Por Franklin Gil Hernández
A partir de la década de 1960, con fuerte impulso norteamericano, agencias nacionales e internacionales promovieron la expansión de políticas públicas de ‘planificación familiar’. Bajo ese nombre fue constituida toda un área de intervención en respuesta al fenómeno de la denominada ‘explosión demográfica’, que comprometería el desarrollo económico, social y cultural de los países latinoamericanos. En medio de los elogios al desarrollo de estos programas, se escucharon voces críticas que señalaban el sesgo eugenésico –racista y clasista– de estas prácticas, cuyo objeto era controlar el crecimiento de las poblaciones más pobres y de piel más oscura. Angela Davis, crítica de referencia sobre el asunto para el caso estadounidense, señala que del total de mujeres esterilizadas entre 1954 y 1981 en el estado de Carolina del Norte, 65 % eran negras y 35 % blancas.
Aquella crítica mantiene su vigencia 30 años más tarde al abordar las políticas de intervención e investigación en torno de la anticoncepción. En una investigación sobre las campañas de planificación familiar llevadas a cabo en el Perú durante el mandato de Alberto Fujimori (1999-2002), la antropóloga Vanessa Verástegui afirma que se realizaron más de 300.000 esterilizaciones femeninas, la mayoría a mujeres indígenas, según denuncia de la líder Hilaria Supa Huamán, quien cuestionó las condiciones de libertad de elección y el consentimiento informado que las autorizaron.
En los países del hoy denominado Sur Global, donde la raza continúa operando intensamente como marcador de exclusión social, un hito fundamental de la autonomía sexual de las mujeres, como lo es la anticoncepción, se encuentra en tensión con su significado como medio de control poblacional.
Para analizar cómo se experimenta esta tensión hoy en Colombia, comencemos por considerar la utilización de marcadores étnico-raciales para la construcción de datos sobre salud reproductiva. A diferencia de países como Brasil, en Colombia no existe una tradición consolidada de incluir variables relacionadas con la ‘raza’ o el ‘color de la piel’ en los estudios demográficos; y aún menos en los referidos al campo de la salud sexual y salud reproductiva (SSR). En parte, esto puede explicarse por una marcada resistencia en el país a hablar sobre desigualdades raciales, relacionada con la construcción de Colombia como nación mestiza. A pesar de la Constitución de 1991, que brindó un marco limitado para abordar estos temas al reconocer la nación como multicultural, en la cotidianeidad se siguió concibiendo un sujeto colombiano mestizo y la desigualdad social continuó siendo explicada principalmente en términos de clase, sin cualificar ese recorte de acuerdo a la incidencia de otros marcadores. La raza continuó siendo considerada una categoría impertinente, que no daría cuenta de los problemas sociales del país.
Las y los demógrafos colombianos del campo de la SSR siguen sin darle mayor importancia a las cuestiones étnico-raciales, a pesar de las desproporcionadamente altas tasas de mortalidad materna, perinatal y de desnutrición infantil en las regiones que concentraban la mayor parte de la población negra del país, cuyos índices de necesidades básicas insatisfechas también son más altos. Las pocas ocasiones en que la cuestión salió a relucir, por ejemplo, en relación con la precaria situación de la SSR del departamento del Chocó, las interpretaciones racistas no se hicieron esperar. Esta situación era explicada a partir de estereotipos sobre la hipersexualidad, el machismo, la incapacidad racional de las personas negras para planificar el número de hijos y hasta teorías sobre la ‘descompuesta familia negra’. A estas explicaciones se sumaban representaciones acerca de la corrupción política como un fenómeno ‘endémico’ de esa región que impedía el avance efectivo de las políticas públicas en salud.
Raza y etnia en la ENDS
La versión más reciente de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) incluyó en 2010 por primera vez una pregunta sobre la pertenencia étnico-racial de la población entrevistada. Ante la pregunta “¿Cómo se reconoce de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos?” las entrevistadas se identificaron como indígena; gitana/rom; raizal; palenquera; negra/mulata/afrocolombiana/afrocescendiente; o ninguna de las mencionadas. Si bien esto representa un avance en el abordaje interseccional de la salud sexual y reproductiva, para Fernando Urrea, investigador y profesor de la Universidad del Valle, no basta con incluir esta pregunta en el cuestionario si el resto de la información no es analizada a la luz de esta categoría. “Profamilia sólo ha trabajado los resultados de este módulo a partir de una tabla descriptiva organizada por departamento, ciudad y región del país, sin cruzarla con otras variables de la encuesta y sin usarla como variable de control” , afirma.
La ENDS, destaca Urrea, es la encuesta más importante en la medición de patrones reproductivos y de variables sobre la salud materno-infantil y violencia de género, entre otros aspectos. “Por ello, es inadmisible que no tengamos información desagregada para la población afrocolombiana ni para los pueblos indígenas. La Constitución de 1991 ha conllevado al ajuste de los sistemas estadísticos al carácter multicultural y pluriétnico de la sociedad colombiana. Para ello, se requiere que las muestras se amplíen y se realicen ejercicios de sobremuestreo de poblaciones minoritarias (por ejemplo, de poblaciones indígenas). En el futuro, se podría pensar en la realización de una escuesta especializada para pueblos indígenas en el marco de la ENDS, similar a la implementada por el Instituto Nacional de Salud con la encuesta CAPS en 1993-1994”, señala.
