Comenzó en Argentina el debate legislativo de la ley de identidad de género. El jueves 18 de agosto se analizaron cuatro proyectos en plenario conjunto de las Comisiones de Legislación General y Justicia de la Cámara de Diputados, de donde saldrá un dictamen de mayoría que marcará el rumbo para su posterior tratamiento en el pleno de la Cámara.
La intención de las comisiones es consensuar un nuevo texto que dé cuenta del espíritu de los cuatro proyectos, presentados por los diputados Juliana Di Tullio, Diana Conti, Miguel Barrios y Silvana Giudici, tras conversaciones con distintas organizaciones LGBT del país. Si bien coinciden en que la ley debe permitir el trámite de cambio de identidad ante el Registro Nacional de las Personas sin más requisito que la solicitud de la o el interesado y sin intervención judicial, diagnósticos médicos, ni cirugías, los textos difieren con relación a la edad mínima necesaria para solicitar el cambio registral, algo que será debatido entre asesores y dirigentes de las organizaciones.
A su vez, las agrupaciones sostienen posiciones diferentes en cuanto al modo de acceso a la atención sanitaria: por un lado, la Federación Argentina LGBT (FALGBT) decidió presentar dos proyectos separados, uno de cambio registral y otro de atención sanitaria. Por su parte, el Frente Nacional por la Ley de identidad de género presentó un proyecto integral en el que se contempla tanto el cambio de nombre como la cobertura de salud.
Mariana Casas, abogada e integrante del equipo jurídico de la FALGBT explicó en entrevista con el CLAM que el fundamento de la separación en dos proyectos, uno de cambio de nombre registral y otro de atención sanitaria –ambos presentados por la diputada Juliana Di Tullio–, responde a que “el cambio de nombre no tiene que ver con cuestiones de genitalidad ni de apariencia, sino que las personas deben tener el nombre conforme a la identidad de género que ellas expresen. Si decimos que la genitalidad no hace a la inscripción registral no podemos estructurar todo en una sola ley que hable de la genitalidad”, puntualizó. Señaló que en la actualidad “el sistema sanitario de la Argentina es muy respetuoso con la identidad de género de las personas. Varias provincias han sancionado decretos con los protocolos de atención a personas trans, por lo que este no sería el principal problema, sino la cobertura médica de los tratamientos”.
Para la abogada, la división de los proyectos también se corresponde con una estrategia que permita lograr mayor premura en el tratamiento legislativo: “al dividir las leyes en dos logramos que se traten en menos comisiones. Porque la Ley de Cambio Registral no requiere, por ejemplo, la aprobación de la Comisión de Presupuesto, como sí lo necesita la de Atención Sanitaria” , analizó.
Diferente es la posición del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, cuyo proyecto fue tramitado por la diputada Diana Conti. Durante la presentación del Frente en el pasado mes de mayo, Diana Sacayán, integrante del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), argumentó acerca de la importancia de un proyecto integral que contemple tanto el cambio de nombre registral como la atención sanitaria en la necesidad de ampliar el concepto de ciudadanía: “se nos niega el acceso a lo que ya existe porque no sólo somos travestis sino que somos pobres, somos parte de un sistema que nos niega la posibilidad de ser personas. Las identidades están atravesadas por algo más que el género, esto es, el derecho a la educación y la salud, primordialmente” , sostuvo.
En este mismo sentido, Mauro Cabral, quien participó en el debate parlamentario del jueves en su doble afiliación institucional de investigador sobre las dimensiones jurídico-normativas de la identidad de género en la Universidad Nacional de Córdoba, y co-director de Acción Global para la Igualdad Trans, argumentó que una ley “que cumpla con nuestros derechos humanos de manera plena debe garantizar no solamente el reconocimiento legal de la identidad de género sin condicionamientos incompatibles con ese marco de derechos, sino también el acceso a modificaciones corporales libremente elegidas en condiciones sanitarias también compatibles con ese marco” .
El especialista explicó que “el reconocimiento integral de la identidad de género requiere más que el mero cambio registral: requiere asumir que la identidad de género se relaciona de manera indisociable con el cuerpo que cada una y cada uno de nosotros puede llamar ‘propio’”. Agregó que, por esta razón, “quienes redactamos los Principios de Yogyakarta [sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos con relación a la orientación sexual e identidad de género] incluimos en la definición misma de identidad de género que la vivencia interna e individual del género incluye la vivencia personal del cuerpo, la cual podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida”.
