El aborto en Chile: un debate necesario
¿Existe un debate sobre el aborto en Chile? El debate siempre existe, sólo que tendríamos que definir qué tipo de debate quisiéramos para que se trate de una discusión pública que haga parte de la agenda política del país. Hemos asistido en estos años a momentos específicos de debate sobre el aborto a través de otras temáticas, como la introducción de la anticoncepción de emergencia, o de casos de mujeres que solicitaron abortos terapéuticos. Lo interesante es que hoy contamos con más argumentos tanto a nivel nacional como latinoamericano, en particular gracias al activismo desarrollado por el movimiento de mujeres y feminista, así como investigaciones específicas de centros académicos.
Chile es, junto con El Salvador y Colombia, uno de los tres países de América Latina que penalizan el aborto sin excepción. No se cuenta con cifras precisas acerca del número de abortos que se practican actualmente. Las estimaciones más conocidas de abortos clandestinos fluctúan entre 200.000 y 60.000, según los trabajos de Requena (1990) y Lanvín (1994), respectivamente. En 1994, un informe del Alan Guttmacher Institute señaló que de 451.800 embarazos, 35% terminaron en un aborto inducido. Estadísticas del Ministerio de Salud señalan que los egresos hospitalarios por aborto en servicios de salud públicos y privados disminuyeron entre 1990 y 2000, de 36.528 a 29.546, respectivamente. Según el mismo organismo, las tasas de mortalidad por aborto diminuyeron drásticamente luego de iniciado el Programa de Planificación Familiar (1960), disminuyendo de 10.7 a 0.5 muertes por cada 10.000 nacidos vivos entre 1960 y 2000. No existen estudios que expliquen la reducción en el número de abortos complicados, sin embargo, es posible que los procedimientos que se están realizando sean más seguros.
El aborto está regulado en el Código Penal, no obstante, tiene relación con otras normas legales, especialmente la Constitución de 1980. En septiembre de 1989, la Junta Militar aprobó la derogación del aborto terapéutico, sin consulta ciudadana. Esa derogación constituye una de las llamadas “leyes de amarre” de la dictadura. Las penas para las abortantes oscilan entre tres años y un día y cinco años. Si se acoge la figura honoris causa (“sí lo hiciere para ocultar su deshonra”) la pena se reduce a entre 541 días y tres años. Según una investigación de Lidia Casas publicada en 1996, Chile cuenta con el índice más alto de criminalización de mujeres por aborto en América Latina. Las mujeres procesadas son jóvenes, con hijos, con o sin relación de pareja estable, de baja escolaridad y de escasos recursos, identificadas en los recintos hospitalarios donde fueron atendidas. Son poco comunes los procesamientos en contra de médicos o matronas.
El aborto terapéutico también ha sido tema de amplio debate público a partir de 2002, a raíz de dos casos de mujeres que solicitaron, a través de los medios de comunicación, que se les practicara un aborto terapéutico o, como lo denominaron, una “intervención médica”. Esta intervención, finalmente realizada, fue denominada “interrupción del embarazo”. En esos momentos se produjo un debate en los medios –un hecho importante que posibilitó que diversos actores expresaran su opinión. A ese respecto, tanto el Comité de Derechos Humanos como el Comité de Expertas de la Convención de la Mujer han señalado en sus informes al Estado de Chile que la ausencia de legislación que permita el aborto en casos de riesgo de vida, de salud para la mujer, o el embarazo producto de una violación constituye una violación a los derechos humanos protegidos por los instrumentos legales vigentes.
Diversas encuestas señalan que la ciudadanía está en contra de una legalización “liberal” del aborto. Sin embrago, está a favor de que se permita en caso de que el embarazo sea producto de una violación, esté en peligro la salud o la vida de la madre, o existan malformaciones graves del feto. Quienes se oponen al aborto han presentado diversos proyectos de ley al parlamento. Actualmente está en trámite un proyecto presentado por los Diputados de la UDI Marcela Cubillos, Marcelo Forni y otros, que aumenta el marco penal (por sobre los 5 años) a fin de evitar la posibilidad de salidas alternativas a la pena (libertad vigilada, remisión condicional de la pena en caso de condena) e incorpora la figura del arrepentimiento eficaz o delación compensada, que se utiliza en las leyes de narcotráfico y antiterrorista, para permitir que la mujer condenada pueda remitir la condena con trabajo voluntario en organizaciones “pro-vida”.
Las mujeres que deciden abortar lo hacen por diversas razones, muchas veces en condiciones muy lamentables. Los métodos a los cuales recurren difieren según el estrato socioeconómico al cual pertenecen. Existe una profunda inequidad, ya que las mujeres más pobres son las que recurren a maniobras abortivas de alto riesgo por su bajo costo. Además, la ley que penaliza el aborto sólo actúa de hecho sobre ellas.
Si bien es cierto que han existido momentos fugaces de debate sobre el aborto, es claro que existe un silencio en Chile –un silencio estratégico, un silencio conservador– que evita dar cuenta de los diversos los acuerdos internacionales suscritos por el Estado y evita velar por los derechos humanos de mujeres y hombres.
Una sociedad moderna y democrática no puede eludir el problema del aborto que, como otras cuestiones de la vida sexual y reproductiva, no sólo atañen a las mujeres, sino a toda la ciudadanía, afectando la salud de las mujeres y los hombres, así como su dignidad y el ejercicio de sus derechos.