En los últimos años, las normas que impiden a personas homosexuales donar sangre con el fin de reducir el riesgo de transmisión del VIH han sido objeto de duras críticas. Al rededor del mundo, movimientos sociales e investigadores cuestionan la medida no sólo por su carácter discriminatorio, sino también porque, en un momento en el que se registra un aumento significativo de hombres y mujeres heterosexuales infectados con el virus, parece evidenciar su futilidad en la lucha contra el Sida.
En noviembre de 2011, el Reino Unido anunció que levantaría la prohibición que pesaba de por vida para los homosexuales de ese país, sumándose así a otros países de la Unión Europea como España, Italia y Portugal donde la medida también ha sido derogada. En Francia, las autoridades de Salud Pública anunciaron el pasado 14 de junio, durante la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que examinarán si retiran o no la prohibición. Suecia, por su parte, redujo el período de la restricción a un año, por lo que los hombres homosexuales que deseen donar sangre deberán abstenerse de tener relaciones sexuales durante ese tiempo. Esta última medida ha sido criticada por activistas LGBT, quienes la consideran un gesto políticamente correcto y no un avance real en la lucha contra la discriminación.
En América Latina el tema también ha cobrado gran relevancia. El pasado mes de mayo, el Ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, anunció una modificación en la normativa sobre la materia, con el fin de retirar las relaciones homosexuales como criterio excluyente en la selección de donantes y agregó que esta medida está en consonancia con la Ley Zamudio, aprobada hace algunos meses. Pese a que la medida entraría en vigencia en julio, según lo comunicado, aún no se conocen avances al respecto.
En 2010, Brasil sometió a consulta pública el nuevo Reglamento Técnico de Procedimientos Hemoterapéuticos, con el fin de que la sociedad civil participara en la formulación de las nuevas reglas para la donación de sangre. Pese a que organizaciones sociales plantearon levantar la prohibición, la decisión final sobre el texto fue tomada por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que a través de una resolución ambigua, en la que señala que la orientación sexual no debe ser usada como criterio para la selección de donantes, mantuvo la prohibición para hombres que hayan tenido sexo con hombres, profesionales del sexo y personas que se hayan practicado tatuajes o perforaciones corporales en los últimos 12 meses.
Para Claudio Nascimento, Superintendente de Derechos Individuales, Colectivos y Difusos de la Secretaría de Asistencia Social del Estado de Rio de Janeiro, la resolución brasileña da un tratamiento discriminatorio y prejuicioso contra algunos segmentos sociales, tratándolos como grupos de riesgo, pese a que este concepto ya fue desechado hace varios años. “La norma sugiere que los homosexuales son, por esencia, transmisores potenciales del Sida, yendo así en contra del conocimiento acumulado que evidencia el avance de la epidemia en heterosexuales”, puntualiza. Por otro lado, afirma que la resolución arroja dudas sobre el control transfusional, ya que al apoyarse sobre este criterio no garantiza ningún tipo de seguridad relacionada con los hemoderivados. El funcionario aclara además que no existen posibilidades de modificar esta norma a partir de políticas estatales, ya que la cuestión debe ser tratada en el ámbito nacional.
Colombia y Argentina quizás son los países de la región en los que se reportan avances más significativos en la materia. El pasado 26 de marzo, la Corte Constitucional colombiana falló una acción de tutela a favor de un ciudadano a quien se le impidió donar sangre por ser homosexual y determinó que “la orientación sexual como criterio para diferir la donación de sangre de hombres homosexuales” es “discriminatoria” y contraria a la Constitución. Mediante la Sentencia T-248/12, el Tribunal le ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social evaluar los criterios considerados en la normativa relacionada y llevar a cabo campañas y capacitaciones para que los profesionales de la salud no empleen criterios de selección basados en la orientación sexual, sino en preguntas que indaguen prácticas de riesgo en los donantes potenciales.
