En América Latina, el activismo y los avances en torno a los derechos sexuales suelen ser considerados logros de las capitales y regiones centrales de cada país. Es fácil explicarlo por el peso político y social –generalmente también económico y cultural– de esas regiones, cuyo lugar como representante de la nación es raramente cuestionado. Los movimientos de base y proyectos políticos con sede en otras regiones, sin embargo, conviven en tensión con ese liderazgo. En el campo de los derechos LGBT en Colombia se suelen destacar los logros de gobiernos y actores sociales de Bogotá y la Región Andina, al tiempo que se conoce poco de lo que ocurre en otras regiones del país. La transformación de estas representaciones andinocentristas constituye un paso importante en la visibilización de las problemáticas y lógicas de movilización propias de esas regiones.
En el Caribe colombiano, colectivos sociales han trabajado por la garantía de los derechos sexuales en contextos caracterizados por un escaso desarrollo institucional del tema y marcados por la violencia y por múltiples formas de exclusión social, como la discriminación racial. Fundada en 2009 en Cartagena de Indias, Caribe Afirmativo es una organización civil cuyo trabajo se extiende a toda la Región Caribe. Vinculada a diversos sectores sociales, realiza actividades de seguimiento, investigación, capacitación y formación en temas relacionados con orientación sexual, identidad de género, VIH y afrocolombianidad; así como asesoría, acompañamiento y promoción de los derechos de las personas LGBTI.
Los proyectos se organizan en torno de cuatro estrategias interdependientes. En palabras de su actual coordinador, Wilson Castañeda, estas son: documentación de casos de vulneración de derechos humanos en la Región; investigación sobre la situación de los derechos humanos de la población LGBTI; ejercicios de formación ciudadana en el reconocimiento y en el respeto de la diversidad sexual y las identidades de género; asesoría y consultoría a gobiernos locales y regionales y entidades estatales y sociales para la construcción y puesta en marcha de políticas públicas y acciones afirmativas.
En entrevista con el CLAM, Castañeda se refiere al estado de los derechos sexuales, las políticas sobre diversidad sexual y las acciones de las organizaciones de la sociedad civil en el Caribe Colombiano.
¿Existen políticas públicas sobre diversidad sexual en el Caribe colombiano?
No. Actualmente, ninguna ciudad de la región ha llevado a cabo procesos de formulación de políticas públicas al respecto. Las Gobernaciones de La Guajira, Cesar y Magdalena han realizado algunas acciones que, hasta hoy, no se han materializado en políticas. En Cartagena hemos logrado argumentar ante la administración de la ciudad la importancia de formular una agenda de acciones afirmativas sobre diversidad sexual. Los gobiernos de ciudades como Barranquilla, sin embargo, se han resistido a discutir el tema.
¿Y por parte de los movimientos sociales, qué acciones destacaría?
Se han dado cuatro procesos interesantes: el primero es la creación y funcionamiento de la Mesa LGBTI de Barranquilla, que se ha articulado con otras iniciativas de la ciudad y con Caribe Afirmativo para posicionar el debate público sobre diversidad sexual con perspectiva de derechos. En segundo lugar se encuentra La Red Departamental de Minorías Sexuales (REDEMIS), de Magdalena, que ha trabajado por el fortalecimiento de personas LGBT en este departamento y en La Guajira. Vale la pena destacar, en tercer lugar, las iniciativas del Departamento del Cesar para que la sociedad civil participe en procesos de agenda pública de ese departamento. Finalmente está la labor de la Red de Estudios de Diversidad Sexual e Identidades de Género del Caribe Colombiano, liderada por Caribe Afirmativo, así como el Observatorio de esta organización, que hace un seguimiento de la situación de derechos humanos en la región.
Este Observatorio elaboró un informe sobre la situación de derechos humanos en las ciudades del Caribe ¿Qué los motivó a llevar a cabo este proyecto de documentación?
