Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres le exigieron al Estado peruano el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para implementar el aborto terapéutico en los establecimientos públicos de salud. El dictamen había sido motivado por el caso de K.L., una adolescente que fue obligada a llevar a término el embarazo de un feto anencefálico con grave perjuicio para su salud mental.
Hace cinco años, el referido organismo internacional solicitó al Estado peruano la reparación integral de la adolescente y lo instó a tomar las medidas necesarias para evitar que situaciones como la de K.L. se repitieran. Esto implica reglamentar el aborto terapéutico, que es legal en el país desde 1924.
La Campaña 28 de Septiembre “Día por la despenalización del aborto en América Latina y El Caribe”, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres – CLADEM Perú y la Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos se movilizaron para exigir la implementación del aborto terapéutico en la red pública de salud. Convocaron a colectivos y redes internacionales de derechos humanos para solicitar a las sedes diplomáticas peruanas información sobre las medidas que el gobierno de ese país adoptará para cumplir con las recomendaciones formuladas sobre el caso de K.L. “El objetivo de este llamamiento es generar una corriente de opinión pública regional que haga sentir su voz crítica ante el Estado peruano, de modo que reconsidere sus políticas de penalización del aborto y la denegación del acceso al aborto legal, así como exigir el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”, señaló María Ysabel Cedano, abogada feminista del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer – DEMUS.
Por su parte, Valeria Pandjiarjian, integrante del CLADEM, lamenta que en cinco años el Estado peruano no haya cumplido con las recomendaciones de Naciones Unidas. Para la abogada brasileña, esta omisión contradice los compromisos adquiridos por el Perú al suscribir los tratados internacionales de derechos humanos.
Pandjiarjian señala que en los países de América Latina y El Caribe donde el aborto está despenalizado, los Estados se resisten a implementar políticas que garanticen el acceso a este derecho, pese a la existencia de tratados internacionales y normas internas que respaldan esta medida. La abogada feminista atribuye esta situación a la debilidad del Estado laico en la región, donde la presión de los grupos fundamentalistas contrarios a los derechos de las mujeres sigue teniendo un peso considerable en la política.
Cinco años de impunidad
Además de recomendar la implementación del aborto terapéutico, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas responsabilizaba al Estado peruano por vulnerar los derechos humanos de K.L. A la adolescente se le infligió un trato cruel, inhumano y degradante al negársele el aborto terapéutico y obligarla a culminar un embarazo que le causó daños graves y permanentes en su salud mental.
Pese a que se trata de un procedimiento legal, la ausencia de una norma técnica para implementar el aborto terapéutico en los hospitales públicos puede significar la muerte de mujeres con problemas de salud que se agravan con el embarazo. Al no disponer de recursos económicos, muchas mujeres no pueden acudir a un servicio particular para interrumpir un embarazo cuando los servicios estatales se niegan a hacerlo. Muchos médicos se abstienen de practicar el aborto terapéutico por temor a involucrarse en denuncias penales. Ellos consideran necesaria la aprobación de una norma que los respalde.
Durante los últimos cinco años, organizaciones feministas y grupos de defensa de los derechos humanos han exigido la aprobación del protocolo nacional para el aborto terapéutico. Estas demandas han tenido eco en el Colegio Médico y otras sociedades científicas, que en 2005 se pusieron a la tarea de determinar las situaciones en las que esta práctica es procedente. Sin embargo, los avances alcanzados en la elaboración de la norma han sido truncados por presiones de sectores conservadores con influencia en altas esferas del gobierno que se oponene a los derechos sexuales y reproductivos.
En algunos hospitales nacionales, los integrantes de los cuerpos médicos, con anuencia de los directores, han aprobado sus propios protocolos para atender las demandas de las mujeres con embarazos que ponen en riesgo sus vidas o que pueden causar daños graves o permanentes en su salud. Empero, se requiere la aprobación de una norma de alcance nacional, que garantice los derechos de todas las mujeres que requieren interrumpir sus embarazos por razones de salud.
Represión en lugar de diálogo
Las redes y colectivos a favor de los derechos sexuales y reproductivos realizaron el lunes 25 de octubre un acto de protesta frente a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Las participantes demandaron la aprobación de un protocolo que facilite la interrupción legal del embarazo en los establecimientos públicos de salud.
La manifestación pacífica fue reprimida brutalmente por grupos especiales de la Policía Nacional, que agredieron a mujeres y representantes de la prensa que cubrían el evento. “Este es un mensaje claro de un gobierno que desprecia los tratados internacionales de derechos humanos y criminaliza la protesta social, mientras, por otro lado, viola la Constitución al proclamar al Señor de los Milagros como patrón de la espiritualidad del pueblo peruano”, afirma Josy Cárdenas, representante del Colectivo Campaña 28 de Septiembre. La activista se refiere a una reciente norma aprobada por el Congreso peruano que vulnera la libertad de credos contemplada por la Constitución.
Además de las manifestaciones públicas, las organizaciones sociales coordinan con congresistas de diferentes bancadas una acción para que el ministro de Salud Óscar Ugarte comparezca ante el Congreso y explique los obstáculos que impiden la aprobación de la guía técnica para la interrupción legal del embarazo. Pese a haber anunciado su adopción el pasado mes de mayo, el ministro posteriormente afirmó que la aprobación de la guía sería sometida a consulta ciudadana.