El 2012 comienza en Argentina con un mapa político redibujado. Tras las elecciones nacionales de octubre del año pasado la conformación de las cámara legislativas se modificó y con ello las estrategias que deberán desplegarse para obtener quórums en ambas cámaras. Con el abrumador triunfo del Frente para la Victoria encabezado por la presidente Cristina Fernández este partido cuenta con mayoría absoluta en la cámara de Diputados, por lo que todo proyecto que quiera ser considerado deberá contar con la venia del Ejecutivo, ya sea con la orden de votar en bloque o posibilitando la libertad de consciencia para que cada diputado o diputada decida de acuerdo a su convicción. En lo que respecta a los Derechos Sexuales y Reproductivos, dos leyes están en debate legislativo. El proyecto de ley de identidad de género, ya con media sanción en diputados parece encaminado a su aprobación en la cámara alta, que en un principio no ofrecería demasiada resistencia. Ya el proyecto por la despenalización del aborto corre otra suerte y aún no logra siquiera su aprobación en la comisión de Legislación Penal de la cámara baja tras la pérdida de validez del dictamen en noviembre del año pasado, poniendo en vilo el proyecto que puede perder este año su estatus parlamentario.
Argentina cuenta con leyes de avanzada. La llamada “ley de matrimonio igualitario”, aprobada en 2010, que modifica el Código Civil para permitir el casamiento civil entre personas del mismo sexo, con el correlato del acceso a la adopción; la ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; y las leyes que amparan el parto domiciliario forman un paraguas jurídico que, de aprobarse la ley de identidad de género, colocarán al país a la vanguardia latinoamericana en materia de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sin embargo, frente a esta situación se presentan dos grandes dilemas que constituyen retos para las organizaciones por los DSR en 2012: la falta de voluntad política para llevar adelante la aplicación de las leyes en vigencia, sobre todo en lo que respecta a métodos contraceptivos, y la dificultad que encuentran los grupos feministas en colocar en el debate legislativo el proyecto de ley por la despenalización del aborto.
Martha Rosenberg, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, señala que el apoyo recibido por todos los sectores de la sociedad, especialmente las adhesiones de los gobiernos de Universidades Nacionales de todo el país, es fundamental para mantener la legitimación social del reclamo y con esto presionar para su tratamiento legislativo. “Muchos diputados y diputadas se comprometieron a tratar el proyecto para que no pierda estado parlamentario. El año pasado sólo se consiguió la discusión en comisión con la consabida ausencia del bloque del Frente para la Victoria”, explica. “Tenemos un bloque mayoritario en el Parlamento Nacional que tiene en sus manos la decisión. Esperemos que la Presidenta les otorgue libertad de consciencia y les permita votar de acuerdo a sus convicciones. Va a ser muy importante trabajar para que el nuevo parlamento realice el compromiso con esta voz social que demuestra que esta ley representa un enriquecimiento y no una amenaza para nuestra sociedad”, enfatiza. En este mismo sentido va la reflexión de Mariana Romero, investigadora del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, quien considera necesario trabajar con las y los legisladores para que este sea un tema de agenda, con legitimidad política y “que no tratarlo sea costoso en términos sociales y políticos”, con los operadores de justicia, a quienes es preciso “informarlos y asesorarlos respecto de la jurisprudencia actual” y mantener candente el debate social “con más y mejores argumentos desde quienes defendemos el derecho a la vida, a la salud y a las opciones y a la información”. Sobre el último punto, señala que han habido “cambios en la sociedad con respecto a la opinión sobre la legalización y la presencia en los medios es mayor. Pero hay que promoverlo y sostenerlo dentro de la agenda democrática”, puntualizó. Diversas encuestas realizadas en el país expresan que el 60 % de la población está a favor de la legalización del aborto.
Frente a la estrategia del movimiento de mujeres de mantener vivo el debate, la Iglesia también tiene un modo de inmiscuirse en las discusiones que se generan tanto en la esfera pública como en la legislativa a través de las asociaciones pro-vida o pro-familia. A esta forma en que algunas religiones utilizan la sociedad civil como arena democrática para encausar su postura contraria a los derechos sexuales y reproductivos el sociólogo e investigador Juan Marco Vaggione (UNC-CONICET) la ha denominado “ONGización de lo religioso”. “Como parte de la defensa de lo que la Iglesia da en llamar ‘cultura de la vida’, desde el Vaticano se han producido diversas adaptaciones estratégicas para influenciar los debates públicos respecto al aborto. Por ejemplo, junto a la jerarquía religiosa es cada vez más frecuente la presencia de líderes laicos y organizaciones de la sociedad civil que encarnan la resistencia más visible a la legalización del aborto”, sostiene.