Ese mismo mes, fue radicada en el Congreso argentino una iniciativa legislativa que busca modificar el artículo 21, inciso 3, de la Ley 22.990 de 1983, o Ley de Sangre, con el fin de establecer criterios libres de discriminación en los interrogatorios para la donación de sangre o anamnesis. El proyecto señala que los actuales interrogatorios vulneran los derechos a la igualdad, intimidad y a la elección de preferencias u orientaciones sexuales, por lo que propone la siguiente redacción para el artículo en cuestión: “La evaluación de la salud del donante sólo se realizará sobre la base de una evaluación individual y con sustento en condiciones o comportamientos de comprobada relevancia científica. No podrá indagarse sobre la opción o preferencia sexual de una persona y esa opción o preferencia no podrán considerarse un impedimento genérico para donar”.
Esta no es la primera vez que normas de este tipo son acusadas de discriminar y estigmatizar a las personas LGBT. Desde hace varios años, activistas e investigadores han argumentado que tales medidas refuerzan la idea de que esta población es un agente transmisor de enfermedades como la hepatitis B y el Sida y que su sangre no es segura. Sin embargo, es ahora que la discusión cobra más fuerza y se vislumbran mayores posibilidades de cambio en la legislación de diversos países, debido a la situación actual de la epidemia, advierte Sergio Maulen, médico infectólogo y activista gay argentino.
Maulen explica que, desde el punto de vista de la tecnología médica y la epidemiología, la situación del VIH ha cambiado y esto se debe a dos motivos. “El primero es que, si bien en nuestros países sigue siendo una epidemia concentrada en varones homosexuales y bisexuales, en números absolutos cada vez hay más varones heterosexuales que se infectan”. Durante el inicio de la epidemia, las posibilidades de que un hombre homosexual con VIH donara sangre sin ser detectado eran mucho más altas que en el caso de hombres heterosexuales. Sin embargo, esta relación se ha modificado de forma significativa, a tal punto que es muy probable que, desde la perspectiva epidemiológica, la diferenciación entre la sangre proveniente de hombres heterosexuales y la de homo– y bisexuales pierda sentido, afirma.
El segundo motivo está relacionado con los avances en los métodos de tamizaje, como el ELISA, cuya calidad ha mejorado notablemente en los últimos años. Esto ha contribuido a reducir la ventana inmunológica, que es el período en el que los métodos no detectan el virus. Por lo tanto, en la actualidad existen menos probabilidades de que una persona infectada done sangre sin que el hecho sea advertido, explica el médico argentino.
Más allá del debate epidemiológico
Pese a los avances en la materia, el debate sobre las restricciones a hombres que tienen sexo con hombres está lejos de resolverse. Franklin Gil Hernández, investigador asociado a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que este tema genera polémica incluso entre personas que han luchado por los derechos de las personas que viven con VIH y de grupos sexualmente minorizados. Entre ellos también se cuentan defensores de la restricción que basan su argumentación en la literatura médica y epidemiológica relativa a la mayor prevalencia del VIH en hombres homosexuales.
En Argentina, el peso porcentual de hombres homosexuales en la población total de personas infectadas ronda el 30%, mientras que el de heterosexuales es de aproximadamente 55%, detalla Sergio Maulen. El porcentaje restante corresponde a usuarios de drogas y a casos de transmisión vertical, es decir, aquellos en los que el virus es transmitido de madre a hijo ya sea a nivel intrauterino, durante el parto o después de éste. Estos datos no significan que 30% de los hombres homosexuales estén infectados, ni que el virus afecte en estas mismas proporciones a homosexuales y heterosexuales. La relación es diferente en la población general, en la que de hecho se observa que la concentración del virus sigue siendo muy alta e incluso superior en varones homosexuales que en heterosexuales, explica el especialista.
Una situación similar se observa en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, países en los que las relaciones sexuales entre hombres son la causa principal de nuevas infecciones por VIH, según ONUSIDA. Pese a ello, Maulen y Gil son críticos de las restricciones que pesan sobre hombres que tienen sexo con hombres y señalan la necesidad de diferenciar en el debate los aspectos epidemiológicos de los discriminatorios. Los primeros están relacionados con el derecho de las personas a recibir sangre segura y las medidas empleadas por los laboratorios y los profesionales de la salud para garantizarlo. Los segundos tienen que ver con los prejuicios presentes en las preguntas de la anamnesis que, en lugar de determinar las posibles prácticas de riesgo a las que están sometidos los posibles donantes, como las relaciones sexuales sin protección, indagan por aspectos relacionados con su orientación sexual.