La garantía integral de los derechos humanos es una deuda pendiente de los Estados democráticos que se proclaman como estados sociales de derecho, fundamentados en la libertad, la igualdad y el respeto a la autonomía. Sin embargo, la desigualdad en la aplicación de tales principios, las pocas acciones para garantizarlos y el alto riesgo que representan las acciones y omisiones de los Estados para la vida de ciudadanos y ciudadanas hacen de la garantía de derechos una tarea que todavía está por cumplirse. En el caso de personas que han sido discriminadas por su orientación sexual o identidad de género esta deuda es más marcada, aunque menos visible. A pesar de que sus derechos son más vulnerados que los de otros sectores sociales, se les ha negado con mayor vehemencia la oportunidad de participar plenamente en la construcción de un Estado Social.
En países como el nuestro, la diferencia sexual y de género es vista como una amenaza para el statu quo patriarcal, heterosexista y homofóbico. La invisibilidad y la violencia camuflada en la cotidianidad y manifiesta en prácticas de exclusión, discriminación y prejuicios que buscan reducir o eliminar ciertas prácticas que no se ajustan a este orden son una muestra de ello. Esto genera un daño constitutivo en la dignidad humana de estas personas, a quienes se les da un trato cruel y degradante.
Hemos elaborado este informe, para llamar la atención de las autoridades y exigir avances que garanticen el respeto a la vida y la dignidad de la población LGBT. Queremos que los gobiernos distritales, municipales y departamentales incluyan en sus planes de acción y políticas públicas acciones afirmativas que esclarezcan hechos violentos frente a los cuales el Estado, por acción o por omisión, no ha garantizado el derecho a la igualdad. También buscamos que la ciudadanía preste atención a esta problemática y genere mecanismos sociales y comunitarios que contribuyan a resolverla.
¿Cómo es la situación de derechos humanos de las personas LGBT en Cartagena y en el Caribe?
El informe del Observatorio cubre un período de tres años (2007-2010). Durante ese período identificamos 27 asesinatos por prejuicio sexual en las ciudades de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Corozal y Sincelejo, de los cuales 16 fueron documentados y tipificados como presuntos crímenes por homofobia o por prejuicio contra personas LGBT. Los 11 casos restantes no pudieron ser documentados. Identificamos también 12 casos documentados de abuso de autoridad por parte de la Policía contra gays y travestis en Cartagena y Barranquilla; 7 casos de amenazas por parte de actores armados ilegales por orientación sexual e identidad de género de las víctimas en las ciudades capitales, 6 casos de persecución contra lugares de homosocialización por parte de funcionarios públicos en Barranquilla y Cartagena; panfletos amenazantes contra hombres gays y mujeres lesbianas en Cartagena, Valledupar y Planeta Rica; vulneraciones del derecho a la educación en Santa Marta, Cartagena y Montería, y restricción del uso del espacio público a personas LGBT en las ciudades capitales del Caribe Colombiano.
Estos casos son representativos de la violencia sistemática contra la población LGBT que encontró Caribe Afirmativo luego de tres años de investigación en las ciudades de Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Corozal, San Onofre, Montería y Planeta Rica. Allí entrevistamos a familiares y amigos de las víctimas, grupos LGBT, autoridades y organismos responsables de estos casos; además de hacer seguimiento a archivos de prensa. Posteriormente triangulamos estos datos con informaciones de la Fiscalía General de la Nación y de las diferentes dependencias de Medicina Legal y el Ministerio Público.
Encontramos que, a nivel nacional e internacional, son notorios los esfuerzos que vienen realizando organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y Tribunales Internacionales para exigir al Estado colombiano la protección y garantía de derechos de la población LGBTI. Sin embargo, la falta de aplicación de Tratados Internacionales y de la Constitución Política, la impunidad en las investigaciones sobre violencia contra la población LGBTI, los prejuicios y acciones homofóbicas de funcionarios públicos y la falta de interés político de los gobiernos, ha dificultado la búsqueda de la igualdad ciudadana. Si bien esta situación se extiende a todo el país, es más aguda en la región Caribe. Por otro lado, los estudios respecto a estas problemáticas y las acciones afirmativas orientadas a resolverlas se han concentrado en Bogotá y en otras ciudades del interior como Cali y Medellín, desconociendo la realidad que vive esta población en el Caribe.
¿Cómo se relaciona el activismo de la región Caribe con otros procesos nacionales?
