La jueza Karen Atala y el escritor Pablo Simonetti como figuras públicas han estado presentes –cada una a su manera– en el debate sobre la necesidad de una ley de matrimonio igualitario en Chile, similar a la aprobada en la Argentina el 15 de Julio del año pasado.
En 2004, a la jueza Atala le quitaron la tuición de sus hijas por ser lesbiana y vivir con su pareja, la historiadora Emma de Ramón. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en 2010, resolvió que Chile había discriminado a la jueza y violado su derecho a vivir en familia.
Pablo Simonetti asumió públicamente su homosexualidad y su compromiso con la lucha por el derecho a la igualdad. El pasado 15 de junio se presentó ante la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, junto a otras personas y organizaciones sociales que aportaron a la discusión sobre uniones de hecho, y declaró que “la igualdad de derechos es un bien superior de la convivencia democrática”.
El debate sobre los derechos de las parejas del mismo sexo llegó al Senado chileno en 2003, con una propuesta general de unión civil para parejas homosexuales y heterosexuales, que fue archivada. En 2006 fue presentado el Pacto de Unión Civil (PUC), que buscaba garantizar derechos de herencia, pensión y salud a parejas homosexuales y heterosexuales convivientes. Dos años después se tramitó un proyecto para modificar el Código Civil y permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo, que tampoco fue aprobado. En junio de este año, el debate se reactivó con la discusión de tres proyectos de ley sobre los derechos patrimoniales de parejas convivientes homo y heterosexuales: el Acuerdo de Vida en Común (AVC), presentado por el ex parlamentario Andrés Allamand; el proyecto del senador Carlos Bianchi sobre la regulación del contrato de unión civil; y la iniciativa del senador Guido Girardi y el ex senador Carlos Ominami, referente a los pactos de uniones civiles. Ninguno de estos proyectos busca el reconocimiento del matrimonio igualitario.
El gobierno anunció que presentará una iniciativa legal al respecto, aunque sin una fecha precisa de entrega, que no reconocería el vínculo afectivo ni implicaría el registro de las uniones por parte del Estado. De ser aprobado, el proyecto llevaría a cabo una reforma constitucional que defina el carácter heterosexual del matrimonio y le daría a las uniones del mismo sexo el estatus de “acuerdos no matrimoniales”. De esta forma, despejaría el fantasma del “matrimonio gay”, fuente de conflicto con sus socios políticos, entre ellos el partido de derecha Unión Demócrata Independiente UDI, que no está dispuesto a legislar sobre el tema.
En el fondo, esta iniciativa pretende tener un mayor control sobre las definiciones y significados de familia, conviritiéndose en el mayor obstáculo para el reconocimiento de uniones de hecho homosexuales. Según expertas y expertos, la definición explícita del matrimonio como unión heterosexual, condición impuesta por los grupos conservadores para avanzar en la discusión, evidencia que el proyecto del gobierno busca la limitación y no la ampliación de derechos.
Defensoras y defensores del matrimonio igualitario señalan que no se busca crear una institución especial, sino legislar para garantizar la igualdad de derechos para toda la ciudadanía, teniendo en cuenta la situación del país en materia de uniones. En Chile, cada vez hay más parejas heterosexuales que deciden no casarse. Las cifras revelan que la tasa de matrimonios ha bajado durante los últimos años. En 1992, el número de casados era 51,8%, en 2002 la cifra bajó a 46,2%, según el Censo- INE (Instituto Nacional de Estadísticas).
Avanzar en la dirección de una legislación como la argentina igualaría los derechos de las parejas que deciden casarse y de las que no en aspectos patrimoniales, de salud, herencia y previsión. Las parejas homosexuales, los convivientes heterosexuales, los padres y madres solteras, serían reconocidos jurídicamente como otras formas de familias. La figura del matrimonio, como unión entre un hombre y una mujer celebrada con fines reproductivos, se abriría a otro tipo de uniones, permitiendo la construcción de una sociedad más democrática que responda a las transformaciones sociales.
Reconocimiento del vínculo en el Registro Civil
Uno de los compromisos de campaña del Presidente Piñera fue la regulación de las uniones entre parejas de hecho homosexuales y heterosexuales, cuyo correlato fue la imagen de una pareja gay en la propaganda electoral. En su momento, esto fue considerado como un guiño en la búsqueda de una sociedad más inclusiva e igualitaria. Sin embargo, en sus declaraciones posteriores como mandatario, Piñera sostuvo que el matrimonio es en esencia la unión de un hombre y una mujer, ratificando así lo estipulado en el artículo 102 del Código Civil chileno.
En el discurso presidencial del 21 de mayo, en el que los Presidentes entregan su cuenta anual, Piñera no se refirió a las uniones de hecho, lo que provocó críticas y escepticismo respecto a sus compromisos en esta materia. Luis Larraín, quien apareció en el spot electoral de Piñera pidiendo derechos igualitarios para las parejas gay, dijo sentirse decepcionado. “Los homosexuales no existimos en el discurso. Una pena”, afirmó.