Las formas en que se activa la jerarquía católica cada vez que se debate la regulación de la sexualidad o la reproducción es similar a lo que pasa en diversos países donde la Iglesia Católica tiene una presencia significativa. Si bien cada país y cada temática imprimen sus particularidades, “los principales argumentos y estrategias que se ponen en circulación para influenciar los debates políticos y legales tienen una génesis transnacional. La agenda del activismo católico contrario a los derechos de las mujeres trasciende las fronteras nacionales y refleja un fenómeno global encabezado desde el Vaticano”, detalla el sociólogo.
En Argentina, al igual que en otros países de la región, “la jerarquía católica tiene una estrategia bifronte para influenciar políticamente”, continúa Vaggione. “Por un lado, se modificaron los registros discursivos utilizados por actores religiosos para oponerse a los cambios legales: las argumentaciones de tipo secular han adquirido relevancia en el posicionamiento de la jerarquía católica y tanto los documentos oficiales como las declaraciones públicas se basan cada vez con mayor frecuencia en razonamientos científicos, legales o bioéticos. Por otro lado, como lo ha hecho por décadas: presionando gobiernos o haciendo lobby con parlamentarios. El tema del aborto en particular es para la Iglesia Católica un aspecto prioritario como lo indican los distintos documentos del Vaticano. En particular, desde mediados de los años noventa proponen la existencia de una cultura de la muerte de la cual el tema del aborto ocupa un lugar principal. La encíclica Evangelium Vitae plantea una oposición entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte que tiene un fuerte impacto en la política sexual de la Iglesia Católica”, y es en este documento que los grupos pro-vida encuentran su asidero argumental. Frente al creciente impacto del feminismo y de las organizaciones LGBT en las Naciones Unidas, el Vaticano reaccionó en defensa de un orden sexual que excede la esfera religiosa. Esta defensa, puntualiza Vaggione, se justifica, entre otras razones, en la “ideología de género” como una influencia que subvierte los valores ya que minimiza “la diferencia corpórea, llamada sexo” a la vez que considera como principal y primaria “la dimensión estrictamente cultural, llamada género”.
De todos modos, la legalización del aborto en todos sus casos es el horizonte de una discusión que también se materializa en la necesidad de ejercer el derecho en aquellos casos permitidos en el país, lo cual no siempre discurre por los carriles debidos y muchas veces termina en la judicialización de casos que no deberían llegar a esta vía legal. Tanto Romero como Rosenberg coinciden en la necesidad de trabajar con los equipos de salud, para revertir la omisión o inacción de los mismos a la hora de recibir una mujer que reclama su derecho. “Necesitamos el compromiso de algunas sociedades profesionales que los nuclean o de referentes de la especialidad que asuman cierto liderazgo con los pares y aquellos que trabajan en el sector público necesitan alguna señal de las autoridades sanitarias”, enfatiza Romero. “El silencio sólo favorece las incertidumbres y la sensación de exposición gratuita de las/os pocos comprometidos con la normativa vigente”, afirma. Rosenberg comenta que la estrategia se complementa con las denuncias públicas de los casos de no cumplimiento del artículo 86 del Código Penal que prevé las formas de dar lugar dentro del sistema de salud a la realización de abortos no punibles. “En este sentido contamos con el amplio apoyo de la prensa. Lamentablemente no contamos con el apoyo del ejecutivo, tanto de la Presidencia como del Ministerio de Salud. Todavía no logramos que se firme la Guía Técnica para la Atención de Abortos no punibles y esta situación hace que nuestro país no cumpla con los compromisos internacionales adquiridos”, puntualiza.