Cabral también argumentó que la importancia de una concepción integral del género radica en que la eliminación de las modificaciones corporales como requisito obligatorio para el cambio de género pondría punto final a prácticas que vulneran la autonomía decisional de las personas sobre sus propios cuerpos. “Si el reconocimiento de la identidad de género es un derecho humano, no puede tener como precio la cesión de otros derechos humanos, incluyendo nuestros derechos sexuales y reproductivos”. Con esta aseveración puso sobre la mesa la situación de países donde el cambio de género supone la anulación de la capacidad reproductiva al exigir la esterilización –histerectomía en el caso de los hombres trans y vaginoplastia en el caso de las mujeres trans.
Durante la jornada se escucharon también los argumentos de las organizaciones LGBT que promueven los diferentes proyectos, quienes explicaron los motivos y necesidades de esta ley ante los diputados. Primó la demanda de reconocimiento de sujetos largamente postergados.
Marcela Romero, secretaria general de la FALGBT declaró que “el reconocimiento de nuestra identidad es vida, por eso lo estamos exigiendo. Somos los olvidados de la democracia, venimos luchando contra el estigma, la discriminación y la violencia. Necesitamos esta ley para avanzar como ciudadanos: estudiar, trabajar, tener una salud integral” .
Alba Rueda, del grupo 100% Diversidad alegó que “no solo luchamos contra la discriminación en nuestras organizaciones sino que lo hacemos en nuestra vida social, cuando salimos a la calle y nos asumimos. Vivimos una democracia restringida, nuestra lucha también fue poner el cuerpo en la calle, contra la policía” . Agregó que, en lo que a categorías se refiere, “somos quienes decimos que somos”.
Claudía Pía Baudracco, integrante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero Argentinas (ATTA), sostuvo que los proyectos en estudio “quieren decir sí a la democracia, sí a la ciudadanía” y permitirle a las personas trans ser sujetos plenos de derechos. Para ello, señaló, buscan derogar la prohibición de cambio de sexo sancionada en ese país durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966-1970) mediante la ley 17.132 de 1967. La norma, que regula el “Reìgimen legal del ejercicio de la medicina, odontologiìa y actividades auxiliares de las mismas”, prohíbe a los profesionales de la medicina llevar a cabo intervenciones quiruìrgicas que modifiquen el sexo de una persona, “salvo que sean efectuadas con posterioridad a una autorizacioìn judicial” (Art. 19). Baudracco también se refirió a las dificultades que enfrentan las personas trans para acceder a establecimientos educativos y puestos de trabajo: “Nos dicen que no estemos en las esquinas y que estudiemos y trabajemos, pero los profesores nos quieren enderezar y meternos en el sistema binario de nene y nena. La sociedad nos da el lugar de PCP: putas, costureras y peluqueras. Queremos ser Presidenta, diputada o lo que sea”.
Lohana Berkins, titular de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) e integrante del Frente Nacional por la Identidad de Género, también habló de las dificultades que plantean algunas instituciones que “se niegan a salir de la binariedad e intentan ponernos en un lugar que no es el nuestro. Cuando vamos a inscribirnos a una escuela comienza la discriminación. Lo que estamos pidiendo es que el Estado nos dé esos derechos”, explicó.
También participó del debate el actual interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Pedro Mouratian, quien se refirió a la ley como “el desafío de seguir construyendo un país más justo”. El funcionario aseveró que “el Estado tiene la obligación de trabajar por la desestigmatización de las personas trans” y manifestó su esperanza en que estos debates parlamentarios conduzcan a un acuerdo que sea el inicio de una “batalla cultural”.
Vilma Ibarra y Juan Tunessi, presidentes de cada una de las comisiones, explicitaron que la voluntad de ambos grupos de legisladores es que antes de finalizar el año haya llegado al recinto un proyecto de ley que permita la rectificación del sexo en el DNI (Documento Nacional de Identidad) y el cambio de nombre de pila con sólo solicitarlo. En este sentido apuntaron las palabras de Lohana Berkins, quien comentó que si bien es posible que haya sectores en desacuerdo, “lo que deben tener claro es que no se nos puede negar un derecho. Que existan tantos proyectos demuestra que los aspectos demandados son una necesidad de toda nuestra comunidad”. Refiriéndose a la consideración de otras identidades de género señaló –haciendo eco de un argumento evocado al ser discutida el año pasado la ley de matrimonio igualitario– que los proyectos de ley no buscan crear algo nuevo sino reconocer lo que ya existe: “Se trata de legitimar lo que existe y ponernos en pie de igualdad”.