Para Amnistía Internacional, las declaraciones del mandatario fueron una señal confusa y discriminatoria respecto a las personas gay, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero. La ONG enfatizó en “la necesidad de promulgar en Chile una legislación que asegure la igualdad de derechos para todas las personas que deseen formar una familia”.
De acuerdo con los tratados internacionales de Derechos Humanos, dos contrayentes, hombres o mujeres en edad núbil, que manifiesten su libre y espontáneo consentimiento para casarse (unirse civilmente o contraer matrimonio) deben tener el mismo derecho que una pareja heterosexual que desea hacerlo. Por este motivo, “La legislación interna chilena debe alinearse con sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos que surgen de la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales en los que explícitamente el Estado chileno se compromete a no discriminar”, precisó en un comunicado Amnistía Internacional.
Cuando se garantiza la igualdad de derechos, la sociedad gana en libertades y ciudadanía. Pese a las declaraciones de políticos que afirman que el país no está preparado para un matrimonio igualitario, un gran porcentaje de chilenos y chilenas está a favor de su promulgación. Difícilmente se puede imponer por vías democráticas un modelo de familia si éste no tiene arraigo en la vida de las y los ciudadanos.
Según un sondeo realizado por Criteria Research, “el 41% de los santiaguinos considera que sí debería legalizarse el matrimonio homosexual”. El estudio reveló que los resultados son transversales a los estratos socioeconómicos, aunque existen diferencias al observar las franjas etarias, donde se evidencia un marcado quiebre generacional. Al respecto, concluye, existe una visión más liberal y tolerante entre los jóvenes.
De acuerdo con el sondeo, las razones de los encuestados para apoyar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo se centraron en valores como la igualdad, la no discriminación y la libertad de expresión y de elección. Algunos consideraron que la “protección económica” es fundamental en estos casos. Quienes rechazan el matrimonio homosexual argumentaron que éste les parece “raro, anormal y chocante”. El estudio se hizo en agosto de 2010, a través de encuestas telefónicas realizadas a 400 hombres y mujeres de 18 a 70 años, pertenecientes a los grupos socioeconómicos B, C1, C2, C3 y D, residentes en Santiago.
Críticas a las uniones de hecho del AVC
El proyecto de Acuerdo de Vida en Común (AVC) busca un nuevo estatuto legal que permita a las parejas homosexuales acceder a derechos domésticos que les son negados en la actualidad. Sin embargo, el proyecto ha sido modificado desde su elaboración y la versión tramitada ante el Congreso no cuenta con el reconocimiento del vínculo afectivo que tuvo inicialmente. Con este cambio, el acuerdo se reduce a un asunto puramente patrimonial que se traduce en un trámite ante notario, lo que significaría un costo para los interesados.
Kena Lorenzini, reconocida fotógrafa, psicóloga, feminista y lesbiana, enfatizó el carácter económico que fundamenta el AVC. Al respecto, señaló que el hecho de que “este trámite se haga ante notario lo transforma en una transacción económica entre dos privados, desconociendo cualquier unión de otro tipo”. También afirmó que “si el acuerdo no es financiado en su totalidad por el Estado, es un tongo”.
Pablo Simonetti declaró que así como todos los ciudadanos tienen las mismas obligaciones, todos deben poder aspirar a los mismos derechos. “El amor como fuente de un proyecto de futuro entre dos personas es común a todo tipo de parejas, por lo tanto el Estado debe ofrecer protección a todas por igual. Si tanto les preocupa estimular la constitución de familias robustas y comprometidas, nada mejor que concederles a todas las parejas que se quieran casar el patrocinio del Estado”, afirmó.
Para quien fuera Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y Secretario de negociación colectiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, Cristián Cuevas, el centro de la ley no debe ser el tema patrimonial, sino el afectivo y el de los derechos. “La propuesta del AVC sólo tiene énfasis en el patrimonio, no nos instala como ciudadanos iguales en derechos para desarrollar una vida en común y lo que se plantea hoy como matrimonio”, explicó el dirigente, quien fue víctima de amenazas homofóbicas durante su candidatura a diputado en el año 2009.
La periodista Erika Montesinos, directora de Rompiendo el Silencio, primera revista lésbica en Chile, considera que el AVC es “una migaja: si estamos luchando por igualdad de derechos, la ley debe ser plena. No puede ser que por presiones del partido de derecha de la UDI, las parejas de un mismo sexo no puedan firmar el registro civil, sino sólo un documento ante una notaria. No somos ciudadanos de segunda clase y como movimiento LGTB no seremos conformistas con este propuesta”.
El derecho al matrimonio es de todos y todas, sin distinción, y en una democracia no puede ser un privilegio de unos con exclusión de otros. Chile tardó casi 10 años en aprobar una ley de divorcio, así como varios años en acabar con la diferencia entre hijos naturales e hijos legítimos. El tema, esta vez, es la igualdad de todas las personas sin importar su orientación sexual. Éste no debe ser un tema de cálculo político sino un asunto de derechos humanos.