acciones sostenidas dirigidas a cambiar el sentido común en relación con la violencia hacia la mujer, lo que incluye campañas de sensibilización pública y capacitación a las y los periodistas y comunicadores sociales.
Al respecto, Zanabria manifestó que el discurso de muchos medios de comunicación tiende a patologizar al agresor, a explicar sus actos de violencia a partir de la supuesta existencia de desórdenes mentales. “Peor aún, se tiende a romantizar los casos de feminicidio, se suele idealizar los móviles que tuvo el victimario, de quien generalmente se dice que actuó ‘cegado por los celos’, o ‘al no poder soportar el abandono’, entre otras circunstancias que finalmente contribuyen a justificar los asesinatos de las mujeres”, añadió.
Abordaje integral frente a violencia de género
Actualmente, la ley de protección frente a la violencia familiar se encuentra en proceso de revisión en el Congreso peruano. La propuesta de las organizaciones de mujeres es reemplazarla por una norma de alcance más integral, que actúe contra la violencia de género y que esté en consonancia con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, suscrita por el Perú posteriormente a la aprobación de la Ley 26260.
Según refiere Patricia Zanabria, tal fue el abordaje que desde un primer momento tuvieron las agrupaciones feministas, pero en el proceso de consulta y aprobación de la ley vigente se restringió su alcance al ámbito familiar.
“Varias décadas después se demuestra que fue un enfoque limitado, ya que se requería un instrumento específico para atender a las demandas de las mujeres como sujetos de derecho. Pero lo que se aprobó fue una norma que no tenía en cuenta las causas estructurales de la violencia de género y que fue aplicada por operadores sin la debida preparación y sensibilización, quienes en la práctica priorizaron la conservación de la unidad familiar a costa de la integridad y la vida de las mujeres”, argumentó la abogada.
Para la coordinadora de CLADEM-Perú, el enfoque de género frente a la violencia tiene la ventaja de reconocer las situaciones de desequilibrio de poder que se dan alrededor de este problema y su impacto negativo en los derechos de las mujeres. En tal sentido, permite adoptar medidas integrales de prevención, protección y atención efectiva y adecuada a quienes sufren ese problema.
“Una ley con esas características sería un mejor instrumento para enfrentar la violencia de género, pero nuestras demandas van más allá, porque lo que se requiere es generar condiciones de igualdad real y ciudadanía efectiva para las mujeres”, puntualizó.