CLAM – Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos

“QUANDO A VÍTIMA É MULHER”

Aproximadamente 66.000 mujeres y niñas son violentamente asesinadas en el mundo cada año, lo que equivale a cerca del 17% del total de víctimas de homicidios intencionales, afirma el Global Burden Report of Armed Violence 2011 – GBAV (Reporte sobre la Carga Global de la Violencia Armada). De acuerdo con el estudio de la Secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo y el proyecto independiente The Small Arms Survey, de los 25 países que se sitúan por encima del promedio mundial de feminicidios, 14 pertenecen a las Américas: 4 del Caribe, 4 de América Central y 6 de América del Sur.

Durante el período 2004-2009, el informe examinó reportes de entidades nacionales de estadística, judiciales y de salud pública y de instituciones de investigación de 111 países y territorios, cubriendo el 56% de la población femenina mundial. La información fue seleccionada a partir de una definición “amplia” de feminicidio, entendido como “cualquier homicidio cuya víctima sea mujer”.

El Salvador es el país con la tasa más alta de feminicidios (12,0 por cada 100.000 mujeres), seguido de Jamaica (10,9), Guatemala (9,7) y Sudáfrica (9,6). Otros países de la región con niveles elevados son Venezuela, Brasil, República Dominicana y Ecuador, con entre 3 y 6 feminicidios por cada 100.000 mujeres, y Honduras, Colombia y Bolivia que reportan más de 6 asesinatos de mujeres por cada 100.000. Según el reporte, los países latinoamericanos con índices más bajos son Chile y Argentina, que registran entre 1 y 2 feminicidios por cada 100.000 mujeres, y Perú, con menos de 1.

Si bien los feminicidios suelen ocurrir en el ámbito doméstico, la investigación reveló que en países con violencia generalizada la tasa de mujeres asesinadas en la esfera pública alcanza niveles superiores al promedio de las que mueren en contextos de violencia doméstica. El motivo de esta diferencia se debe a la exposición a ataques de pandillas y grupos de crimen organizado, así como a las denominadas “balas perdidas”. Este es el caso de países como Guatemala y México, en donde la violencia perpetrada por el compañero íntimo genera proporciones relativamente bajas de feminicidios en relación con otras causas. Al respecto, Graciela Atencio, directora del portal Feminicidio.net, señala que en estos y otros países de América Central la mayoría de los asesinatos de mujeres están relacionados con el narcotráfico y grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual. Las cifras recopiladas por el sitio web indican que sólo en el estado mexicano de Baja California en los últimos 4 años los feminicidios se incrementaron en 75% y que en 2011 El Salvador registró un aumento del 13,4% respecto al año anterior. En Guatemala, la Comisión Presidencial contra el Femicidio anunció este año que 705 mujeres fueron asesinadas en 2011, es decir, 30 más que el año precedente, y que entre 2000 y 2010 ese país registró la muerte de 5.200 mujeres.