Las agendas nacionales tanto del Estado como del movimiento LGBT han permeado muy poco al movimiento local y a las acciones implementadas por los gobiernos de esta región. Esto se debe, principalmente, a tres factores: en primer lugar, la agenda del movimiento LGBT del Caribe es diferente a la del centro del país. La del Caribe avanza más en el escenario de la reivindicación de derechos colectivos y culturales, como el reconocimiento de los aportes y manifestaciones culturales de las personas LGBT, mientras las agendas del resto del país, particularmente las del centro, enfatizan el trabajo en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Por otro lado, a diferencia del proceso nacional, el movimiento LGBT del Caribe no cuenta con el respaldo del movimiento de Derechos Humanos de la región. Carece de aliados. Finalmente, hay demandas de la agenda del movimiento de la Región Caribe que no forman parte de la agenda nacional o de la andina, como la articulación con el movimiento afrocaribe e indígena, con quienes compartimos una situación de exclusión y hemos buscado apoyo mutuo, la lucha contra formas particulares de violencia simbólica heteronormativa en la región, contra los altos índices de prostitución masculina y femenina y el abuso sexual del que son víctimas personas LGBT.
¿Cómo se articula la lucha contra el racismo en los procesos de diversidad sexual de la Región Caribe?
La Región Caribe, en particular Cartagena de Indias, es una ciudad de asentamiento afrodescendiente. Fue puerto esclavista negrero en la época colonial española, lo que favoreció la mezcla entre las culturas locales, española y africana. Cartagena es una ciudad construida a partir de las diversidades, cuya población, al igual que otros pueblos afro, ha vivido el flagelo de la discriminación racial y cultural. Después de años de opresión, la comunidad afro del Caribe inició un proceso de independencia que ha garantizado su autonomía cultural y territorial. Estas cuestiones fueron ratificadas por el artículo transitorio 54 de la Constitución y por la Ley 70 de 1993, que reconocen la propiedad colectiva de tierras y la protección del desarrollo cultural.
Gracias al trabajo de los movimientos sociales afro en Cartagena se han logrado avances en materia de programas y asistencia social que permiten fortalecer vínculos estructurales y coyunturales con procesos sociales de la ciudad. Estos logros se han alcanzado paulatinamente y de forma diferenciada en los diversos contextos de la región. La comunidad afro aún continúa luchando por el derecho a la igualdad ante los distintos niveles del Estado y la administración local.
En Cartagena, lo afro se configura a partir de las lógicas de la sociedad heteronormativa. La sexualidad de cada sujeto se valora a partir de su construcción de género y del rol que desempeña dentro de la comunidad. La diversidad sexual es un tema difícil de abordar en contextos afro, puesto que existen imaginarios que chocan con prácticas no heterosexuales. Las normativas culturales no conciben a la homosexualidad o a las identidades de género no hegemónicas como prácticas culturales propias y susceptibles de reivindicación política.
Por lo tanto, resulta importante construir una base conceptual que permita reconocer la discriminación por orientación sexual e identidades de género en la población afrodescendiente. Es clave abordar este tipo de exclusión desde el cruce entre raza, género, sexualidad y diversidad sexual, es decir, de forma interseccional, en el sentido explicado por la psicóloga feminista Raquel Platero: “como diferentes fuentes estructurales de desigualdad que mantienen relaciones recíprocas. Es un enfoque teórico que subraya que el género, la etnia, la clase, u orientación sexual, entre otras categorías sociales, son construidas y que están interrelacionadas (…) Nos lleva a explorar las categorías mismas de las que hablamos, a preguntarnos por las relaciones mutuas entre estas categorías sociales, tanto para conformar una posible forma de exclusión estructural, como para generar estrategias únicas de afrontamiento y resistencia”.
Siguiendo esta argumentación, se puede decir que una persona que se reconozca como afrodescendiente, de orientación sexual homosexual y que además sea transgenerista, es sometida a acciones de exclusión por la suma de categorías sociales establecida por el imaginario colectivo. Se destaca entonces la importancia de visibilizar esta situación y la necesidad de considerar las relaciones raciales vinculadas con la sexualidad. Como lo refiere Mara Viveros, la raza “es un correlato del proceso de propagación de esta bio-racionalización del gobierno y de la difusión de estas tecnologías de poder para la administración de la población (…) el tema de la “raza” ha sido abordado en sus nexos con las desigualdades sociales y muy poco en relación con las desigualdades de género y sexualidad”.