El estudio de Profamilia indica que, en los últimos 5 años, el uso de métodos de planificación familiar se incrementó 5 puntos porcentuales entre las mujeres con edades entre 15 y 49 años de edad. En 2005, 56% de las mujeres encuestadas utilizaban algún método, en 2010, el porcentaje fue de 61%.
La esterilización femenina continúa siendo el método anticonceptivo más usado entre las mujeres casadas o unidas (34,9%), representando más de la tercera parte del total de métodos usados, los cuales están comparativamente rezagados: la inyección, que en la encuesta de 2010 superó a la píldora y al DIU, registró un uso del 9.2%. La píldora es empleada por 7.6% de las entrevistadas. A ella le siguen el DIU (7.5%), el condón (7%), el implante subdérmico (3.1%) y la esterilización masculina (3.4%). Los métodos denominados ‘tradicionales’ registraron un 6.1% de uso.
Según el nivel educativo se observa un mayor uso de métodos definitivos en las mujeres que no tienen formación escolar (46,8%) y en las que cursaron primaria (42,9%). Aunque con niveles más próximos a la media nacional de 35%, entre las diferentes regiones se evidencia un mayor uso de la esterilización femenina en el Caribe y el Pacífico, donde se concentran los mayores porcentajes de población negra o afrocolombiana del país, con un 39,3% y 35,9%, respectivamente.
Dada la ausencia de datos desagregados, la relación entre esterilización y pertenencia étnico-racial sólo se puede inferir por medios indirectos. Esto revela la necesidad de revisar la forma en que las encuestas son administradas y analizadas.
¿Para quién la esterilización?
El lugar de las diferencias raciales y de clase en la elección de métodos anticonceptivos es un aspecto poco ponderado al celebrar el avance de la ‘anticoncepción moderna’. En Colombia, como en muchos otros países del hasta recientemente llamado ‘tercer mundo’, la esterilización definitiva de las mujeres guarda una relación exponencial con métodos temporales, como la píldora, más comunes en los países llamados ‘desarrollados’. No es casual en ese sentido que en las estadísticas de esterilización femenina en Europa las mujeres migrantes aparezcan sobrerrepresentadas.
En 2004, llevamos a cabo con Mara Viveros una investigación sobre género, raza, etnicidad y salud sexual y reproductiva en Colombia, que reportó diversas representaciones sociales asociadas a la elección y promoción de métodos anticonceptivos. Advertimos la persistencia de estereotipos raciales y de clase en la preocupación social sobre el aumento de la población, apreciable en afirmaciones cotidianas como “los pobres tienen demasiados hijos”. En talleres con promotores de SSR observamos estereotipos muy difundidos respecto a la supuesta incapacidad racional de las personas de sectores populares y racializados de administrar un método temporal. Las actuales campañas masivas de esterilización gratuita para mujeres de sectores populares son una muestra de ello.
Si bien esta relación entre promoción de métodos anticonceptivos y pertenencia étnico-racial es más visible entre las mujeres, en 2003 se conoció un caso revelador de este vínculo entre hombres costeños de zonas rurales. El 9 de marzo de ese año, el periódico El Tiempo, de Bogotá, anunció que un ‘generoso terrateniente’ del interior del país, preocupado por el aumento acelerado de la fecundidad en la región Caribe, ofrecía tierras a los habitantes del departamento de Córdoba a cambio de que se practicaran la vasectomía. El espíritu del proyecto aparece claramente reflejado en la carta dirigida al periódico por un reconocido médico en la que ponderaba:
Leí con asombro y alegría la nota de ayer dedicada a la labor de un filántropo bogotano que ofrece tierra a cambio de hacerse la vasectomía. No sé si sea original, pero de todas formas refresca el hecho de enterarse de que hay personas en Colombia a las cuales les duele la patria lo suficiente como para poner tiempo y dinero propios para luchar por mejorar las condiciones de nuestro campesinado. Llama más la atención que se esté haciendo en una región del país, como en Córdoba, donde el marco cultural es tan hostil a semejante proyecto.
Creo que planes como éste necesitan el apoyo de todo colombiano que tenga los medios para hacerlo. No van a faltar los librepensadores que van a ver en esto una afrenta a los derechos individuales, que van a clamar por que se está coartando la libertad de reproducción de los individuos desprotegidos aprovechándose de su necesidad. Ojalá podamos colocarnos por encima de pensamientos tan miopes. Planes así deberían hacerse extensivos no sólo a otras zonas rurales de Colombia, sino a enclaves de miseria como Aguablanca, la Comuna 13 o Ciudad Bolívar.”