El fallo de la Corte Constitucional colombiana fue claro en este sentido. Al observar que en el literal relativo a la exclusión por VIH/Sida la normativa contempla haber sostenido relaciones homosexuales masculinas en los últimos 15 años, consideró que esta no “alcanzaba un grado de realización del fin imperioso que se quiere alcanzar”, como lo es proteger a la población receptora de sangre, “y por el contrario, vulnera el derecho a la igualdad y el principio de solidaridad de la población de hombres homosexuales”.
Al respecto, Franklin Gil comenta que la Corte enfatizó que la orientación sexual no puede ser un criterio que permita hacer algún tipo de distinción al respecto, que no sea de tipo afirmativo. De este modo le dio mayor alcance a lo señalado en sentencias anteriores, en las que declaró la inconstitucionalidad de la discriminación por orientación sexual, pese a que la Carta no se refiere de manera explícita a esta categoría sino a la de ‘sexo’. El Tribunal ratificó su línea jurisprudencial en materia antidiscriminación, explica el investigador colombiano.
En este contexto, discernir criterios epidemiológicos de prejuicios es una tarea cada vez más necesaria, sobre todo cuando una buena parte de los primeros parecen estar cimentados sobre los segundos.
Un ejemplo de ello es el papel desempeñado por la encuesta previa a la donación, explica Maulen, “cuyo fin es identificar si la persona ha tenido una relación sexual sin protección con alguien que tuviera VIH o con alguien desconocido en las semanas anteriores”. Sin embargo, continúa, “lo que ha hecho históricamente es apuntar a identificar la identidad de la persona, si es homosexual o si ha tenido alguna vez una relación homosexual”.
Mediante la exposición de diferentes situaciones en las cuales no se debe donar sangre, las encuestas están diseñadas para que las personas mismas se autoexcluyan de haberse encontrado en una de ellas. No obstante, algunos de estos instrumentos no informan de manera explícita que si la persona tiene VIH no puede donar sangre, aunque sí lo hacen con las relaciones homosexuales. “Ahí se evidencia la discriminación”, concluye.
Para Gil, la anamnesis revela una serie de supuestos en los criterios epidemiológicos relacionada con la supuesta promiscuidad y el sexo desprotegido en las relaciones homosexuales, que se corresponden con representaciones sociales estereotipadas tanto de la sexualidad homosexual como de la heterosexual. Esto también se evidencia en la idea de ‘sexo seguro’, que para algunos se refiere estrictamente al uso del condón, mientras que para otros también incluye el sexo de las personas implicadas en el acto sexual, puntualiza.
Por tal motivo, un aspecto enfatizado en el proyecto de ley argentino es la revisión de estos cuestionarios. De acuerdo con Esteban Paulón, Presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans – FALGBT, organización impulsora de la iniciativa legislativa, esta “prevé la elaboración, por parte del Ministerio de Salud de la Nación, de un nuevo formulario que no podrá contener preguntas o sentencias discriminatorias ni lesivas de la dignidad de las personas LGBT”. El activista comenta que “en la práctica esto significa que el Ministerio deberá contemplar preguntas sobre prácticas sexuales seguras e inseguras comunes a todas las orientaciones sexuales y eventualmente podría incorporar alguna sentencia autoexcluyente, en el caso de que la persona hubiera estado en situación de riesgo por haber tenido relaciones sexuales sin protección”.
Estas consideraciones ponen de manifiesto el carácter de un debate que se extiende más allá de lo epidemiológico, a pesar de los esfuerzos de profesionales de la salud para circunscribir el tema a este ámbito. En este sentido, Gil afirma que separar la noción de sangre insegura del criterio de orientación sexual es más que un asunto teórico relativo a la salud pública, ya que también involucra las esferas social y política. Por tal motivo, el investigador colombiano aboga por un debate que trascienda la visión estrictamente epidemiológica y que contemple los efectos de la restricción en la vida de las personas, como el reforzamiento de estereotipos sobre la población homosexual, así como aspectos relacionados con la responsabilidad social, entre los que se cuentan las implicaciones de excluir a un grupo de personas de la posibilidad de ser solidario con otras.