Además de la deuda social con las mujeres que deben realizarse abortos en condiciones de inseguridad y poniendo en riesgo sus vidas, existe una deuda con los organismos internacionales de control de los derechos de las mujeres de mantener en vigencia los derechos ya adquiridos y ampliarlos modificando la legislación que prohíbe el aborto. Debemos recordar que frente a las denuncias de la sociedad civil de las reiteradas irregularidades en el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal, el comité de seguimiento de la CEDAW tomó la medida excepcional de que este tema en particular tenga un seguimiento más periódico que los otros, por lo que en 2012 nuevamente Argentina deberá dar cuentas del estado de situación al respecto. “La gran deuda es con las mujeres de bajos recursos económicos y educativos que, además son presionadas por los sectores más conservadores y de la Iglesia para continuar con embarazos por encima de la voz y la decisión de las propias mujeres. Operan subrogándose el poder institucional, en el caso de los médicos, y social, en el caso de la Iglesia, lo que les da autoridad sobre la capacidad de las mujeres de tomar sus propias decisiones con respecto a cómo y cuándo tener hijos”, enfatizó Rosenberg. Tal es el reciente caso de una niña de 11 años embarazada por una violación en la provincia de Entre Ríos a la que le fue negado el aborto solicitado por la madre, tanto por las autoridades de salud como por la justicia por considerar que estaba en condiciones saludables de llevar adelante el embarazo, denotando una visión equivocada y parcial de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera salud: no solo la física, sino la mental y psicológica de lo que, en este caso, significa dar a luz a tan corta edad.
La dicotomía vida-muerte, explica Vaggione, se corporeiza en la posición antagónica del activismo católico ya que no está discutiendo sólo reformas legales sino defendiendo la vida como valor. “La demanda por los derechos sexuales y reproductivos, cualquiera que sea, se considera como parte de esta cultura de la muerte transformándola en innegociable. Cualquier demanda que favorezca el acceso a métodos anticonceptivos es, para la Iglesia Católica, parte de la cultura de la muerte. No es sólo el tema del aborto el que se resiste, sino que cualquier cambio legal que autonomice la sexualidad de la reproducción se considera como un cambio cultural que debe ser resistido”, expone el investigador.
En este sentido tal vez la ley de identidad de género, otra de las deudas pendientes para este año, también coloca en jaque ciertos preceptos morales y religiosos. No obstante, parece integrar, desde la abyección, un cinturón de tolerancia, palabra tan cara a la cristiandad, motivo por el cual tal vez resulta más sencillo el trámite de su aprobación. De todos modos ese no es el único anhelo de la comunidad trans e intersex. “Podríamos decir que el propósito del 2012 es que el proyecto de ley de identidad de género, que ya tiene media sanción, sea aprobado por el Senado argentino, pero en realidad el programa es más ambicioso”, argumenta el activista Blas Radi, integrante del Frente Nacional por la Ley de identidad de Género. Para Radi se trata de “obtener el reconocimiento legal de nuestras identidades, poder acceder a los tratamientos hormonales y a las cirugías en forma gratuita, evitar los diagnósticos y clasificaciones psiquiátricas y poner un freno a los abusos policiales, siendo agentes de este proceso y no apéndices exóticos, victimas ausentes con portavoces que negocien nuestros intereses”. Tal y como explicara al CLAM el activista e investigador Mauro Cabral en el momento de la media sanción de diputados, la posibilidad de la instalación de esta ley obedece a un “proceso histórico que, desde hace más de diez años, se ha caracterizado tanto por la emergencia de comunidades trans* políticamente movilizadas y organizadas, como por el rol central de esas comunidades y sus organizaciones en la definición de aquello en lo que consisten las cuestiones de identidad de género”.
Por otra parte, Radi también hace hincapié en la necesidad de seguir trabajando en el combate contra la transfobia que, más allá de la aprobación de la ley, conlleva un profundo prejuicio de raigambre social que condena a la abyección a aquellas personas que escapan del binario hombre/masculino, mujer/femenino.
Si bien parte de los objetivos de las agendas feminista y LGBT siguen siendo lograr la aplicabilidad de leyes ya vigentes como la de educación sexual integral, violencia contra las mujeres, la reducción de la morbimortalidad materna o la implementación de programas integrales de salud sexual y reproductiva, el desafío general parece ser no dejar al azar ningún espacio en donde se libra la batalla por los derechos sexuales, ya sea el de la comunidad LGBT o el de las mujeres que desean procrear en función de sus decisiones y sus deseos. Sostener la instalación social de un debate que felizmente parece avanzar hacia la inclusión social y jurídica que permitan a toda la población ser sujetos reales de derecho.