Por Pilar Pezoa Navarro
El Premio Nobel de la Paz de este año fue para tres mujeres: la liberiana Ellen Johnson Sirleaf, primera Presidenta de un país africano; su compatriota Leymah Gbowee, activista que lideró el movimiento que puso fin a la segunda guerra civil de ese país; y Tawakkul Karman, figura emblemática de la primavera árabe en Yemen. Thorbjoern Jagland, presidente del Comité noruego, aclaró que la decisión no tuvo que ver con una “cuota de género”, sino con el reconocimiento de la labor de las tres galardonadas en la lucha pacífica a favor de la seguridad de las mujeres y de su derecho a la participación en procesos de paz. La designación indica, no obstante, un reconocimiento del lugar clave de las mujeres en la vida pública contemporánea y su liderazgo en procesos donde la participación popular ha adquirido renovado protagonismo.
Sin embargo, las instituciones de la democracia formal no se muestran tan permeables a la participación femenina. A pesar de avances notables, estudios sobre participación de las mujeres muestran que la esfera política sigue siendo uno de los espacios más resistentes al cambio. Según el Índice de Compromiso Cumplido Latinoamericano, instrumento técnico-político creado por el movimiento de mujeres para el control ciudadano de las políticas nacionales e internacionales sobre equidad de género, en 2003, en 14 de los 18 países de la región la participación femenina en asambleas legislativas no llegaba al 20%. Entre ellos, cinco no alcanzaban el 10%. Costa Rica era el país con el porcentaje más alto (35,1%), seguido de Argentina (31%), México (21,2%) y Nicaragua (20,4%). Honduras, por su parte, registraba la presencia más baja de mujeres en cargos electivos (6,3%), seguido de Guatemala (8,2%), Paraguay (8,8%), Brasil (9,1%), Panamá (9,9%) y Chile (10,1%).
En 2009, la Unión Interparlamentaria (UIP) reportó cambios en el panorama participativo de las mujeres en América Latina. La Argentina pasó a liderar la lista con un porcentaje de participación del 46,1%, seguida por Costa Rica con un 36,8% y Ecuador, que subió del 16,0% en 2003 al 32,3%. Esos cambios obedecen en buena medida a la implementación de cuotas de género en las décadas de 1990 y 2000, señala la organización internacional.
Si bien algunas de estas políticas ya habían sido adoptadas por partidos políticos del norte de Europa en la década de los setenta, la UIP señala que Argentina fue el primer país democrático que, en 1991, le confirió carácter de ley a esta medida, extendiéndola para todos los partidos y fijando una cuota del 30% para las elecciones generales, lo que conllevó un incremento de la representación de mujeres en las legislaturas. Actualmente, este país, que acaba de reelegir a una mujer, Cristina Fernández, como presidenta de la República, se sitúa entre los 12 primeros a nivel mundial con mayor participación femenina en el Parlamento. En los años siguientes, doce países de las Américas siguieron este ejemplo y formularon leyes o disposiciones constitucionales relativas a las cuotas de género, aunque el crecimiento de la participación política femenina en ellos fue dispar. La organización que representa a la rama legislativa de 159 países, explica que esto se debió a factores relacionados con el porcentaje de participación femenina exigido por las cuotas, que en países como Costa Rica establece un mínimo del 40% de las candidaturas, mientras que en Paraguay es del 20%. Otro factor son los mecanismos dispuestos por la ley para garantizar su cumplimiento, que en algunos países contemplan sanciones para los partidos que nos las cumplan, mientras que en otros como Panamá no pasan de meras recomendaciones.
Los mayores avances se han registrado en las elecciones parlamentarias, en tanto que la participación de las mujeres en los gobiernos locales continúa siendo baja. Según lo reportado en el Primer Foro Hemisférico “Liderazgo de las mujeres para la democracia de ciudadanía” celebrado en abril de este año en Washington, en América Latina menos del 10% de las alcaldías está en manos de mujeres, y en la administración pública ellas apenas alcanzan el 15% de los gabinetes ejecutivos. Esta subrepresentación en puestos de gobierno afecta la calidad de la democracia y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. También incide en la pobre formulación de leyes, políticas y programas destinados a superar la discriminación en todas las esferas de la vida nacional, pública y privada.
Hacia una ley de paridad en Chile
Desde que Elena Caffarena fundó en 1935 el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres, que consiguió el voto femenino en 1949, Chile ha recorrido un largo camino en materia de representación política. La presencia femenina en cargos de responsabilidad ha aumentado en los últimos años, sobre todo desde 1990, con el fin de la dictadura de Pinochet. El número de mujeres en ejercicio de cargos de responsabilidad se incrementó en el nivel nacional y en el municipal, tanto en las ramas ejecutiva como legislativa. El porcentaje de ministras, que en 2003 era de un 16,67% de los ministerios, alcanzó durante el gobierno de Michelle Bachelet su punto más alto (50%), con el nombramiento de un gabinete paritario.