Resonancias y desafíos
Para el Presidente de la FALGBT, el avance del proyecto de ley en el Congreso argentino tendrá repercusiones positivas en otros países de la región, como ha ocurrido con el Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Señala que las conquistas legislativas en estos aspectos han contribuido a movilizar los debates y a activar los movimientos sociales incluso en países que no contaban con las condiciones materiales para su aprobación. Paulón considera que el eco más inmediato será a nivel del Mercosur, donde se podrá apelar a la extensión de este norma en el marco de los tratados suscritos sobre derechos y ciudadanía.
En la unión subregional, los países miembros suscribieron en el año 2000 el Reglamento Técnico Mercosur de Medicina Transfusional, que inhabilita por un año como donantes de sangre y hemoderivados a los hombres que en los 12 meses precedentes hayan tenido sexo con otros hombres, a sus parejas, así como a hombres y mujeres que hayan tenido múltiples parejas sexuales, entre otros. En 2007, las Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, que participaron en el Seminario Sobre Diversidad Sexual, Identidad y Género celebrado en Montevideo, emitieron una declaración sobre los derechos de las minorías sexuales, en el que instan a los gobiernos a derogar “cualquier tipo de ley o reglamentación que prohíba a gays, lesbianas, bisexuales y/o trans donar sangre”. Sin embargo, este documento tiene alcances de recomendación, mientras que el reglamento sobre medicina transfusional tiene peso de decreto.
Al respecto, Sergio Maulen apunta que, sin duda, el debate llegará en algún momento al Mercosur, ya que una de las cuestiones vertebrales del bloque comercial es el consenso en materia de normativas sanitarias. No obstante, considera que en la revisión de la prohibición el peso definitorio lo tendrán los argumentos epidemiológicos. “La discusión sobre la encuesta tiene que ver más con un enfoque de derechos humanos, de examinar si están construidas desde el prejuicio o la moralina y no desde una base científica. Pero la encuesta no es un instrumento para hacer un debate científico. Seguramente, si alguien señala que la encuesta es discriminatoria y hay que cambiarla, todos van a estar de acuerdo. Pero no creo que ese sea el debate. Probablemente el debate que se dé en Mercosur es si los datos epidemiológicos y la nueva tecnología diagnóstica son suficientes para eliminar la restricción en la donación de sangre a todos los varones homo– o bisexuales”, advierte.
Por su parte, Franklin Gil considera que lo que ocurra en Argentina y Colombia incidirá en el ámbito internacional, ya que actualmente el debate sobre el tema trasciende los límites nacionales. El investigador colombiano no descarta que la discusión incluso tenga eco en instancias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que se llegue a una revisión de sus directrices sobre el tema, las cuales, si bien son claras al indicar que la orientación sexual no debe ser un criterio de exclusión en materia transfusional, mantienen cierta ambigüedad en otros temas. “En un campo más general, estas directrices incluyen nociones de promiscuidad que son en mi opinión moralistas y todavía se anima a que se utilicen estrategias conservadoras como la abstinencia sexual en programas de prevención de VIH-Sida”, explica. Por esto, Gil considera importante evaluar si en los debates locales se formula algún tema que pueda ser llevado a estas organizaciones internacionales.
Volviendo al nivel nacional, los desafíos que enfrentarán la implementación del fallo judicial en Colombia y la iniciativa legislativa en Argentina, en caso de ser aprobada, son grandes. Gil, Maulen y Paulón coinciden en que el mayor reto lo representan los equipos de salud.
Son los médicos hemoterapeutas los que han participado en el diseño de estas normativas y los que más han resistido la modificación de las mismas. En Argentina, algunos profesionales de la salud han hecho incidencia en el Congreso buscando que se mantenga la regulación actual, señala Maulen.
Por otro lado, explica Paulón, la corporación médica ha reforzado su argumentación poniendo el tema en el terreno de los derechos, afirmando que donar sangre no es un derecho, mientras que ser protegido por el Estado, sí.
Gil apunta al problema de la administración de las normas, que muchas veces no entrañan discriminación alguna, pero que son interpretadas y puestas en marcha, en este caso por profesionales de la salud, de modo excluyente.
En todo caso, los avances en el tema son significativos, tanto por la importancia que ha cobrado el debate y su extensión en distintos ámbitos nacionales e internacionales, como por la situación actual de la epidemia, referida al principio de esta nota.