El 10 de mayo se conmemora en México el “Día de la maternidad libre y voluntaria” cuyo origen se remonta al año 1979 cuando el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres (FNALIDM) buscó, junto con la Coalición de Mujeres Feministas (CMF), trabajar a favor de un proyecto de despenalización presentado en 1977. Ambos movimientos elaboraron el Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria que el Partido Comunista Mexicano presentó ante la Cámara de Diputados. En este contexto, se declaró el “Día de la maternidad libre y voluntaria”.
Este año la conmemoración giró en torno a los dos años de la aprobación la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Distrito Federal. Sin embargo, otros doce estados de la República han aprobado la llamada “ley antiaborto”. Así, Quintana Roo, Sonora, Baja California, Morelos, Jalisco, Puebla, Colima, Durango, Campeche, Nayatit y recientemente Guanajuato modificaron sus constituciones para “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
Las y los activistas que defienden los derechos humanos condenaron estas reformas constitucionales impulsadas por sectores conservadores en México ya que vulneran el Estado laico y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La legislación antiaborto que promueve la derecha significa un retroceso para el país, argumentaron.
La lucha por conseguir que las mexicanas decidan libremente sobre su cuerpo y maternidad se emprendió hace más de 70 años. A pesar de los logros conseguidos, en diversos estados de la República se ha iniciado una embestida legislativa para aprobar leyes antiaborto.
El Código Penal del Distrito Federal contemplaba, desde 1931, la despenalización del aborto en casos de violación o cuando el embarazo ponía en peligro la vida de la mujer o cuando el aborto fuera producto de una imprudencia. El avance siguiente llegó en 1974 con la reforma al artículo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual, establece que toda persona tiene derecho a “decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos”.
Dos iniciativas presidenciales a favor del aborto, presentadas por Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari en 1983 y 1991 respectivamente, fueron rechazadas tanto por la Cámara de Diputados, como la de Senadores.
En un camino contrario, el Congreso de Guanajuato, en el año 2000, pretendió reformar el Código Penal local para castigar cualquier tipo de aborto, incluso en casos de violación. Esta ley quedó sin efecto, pues la sociedad civil organizada del estado y del país se movilizó contra la iniciativa, de tal manera que el propio gobernador fue quien la vetó.
Guanajuato es el estado mexicano que más criminaliza la interrupción del embarazo. De acuerdo a una investigación realizada por la organización internacional Human Rights Watch, del 2000 al 2008, 130 mujeres fueron denunciadas por abortar en los últimos años. El pasado 8 de mayo la Cámara de Diputados de Guanajuato reformó la Constitución local para “defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.
Entrevistada por el CLAM sobre la nueva legislación en el estado de Guanajuato, Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, declaró que la clase política ha antepuesto creencias e intereses personales a la voluntad ciudadana.
Las y los políticos de Guanajuato “quieren el voto de la feligresía. Son cómplices de genocidio, de asesinar a mujeres pobres porque las mandan a la clandestinidad. ¿Defenderán con la misma vehemencia a las trabajadoras que han sido despedidas por estar embarazadas, o no son contratadas? Ahí no tienen nada que decir porque defienden a las empresas”, cuestionó la activista guanajuatense. Esta reforma constituye un retroceso grave para los derechos de las mujeres. Al respecto, la sociedad civil organizada promoverá las acciones jurídicas correspondientes, tales como la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o amparos masivos, añadió.
ILE en la Ciudad de México
En 2007, tras un intenso debate entre las distintas alas ideológicas de la ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la (ILE) antes de las 12 semanas.
Ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por las reformas del Código Penal y la Ley de Salud del Distrito Federal sobre la ILE.
Después de amplias discusiones, el 27 de agosto de 2008, ocho ministros de la SCJN, determinaron que las reformas realizadas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal, que permiten la ILE antes de las 12 semanas eran constitucionales.
A dos años de la ILE en la capital mexicana, 29421 mujeres solicitaron la ILE, 23233 lo practicaron, y casi seis mil decidieron, en consejería, continuar con su embarazo. El 78% son del Distrito Federal, 19% del estado de México y el 3% de otros estados, precisó recientemente el Secretario de Salud de Gobierno del Distrito Federal, Armando Ahued Ortega. Los logros en la ciudad de México están respaldados por muchos años de lucha de algunos sectores ciudadanos a favor de la libre decisión de la mujer sobre su cuerpo.