El GBAV destaca que en los países de América Latina y el Caribe se observan variaciones significativas en los niveles de feminicidio por ciudades y estados. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la tasa de asesinatos femeninos alcanzaba en 2009 19,1 por cada 100.000 mujeres, mientras que el promedio nacional era de 2,5. Algo similar ocurre en Brasil, que registra un promedio nacional de 4,3 feminicidios por cada 100.000 mujeres, mientras que el estado de Espírito Santo reporta una tasa de 10,9. Si bien Anna Alvazzi del Frate –autora de When the Victim is a Woman, capítulo del reporte centrado en la violencia contra las mujeres– no aventura explicaciones al respecto, otras investigaciones han indagado posibles razones de estos contrastes. Sobre las “muertes enigmáticas” de Ciudad Juárez, la antropóloga brasileña Rita Laura Segato explica que al analizarlas en relación con el contexto económico de gran escala en el que se inscribe esta región (tráfico de mercancías producidas por el trabajo de las obreras de las maquiladoras, de drogas, de cuerpos, entre otros) se evidencian relaciones entre estas muertes y actividades ilícitas “resultantes del neoliberalismo feroz que se globalizó en las márgenes de la Gran Frontera después del NAFTA y la acumulación desregulada que se concentró en las manos de algunas familias de Ciudad Juárez”. Con relación al caso brasileño, un estudio de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul descartó la relación comúnmente establecida entre asesinatos de mujeres, precarias condiciones de vida, baja escolaridad y altas tasas de natalidad, al observar una relación inversa entre el feminicidio y las otras variables. La investigación conducida por Stela Nazareth Meneghel y Vania Naomi Hirakata señala que en los lugares donde el patrón de natalidad es menor, aumentan las tasas de homicidio femenino y que el mayor número de conflictos conyugales que pueden culminar con la muerte se da en contextos donde los roles de género tradicionales han cambiado. Así, los feminicidios que ocurren en el ámbito doméstico son más comunes en los hogares donde las mujeres han ingresado en el mercado de trabajo y han ejercido mayor control sobre sus funciones reproductivas. Estas situaciones, concluyen las investigadoras, son potencialmente generadoras de conflicto, ya que, ante esta situación, muchos hombres se sienten desplazados de su papel de proveedores y actúan de forma violenta como una forma de reafirmar su autoridad.

El Reporte sobre la Carga Global de la Violencia Armada también señala que los altos índices de feminicidio suelen registrarse en contextos con altos niveles de tolerancia de la violencia contra las mujeres y donde las normas sociales que discriminan a las mujeres son ampliamente compartidas, incluso por las víctimas. En esos países la respuesta de la justicia criminal suele ser menos eficiente en la resolución de feminicidios que de asesinatos de hombres. Al respecto, relata que en Honduras entre 2008 y 2010 sólo 211 de 1010 feminicidios reportados fueron escuchados en cortes y sólo 56 sentencias fueron dictadas.

Si bien las regiones con los niveles más altos de feminicidio suelen ser las afectadas por mayores índices de violencia letal en general (África del Sur, América del Sur, el Caribe y América Central), un dato interesante es que la proporción de víctimas masculinas respecto a las femeninas evidencia una tendencia diferente. Al comparar el número de feminicidios por cada 100 asesinatos de hombres, se observa que en los 13 países con tasas muy bajas de homicidios cerca de 66 mujeres fueron asesinadas por cada 100 hombres. En contraste, en los países con niveles altos y muy altos de homicidios “la disparidad entre los sexos es significativamente alta con 16,3 y 12,5 mujeres por 100 hombres, respectivamente”. Así, “a medida que las tasas de homicidio aumentan, la tasa de mujeres asesinadas decrece en comparación con los hombres”. No obstante, aclara el estudio, esto no significa que en estos últimos países las mujeres estén más seguras, ya que, pese a que la proporción de mujeres asesinadas respecto a las víctimas masculinas puede parecer baja, las tasas reales de feminicidio son más altas. La paridad en las tasas de asesinatos de hombres y de mujeres se debe a ciertas particularidades de los países con bajos índices de homicidios. Países con una población desproporcionalmente mayor de hombres que de mujeres (Brunei Darussalam), así como aquellos en donde el número de homicidios en general es bajo (Austria, Suiza, Noruega y Japón), son un ejemplo de ello.

Otro aspecto que llama la atención es que a pesar de que la mayoría de perpetradores de feminicidio suelen ser familiares, amigos de las víctimas, parejas actuales o anteriores, un análisis de 54 países reveló que la proporción de feminicidios cometidos por parejas es notablemente baja en países con altas tasas de feminicidio. Así, en El Salvador y Colombia sólo 3% de los feminicidios fueron cometidos por la pareja o ex pareja, mientras que en Chipre, Francia y Portugal, países con tasas de feminicidio bajas (1 a 2 mujeres por cada 100.000) o muy bajas (menos de 1 por cada 100.000), los asesinatos de mujeres por parejas actuales y anteriores alcanzan más del 80%. Al igual que en el caso anterior, esto no significa que las mujeres latinoamericanas y caribeñas estén más seguras en sus hogares que las europeas, sino que corrobora la conclusión de que en los países con altos índices de victimización de las mujeres ellas “corren un alto riesgo de convertirse en objeto de violencia fuera de la esfera privada”.