En marzo de este año, el Representante a la Cámara Hólger Horacio Díaz radicó un proyecto de ley que propone poner como límite a la obtención de subsidios familiares un máximo de dos hijos, como ‘premio’ a las parejas que se reproducían menos y ‘castigo’ a las que tenían muchos. En entrevista con el periódico el Espectador, el Senador afirmó que “el interés no es prohibir los embarazos, sino estimular el manejo de la natalidad, crear una cultura de sexualidad responsable”. De esta forma, “quienes asuman responsablemente la natalidad tendrían beneficios que se verían reflejados en el futuro. Acá la lucha de fondo es contra la pobreza”, aseveró.
Más recientemente, la Senadora Gilma Jiménez anunció un proyecto de ley para reducir la natalidad y promover la paternidad responsable. El proyecto, a ser presentado en breve, conserva el espíritu del anterior y muestra cierto consenso social respecto a la limitación de la autonomía reproductiva y el control de las decisiones anticonceptivas de personas de sectores populares, con el fin de controlar el crecimiento de la población.
El artículo de El Tiempo sobre el proyecto destaca que “uno de los puntos que generará más polémica tiene que ver con la implementación de programas de planificación temporales y definitivos”. Al respecto, surge la pregunta sobre los sujetos a quienes irían dirigidos los métodos definitivos. En las afirmaciones de la Senadora se advierte una respuesta a este interrogante:
“No es que los más pobres no puedan tener hijos, pero sí deben ser conscientes de que no pueden traer al mundo niños por los que no pueden responder; niños no deseados que podrían ser víctimas de violencia”.
El proyecto incluye medidas para restringir los apoyos del Estado a quienes se reproducen ‘demasiado’ y a las mujeres que, según afirma Jiménez en la entrevista a El Tiempo, han estado sobreprotegidas por la legislación colombiana. En palabras de la Senadora: “Las mujeres que se dediquen a traer hijos al mundo, por los que no pueden responder, deben perder su custodia, oportunidades y ayudas”.
Derecho a la reproducción
En Colombia, hablar sobre el derecho a la reproducción puede parecer contraproducente en un momento en el que, por cuenta de un proyecto de ley que busca penalizar nuevamente el aborto bajo cualquier circunstancia, el derecho a decidir está siendo amenazado. Curiosamente, han sido los conservadores quienes han sacado a la luz el componente eugenésico en los debates sobre el aborto esgrimidos por feministas durante los años setenta, citando los argumentos parcialmente, aunque no su autoría.
Como señala la investigadora colombiana Mara Viveros (Universidad Nacional de Colombia), el derecho al aborto y el derecho a la reproducción podemos entenderlos como dos caras de una misma moneda que deben ser sopesadas. En consonancia con ese argumento, en un texto publicado este año, explicaba que si bien hay mujeres “que deciden cuándo ser madres, de la mejor manera posible”, también están “las que no deciden: porque no tienen proyectos profesionales que interrumpir; porque queriendo ser madres no pueden serlo; porque sus condiciones socioeconómicas se lo impiden; la sociedad las señala por traer hijos irresponsablemente al mundo; o porque cuando quieren o les toca interrumpir un embarazo deben exponer su salud e incluso su vida por no tener acceso a una atención digna y de calidad” (Gil, 2011).
Efectivamente, las diferencias sociales son invocadas frecuentemente para señalar quiénes “deberían reproducirse menos”. Los argumentos acerca de quiénes merecen reproducirse y quienes deberían evitarlo exhiben como fundamento explícito las diferencias de clase y como sutil subtexto las raciales.
El análisis de estas cuestiones es útil para entender la importancia de la dimensión étnico-racial, así como de la clase en los estudios sobre Salud Sexual y Reproductiva. Contribuirá a tomar medidas más efectivas en relación con la reducción de las tasas de mortalidad materna y perinatal y otros efectos de la inequidad en la distribución del acceso a la salud y otros bienes sociales. Será particularmente oportuno identificar los prejuicios raciales y de clase que persisten en los programas de promoción de métodos anticonceptivos y en la forma como las prácticas anticonceptivas refuerzan representaciones racistas y clasistas sobre ciertas poblaciones.
Referencias citadas
Davis, Angela (2004 [1981]) Mujeres, Raza y Clase, Ediciones Akal. Madrid.
Gil, Franklin (2011) “Relativismo cultural, diferencia colonial y derechos de las mujeres”, en Arango, L.G. y Viveros, M. El género: una categoría útil para las ciencias sociales. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá D.C. pág. 171 202.
Verástegui Ollé Vanessa (2009) “El proyecto nacionalista de la Eugenesia y el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú: ¿Políticas Públicas de Salud, Misoginia o Limpieza Racial? Revista Abra Andina, Pontificia Universidad Católica del Perú, Mayo de 2009.
Viveros, Mara y Gil, Franklin (2006) “De las desigualdades sociales a las diferencias culturales. Género, “raza” y etnicidad en la salud sexual y reproductiva en Colombia”, en: Saberes, culturas y derechos sexuales en Colombia. Tercer Mundo. Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos (CLAM). Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.