Del 19 al 21 de julio, mujeres y hombres que realizan trabajo sexual y buscan el reconocimiento de su oficio como actividad laboral remunerada con acceso al sistema de seguridad social, se reunieron en el Distrito Federal para discutir las principales problemáticas que los aquejan.
Es la décimo cuarta edición de este encuentro nacional, que convoca a trabajadoras y trabajadores sexuales adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La Declaración critica la mercantilización de las personas, la naturaleza, la cultura y la historia por parte del capitalismo neoliberal, y propone la construcción de formas alternativas de política que garanticen los derechos de ciudadanas y ciudadanos, entre ellos, el derecho al trabajo.
El surgimiento de esta movilización se remonta a 1995, cuando se conformaron y articularon colectivos interesados en promover la equidad entre hombres y mujeres, la participación de las mujeres en el desarrollo comunitario, un mayor impacto social en la lucha contra la pobreza, el VIH/Sida y los factores que hacen del sexo comercial la única posibilidad de sustento de muchas personas. En esa ocasión, se cuestionó el uso de términos como ‘prostituta’ o ‘sexo-servidora’, debido al tono discriminatorio del primero y a la relación de sumisión hacia quien contrata estos servicios, implícita en el segundo.
Haciendo eco de estas discusiones, cinco años más tarde se conformó la Red Mexicana de Trabajo Sexual, con el fin de impulsar una política de Estado que brindara protección jurídica y social a trabajadoras y trabajadores sexuales, y les garantizara servicios de prevención y atención en VIH/Sida, infecciones de transmisión sexual y cáncer cérvico-uterino. Simultáneamente, la Red abogó por la transformación de las causas estructurales que llevan a las personas a ejercer este oficio.
En 2003, las reivindicaciones laborales fueron apoyadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, que recomendó al gobierno de ese país “Definir y legislar sobre el carácter de empleadores y de sus responsabilidades como tales, de las personas que ocupan a trabajadoras del hogar, a aquellas que realizan trabajos de maquila a domicilio y a trabajadoras del sexo que laboran en bares, restaurantes, centros nocturnos, etcétera”.
Este año, las y los participantes al Encuentro, organizado por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, elaboraron un informe que denuncia el acoso permanente de autoridades locales a trabajadoras y trabajadores sexuales. Ese acoso se ha incrementado con la implementación de la reciente legislación contra la trata de personas y la explotación sexual comercial.
Jaime Montejo, vocero de Brigada Callejera, señala que, en distintos lugares del país, con “la creación de la Ley de Protección de Víctimas de Trata y la discusión de leyes en congresos locales que sancionan a las personas que contraten los servicios de trabajadoras sexuales, como la propuesta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se ha criminalizado y perseguido a las y los trabajadores sexuales”.
Una de las medidas a las que se refiere es la propuesta del diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Sergio Eguren, de regular el ejercicio de la prostitución en el Distrito Federal mediante la delimitación de zonas de tolerancia y el establecimiento de un “sistema de salud confiable”. De ser aprobada la iniciativa, los clientes que recurran al sexo comercial fuera de estas zonas enfrentarán entre uno y tres años de cárcel.
Montejo se opone a esta medida. Explica que “con el pretexto de limitar la explotación y trata de personas, el diputado Eguren ha olvidado que mecanismos como éste facilitan condiciones sociales para mantener en la impunidad delitos que lesionan la dignidad de las personas, sobre todo de mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Añade que esta y otras medidas como las pruebas obligatorias de VIH/Sida a trabajadoras sexuales y grupos sociales con prácticas sexuales consideradas riesgosas, son “discriminatorias y anticonstitucionales” y violan los derechos humanos de las personas sometidas a ellas.