No obstante, a este repunte le siguió una caída. En la actualidad, la participación femenina en cargos de representación popular en Chile alcanza apenas el 12,7%, siendo todavía menor en cargos directivos de cualquiera de las ramas públicas. Es evidente que estos logros sólo pueden mantenerse si son respaldados por herramientas normativas y legales que combatan la discriminación de las mujeres en las esferas de poder y contribuyan a transformar las estructuras que la mantinenen.
Al culminar el mandato de Bachelet, la presencia de las mujeres cayó al 18,18% en los ministerios. De acuerdo con la socióloga Teresa Valdés, en 2011 se registró una representación femenina del 22,58% en Subsecretarías, 30,76% en Intendencias, 32,07% en gobernaciones, 14,17% en la Cámara de Diputados, 13,89% en el Senado, 12,5% en alcaldías y 23% en concejos. En la actualidad, Chile reporta uno de los índices más bajos de participación de las mujeres en el Parlamento.
Son muchas las voces que sostienen que la actual Constitución Política de Chile carece de legitimidad por haber sido impuesta en 1980 en un contexto ajeno a cualquier procedimiento democrático. La Carta representa a un sector de la sociedad chilena que impone trabas para su modificación; manteniendo bajos los niveles de representatividad de la ciudadanía, cuya participación queda reducida a situaciones locales o comunales. En materias relevantes y de carácter nacional, no se permite la intervención ciudadana. Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no ha reformado sustancialmente su Constitución Política para ajustarse a las transformaciones que ha experimentado en los últimos años.
El actual escenario de descontento que se vive en Chile hacia la clase política es una muestra de ello. La protesta ha reinstalado el debate por una nueva constitución que garantice mayor participación, representatividad y que responda a demandas ciudadanas. Las encuentas muestran la desaprobación de los candidatos de los partidos políticos por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que las listas rara vez responden a la voluntad popular.
La más reciente iniciativa de reforma constitucional para implementar un sistema electoral proporcional y representativo fue enviada al Senado en 2006. La misma, sin embargo, deja fuera de discusión una ley que asegure un porcentaje de mujeres entre las candidaturas.
Hasta el momento, han sido tramitados tres proyectos de ley con el fin de ampliar la representación femenina en el poder público. En 1997, diputadas de la Concertación presentaron ante el Congreso de Chile un proyecto de ley para imponer a los partidos un límite del 60% en la postulación de candidatos de un sexo, so pena de tener las listas rechazadas. En 2002, la entonces diputada Isabel Allende junto a otros diputados presentó otro proyecto que definía ese límite en el 30% Ambos proyectos fueron archivados. En 2003, Allende presentó una reposición del proyecto de 1997, que se encuentra todavía en trámite dado que su discusión no fue considerada urgente.
Pese a la escasa atención prestada por el legislativo al tema, en el actual contexto de protesta la demanda de inclusión política de los movimientos de mujeres ha cobrado fuerza nuevamente. La participación desigual de las mujeres en los ámbitos político y laboral se debe a la persistencia de lógicas que históricamente las han relegado al espacio privado y al hogar, y al control exclusivo de los partidos políticos por parte de los hombres.
Se hace necesaria una ley de paridad de género, que garantice la representación igualitaria de hombres y de mujeres en toda instancia de toma de decisiones y que conduzca a un equilibrio en materia de derechos y deberes para ambos géneros. Por ejemplo en España, la Ley de Igualdad así lo establece y contempla, inclusive, medidas de promoción de la paridad en la contratación, subvenciones y conformación de consejos de administración para que esta sea adoptada por empresas privadas en el plazo de algunos años. Francia tiene una normativa en el mismo sentido.
Para las elecciones municipales de 2012, Dante Gebauer, presidente del Partido Socialista – PS de la región del Bío-Bío, señaló que la colectividad está apostando por incrementar la participación de mujeres y de jóvenes en las campañas municipales. Por tal motivo, fueron postuladas 30 pre-candidatas que competirán en las elecciones municipales del próximo año. Las pre-candidatas participarán en elecciones primarias dentro del PS, partido de Bachelet, y luego se someterán al dictamen de la Concertación de Partidos por la Democracia, si esta postulara una lista unificada en las elecciones. Carolina Toro, Vicepresidenta regional del PS, señaló que esperan que esta tendencia se extienda a todas las provincias, desde Laja en la provincia de Bío-Bío hasta San Nicolás en Ñuble.