“Este conversatorio es el punto de partida para poner sobre el tapete un tema que vivimos a diario, como son las violaciones sexuales. En nuestro país, una violación sexual es considerada como tortura sólo cuando ha sido cometida por un funcionario público, que represente al Estado, cuando en realidad este tipo de vejámenes ocurren en diversas situaciones de la vida cotidiana, y en otros distintos escenarios como la casa, el colegio, el trabajo, y no necesariamente son ejercidas por funcionarios públicos”, señaló Carmen Wurst, del Centro de Atención Psicosocial del CAPS.
“¿Es la violación sexual una forma de tortura?, lo que nosotros buscamos es poner los elementos de juicio necesarios para que esta pregunta quede resuelta luego del conversatorio, y sea el punto de partida para lograr una reflexión y debate en el futuro más próximo” añadió.
En el conversatorio se presentará también la publicación Memorias Grupales: Mi Dolor, Nuestra Esperanza”, que reúne el trabajo realizado con distintos grupos de afectados por la violencia política en nuestro país. “Este libro nos da cuenta de lo realizado en distintas regiones y lugares, durante y después del trabajo de la Comisión de la Verdad, que hizo reaparecer la memoria de la violencia, del dolor, de las pérdidas y de la muerte, al mismo tiempo que hacía un reconocimiento de las víctimas y abría posibilidades de reparación”, expone el prólogo.
Participarán en el conversatorio la Dra. Rocío Villanueva, Abogada y Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Gina Yáñez, Directora del Movimiento Manuela Ramos; y la Lic. Carmen Wurst, Psicoterapeuta del CAPS. El libro será presentado por el Dr. Hugo Neira, Director de la Biblioteca Nacional, y Carlos Jibaja, Director del CAPS, y miembro del Comité Editorial junto a la Lic. Yovana Pérez y Carmen Wurst.
El Centro de Atención Psicosocial CAPS, trabaja en la recuperación psicológica de las personas afectadas por secuelas de la violencia política y social buscando incidir en la sociedad civil y las entidades públicas. Su labor se inicia al interior de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en el año 1994.