Las y los asistentes al Encuentro manifestaron su preocupación por la reciente reforma de los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política, con el objeto de prevenir y combatir la trata de personas. Según Montejo, esta reforma, que permite encarcelar a cualquier persona sospechosa de este delito, incrementará la detención arbitraria de quienes realizan sexo comercial, sospechosos usuales de las autoridades, “cuando son gobernantes y empresarios quienes fomentan la trata de personas”. Fue denunciado también el aumento de homicidios de trabajadoras y trabajadores sexuales. Entre julio de 2010 y julio de 2011, fueron asesinadas 640 personas en todo el territorio nacional, en promedio 20 por estado. Esta cifra, explica Montejo, se ha triplicado en los últimos dos años. Hasta mediados de 2009 se registraban anualmente alrededor de seis homicidios por estado, lo que equivale a un total de 190 a 250 asesinatos.
El activista señala que la guerra contra el crimen organizado ha contribuido al aumento de estas cifras. La mayor presencia de militares en las zonas donde se ejerce el trabajo sexual y la escalada de violencia por parte de organizaciones criminales que operan en dichos lugares han derivado en el incremento de feminicidios y crímenes de odio por homofobia y transfobia.
Un ejemplo de esto es el asesinato de La Thalía, trabajadora sexual transgénero, ocurrido el pasado 4 de julio en Chihuahua. La víctima fue atacada con armas de fuego desde un auto en pleno centro histórico de la ciudad. A este se suman los asesinatos de las trabajadoras sexuales Fabiola Navarro e Isabel Orozco en dos hoteles de la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz.
El informe
El documento elaborado como resultado del encuentro aborda en cinco partes las formas de violencia más comunes contra trabajadoras y trabajadores sexuales. El primer apartado se refiere a las detenciones arbitrarias en distintas partes de la República. En los Estados de México, Hidalgo y Distrito Federal, las autoridades han encarcelado a trabajadoras sexuales por cargar condones entre sus pertenencias. En la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato, 11 de ellas fueron robadas por los propios policías.
La segunda sección describe en detalle cómo la regulación de la prostitución con el establecimiento de zonas de tolerancia y controles sanitarios en estados como Zacatecas y Querétaro ha vulnerado varios derechos de las y los trabajadores sexuales. La obligación de portar tarjetas sanitarias expedidas por laboratorios autorizados ha conllevado al incremento del valor de las pruebas de detección del VIH/Sida, sífilis y hepatitis. Mientras que en la mayoría de laboratorios estos exámenes cuestan 60 pesos, los autorizados llegan a cobrar hasta 10 veces más. La implementación de estas tarjetas también ha propiciado la extorsión de las trabajadoras sexuales por parte de la policía, que ante su ausencia encuentran una excusa para detenerlas o agredirlas, incluso sexualmente.
La tercera parte advierte que en las ciudades de Acapulco, Guerrero y Tuxtla Gutiérrez, trabajadoras sexuales han sido imputadas por delitos (entre ellos el de secuestro) cometidos por presuntos sicarios a quienes habían prestado servicios. Asimismo señala que, ante la constante extorsión por parte del crimen organizado, decenas de bares y hoteles donde se realizaba trabajo sexual han sido cerrados por sus dueños. Las trabajadoras sexuales en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, estado de México, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y todo el norte de la República han sido víctimas del cobro de cuotas para poder hacer su trabajo.
Un apartado del informe denuncia campañas de “limpieza social” como la ocurrida en Guadalajara, Jalisco, con el pretexto de embellecer la ciudad para la celebración de los XVI Juegos Panamericanos. A raíz de las mismas las y los trabajadores sexuales son frecuentemente arrestados y forzados a abandonar las zonas donde venían ofreciendo sus servicios. Esta sección aborda también el contenido homofóbico de estas relocalizaciones y detenciones.
La quinta parte se refiere a la venta de condones que deberían ser distribuidos gratuitamente y al desabastecimiento de medicamentos para tratar el VIH/Sida. En lugares como Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, los preservativos que distribuye la Secretaria de Salud son cobrados a las trabajadoras sexuales. También señala que las autoridades de Minatitlán, Veracruz, hacen públicos los nombres de las trabajadoras sexuales que viven con VIH/Sida para evitar que sean contratadas.
Tras la lectura del informe, Elvira Madrid, integrante de Brigada Callejera y co-organizadora del encuentro, exigió la expedición de leyes a favor del trabajo sexual y no vulneren los derechos de quienes ejercen esta actividad.