Por último, el GBAV señala que la producción de estadísticas de género válidas y confiables aún está lejos de los estándares internacionales. Entre los desafíos que deben enfrentar los países en la producción de estadísticas desagregadas están el “bajo desarrollo de conceptos básicos, definiciones y métodos [que] limita[n] la recolección de datos”, la “ausencia de estándares internacionales acordados y sistemas de codificación [que] dificulta la comparabilidad” y “la capacidad y recursos limitados para invertir en la recolección de datos [que] conlleva a una excesiva dependencia de información cualitativa”. A esto se suma la aceptación de la violencia contra las mujeres en varios contextos y la permanencia de leyes que prevén el uso de la violencia para sancionar comportamientos indeseados en las mujeres en algunos países, razón por la cual, afirma Alvazzi del Frate, los datos presentados en el estudio “subestiman la extensión y amplitud del feminicidio”.

Emergencia en El Salvador

De acuerdo con el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer – ISDEMU, entre el 1 de enero y el 26 de febrero de este año fueron asesinadas 121 mujeres. En el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el Salvador, Robert Valent, señaló que el país vive una “emergencia nacional” por violencia de género. 2011 fue el año con mayor número de feminicidios, afirmó tras presentar el balance del último año: 647 muertes según cifras del Instituto de Medicina Legal. Valent consideró alarmante que 87 de las víctimas fueran niñas y 7 de ellas tuvieran entre 0 y 12 años: “Una niña asesinada es demasiado para El Salvador… y ya no basta indignarnos”, aseveró. Roxana Delgado, coordinadora para ese país de ONUMUJERES, añadió que el año pasado hubo 454 feminicidios más que en 2000, cuando se registraron 193.

Además de los feminicidios resulta preocupante el aumento de la violencia sexual en ese país de América Central. De acuerdo con el representante del PNUD, del total de mujeres víctimas de violencia sexual 84% son menores de 20 años y 16% menores de 10 años. Valent señaló que 29 de cada 10.000 niñas con edades entre 10 y 14 años sufrieron alguna forma de abuso sexual y agregó que el 75% de los perpetradores fueron familiares cercanos o personas conocidas por las víctimas. Como resultado de lo anterior, los embarazos a temprana edad –entre los 10 y los 19 años– ascendieron a 26.622 el año pasado, de los cuales 1.713 corresponden a niñas cuyas edades oscilan entre los 10 y los 14 años. Según afirmó el representante de la Organización Panamericana de la Salud, José Ruales, en 3% de estos casos las menores dieron a luz su segundo hijo en menos de cinco años.

Pero las consecuencias de la violencia sexual van todavía más allá. Numerosas investigaciones han mostrado que el impacto de esta y otras formas de violencia contra las mujeres puede ser letal al convertirse en causales de intentos de suicidio. De acuerdo con el Ministerio de Salud de El Salvador, 50% de las muertes maternas adolescentes se deben al suicidio y a la violencia. Por tal motivo, algunos estudios han empezado a contabilizar como feminicidios este tipo de suicidios. Al respecto, el GBVA señala que de incluir estas muertes, el número total de feminicidios sería todavía mayor. Por ello, llama la atención para que en el estudio de este fenómeno se tengan en cuenta estas y otras “formas ocultas de violencia letal contra las mujeres”.

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Desde 2010 El Salvador cuenta con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias para las Mujeres, que tipifica y castiga con penas de prisión de entre 20 y 50 años delitos que no eran reconocidos por el Código Penal salvadoreño, como el feminicidio agravado y el suicidio feminicida –es decir, por inducción o ayuda–. No obstante, la ley sólo entró en vigencia el 1 de enero de este año.